Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Para ser exactos, el dato correcto es 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Para que lo entendamos y comprendamos mejor, hablemos de 6 mil millones de colones ¡cada día!

Y si usted quiere tal dato por hora, la cantidad es de 242 millones 185 mil 763 colones (¢242.185.763). También, para mortificarle más y con solicitud de previa disculpa de su parte, se lo damos por minuto: 4 millones 36 mil 429 colones (¢4.036.429). Y, ¿lo quiere por segundo? (majadero yo): 67 mil 273 colones con 81 céntimos (¢67.273,81).

¿De qué estamos hablando? Pues del pago escandaloso, obsceno y, si se quiere, hasta inmoral y socialmente criminal, de los intereses de la deuda pública; de cuyo monto global no queremos recordarnos al momento de escribir este artículo. Es un monto que, desde nuestra visión de clase, resulta impagable.

¡Veamos! Con la gran pompa escénica y mediática con que el Ministro de Hacienda, señor Elián Villegas Valverde, suele hacer sus “cruciales” anuncios periódicos sobre el estado de las finanzas públicas; su más reciente aparición fue para darnos a conocer que en el primer cuatrimestre del presente año 2021 (meses de enero, febrero, marzo y abril), el pago de intereses de la deuda pública ascendió a los 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); una cifra tan grande como que es equivalente a 1,84% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Se estima que, en la actualidad, un punto porcentual del PIB equivale a 378 mil 510 millones de colones (¢378.510.000.000)

Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata, 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); y la dividimos entre cada uno de los 120 días que tiene el primer cuatrimestre del año en curso (31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril); pues nos da la cifra de un pago diario de intereses de la deuda pública, cada 24 horas, de 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Disculpen la reiteración. Estamos redondeando esta cifra a 6 mil millones de colones diarios, para una cabal comprensión de la monstruosidad de este crimen social que significa el pago cotidiano de intereses de la deuda pública.

¡Sí! Es un crimen social porque esa plata diaria, esos 6 mil millones de colones, se los sacan al pueblo trabajador con empleo o sin él; se los sacan a las micro, pequeñas y medianas empresas; se los sacan a las capas medias y a quienes laboran por cuenta propia; se las sacan a las personas trabajadoras estatales mediando su pago riguroso de la renta salarial.

Esto es así por cuanto el sistema tributario costarricense es perversamente corrupto e injusto: pagan más los que menos tienen y quienes tienen más, evaden y eluden su correspondiente pago de tributos, hacen toda clase de triquiñuelas para no pagar lo que por ley deben, esconden la plata en paraísos fiscales, disfrutan de exenciones y exoneraciones, amén de tener acceso a las multimillonarias operaciones de compras, adquisiciones y construcciones que necesita el sector público.

Nosotros estimamos que, mediando esa gigantesca deuda y su pago obsceno y criminal de intereses, no será posible proyectos de reactivación económica realmente consistentes. Creemos que los políticos tradicionales mienten, descaradamente, cuando se llenan la boca hablando de reactivación económica y el tema de la deuda pública y sus criminales intereses, no lo abordan ni en lo más mínimo.

La deuda pública del país, aunque mayoritariamente es de carácter interno; y, dentro de este carácter interno, gran parte de ella es entre instituciones estatales, necesita ser auditada y con sólida participación ciudadana. Además, requiere una profunda reestructuración y reingeniería de modo tal que resulte más “humanitario” su manejo.

Con el estado actual de cosas en materia de deuda pública, no es el pueblo trabajador el que está ganando; por el contrario, es el que está pagando. Y este asunto de la deuda pública y su pago de intereses, representa un punto fundamental del sostén ideológico-financiero del desprestigiado sistema político-partidista actual que, como todos lo percibimos, nos ha venido hundiendo como sociedad.

Con miras a la elección presidencial y diputadil del 6 de febrero de 2022, a 263 días de PASAR FACTURA, será importantísimo tener en cuenta los diferentes discursos de campaña, en cuanto a ver si estos hablan de varios temas tabú que, por lo general, no se abordan dado que tocan los intereses económicos más formidables de lo que ha llegado a ser la plutocracia reinante y gobernante.

¿Cuáles son esos temas?: la deuda pública y su socialmente criminal pago de intereses; el sistema tributario injusto y corrupto; la política salarial y, específicamente, el salario mínimo; la reactivación económica y el ABC de las políticas públicas congruentes de esta, por ejemplo. Vamos a hablar mucho de esto y de temas asociados en próximas columnas.

Para terminar, fíjese usted que la lectura del presente artículo se hace en 7 minutos, aproximadamente. Esto quiere decir que, una vez que usted concluyó de leerlo hubo que pagar poco más de 28 millones de colones adicionales de intereses de la impagable deuda pública costarricense.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades. “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.” (palabras de un constituyente de 1949).

SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo de consecuencias insospechadas, pero temibles.

TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.

CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables. Muestran su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialistas.

QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.

SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.

SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro, pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más atención a la población adulta mayor, ya creciente; más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.

OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.

