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PRIMERO: La ANEP tiene la suficiente autoridad moral para hablar, con propiedad, del tema salarial tanto en el sector Público como en el Privado, si de injusticias se trata, por dos razones fundamentales:

UNO: Llevamos mucho tiempo, de manera especial cuando se dan los procesos semestrales de reajuste por costo de vida al salario mínimo pagado en el sector Privado, planteando que es urgente un aumento extraordinario para elevarlo sustancialmente y una vez que tenga un nuevo nivel, seguir reajustándolo por costo de vida; es decir, hay que darle al salario mínimo mayor nivel de compra, más poder adquisitivo, vía fijación extraordinaria, lo cual es radicalmente distinto a un reajuste por costo de vida.

DOS: Nuestro compromiso en tal sentido es sumamente sólido al punto de que es un objetivo estratégico incluido en el proceso de “Una agenda patriótica para el bien común”; que es el acuerdo del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, suscrito con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el Partido Frente Amplio (PFA): “Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente No. 19.312”.

TRES: En igual sentido y para el tema de las clases de puestos de menor nivel salarial del sector Público en la administración central del Estado, rompimos un tabú que nos generó enormes críticas, totalmente injustificadas, dentro del mismo conglomerado sindical nacional: hablamos de la necesidad de independizar los reajustes por costo de vida para misceláneos, oficinistas, secretarios, choferes, vigilantes, policías, cocineras, técnicos y profesionales, entre otros, de su relación con la ley salarial médica, lo que bautizamos como el “desenganche”. En esta dura lucha, vamos por la mitad, pues todavía el “enganche” sigue vigente para el sector profesional bajo el régimen de Servicio Civil.

SEGUNDO: Tanto en uno como en otro caso, la lucha de la ANEP ha sido transparente, contundente, responsable, bajo la convicción de que una de las mejores manera de reducir la desigualdad, que es el problema número uno del país según nuestra visión, es precisamente otra política salarial, no restrictiva, para ampliar el poder de compra del salario y fortalecer el aparato productivo que se basa en el mercado interno para su subsistencia.

TERCERO: La ANEP no será parte de, no se sumará a, no aceptará jamás y rechazamos tajantemente, la perversa campaña actualmente en desarrollo a propósito de la compleja cuestión salarial del empleo público, misma que es propiciada por vocerías políticas muy desprestigiadas; generadora de odio y el insano propósito de poner a empleados públicos contra empleados públicos; y a generar odio de los trabajadores del sector privado en contra de sus iguales de clase del sector público. ANEP rechaza, repetimos, esta peligrosísima apelación al odio que se está generando por parte de sectores neoliberales que controlan el parlamento y que son los responsables de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, del déficit fiscal y de la corrupción.

CUARTO: ANEP estima que, en realidad, esta campaña perversa, malintencionada y provocadora de confrontación social abierta tiene dos propósitos perfectamente claros según nuestros análisis.

UNO: Impedir y bloquear dos estratégicos proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que tienen que ver con los salarios mínimos en el sector Privado: uno para establecer un nuevo salario mínimo vital y, el otro, para que no se dé ningún fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, a fin de poner en cintura a la gran cantidad de empresarios y patronos inescrupulosos que violentan cotidianamente los derechos laborales en el sector privado, especialmente en cuanto al irrespeto del salario mínimo.

DOS: En igual sentido, con esta insana campaña de odio se pretende impedir, bloquear, castrar, aplastar, las necesarias y urgentes reformas requeridas, legales y administrativas, para controlar, desestimular, reducir, el gigantesco robo de impuestos producto de la evasión fiscal-tributaria en todas sus formas, legales e ilegales; por una parte; y, por otra, que no haya ni la mínima posibilidad, por más remota que sea, de cambios en el impuesto sobre la renta para hacerlo progresivo.

