El proyecto de Ley de Empleo Público en la mira de la OIT

Publicada el 09/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por Manuel Hernández

Publicado en: semanariouniversidad.com

A propósito del último informe de la CEACR/OIT/2021

En el último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), presentado en el marco de la Conferencia Internacional de Organización Internacional del Trabajo (OIT), N° 109 (junio/2021), la Comisión examinó las observaciones de varias organizaciones sindicales, relacionadas con el impacto que tiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, y el Proyecto Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, en el ejercicio de los derechos garantizados en el Convenio N°98 OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por Costa Rica.

Este novísimo informe, que no puede pasar inadvertido, constató las reiteradas denuncias de los sindicatos acerca de las restricciones del derecho de negociación colectiva en el sector público.

La CEACR le solicitó al Gobierno que informe “(…) sobre la evolución del mencionado proyecto de ley de empleo público, y confía en que en el marco de este se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.”

Es necesario señalar que el Gobierno prefirió, a falta de toda argumentación para desvirtuar las múltiples infracciones que contiene el proyecto, hacerse de la vista gorda y, en consecuencia, no presentar, en su momento, ninguna información complementaria a la Comisión.

A raíz de esta desatención del Gobierno, la CEACR reiteró sus comentarios del Informe de 2019, los cuales son de extraordinaria importancia y plena actualidad.

En estos comentarios, la CEACR recordó -para que nadie lo olvide- que, desde hace muchos años, viene examinando una serie de obstáculos en la plena aplicación del artículo 4 del Convenio N°98, en el sector público del país.

La CEACR subrayó que los servidores públicos, tales como los empleados de empresas públicas, municipalidades, empleados de entidades descentralizadas, docentes, personal de transportes, entre otros, “deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.”

Finalmente, indicó que confía en que el Gobierno, en consulta con las organizaciones sindicales, tomará las medidas para reforzar el derecho de negociación colectiva en la función pública, y pide que se comunique a la OIT toda acción al respecto.

Así de claras y contundentes han sido las advertencias del organismo internacional, que no hay más que pedir.

No obstante, el Gobierno y la Asamblea Legislativa lanzaron al tarro de la basura estas rigurosas observaciones de la OIT al promover frenéticamente el proyecto de ley de empleo público como moneda de cambio de un desaguisado préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo proyecto violento palmariamente el Convenio N° 98, por los siguientes motivos:

1.- El proyecto de ley suprime, de un solo mazazo, el derecho de negociación colectiva en la Administración Pública, comprendiendo los tres poderes del Estado, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, municipalidades, universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y empresas públicas.

2.- Como si lo anterior fuera poco, la destrucción del derecho de negociación colectiva se remata imponiendo la prohibición expresa –para que no quede la menor duda- de la negociación de las remuneraciones y cualquier otro extremo laboral que tenga alguna implicación económica en los presupuestos institucionales.

3.- Además, se violentó la legislación internacional, porque el proyecto se tramitó unilateralmente, de manera antidemocrática, excluyendo el Diálogo Social y toda instancia consultiva de participación de las organizaciones representativas de los trabajadores.

No es ocioso traer a colación, para que la memoria no nos juegue una mala pasada, que ya la OIT, en el consistente y amplio Memorando que rindió el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza (2020), a solicitud de la propia Comisión de Gobierno y Administración que dictaminó el proyecto de ley, precisó que el proyecto contenía un cúmulo de normas que no concordaban, no solamente con el Convenio N°98, sino además, como en feria, con otros convenios, entre ellos el C100, C111, C156 y C159 OIT.

Pero, no fue solo que las observaciones que contiene el Memorando fueron totalmente ignoradas por la comisión legislativa, sino que después, en sentido contrario a las recomendaciones de OIT, en una abierta afrenta a los cuestionamientos del organismo internacional, el proyecto tuvo un giro más antisindical, una vuelta de rosca más regresivo y autoritario, hasta configurar el monstruoso e impresentable Frankenstein que se fue armando y someterá a primer debate en los próximos días.

De esta manera, queda retratado, de cuerpo entero, el constante desprecio gubernamental y legislativo de los pronunciamientos de la OIT, lo cual significa una burla de los compromisos que nuestro país tiene asumidos con este prestigioso organismo internacional.

32 mil 820 millones de dólares ($32.820.000.000)

Publicada el 02/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000), es el dato que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), registra como “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), al 30 de setiembre de 2018.