DÉCIMO: La población trabajadora del sector municipal, como personas asalariadas honestas que laboran para este sistema institucional, el cual es esencia misma de la Democracia, se han comprometido desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

¿Fin del neoliberalismo? ¡Por supuesto que no! Sí está llamando mucho la atención varios anuncios de nuevas políticas fiscal-tributarias, sociales y salariales que ha venido formulando el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; decisiones ejecutivas que tendrán que pasar por el congreso de ese país pero que, sin duda, alguna, están generando diversas reacciones en el mundo de la política, de la economía, de la sociedad y del imperio mediático dominante, tanto dentro de ese país como fuera de él. Él pronunció su primer discurso como Jefe de Estado estadounidense ante el congreso en pleno: la cámara de representantes y el senado.

Pero, ¿qué está diciendo el presidente Biden al punto de que, a nivel del mundo sindical y social continental, se estén destacando sus anuncios, los cuales (como era lógico suponer), no están siendo objeto de atención de prensa, al menos en profundidad, por parte de los mass media ideológicamente hegemónicos alineados con el neoliberalismo. No podía ser de otra manera.

Anunció el mandatario estadounidense un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora (unos 9.300 colones), por una jornada semanal de 40 horas; que ninguna persona trabajadora estadounidense debe estar bajo el umbral de pobreza. Evidentemente, aquí se plantea aumentar el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios con miras, de seguro, a fortalecer el mercado interno gringo.

Habló el presidente Biden en su primer mensaje al congreso de Estados Unidos de impulsar una legislación para la equidad salarial, buscando más y mejores oportunidades para las mujeres. Además, fue enfático en que los Estados Unidos debe reactualizar su ley de violencia contra las mujeres.

También, algo que no se había escuchado por boca de un político estadounidense de tan alto nivel, tiene que ver con la cuestión tributaria fiscal. Hay que resaltar esto si consideramos que muchas personas y entidades estudiosas y serias de esta materia, en varias partes del mundo, nos dicen que estamos viviendo la época de la mayor desigualdad de la historia de la Humanidad.

Dijo el presidente Biden de que ya es hora de pedir que paguen (tributen) lo justo al 1% de la población más rica de Estados Unidos; y, por el contrario, que ya no se van a poner más cargas impositivas a la clase media, la cual ya ha tributado lo suficiente. Resaltó que 650 multimillonarios estadounidenses incrementaron en tiempos de pandemia, lo que ya de por sí eran sus extraordinarias riquezas antes de la aparición de la misma.

Aquí reseñamos este increíble comentario del presidente Biden (traducción libre), en cuanto a que Wall Street no construyó Estados Unidos, sino que fue la clase media la que construyó a los Estados Unidos y fueron los sindicatos los que construyeron esa clase media.

Como sabemos, hablar de Wall Street es mencionar el corazón fundamental del circuito financiero global del capitalismo neoliberal imperante, sin control alguno, en el planeta.

Por cierto, el presidente Biden ya había indicado en otro escenario lo siguiente, con relación al derecho obrero a sindicalizarse libremente: “… Y no debe existir ninguna intimidación, ninguna coerción y ninguna propaganda anti-sindical. Ningún supervisor debe confrontar a los trabajadores en relación con sus preferencias sindicales. Todo trabajador debe tener una justa y libre cuota de permanecer a un sindicato. La ley garantiza esta escogencia. Y es su derecho, no del patrono. Ningún patrono puede privarlos de ese derecho”.

Que la atención médica debe ser un derecho y no un privilegio es, a nivel del pueblo costarricense, un asunto que consideramos consustancial a nuestras vidas en este país. Pese a todos los riesgos que lo amenazan, el derecho a la salud como derecho humano fundamental para los y las costarricenses, lo materializamos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más importante entidad de propiedad pública de las que todavía nos quedan.

Pero que sea el presidente estadounidense el que esté diciendo eso, que la atención médica es un derecho y no un privilegio, sin duda alguna, es de ponerle cuidado, habida cuenta que dentro del conglomerado del poder real en ese país (y a nivel global), las casas farmacéuticas jamás aceptarán tal postulado.

¿Los “novedosos” anuncios del presidente Biden en materia tributario-fiscal, social y laboral podrían considerarse como señales del fin del neoliberalismo? ¡No lo creemos! Sin embargo, a nivel de la militancia sindical con sentido político-estratégico no los podemos dejar pasar desapercibidos.

¿Quiere Biden darle al capitalismo imperante en su país, una dosis de humanismo, para tratar de detener el descenso de Estados Unidos como potencia planetaria ahora que su liderazgo ha dejado de ser monopólico? Podría ser…

Lo que sí es real, es que la tesis extremista del todo mercado-nada Estado, la del mercado total, implementada por el neoliberalismo fundamentalista del capital financiero; no solamente ha generado que esta sea la época más desigualdad de toda la historia de la Humanidad, sino que, está acabando con la Humanidad misma. ¿Será que Biden y sus asesores, como el senado Bernie Sanders, se han puesto a pensar en ello con seriedad?…