Sala Constitucional ordena a director de la PCD brindar información pública a ANEP

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-Fuerza Pública contra Allan Solano Aguilar, Director de la Policía Control de Drogas (PCD) por negarse a brindar información pública al sindicato.

En el fallo la Sala ordena a Allan Solano en condición de Director de la PCD y en un plazo de 15 días brindar la siguiente información: el nombre de los Jefes Regionales de la PCD, el manual de puestos de la PCD, copia certificada de folios del Libro de Oficialía de la PCD, así como el Libro de Novedades del Sub Departamento de Peñas Blancas y los atestados académicos y de carrera policial que tiene Solano como Director de la PCD.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que el recurso de amparo se interpuso después de reiteradas solicitudes de información al Director de la PCD y la negativa de este por brindarla, aduciendo “que estábamos realizando un uso excesivo del derecho de petición, sin embargo la Sala (Constitucional) nos da la razón”.

La ANEP aclara que lo solicitado es información pública y no atenta contra la seguridad de funcionarios y operativos-acciones de seguridad de la PCD.

“La información solicitada es de algunos funcionarios que desempeñan cargos de mando dentro de la PCD para constatar que cumplen con los requisitos del puesto y descartar irregularidades en el proceso de concurso. Precisamente eso es lo que deseamos revisar junto a otras situaciones con el objetivo de verificar si se está realizando el uso debido de los recursos públicos; si no es así presentaremos las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes”, finalizó Anchía.

Resolución Sala Constitucional P.C.D by Yariela Novo on Scribd

Alerta general para el sector Público

El Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los diputados “cristiano-evangélicos” pactaron entre sí y con Otto Guevara Guth, repartirse los puestos del directorio legislativo 2016-2017, lo que ocurrió el pasado domingo 1 de mayo. Este directorio lo encabeza el reconocido gran empresario bananero y diputado Antonio Álvarez Desanti, del PLN, como su Presidente.

En la vicepresidencia del parlamento dicho pacto puso al diputado José Alberto Alfaro Jiménez, del partido de Otto Guevara Guth. El señor Alfaro Jiménez fundó la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), en el 2004, la cual tiene cerca de 800 permisos para porteo. Su esposa, de apellido Cordero, es quien preside la sociedad anónima luego de que él resultara electo legislador. Ella figura como asesora suya en el congreso.

Este pacto generó el proyecto “LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO”, que más bien debe llamarse “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO”. Se trata del Expediente Legislativo No. 19.923, mismo que le adjuntamos electrónicamente y que usted puede conocer visitando nuestro sitio web: www.anep.cr

ANEP lleva meses y meses denunciando, por diversas vías y fuertemente, que LOS EMPLEADOSBLICOS NO SOMOS LOS RESPONSABLES DELFICIT FISCAL. Hoy todo el Movimiento Sindical Costarricense, sin excepción, ha hecho suya esta consigna. Esto nos alegra muchísimo porque indica que no solamente hemos hecho lo correcto sino que lo que hemos estado denunciando ha sido acertado.

Este domingo 8 de mayo de 2016, conocimos por medio de campo pagado, los pronunciamientos de los dos primeros colegios profesionales que se manifiestan defendiendo a sus correspondientes agremiados, en la misma dirección: los salarios públicos no son los culpables del déficit fiscal: Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Colegio de Médicos y Cirujanos. Esperamos que en próximos días más colegios profesionales se pronuncien en igual sentido.

Es más, instamos a todos y a todas las profesionales del sector Público para que, respetuosamente, exhorten a sus respectivos colegios a pronunciarse en igual sentido.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” ataca duramente el régimen de la Dedicación Exclusiva y el de la Disponibilidad. Ambos pluses se reducen al máximo, no se otorgarán como hasta hoy en día se viene haciendo, se pueden quitar de improviso y se otorgarán restringidamente.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace radicalmente drástico la obtención del reconocimiento por anualidad, pues solamente la recibirán quienes alcancen la “máxima calificación” en la evaluación del desempeño anual. Quienes no alcance esa “máxima calificación” no solamente no recibirán anualidad sino que quedan expuestos al despido por no obtener esa “máxima calificación”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” también incluye algo tan gravísimo son las brutales “Reglas de responsabilidad fiscal” que es la otra parte esencial de este aberrante proyecto de ley. Sinceramente no encontramos las palabras adecuadas ni las frases realmente correctas para describir cómo sería trabajar en las instituciones bajo esas “Reglas de responsabilidad fiscal”. Si en muchas de ellas hay ya condiciones precarias con incidencia negativa en la calidad del servicio, presupuestariamente hablando; la brutal, descomunal y extremista política del recorte del gasto que presuponen esas “Reglas de responsabilidad fiscal” convertirá en una tortura la circunstancia de trabajar para el sector Público