Nos preguntamos: 32 meses después, al término de mayo 2021, ¿cuál será la cantidad en ese registro BCCR en estos momentos? ¿Habrá disminuido? ¡No lo creemos!…

32 mil 820 millones de dólares USA, si tomamos como tipo de cambio 620 colones, más o menos a hoy, en moneda nacional equivalen a 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).

¿De dónde tomamos semejante dato? A solicitud de la ANEP, el anterior Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Eduardo Prado Zúñiga, emitió el oficio GER 0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, respondiendo una serie de inquietudes que, con asesoría experta, le formulamos sobre varios aspectos delicados, estratégicos y relevantes del accionar del BCCR en el manejo de las responsabilidades que la ley le ha otorgado en el campo económico y fiscal-monetario.

Ese dato, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($32.820.000.000), se desagrega en dos segmentos:

12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000), catalogados como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”. En colones: 7 billones 657 mil 744 millones de colones (7.657.744.000.000).

20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000), catalogados como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. En colones: 12 billones 690 mil 656 millones de colones (12.690.656.000.000).

Esta danza de miles de millones de dólares en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, que nos reportó el BCCR, como dato oficial al 30 de setiembre de 2018, causó nuestra profunda estupefacción al darnos cuenta de la existencia de tantísima plata en el país. ¿Quién o quiénes la tienen?

Tal estupefacción es más fuerte todavía, si hacemos la comparación de esos mismos datos, pero al 31 de diciembre de 2010, según la información en nuestro poder extractada del mismo oficio. Veamos:

Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 7 mil 711 millones de dólares y al 30 de setiembre de 2018, en 12 mil 351 millones 200 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 4 mil 640 millones de dólares. Dicho de otra forma, este rubro creció en 580 millones de dólares, cada uno de esos 8 años.

“Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 10 mil 222 millones 900 mil dólares y al 30 de setiembre 2018, en 20 mil 468 millones 800 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 10 mil 245 millones 900 mil dólares. En cada uno de esos 8 años, este rubro creció en 1.280 millones 737 mil 500 dólares.

Para no “intoxicarnos” con tantos números, lo que nos interesa resaltar es lo siguiente:

a) Al 30 de setiembre de 2018 (a 18 meses antes de la llegada de la pandemia), el sistema financiero-bancario costarricense tenía “embodegados”, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000). En colones: 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).

b) 8 años antes, diciembre de 2010, la cantidad “embodegada” era 17 mil 933 millones 900 mil dólares ($17.933.900.000). Es decir, entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de setiembre de 2018, se dio un crecimiento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares ($14.886.100.000), por concepto de “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”, en el sistema financiero-bancario costarricense.

c) En el período comprendido entre 31 diciembre 2010-30 setiembre 2018 (a 18 meses de la llegada del covid-19 al país), estos capitales, “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), crecieron en un ¡83%! Sencillamente espectacular y espeluznante. Cada uno de esos 8 años, el promedio anual de aumento en este rubro fue de mil 869 millones, 750 mil dólares ($1.869.750.000).

Conclusión: la pandemia llegó en un momento en que el sistema bancario-financiero del país estaba inundado de plata, según este rubro: “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. Prácticamente, una gigantesca e incomprensible cantidad de 34 mil 680 millones 750 mil dólares ($ 34.680.750.000); agregando para el año 2019, la cifra promedio anual de crecimiento entre 2010-2018.

Tal cifra, 34 mil 680 millones 750 mil dólares, viene a ser, en colones (620 promedio, tipo de cambio), 21 billones 502 mil 065 millones de colones (21.502.065.000.000). ¿Verdad que son cifras sumamente difíciles de creer y de comprender?

Que sepamos nosotros, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos difícilmente tenga “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. La clase media, ¡tampoco! Y si hay sectores medios (¡que los hay!), con plata como para tenerla depositada en el sistema financiero-bancario del país, no creemos que sea en las escandalosísimas cifras que nos dio el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la carta dirigida a la ANEP que hemos comentado (usted la puede tener visitando www.anep.cr). La concentración del capital en el país es inconmensurablemente inobjetable. ¿Quiénes son los ricos y los súper-ricos ticos? ¿Será producto, tanta plata, del dinero narco? ¿Quién puede explicar de dónde vino la cantidad de $1.869.750.000 (casi mil 900 millones de dólares), por cada uno de los años comprendidos entre 2010-2019? El poderío político que genera esta plata nos ayuda a explicarnos bastantes situaciones de la Costa Rica actual.