QUINTO: Se está satanizando, criminalizando, condenando sumariamente a quien gana un millón o poco más de un millón de colones en el sector Público. En tal sentido y en el caso del Gobierno Central, especialmente, llamamos a la conciencia sociolaboral del psicólogo, del abogado, de la trabajadora social, del educador, de la maestra, del pedagogo, del ingeniero, del arquitecto, del contador y del auditor, del especialista fiscal, del antropólogo, de la enfermera y otras ramas profesionales; e incluso, de los y de las periodistas de las instituciones; que defiendan su honor, que defiendan su ética, que defiendan su profesionalismo, que defiendan el salario que honestamente se ganan, porque para esa campaña que estamos denunciando, también este tipo de personal de la administración central del Estado es un “criminal social”, un “paria salarial”, una “persona corrupta”. Esto debe ser rechazado, de manera categórica, especialmente ahora que se anuncia que este tipo de personal serán las primeras víctimas del congelamiento salarial en perspectiva, ingrediente adicional al de la criminalización salarial que pretende la campaña de odio y de ataque contra el sector Público actualmente en desarrollo.

SEXTO: La provocación a la confrontación social es clarísima; la confrontación social abierta es una realidad cercana. Desde el lado obrero-social empezamos este lunes 27 de julio, atendiendo al “banderazo de salida” que nos están dando los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), vilmente agredidos, jugando con su honor y con la seguridad de sus propias vidas y la de sus familias. Les apoyaremos para que no haya ni un kilovatio más de privatización eléctrica que, en el fondo, es lo que persiguen quienes les criminalizan salarialmente.

SÉTIMO: Por ello estamos haciendo un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas que trabajan en los ministerios y entes adscritos a los mismos, ya sean profesionales o no, para que lleguen a la manifestación del lunes 27 de julio, a las 9 de la mañana y en el parque La Merced. Pero empezamos la más grande cruzada obrero-social que jamás imaginamos que había que ejecutar, en defensa de la seguridad laboral en el Empleo Público, de la integralidad del salario en el Empleo Público y en contra de la criminalización salarial que está persiguiendo la campaña de ataque que está en desarrollo en contra de todo el sector Público. En el parque La Merced esperamos a la clase trabajadora iceísta que desfilará desde la sede central de ICE, en La Sabana e iremos hasta la Asamblea Legislativa. Igualmente, estará presente un colectivo laboral de RECOPE, el primero en ser criminalizado y ajusticiado sumariamente, sin poder tener acceso a la opinión pública en condiciones de equidad, acerca de lo que pasa, en realidad, con el precio de los combustibles; acerca de la naturaleza de sus empleos especiales; acerca de que no llega al 3 % del presupuesto institucional su partida salarial integral.

OCTAVO: Hacemos un especial llamado a la clase trabajadora de los municipios de Costa Rica; al personal municipal obrero de campo, al personal municipal administrativo y profesional: ¡también van por ustedes! La eliminación de las convenciones colectivas en el sector municipal ya tiene un proyecto de ley en la corriente legislativa; tanto como la precarización vía tercerización y privatización de los servicios municipales es perspectiva real de toda esta gente que está en ataque a mansalva en contra del empleo público. También les llamamos a salir a la calle este lunes 27.

NOVENO: ANEP hace un llamado respetuoso y vehemente a todas las personas trabajadoras asalariadas de la empresa privada, hermanos y hermanas de clase trabajadora de quienes son servidores y servidoras, también personas asalariadas, del Estado costarricense; para que no se dejen confundir, para que no se dejen manipular, para que no se dejen engañar por quienes jamás se han preocupado por su situación laboral y salarial en el sector Privado; por esos politicastros que no permiten posibilidades de democracia en las empresas a través de la organización sindical y que nunca han planteado nada positivo sobre el incremento en el salario mínimo como una de las formas más correctas de mejor repartición de la riqueza.

*DÉCIMO: * Cualquier discusión responsable sobre el empleo público, sobre la cuestión salarial del sector público, sobre los pluses, sobre los supuestos “excesos” y “privilegios”, ha sido abortada radicalmente y de manera lamentable, porque los promotores del odio que están en campaña contra quienes honradamente se ganan su salario en la Administración Pública, así lo han querido. Ellos han decidido que sea LA CALLE, así en mayúscula, la DEMOCRACIA DE LA CALLE, la que a partir del lunes 27 de julio, defina la suerte final de esta nueva fase de polarización social propiciada desde el “golpe de Estado” parlamentario del 1 de mayo de 2015.