Las políticas fiscales de Otto Guevara Guth, adoptadas por el viejo y detestado bipartidismo “PLUSC” (Liberación-Unidad), representan un verdadero “homicidio institucional generalizado”; es decir, que nos llevarán a extremos nunca vistos de recorte presupuestario que ni siquiera imaginamos.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , además, con sus brutales “reglas fiscales” llevará a la “institucionalización” del congelamiento salarial e, incluso, a la reducción-rebaja forzosa de los salarios.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” puede ser aprobada por la “vía rápida”, por eso en ANEP estamos lanzando esta ALERTA GENERAL porque estamos de cara a una real EMERGENCIA LABORAL. ¡Alístese!

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” al incluir a las municipalidades, violenta la Constitución Política abiertamente. También contiene otros artículos que presentan aberrantes inconstitucionalidades.

La , “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” aniquila, contundentemente lo decimos, las Convenciones Colectivas de Trabajo lo que, aparte de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales suscritos por Costa Rica y ratificados por la propia Asamblea Legislativa, con la mismísima Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , incluye las Convenciones Colectivas de Trabajo del sector de las municipalidades del país, de todas las municipalidades.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace que Costa Rica reniegue de su pertenencia a la OIT. Así, “en dos platos”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” mediando una componenda política del Partido Liberación Nacional (PLN), no incluyó al Magisterio Nacional. ANEP se alegra de ello. Pero, ¿y los demás?

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , podemos derrotarla mediando una gran unidad sindical y con movilización laboral profundamente unitaria. ANEP apuesta a ello. ¡Esté atento! Grandes acontecimientos están por venir!

Patria Justa entrega queja contra ARESEP ante la OIT

El Colectivo Sindical Patria Justa entregó la mañana de este lunes, a la Representante de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Carmen Moreno, una denuncia sobre la intromisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en las Convenciones Colectivas, misma que violenta la Constitución Política, los convenios internacionales y toda la legislación laboral costarricense.

Se trata de una queja oficial contra el Estado costarricense debido a la resolución de ARESEP que afecta directamente a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), al Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y al Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones (SITET).

La solicitud hecha a la Representante de la OIT, es que el Comité de Libertad Sindical acoja la queja y se pronuncie al respecto.

“Estamos ante una reforma de facto del Estado Social de Derecho, sin que mediara una reforma constitucional, ni ningún fallo de un tribunal superior”, aseguró el asesor legal de Patria Justa, Esteban Calvo.

La representación de la OIT se comprometió a tramitar la queja e informar a las partes de que el trámite está en curso.

¿Realmente quién tiene acceso a información tributaria: el Presidente de la UCCAEP ó el Secretario General de la ANEP?

Se está revelando en las últimas horas que el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar documentación del Ministerio de Hacienda, como parte de sus negocios.

El líder corporativo debe hablar claro al país dando a conocer todos los detalles de tal contratación.

Esta circunstancia deja en evidencia contundente de que si hubo alguna persona con acceso a información tributaria debió ser el Presidente de la UCCAEP.

Por el contrario, las acusaciones de los opositores al establecimiento del registro de accionistas de que quien sí tenía acceso a ese tipo de informaciones, era el Secretario General de la ANEP, han quedado rotundamente desvirtuadas, constatado de manera contundente su carácter falaz y mostrando una gran debilidad argumental para oponerse a tal registro.

Por otra parte, el Presidente de la República debe decirle al país la naturaleza del acuerdo con el Presidente de la UCCAEP para que se establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas con “condiciones”.

¿Cuáles condiciones? ¿Que el empresariado privado afiliado a UCCAEP sea el custodio de tal registro de accionistas? ¿Qué sean las empresas de sus líderes, como don Ronald Jiménez Lara, que mediante contrato con el Estado, custodien ese registro?

En todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de registros se manejan en el lugar correcto donde deben estar: el sistema tributario nacional del respectivo país. Otra cosa muy distinta son las regulaciones para mantener la confidencialidad de los datos de este tipo de registros.

Sin embargo, ya vemos cómo no necesariamente se protegen tales datos en la actualidad si es una firma privada, vía contrato con el Estado, la cual podría tener acceso a ellos. No es un sindicalista el que podría conocer de esa información. Es la propia empresa del máximo líder actual de la UCCAEP quién tiene que explicarle al país mucho a este respecto.