La destrucción logístico-operativa y estratégica de la seguridad ciudadana

Publicada el 01/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El máximo jerarca institucional del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito de Costa Rica manifestó, en recientes declaraciones de prensa, que se ocupan de, al menos 600 y hasta 1.200, personas nuevas que ingresen a laborar en este importante servicio de la Seguridad Ciudadana que es la Policía de Tránsito. Dio a entender que ejecutan su estratégica labor en medio de gran precariedad y con muchas dificultades, apelando a forzadas (diríamos nosotros), maniobras y coordinaciones inter-institucionales para la delicada tarea de velar por la vida de las personas en las carreteras del país.

Su dramático llamado que, por cierto, nada nuevo es, se hace eco de una reiterada labor de denuncia responsable que, desde hace ya bastante tiempo, se formula con la voz gremial, policial-institucional en tal sentido, en cada uno de los cuerpos policiales nacionales.

Notorio resulta aprovechar el reclamo del indicado jerarca, para resaltar la intensa labor de denuncia que, acerca del debilitamiento paulatino y sostenido de los diferentes cuerpos policiales del país, vienen desplegando destacados líderes sindicales de base ubicados en los mismos y/o con responsabilidad en la materia; especialmente personas dirigentes que destacan en la corriente sindical en la cual militamos.

Las seccionales sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en Fuerza Pública, en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en la Policía Penitenciaria, en la de Tránsito, en la de Control de Drogas (PCD), en la Aeronáutica y en la de Fronteras; tanto en la Ecológica (que es como nos gusta llamar al personal de guardaparques), como en la Fiscal; llevan muchísimo tiempo alertando al país, a las autoridades gubernativas actuales (y a las anteriores), de una especie de conjura política tácita tendiente a la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana.

El clamor incesante, constante, documentado, sólidamente argumentado de estas personas valientes, dirigentes sindicales policiales, se estrella contra el muro del fanatismo fiscalista; contra el muro del recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable y hasta irracional, registrándose ya dos vergonzosos episodios en los cuales es la propia Asamblea Legislativa (por falta de conocimiento, de estudio y también por fundamentalismo fiscalista), la que se ve obligada a corregir gravedades de recorte presupuestario-policial, pues las autoridades fiscales centrales del Ejecutivo caen en extremismos ilógicos y peligrosos.

Esta especie de operación encubierta que nos conduce hacia la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana; se manifiesta en momentos en los cuales la ciudadanía contempla estupefacta, ya no solamente el avance del poder del narcotráfico y del crimen organizado, sino el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia criminal delincuencial común, sin hablar de los delitos de cuello blanco que se siguen cometiendo en los gobiernos del partido político de la transparencia.

Como si ello no bastase, nuestros cuerpos policiales, subvalorados profesional y salarialmente, se enfrentan a las consecuencias negativas del crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. En su diario quehacer, las personas con las cuales tienen relaciones de conflicto son, precisamente, las caras o los rostros de esa desigualdad y de esa exclusión. Sin duda alguna, hay factores psicoemocionales en las tareas policiales que no han sido debidamente ponderados.

A esta altura de las muestras contundentes del avance de la criminalidad y del crimen organizado; de las muestras contundentes del estado precario multidimensional de los cuerpos policiales del país (empezando por su faltante de personal en cada uno); del crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de la exclusión social y de la desigualdad económica, uno podría concluir que mientras la ley y la justicia retroceden, el crimen y la corrupción es lo que avanza.

Corresponde, en tal sentido, que de cara al proceso electoral nacional ya en desarrollo, las fuerzas gremiales policiales se aglutinen y potencien sus más que autorizadas y calificadas voces gremiales de denuncia, de propuesta y de lucha. Como ya lo hemos vivido, las ofertas electorales en torno a los temas de Seguridad Ciudadana, no dejarán de presentarse, con su carga de demagogia y de nueva estafa electoral. Es el momento, en consecuencia, para que emerja la voz policial unidad y articulada. Es la policía la que le pone el pecho a las balas… no son los políticos.

Aumento en la edad de jubilación, igual a “policías con bastón”

Publicada el 24/05/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional de ANEP

Al mismo tiempo que en la Seccional ANEP-Fuerza Púbica, le hemos solicitado a los señores diputados y a las señoras diputadas una reforma que permita la jubilación anticipada de las personas trabajadoras integrantes de los cuerpos policiales; la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), nos quiere aumentar la edad de retiro a los sesenta y cinco años (65), tanto hombres como mujeres. Se aduce problemas de sostenibilidad en el régimen de pensiones; lo que no se dice, es cuáles son las razones de esa dificultad.

