Modificación se pretende realizar mediante proyecto de ley, el cual ya cuenta con el apoyo de la diputada Franggi Nicolás. Además, beneficiaría a todos los cuerpos policiales del país.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública busca impulsar la modificación de tres artículos incluidos en la recién aprobada ley 9635, conocida como combo fiscal, ya que consideran que la actual redacción afectará la operatividad de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales, y con ello la seguridad ciudadana. Además, de afectar el salario de los oficiales.
Se trata de los artículos 6, 35 y 36 ubicado en el titulo
cuarto de la citada ley, los cuales a futuro podrían provocar una afectación
directa a la operatividad de la fuerza pública y otros cuerpos policías.
Otro de los artículos en cuestión es el 26 ubicado en capítulo
tercero, el cual se refiere al ordenamiento del sistema remunerativo y de
auxilio de cesantía el cual afectaría el salario de los oficiales que
ingresaron a partir del 1 de enero del 2019, reduciéndolo hasta en 42 mil
colones, según estimaciones de la Seccional.
Esta iniciativa de la Seccional ANEP-Fuerza Pública se
realizaría mediante un proyecto ley denominado “Reforma de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el cual cuenta con el apoyo de la
diputada, Franggi Nicolás quien ha estado en reuniones con representantes de la
seccional, con el objetivo de afinar detalles de dicho documento.
Para la legisladora es de vital importancia mejorar las
condiciones laborales de los cuerpos policías, así como la mejora en la
dotación de recursos, ya que esto se traduce en una mejor seguridad
ciudadana.
¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para
todas las entidades del sector público?
UCCAEP
pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo,
quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a
poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta
cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.
Lo
anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente
19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca
regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo
(servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es
cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de
administrar y cobrar dicho documento).
El texto base de este
expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público
que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se
automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan
utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de
este expediente legislativo autorizaba al Instituto
Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de
administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la
Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las
entidades del sector público cuando actúen como pagadores.
Este
expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de
Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente
está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación
en primer debate.
Sin
embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una
moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la
cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica
de Factoreo (cosa que ya hace) y en
lugar de eso dispone que el Estado
deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.
Lo
anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún,
ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para
que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio,
fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de
Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho
expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de
Trabajadores del ICE.
De
esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar,
ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo
artículo constitucional.
ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.
Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE
Debe
tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma
electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca
de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que
lo utilicen.
Siendo
que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno
para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de
Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC,
para que el Estado contrate a
empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis
fiscal”.
Más preocupante es aún,
que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha
comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba
que este tipo de moción, de aprobarse induciría
a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento
jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos
1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).
Una posición responsable de los legisladores sobre
este tema en Plenario, sería que a la hora
de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del
reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión
dictaminadora, a fin de enmendar la situación.
Veremos
si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes
privados?
-Trabajadores tiene más de 8 años de solicitarlo a la alcaldía
La Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires tomó la decisión de mantener el litigio en sede judicial para instaurar el salario escolar, litigio que inició el pasado 23 de enero. Esto debido a las negociaciones fallidas con la alcaldía, la última reunión realizada este miércoles 6 de marzo.
La lucha de la seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires
para incluir este componente salarial, así sentenciado por la Sala II, lleva
más de ocho años, situación que los obligó acudir a sede judicial
Incluso la seccional no descarta realizar un movimiento de huelga, el cual ya fue aprobado por los afiliados de la municipalidad, siguiendo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral al tratarse de un conflicto económico social.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con alcaldes de los cantones de Garabito, Nandayure y Coto Brus, así como representación de la alcaldía de Nicoya, ante la eventual afectación de la autonomía del régimen municipal por parte de la Ley 9635 fortalecimiento de las finanzas públicas.
El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.
Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo
Preocupados por los cambios anunciados por el ministro de Agricultura y Ganadería, los concesionarios y funcionarios del PIMA-CENADA se unieron para enfrentar lo que catalogan como la situación más crítica de la historia institucional.
Tribunal
no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación
Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.
Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la
condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían
probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.
«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de
descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental»,
manifestó el defensor.
Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada
ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la
sentencia.
«Lo único para poder solventar estos fallos es que se
realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el
Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el
reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de
que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó
Loaiza.
Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.
Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez
Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad
de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas
por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados
como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema
aparentemente dañado.
Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.
Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés
Las participantes de la Mesa Sindical de Mujeres sobre «Empoderamiento, Participación y Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Sindicalistas en Costa Rica nos dan a conocer sus pensamientos sobre este importante taller.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