Salarios de altos cargos públicos deben ser revisados y regulados

La renuncia de la Intendenta de Pensiones, Marjorie Jiménez Varela, y el escandaloso salario que devengaría de 11 millones 400 mil colones mensuales, le da una nueva dimensión a la discusión sobre tema del Empleo Público y a las remuneraciones de los mismos, especialmente tratándose de los máximos cargos de la alta cúpula política-tecnocrática del Estado, en toda su institucionalidad.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP es urgente la promulgación de una ley general para regular los salarios al más alto nivel de toda la cúpula “político-tecnocrática y burocrática del Estado”, estableciendo que ningún salario debería estar por encima del que se asigne al máximo cargo público del Estado, que es el de Presidente de la República y que, “además, se llega a él por decisión soberana del pueblo, mediante las elecciones cuatrienales”.

“Particularmente, deben ventilarse, públicamente, la naturaleza actual del régimen salarial en todos los entes del sistema financiero público, de las superintendencias, los bancos del Estado, los organismos reguladores, rectores y contralores”, dijo Vargas.

Para la ANEP los salarios que se pagan en las altas jerarquías de la Superitendencia de Pensiones (Supen), en la Superintendencia de Valores (Sugeval), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en la Superitendencia de Seguros (Sugese), en la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugese), en la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), están completamente ajenos a la realidad salarial media y baja del sector Público; puestos que ya están, prácticamente, con salario congelado.

“Valdría contrastar estas realidades salariales con la que tiene el personal del Ministerio de Salud que combate, en las peores condiciones, el zika, la malaria, el dengue, la chikungunya; la de nuestros policías de todas las fuerzas del Poder Ejecutivo, con un quehacer cada día más peligroso; tan sólo para mencionar dos de los más emblemáticos casos de grupos del empleo público injusta y perversamente atacados como culpables del déficit fiscal”, señaló el Secretario General de la ANEP.

La ANEP hace un llamado público al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera para que reviera su desafortunada declaratoria de impotencia y oriente a su especializado equipo asesor, la redacción de un proyecto de ley para regular y unificar el régimen salarial de todo el empleo público en la alta cúpula política tecnocrática y burocrática del Estado, pero sin dejar ninguna entidad por fuera, aunque implique en algunos casos impulsar alguna reforma constitucional.

Vargas finalizó indicando que también realizan una exhortación vehemente a los diputados y a las diputadas para que paren” la fiesta salarial” en esos altos niveles del aparato estatal. “¡La fiesta salarial del sector Público está en las alturas de tal tipo de entidades y otras de similar naturaleza!”.

El déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora

La evación en Costa Rica supera los ¢2 billones Así lo reconoce, oficialmente y sin ambages, el presente Gobierno de la República, según los máximos jerarcas del Ministerio de Hacienda: Helio Fallas Venegas, Ministro (además, de ser el Primer Vicepresidente de la República); y Fernando Rodríguez Garro, Viceministro de Ingresos.

¡Teníamos razón! ¡siempre hemos tenido razón. El déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora. Ésta no roba impuestos. Ésta paga puntualmente sus tributos. Si se trata del de ventas, lo cancela al momento mismo de la compra, en la caja registradora. Si gana un salario susceptible de aplicársele el de la renta, éste se le rebaja, directamente, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos.

Además, la clase trabajadora no recibe exenciones ni exoneraciones. Tampoco tiene sociedades anónimas.

Ahora queda en evidencia absoluta la naturaleza perversa de la infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que en los últimos meses han desplegado los latifundios mediáticos al servicio del capital neoliberal, manipulando y engañando a la opinión pública en cuanto a que el déficit fiscal se debía a los salarios de los empleados públicos, al empleo público.

Son los ladrones de impuestos los culpables del déficit fiscal. Se roban, al año, más de 2 billones de colones, ahora según cifras oficiales; dándosenos así la razón a nuestra sistemática denuncia al respecto que venimos formulando desde hace bastante tiempo.

Son los ladrones de impuestos que, por medio de la actual figura jurídica de las sociedades anónimas, se están robando, ¡por minuto!, 4 millones 336 mil 420 colones (4.336.420.00); y, por día, ¡cada 24 horas!, estos ladrones de impuestos se roban, 6 mil 244 millones 444 mil 444 colones: 6.244.444.444.00.