En relación con la edad de jubilación, existen estudios técnicos que demuestran que el desgaste físico y emocional, así como el deterioro en la salud, en general, de las personas trabajadoras de cuerpos policiales, es mayor al que sufren las que se vinculan con otras labores. El trabajo del o de la policía es una ocupación de alta exigencia, responsabilidad y expectativa social con respecto a su servicio y rol, por tanto, se califica como una ocupación altamente estresante, así es, basta ponerse el uniforme para sentir esa presión que conlleva la función policial.

Criterios técnicos señalan que, “Es un proceso de desequilibrio entre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas, dado que entran en juego multitud de factores (personales, de la situación y de las relaciones interpersonales), entre los que destaca la percepción que la persona tenga sobre si sus recursos (personalidad, experiencia, capacidad, etc.) son suficientes o no para hacer frente a los requerimientos que se plantean.”

Estos estudios han demostrado que la edad de jubilación de un policía no debe exceder los cincuenta y cinco años de edad.

El INFORME TÉCNICO DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinó que la función policial es insalubre y peligrosa. Aunado a ello, entre los argumentos que se presentan en los estudios mencionados se rescatan los siguientes:

– La complicada trayectoria de la vida policial genera enfermedades que, por su naturaleza, repercuten fuertemente a determinada edad, lo cual atenta contra la eficiencia del servicio de seguridad ciudadana.

– El policía es especialmente propenso a desarrollar padecimientos tales como: hipertensión arterial derivada del frecuente estrés, estados de vigilia constantes, comidas rápidas ingeridas en su propio lugar de trabajo, falta de actividad física, etc.

– Insuficiencias y enfermedades cardíacas, trastornos vasculares periféricos causados por las extensas jornadas en las que debe permanecer de pie.

– Perturbaciones digestivas y enfermedades respiratorias derivadas de sus largas horas a la intemperie.

– Accidentes laborales producto del quehacer preventivo o represivo.

– Deterioro de la columna vertebral, motivado por osteoporosis propia de la edad o por la portación cotidiana del equipo de protección (chalecos antibalas, armas de reglamento, vara policial, botas, radio de comunicación y otros).

– El nivel de tensión emocional que la persona policía maneja acelera el quebranto de su estado de salud en general, y es propenso a desarrollar patologías psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento físico, y separación familiar en muchos casos.

– Desde la óptica psicológica, el policía sufre un desgaste gradual por la exposición a eventos extremos, fatiga mental acumulada por los pesados horarios de trabajo, sensación de inseguridad constante en el policía y sus familiares directos ante probables represalias y acciones de venganza por parte de la delincuencia, etc.

En Colombia, por ejemplo, las y los oficiales, así como los miembros del nivel ejecutivo se pueden retirar por solicitud propia, siempre y cuando tengan 20 años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido 55 años de edad los hombres y 50 años de edad, las mujeres.

La función policial se relaciona estrechamente con la vida. Las personas que trabajan como guardianes del orden, se saben expuestas a enfrentarse, en cualquier momento, con un criminal, teniendo que jugarse el físico, ya sea para repeler una agresión ilegitima o para evitar la comisión de un delito.

Para nadie es un secreto que la criminalidad cada día es más sofisticada, más preparada, más atrevida; por ello, resulta un riesgo para la seguridad común mantener a personas de más de sesenta años en labores de seguridad ciudadana. Eso, amén, de la injusticia que representa para quienes exponen su vida constantemente y ven pasar los años lejos de sus hijos e hijas, perdiéndose de graduaciones, cumpleaños, navidades, etcétera.

En momentos de mayor criminalidad, sabidos de la penetración del crimen organizado en nuestro país, resultaría peligroso, grosero y hasta inhumano, retardar la jubilación de nuestros y de nuestras policías. De ser así, la delincuencia posiblemente sacará provecho, al enfrentarse con personas adultas mayores, en algunos casos; a policías que, por su edad y el desgaste que provoca la función policial, se harán acompañar de un “bastón”.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Abogado

Directivo Nacional de ANEP

Policías solicitan a diputados mejoras en sus condiciones laborales

Publicada el 08/04/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Las peticiones son las siguientes:

• Compra de armas no letales.
• Póliza que cubra al policía 24 horas y 7 días a la semana.
• Exclusión del Proyecto Ley Marco de Empleo Público.
• Reforma al sistema de pensiones.