ONCEAVO: La verdadera naturaleza de los privilegios en la sociedad está en los reales detentadores del poder político en nuestra sociedad; ese reducido grupo de 2 % de la población que concentra toda la riqueza nacional, según lo plantea el prestigioso e incuestionable proyecto Estado de la Nación; ese reducido grupo de 2 % de la población que tiene su propia expresión y vocería parlamentaria en quienes defienden el porteo ilegal convirtiéndolo de una necesidad sociofamiliar a un negocio de acumulación privada; vocerías parlamentarias también cuestionadas por fraudes partidarios con cursos electorales fantasmas; vocerías parlamentarias que están en deuda con la Seguridad Social; vocerías parlamentarias apoyadas en algunas corporaciones mediáticas de dudosa transparencia tributaria…

Uno a uno los diversos trabajadores pertenecientes a la ocho agrupaciones integrantes del colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa llenaron las butacas del Teatro Popular Melico Salazar, para presenciar un hecho histórico en la coyuntura socio-política del país. La firma de “Una agenda patriótica para el bien común” con los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana.

En un ambiente inmejorable los Secretario Generales de las agrupaciones integrantes de Patria Justa, los diputados Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio; Patricia Mora Castellanos, Presidenta del Partido Frente Amplio; así como Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana y Margarita Bolaños Arquín, Presidente del PAC, estamparon su firma en un acuerdo que busca la aprobación de leyes contra el Fraude Fiscal, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país y la defensa del empleo público.

Compartimos el acuerdo firmado entre Patria Justa, PAC y FA.

*UNA AGENDA PATRIÓTICA PARA EL BIEN COMÚN *

Considerando que:
1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.

2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población.

3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende:

a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica.
b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público.
c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja.
d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal.
4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría:
a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía.
b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país.
c. Profundizar el déficit fiscal.

5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía.

6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo.

7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común.

8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense.

9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales.

Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos.

1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de:

1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares.

1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía.
1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468.

1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional.

1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales.

1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública.

2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de:

2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa.

2.2. Impulsar la progresividad fiscal.

2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit.

2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531.

3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de:

3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios.

3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506.

3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130).

3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312.

3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”.

4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de:

4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía.

4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía.

4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
 
Suscriben el acuerdo

Margarita Bolaños Arquín
Presidenta del Partido Acción Ciudadana

Patricia Mora Castellanos
Presidenta del Partido Frente Amplio

Marco Vinicio Redondo
Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana

Gerardo Vargas Varela
Jefe de fracción del Partido Frente Amplio

Albino Vargas Barrantes
Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa
Secretario General ANEP

Fabio Chaves Castro
Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa
Coordinador FIT-ICE

Manuel Rodríguez Acevedo
Secretario General
SITRAPEQUIA

Lenín Hernández Navas
Secretario General
SINAE

Ronaldo Blear Blear
Secretario General
SINTRAJAP

José Luis Soto Rodríguez
Secretario General
UPINS

Didier Leitón Valverde
Secretario General
SITRAP

Percy Marín Méndez
Secretario General
SIPROCNP

Mayid Halabi Fauaz
Presidente
SIICE

Sergio Saborío Brenes
Presidente
SITET

Ronald Corrales Chacón
Presidente
ANTTEA

Juan de Dios Cordero Duarte
Representante
ASDEICE

Edgar Mesén Araya
Presidente
SIPROCEICE

Geovanni Esquivel Salas
Presidente
AJEICE

San José 26 de junio de 2015.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informa de que ha recibido solicitud para atender en nuestra sede a los señores Juan Carlos Gamboa y Luis Gutiérrez Izquierdo, consultores-expertos del Banco Mundial (BM). El propósito es el intercambio de ideas sobre el tema fiscal en Costa Rica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que para la ANEP esta visita es un reconocimiento de la seriedad del abordaje del tema fiscal por parte de esta organización y a su vocación de estudio del mismo. Además, recordó que, anteriormente y en la misma línea temática, estuvieron en ANEP delegaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estaremos aprovechando la visita de los expertos del Banco Mundial para entregarles nuestra propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, manifestó el Secretario General de la ANEP.