De este gigantesco y descomunal crimen contra toda la sociedad que significa este robo de impuestos en todas sus manifestaciones, son cómplices los señores diputados y las señoras diputadas que están bloqueando la tramitación del proyecto de ley contra el fraude fiscal, dado que éste incluye el registro de accionistas de las sociedades anónimas, necesario para que en el ámbito del control tributario, se sepa quiénes son los beneficiarios de las rentas de las mismas.

Igual responsabilidad le compete al principal gremio corporativo del gran empresariado nacional: La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP).

A estos legisladores, liderados por el diputado Otto Guevara Guth, así como los principales líderes de la UCCAEP, debemos señalarlos con el dedo acusador y exhibirlos, públicamente, como los cómplices de semejante crimen contra toda la sociedad, que es este espeluznante robo de impuestos.

Gran parte de esa espantosa cantidad de más de 2 billones de colones en robo de impuestos (2 billones 248 mil millones de colones, según nuestros propios datos: 2.248.000.000.000.00), se evaden gracias a la actual figura jurídica de las sociedades anónimas; figura jurídica que ahora, también, está facilitando el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado, en cantidades tan grandes, pero tan grandes, que bien podrían sobrepasar a la misma cifra, ahora oficial y ya indicada, del robo de impuestos.

Ahora que es oficial que el déficit fiscal no es responsabilidad de la clase trabajadora, formulamos, con gran respeto pero profunda vehemencia, dos llamados:

PRIMERO: Al Gobierno de la República para que retire del actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, todos los proyectos de ley, incluyendo el que aumenta el impuesto sobre las ventas al transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA), y el de rentas. El Gobierno debe dejar, únicamente, en trámite parlamentario el proyecto contra el fraude fiscal, facilitando que la sociedad se fije bien en cuáles son los legisladores y cuáles son las legisladoras que están favoreciendo el robo de impuestos y que están siendo cómplices de este gran crimen social contra todo el pueblo costarricense.

SEGUNDO: A todas las organizaciones sindicales, de todas las corrientes que se expresan en el seno del Movimiento Sindical Costarricense, para que nos articulemos en una gran unidad en la acción y de las más diversas formas, contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones y; especialmente, para reivindicar el honor y el buen nombre de la abrumadora mayoría de los empleados públicos que han venido siendo vilipendiados, calumniados, injuriados, agredidos psicológicamente; quienes trabajan con honor y pagando puntualmente sus impuestos y que han sido víctimas de la infamia al culpabilizárseles de algo sobre lo que nunca tuvieron responsabilidad: el déficit fiscal.

ANEP y Patria Justa se adhieren a la carta de la OMC

Desde Costa Rica, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, damos nuestra adhesión.

A continuación la carta solicitando la adhesión a la Sociedad Civil Global

Nos dirigimos a ustedes solicitándoles el respaldo urgente de sus organizaciones a una carta de la sociedad civil acerca de la escandalosa situación que se está desarrollando actualmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las grandes empresas y los países ricos que las representan en la OMC quieren usar la próxima reunión ministerial (diciembre 15-18 de 2015 en Nairobi, Kenia) para hacer de la OMC algo peor de lo que ya es. Pretenden suspender para siempre el mandato de desarrollo que podría brindarles a los países en desarrollo más espacio político para aplicar políticas industriales y de desarrollo sustentable nacionales. E intentan introducir en la OMC una lista de temas que son los preferidos de las grandes empresas, importados de los TLC, tales como inversiones, compras públicas, políticas de competencia, disciplinas para las empresas estatales, impuestos a las exportaciones y otros.

La ‘agenda de Doha’ es un marco inadecuado y equivocado para lograr los cambios que deben realizarse en el sistema mundial de comercio. Sin embargo, ¡en este momento crucial los países ricos están tratando de llevar a la OMC en una dirección aún peor!

Cualesquier negociaciones que ocurran en la OMC deberían más bien enfocarse en reducirla, incluida su intromisión en el espacio político nacional. El primer paso sería empezar a eliminar los obstáculos de la OMC a la soberanía alimentaria, entre otras cosas encontrando una solución permanente al respecto de las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria , tal y como prometieron que lo harían al 31 de diciembre de 2015. También tienen que aprobar el conjunto completo de propuestas sobre Trato Especial y Diferenciado para todos los países en desarrollo, tal y como fueron planteadas en la OMC por el Grupo de 90 países en desarrollo. La sociedad civil tiene que hacerle llegar un mensaje enérgico a la conferencia ministerial de Nairobi: ¡Primero alimentación, empleo y desarrollo sustentable! ¡ No a los “nuevos asuntos” en la OMC!