Intereses de la deuda pública: casi ¢6 mil millones diarios

Publicada el 19/05/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Para ser exactos, el dato correcto es 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Para que lo entendamos y comprendamos mejor, hablemos de 6 mil millones de colones ¡cada día!

Y si usted quiere tal dato por hora, la cantidad es de 242 millones 185 mil 763 colones (¢242.185.763). También, para mortificarle más y con solicitud de previa disculpa de su parte, se lo damos por minuto: 4 millones 36 mil 429 colones (¢4.036.429). Y, ¿lo quiere por segundo? (majadero yo): 67 mil 273 colones con 81 céntimos (¢67.273,81).

¿De qué estamos hablando? Pues del pago escandaloso, obsceno y, si se quiere, hasta inmoral y socialmente criminal, de los intereses de la deuda pública; de cuyo monto global no queremos recordarnos al momento de escribir este artículo. Es un monto que, desde nuestra visión de clase, resulta impagable.

¡Veamos! Con la gran pompa escénica y mediática con que el Ministro de Hacienda, señor Elián Villegas Valverde, suele hacer sus “cruciales” anuncios periódicos sobre el estado de las finanzas públicas; su más reciente aparición fue para darnos a conocer que en el primer cuatrimestre del presente año 2021 (meses de enero, febrero, marzo y abril), el pago de intereses de la deuda pública ascendió a los 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); una cifra tan grande como que es equivalente a 1,84% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se estima que, en la actualidad, un punto porcentual del PIB equivale a 378 mil 510 millones de colones (¢378.510.000.000)

Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata, 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); y la dividimos entre cada uno de los 120 días que tiene el primer cuatrimestre del año en curso (31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril); pues nos da la cifra de un pago diario de intereses de la deuda pública, cada 24 horas, de 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Disculpen la reiteración. Estamos redondeando esta cifra a 6 mil millones de colones diarios, para una cabal comprensión de la monstruosidad de este crimen social que significa el pago cotidiano de intereses de la deuda pública.

¡Sí! Es un crimen social porque esa plata diaria, esos 6 mil millones de colones, se los sacan al pueblo trabajador con empleo o sin él; se los sacan a las micro, pequeñas y medianas empresas; se los sacan a las capas medias y a quienes laboran por cuenta propia; se las sacan a las personas trabajadoras estatales mediando su pago riguroso de la renta salarial.

Esto es así por cuanto el sistema tributario costarricense es perversamente corrupto e injusto: pagan más los que menos tienen y quienes tienen más, evaden y eluden su correspondiente pago de tributos, hacen toda clase de triquiñuelas para no pagar lo que por ley deben, esconden la plata en paraísos fiscales, disfrutan de exenciones y exoneraciones, amén de tener acceso a las multimillonarias operaciones de compras, adquisiciones y construcciones que necesita el sector público.

Nosotros estimamos que, mediando esa gigantesca deuda y su pago obsceno y criminal de intereses, no será posible proyectos de reactivación económica realmente consistentes. Creemos que los políticos tradicionales mienten, descaradamente, cuando se llenan la boca hablando de reactivación económica y el tema de la deuda pública y sus criminales intereses, no lo abordan ni en lo más mínimo.

La deuda pública del país, aunque mayoritariamente es de carácter interno; y, dentro de este carácter interno, gran parte de ella es entre instituciones estatales, necesita ser auditada y con sólida participación ciudadana. Además, requiere una profunda reestructuración y reingeniería de modo tal que resulte más “humanitario” su manejo.

Con el estado actual de cosas en materia de deuda pública, no es el pueblo trabajador el que está ganando; por el contrario, es el que está pagando. Y este asunto de la deuda pública y su pago de intereses, representa un punto fundamental del sostén ideológico-financiero del desprestigiado sistema político-partidista actual que, como todos lo percibimos, nos ha venido hundiendo como sociedad.

Con miras a la elección presidencial y diputadil del 6 de febrero de 2022, a 263 días de PASAR FACTURA, será importantísimo tener en cuenta los diferentes discursos de campaña, en cuanto a ver si estos hablan de varios temas tabú que, por lo general, no se abordan dado que tocan los intereses económicos más formidables de lo que ha llegado a ser la plutocracia reinante y gobernante.

¿Cuáles son esos temas?: la deuda pública y su socialmente criminal pago de intereses; el sistema tributario injusto y corrupto; la política salarial y, específicamente, el salario mínimo; la reactivación económica y el ABC de las políticas públicas congruentes de esta, por ejemplo. Vamos a hablar mucho de esto y de temas asociados en próximas columnas.