La cita entre la ANEP y el Banco Mundial se dará en la sede de nuestra organización, en la calle 20, a las 1:30 de la tardes de este lunes 22 de junio de 2015.

Cabe destacar que la a cuarta entidad financiera de este tipo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), también ha pedido cita a la ANEP para próximas fechas.

Con beneplácito hemos recibido notificación de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), acerca de que “…, se encuentra en una fase de definición metodológica para la implementación de la nueva base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual contempla, la conformación de otra Canasta de Consumo; ello con la idea de iniciar la nueva serie del IPC durante el segundo semestre del caso en curso”.

Así lo afirma la invitación que nos está cursando la oficina de Comunicación y Prensa del INEC, para que participemos en una charla explicativa al respecto, prevista para las 9 de la mañana del próximo 9 de julio de 2015. ¡Enhorabuena!

Ahora que acaba de pasar el proceso de la reciente fijación de reajuste por costo de vida al salario mínimo aplicable al sector privado, de un indigno e injusto 0.94 %, nada más oportuno que este anuncio del INEC de la posibilidad de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Hace tiempo venimos insistiendo en ello y nuestra más reciente denuncia al respecto, la planteamos el pasado domingo 31 de mayo, cuando estábamos en puertas de la, ahora conocida, deplorable fijación del 0.94 %; producto del “matrimonio” entre el Gobierno-Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el gremio de los altos consorcios corporativo-empresariales de la UCCAEP, en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS).

Efectivamente, para el trabajador o para la trabajadora la realidad económica de todos los días se resume en esta expresión: “la plata no alcanza”, como efectivamente está ocurriendo; realidad que se contrapone a la que se nos da con relación a las variaciones en el “añejo” IPC, que hace que el Gobierno diga que, prácticamente “no hay inflación”.

Dos polos opuestos que dramatizan, en el plano de la política salarial, el proceso concentrador de la riqueza que vive el país con el crecimiento sostenido de la desigualdad.

Por eso es que en nuestro ya indicado comunicado del 31 de mayo, expresamos lo siguiente con relación a esta contradicción: “la plata no alcanza vs. no hay inflación”. Veamos.

TERCERO: La persona trabajadora asalariada, especialmente la de ingresos medios y bajos, percibe (en muchos casos de manera dramática), la distancia entre la cifra oficial de inflación semestral por costo de vida, con la realidad financiera del bolsillo y del presupuesto familiar. “La plata no alcanza”, es la frase preferida para definir el deterioro del poder de compra del salario y la disminución de su capacidad adquisitiva. Por ende, es urgente nuevas metodologías de medición del costo de la vida que el gobierno debe implementar, generando una nueva reactualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de adaptarlo más para una medición más real de lo que ocurre, en verdad, en el seno de la economía familiar de las personas asalariadas.

En verdad, resulta alentador la posibilidad de que podamos tener para la próxima fijación un nuevo IPC. Confiamos en la solidez profesional, en el apego estricto a la ciencia estadística de parte del INEC, así como en la profunda ética de todo su personal, especialmente el equipo profesional-técnico que está trabajando en la formulación de ese nuevo IPC.

Nos parece importante, eso sí, alertar sobre eventuales presiones de gran opacidad y/o intrusiones político-empresariales que pretendan abortar la posibilidad de que tengamos un nuevo IPC, más cercano a la realidad económica de las familias asalariadas de la clase trabajador; pues nuestra expectativa es que tengamos posibilidades científico-técnicas todavía más sólidas de demostrar cómo la precariedad de la actual política salarial del país, en materia de salarios mínimos, sigue empobreciendo en el sector privado de la economía, a su clase trabajadora.