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La ANEP está elaborando su posición oficial, bien estudiada y con profundidad.

Llamamos a nuestra dirigencia de base a participar del Consejo Consultivo Nacional el próximo 27 de Setiembre donde se tomarán decisiones trascendentales de la lucha a seguir.
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Propuesta estatal ya genera molestia sindical

La propuesta del Gobierno para recortar pluses salariales ya genera escozor entre los sindicalistas, y algunos amenazan con protestas callejeras.

Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Público (ANEP), confirmó que uno de sus representantes recibió la propuesta de ley ayer.

“Ya la ANEP venía diciendo que nos preparáramos los empleados públicos porque hay una ofensiva contra los sobresueldos en la Administración Pública (…). Me parece que están escogiendo un mal momento político para un proyecto de este calibre”, dijo.

Calificó de “grave error” que el Gobierno crea que el déficit fiscal es problema de los sobresueldos.

Más enfático, Gilbert Brown, del sindicato de Recope, no descartó protestas.

“Para eso están las luchas sociales y las calles. Nosotros no vamos a permitir que regresemos a 1943 (antes del Código de Trabajo) (…). Tiene que haber una respuesta contundente a este proyecto de ley que lo que hace es confiscar derechos laborales, dijo Brown.

Alexander Ovares, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dijo que la propuesta le asombra.

“Sentimos que hay asuntos muy delicados, sobre todo en el sector público autónomo”, dijo. Sin embargo, garantizó que el 11 de setiembre presentará una metodología de discusión en la Comisión Nacional de Salarios.

Se intentó conocer el criterio de los sindicalistas Beatriz Ferreto, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), y de Luis Chavarría, de Undeca, pero no atendieron las llamadas.
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Gobierno pretende cortar privilegios a empleados públicos

El Gobierno impulsa un proyecto de ley para recortar privilegios en cesantía, anualidades, disponibilidad y dedicación exclusiva que se pagan a los empleados del sector público.

La iniciativa también pretende obligar a los jerarcas de todas las instituciones que tienen una convención colectiva, a denunciar el acuerdo poco antes de que caduque su vigencia, para renegociar los beneficios cubiertos.

La propuesta se presentó ayer ante la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público, donde algunos sindicalistas ya sonaron tambores de guerra.

El interés del Gobierno es que el texto se discuta durante seis meses y haya acuerdos.

Luego, los ministros de Hacienda, Édgar Ayales; Trabajo, Sandra Piszk; y de Planificación, Roberto Gallardo, hicieron una exposición a la prensa y justificaron los recortes.

Según argumentaron, existe una gran cantidad de normas y convenios que generan desigualdades salariales entre trabajadores con los mismos años de experiencia, las mismas responsabilidades y los mismos atestados.

A modo de ejemplo, pero sin indicar las instituciones, expresaron que el sueldo de un gerente de área es de ¢900.000 en una entidad y de ¢4,6 millones en otra.

También alegaron que el gasto en salarios se disparó en los últimos años. Por ejemplo, el rubro de remuneraciones (salarios + incentivos) representa el 36% del gasto del Gobierno Central, el 88% de la Corte y el 43% en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Por otra parte, estos incentivos salariales consumen el 47% del dinero correspondiente a remuneraciones en la Universidad de Costa Rica, el 42% en la Caja y el 45% en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Finalmente, el sueldo promedio de un empleado del Gobierno Central (ministerios) es 2,2 veces superior al salario promedio del sector privado. Los datos están incluidos en un informe sobre la situación salarial del sector público, el cual también se divulgó ayer.

La propuesta. El anteproyecto de ley cubre a todos los empleados del sector público (Gobierno Central, entes descentralizados y municipalidades). Los únicos excluidos de las restricciones son los bancos del Estado, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad “por encontrarse en un régimen de competencia”.

En cesantía, fija un tope máximo de 8 años. Eso sí, aquellos que tengan una norma que les conceda el pago de más años de cesantía, “se les respetará la cantidad de años acumulados a la fecha de entrada en vigencia” de la nueva ley.

Lo mismo ocurrirá con aquellos cubiertos por una convención colectiva, cuyo tope de cesantía se mantendrá intacto, mientras la norma esté vigente.

Sobre el pago de anualidades, se busca que el monto fijo para todos los trabajadores sea de 2,54%.
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EJECUTIVO CERRARÍA LLAVE A LOS PLUSES SALARIALES

Aarón Sequeira
asequeira@diarioextra.com

El ministro de Planificación, Roberto Gallardo; el de Hacienda, Édgar Ayales; y la de Trabajo, Sandra Piszk, anunciaron ayer el llamado a la discusión de una propuesta para cerrar el grifo de los pluses salariales que ahogan el gasto del Gobierno de la República.

La anunciada reforma del régimen salarial, que había venido insinuando Ayales, tiene ya un anteproyecto de ley que implicaría una revisión profunda de las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad, entre otros pluses.

El argumento de los ministros es buscar la equidad, y si bien Gallardo reconoció el riesgo de que se dé una mesa de diálogo sumamente complicada en periodo electoral, llegó el tiempo de entrar en el tema.

NO ES POR DÉFICIT

Ayales, por su parte, dijo que no es precisamente por temas de déficit fiscal y gasto que se propone una reforma en los regímenes salariales, muchos de los cuales se encuentran por la libre, sin control.

De acuerdo con el banderazo de salida de los ministros, el 80% del gasto del gobierno se va en salarios. Particularmente Planificación disparó la alerta de que si la situación continúa como en la actualidad, en cuatro años el 60% de los ingresos tributarios pagará los salarios de los funcionarios públicos.

PARA CASI TODOS

El anteproyecto, ya incluido en el diagnóstico hecho por las tres carteras, indica que los afectados por el “ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” serán los tres poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones, órganos auxiliares y desconcentrados, los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del Estado, así como las corporaciones municipales.

Eso sí, Piszk, Ayales y Gallardo enfatizaron en que no se afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que ya reciben los referidos pluses salariales, pero la expectativa que tienen muchos servidores del sector público sí será sometida a revisión.

Aparte de la revisión de la disponibilidad y la dedicación exclusiva, mucho de ello por medio de calificación, se habla de la reducción del tope de cesantía y de las anualidades.

Una de las preocupaciones señaladas es que un servidor de funciones, experiencia y cargo similar puede ganar seis veces más con un régimen salarial en relación con otro.

DECLARACIÓN DE GUERRA

Albino Vargas
ANEP
“Esto es una declaración de guerra de este gobierno hacia los empleados públicos, que jamás podrán aceptar que se les responsabilice por la situación de déficit fiscal. Esto echa una cortina de humo y tendrá la ‘virtud’ de unir en un solo frente a las agrupaciones intersectoriales”.

Rodrigo Aguilar
Rerum Novarum
“Compete al movimiento sindical reunirse para analizar un documento muy grueso. Hoy (ayer) no entramos a conocerlo ni discutirlo, optamos por decir que lo vamos a analizar como movimiento, con toda seriedad. En marzo nos dijeron que iba a ser una ley de empleo público”.