Para terminar, fíjese usted que la lectura del presente artículo se hace en 7 minutos, aproximadamente. Esto quiere decir que, una vez que usted concluyó de leerlo hubo que pagar poco más de 28 millones de colones adicionales de intereses de la impagable deuda pública costarricense.

Déficit, deuda e intereses: ¿quién se atreve?

Publicada el 31/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

No encuentro otra palabra-concepto para describir el manejo de la cuestión fiscal del país, que emplear el vocablo CRIMINAL, así puesto con letras mayúsculas.

No encuentro otra palabra-concepto para las personas responsables de ese manejo, en los diferentes gobiernos del tri-partidismo PLUSC-PAC que catalogarles como CRIMINALES SOCIALES, también en mayúsculas.

No encuentro, en el “menú” de precandidaturas presidenciales, ni el más mínimo planteamiento, aunque fuera tenue e insípido, de abordar con profunda seriedad este asunto del déficit fiscal, de la deuda pública y de su obsceno pago de intereses… ¿Quién se atreve? Creo que me quedaré esperando.

Recientemente escribí el siguiente tuit: “Empezamos el 2021 pagando 240 millones de colones POR HORA en pago de intereses de la deuda pública: 5 mil 772 millones por cada uno de los 31 días de enero y los 28 de febrero. En dos meses: 340 mil 586 millones. ¡CATASTRÓFICO! Y los diputados ensañados con el empleado público”.

Noten ustedes que estoy empleando letras mayúsculas para que se comprenda mi desvelo en cuanto a resaltar lo que me parece a mí como un cataclismo fiscal en perspectiva.

Con gran pompa, el Ministerio de Hacienda nos dio a conocer que ya ha captado, en el primer trimestre del presente año 2021, en el mercado financiero interno, Bolsa Nacional de Valores, 1 billón 365 mil 479 millones de colones (1.365.479.000.000). (El principal diario del capital neoliberal publicó una nota al respecto, el pasado sábado 27 de marzo).

Prácticamente, esta gigantesca cifra representa unos 3.8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), calculando cada uno en 359 mil 800 millones de colones (359.800.000.000 -datos de 2020-); dato que nos proporcionó el distinguido académico universitario, de la UNED, don Luis Paulino Vargas Solís.

Esta cantidad de captación en bolsa que reporta la cartera ministerial de Hacienda, 1.365.479.000.000, promediada a los 90 días del primer trimestre 2021, nos da la cifra de captación diaria de 15 mil 171 millones 988 mil 888 colones (15.171.988.888.000).

Hablamos, entonces, de que al Gobierno se le está prestando (“captación de bonos”, en el lenguaje bursátil oficial), 632 millones 166 mil 203 colones (632.166.203), ¡CADA HORA! Datos, repetimos, del primer trimestre de 2020.

Además, se nos dice que la cantidad de dinero hasta ahora “captada”, 1.365.479.000.000, representa ya el 76% del total de la cifra prevista por tal concepto, “captación”, para el primer semestre del presente año 2021: lo que denominan Plan de Endeudamiento. Entonces, éste es de1 billón 796 mil 682 millones 894 mil colones (el 100% al terminar junio 2021); prácticamente, 5 puntos PIB.

Quiérese decir, entonces, que el 24% que resta del Plan de Endeudamiento del primer semestre del año 2021, equivale a 431 mil 203 millones 894 mil colones (431.203.894.000). Esto es 1.19 puntos PIB.

En consecuencia, la pretensión del Gobierno es obtener prestado, solamente en el primer semestre del año en curso, 1 billón 796 mil 682 millones 894 mil colones: ¡5 puntos PIB!, desagregados así:

a) 1.365.479.000.000: 76% del Plan de Endeudamiento para el primer semestre del 2021, ya obtenidos (3.8 PIB).

b) 431.203.894.000: 24% restante de dicho plan (1.19 PIB).

Cifras incomprensibles. Cifras inmanejables para quienes somos viles mortales, castigados y condenados a servirle a la Economía, la dominante; que es distinta a la Economía al servicio de la gente, la que urge instaurar en este país.

Entonces, con los datos del primer trimestre 2021 tenemos:

Solamente en pago de intereses de los meses de enero y febrero, 340 mil 586 millones de colones; es decir, unos 240 millones de colones por hora; o, 5 mil 772 millones de colones al día.

Se pagaron, si lo pasamos a dólares, en solamente esos dos meses, 553 millones 798 mil 373 dólares (tipo de cambio, 615 colones). Al día, 9 millones 385 mil 365 dólares. Por hora: 391 mil 56 dólares (240 millones de colones).

Por otra parte, si el plan de endeudamiento del Gobierno para el primer semestre del presente año 2021, es de 1.796.682.894.000 colones; en dólares, el equivalente es 2 mil 921 millones 435 mil 600 dólares ($2.921.435.600).

¡Ciudadanos y ciudadanas!: Estamos hablando de que este Gobierno nos endeudará, solamente en el primer semestre de este año 2021 en, prácticamente, ¡3 mil millones de dólares!; endeudamiento que no pasa por la Asamblea Legislativa.

O sea, nos endeudan, a “los y las de abajo”, promedialmente hablando, en 16 millones 666 mil 666 dólares diarios, o, si lo ponemos por hora, son 694 mil 444 dólares.

Esta gran cantidad de números, la gran cantidad de cifras que les hemos compartido, metafóricamente viene a ser como un aquelarre de carácter fiscal; sí, es algo “demoníaco”. Un verdadero festín maligno que le hace daño a la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

¿Quién se atreve? ¡Sí!, ¿quién se atreve a nivel de precandidaturas presidenciales, a entrarle a esto. En mi caso, sí me atrevo a pronosticar que nadie… o casi nadie.

Hacerlo, pero hacerlo de verdad, es desafiar a la hegemonía política dominante, la de la plutocracia reinante; dentro de la cual el sector financiero-bancario, el del aquelarre fiscal, se convirtió ya en el enemigo más criminal que jamás tuvo el pueblo costarricense, solamente comparable a los invasores filibusteros de 1856-1857.

Covid-19: sindemia más que pandemia Factores socioculturales y económicos detrás de la crisis sanitaria

Publicada el 11/05/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED): el Covid-19 es una problemática social, cultural y económica, antes que biológica y médica. Si bien sus orígenes son biológicos, y sus manifestaciones extremas y más dolorosas, se dan en los hospitales, su evolución, y eventual complicación, está esencialmente influida por las relaciones sociales, puesto que es en la interacción humana como el SARS-CoV-2 se difunde y los contagios se multiplican.

1-2021-COVID-Covid-19 Facto… by Yariela Novo

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ANEP repudia y rechaza el nombramiento de Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero de la CCSS

Publicada el 23/04/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

La “representante” sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodriguez González (cuya designación fue totalmente irregular, prácticamente a dedo por orden de Alvarado), debe dar la cara y explicar si votó ese nombramiento y/o porqué no dio la voz de alerta de que se iba a dar.

A continuación, el ciudadano don Roberto Mora Salazar nos explica las razones para que toda la ciudadanía honesta exprese su rechazo y su repudio al nefasto nombramiento de GUSTAVO PICADO CHACÓN cono Gerente Financiero de la Caja.

Pérdida de ₵217 mil millones en la CCSS por Gustavo Picado (junto 17 más) es nombrado como Gte Financiero

Estimada Licda Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.

Reciba un cordial saludo.

Me presento ante su despacho de manera atenta y respetuosa, con el fin de formular DENUNCIA contra los nueve miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por INCUMPLIMIENTO DE DEBERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y la trasgresión a Control Interno para el Sector Público.

ROMÁN MACAYA HEYES
CHRISTIAN STEINVORTH STEFFEN
MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS UMAÑA
JOSÉ LUIS LORÍA CHAVES
MARIELOS ALFARO MURILLO
FABIOLA ABARCA JIMÉNEZ
ÁLVARO SALAS CHÁVES
MARITZA JIMÉNEZ AGUILAR
MARTA ELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

El día de hoy, la Junta Directiva de la Caja, nombró como nuevo Gerente Financiero de la Institución, a Gustavo Picado Chacón, funcionario que se encuentra acusado junto a 17 personas más, desde el año 2012, bajo el expediente 12-000046-0615-PE ante el Ministerio Público.

En total desapego a la normativa vigente, el cuerpo colegiado se desliga del oficio enviado el 16 de abril del año 2018 NºPE-0780-2018 por la Presidencia Ejecutiva, en el cual se dispone explícitamente que, los candidatos a puestos gerenciales, tendrían que aportar una certificación emitida por el Ministerio Público, haciendo constar que no tienen causas penales en su contra.

RAZONES DE GRAN RELEVANCIA:

En octubre de 2012, la Comisión Especial Legislativa que investigó las causas de la grave crisis financiera que la CCSS experimentó a partir de 2009 (Exp: 18.201), determinó que Gustavo Picado Chacón fue corresponsable de la misma y, en razón de ello, recomendó su renuncia y su inhabilitación en cargos públicos; criterio que posteriormente avaló – por amplia mayoría- el Plenario Legislativo.

En marzo de 2019, la Fiscalía General de la República notificó a esa Junta Directiva, la acusación penal en contra de Gustavo Picado Chacón y otros jerarcas institucionales, por los delitos de:

INFLUENCIA CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA,
FRAUDE DE LEY y
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA,

caso que yace actualmente en el Tribunal Penal de Hacienda del Primer Circuito Judicial de San José para su elevación a juicio (EXP: 12-000046-0615-PE) en el mes de agosto del año en curso.

En agosto de 2020, la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado en esta causa, informó que – de acuerdo a un peritaje efectuado- el DAÑO SOCIAL causado por el Gustavo Picado Chacón y el resto de imputados, se estima en ₵217 mil millones.

Las autoridades a cargo del proceso de selección del Gerente Financiero, habrían omitido, con aparente dolo, el requisito dispuesto en el oficio Nº PE-0780-2018 del 16 de abril de 2018, que exige a los candidatos aportar una certificación emitida por el Ministerio Público haciendo constar, que no aparecen causas pendientes o, en su defecto, las causas penales abiertas en su contra.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son de acatamiento obligatorio para las instituciones sujetas a fiscalización de la Contraloría General de la República, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las mismas prevalecen sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control de fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, su inobservancia genera las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable. No obstante, el haber nombrado como Gerente Financiero a Gustavo Picado Chacón, sin tomar en cuenta los supra indicados presuntos delitos de FRAUDE FINANCIERO que el Ministerio Público le atribuye al tal funcionario, las autoridades a cargo del proceso de selección habrían trasgredido lo preceptuado en los apartados 2.3 y 2.4 de tales Normas, relativas al FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA INSTITUCIONES y a la IDONEIDAD DEL PERSONAL

Es importante y, de gran relevancia recordar a los miembros de la Junta Directiva que, aunque hayan olvidado algo tan trascendental, la Normativa emitida por la Contraloría General de la República en materia de Control Interno, en su artículo 2º indica:

Artículo 2° – Establecer que las “Normas de control interno para el Sector Público” son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable.

2.4 Idoneidad del personal: El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.

Así las cosas, los Miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que, nombraron al señor Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero, a sabiendas de que existe una posible actuación dolosa. Por ello, deben responder, todos y cada uno de ellos, por su incumplimiento de deberes y, el DEBER DE PROVIDAD en la función pública que reza:

(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.

Los delitos generalmente tipificados y que podrían ser considerados como actos de corrupción son:

prevaricato,
cohecho,
malversación,
exacción,
concusión
encubrimiento,
nepotismo,
desfalco,
retardación de Justicia,
omisión de deberes públicos,
tráfico de influencias y otros, con algunas diferencias en la terminología.

El deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica que la conducta de funcionario debe apegarse en todo momento a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc.

La Junta Directiva en pleno, no puede alegar desconocimiento ya que fueron alertados en su momento por el Ministerio Público, la Procuraduría General y, el suscrito en fecha 16 de diciembre del 2020

https://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2020/12/16/sigue-la-corrupcion-en-la-ccss/

También solicito a la Fiscalía General de la República, haga valer el artículo 19 de la Ley Constitutiva de la Caja que dice:

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes de División y el resto del personal de la Caja que, por dolo o por culpa grave, ejecuten o permitan la ejecución de operaciones contrarias a la presente ley o sus reglamentos, responderán con sus bienes por las pérdidas que tales operaciones irroguen a la institución, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

PETITORIA:

Se aplique todo el peso de la Ley a todos los miembros de dicha Junta Directiva que votaron afirmativamente para que dicho funcionario fuese elegido como Gerente Financiero de la Institución, en contra del ordenamiento jurídico y la normativa vigente.

Atentamente;

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-0396-0099

Covid-19, alerta roja y plata para más atención

Publicada el 11/05/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.

Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.

Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.

Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.

Y es aquí, en tal situación, que Alvarado Quesada y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.

ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero frescopor la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75% de Producto Interno Bruto (PIB).

Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.

«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.

Si el 75% de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Publico, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.

Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.