Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Plutocracia: Forma de gobierno en que el poder está en manos de los ricos o muy influido por ellos. Plutocracia: Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. (https://www.lexico.com/es/definicion/plutocracia)
Debemos decirlo con absolutamente contundencia. La degeneración que han venido sufriendo los partidos políticos tradicionales, en materia de principios y valores, abrió el camino para que, en la actualidad, sea la visión de mundo de la plutocracia la que tiene el control absoluto del real poder en nuestra sociedad de la desigualdad y de la exclusión económico-social.
La plutocracia, intermediando sus operadores políticos, ha llegado a controlar la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa; desarrollando una estructura de gerenciamiento político-ejecutivo cuyos personeros resultan muy bien pagados, como el caso de la actual presidencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con casi 11 millones de colones por mes de salario.
Aunque las clases adineradas siempre han ejercido influencia en la política nacional, la misma se vio atemperada cuando esos partidos tradicionales seguían idearios y principios que, por ejemplo, desde la real Social Democracia y desde el verdadero Humanismo Cristiano, impulsaron políticas públicas centradas en la búsqueda y la promoción del bien común, la movilidad social y la inclusión económica.
El bipartidismo clásico, conformado en esencia por los partidos Liberación y Unidad; bipartidismo “ampliado” con la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en escena y su degeneración hacia un “neoliberalismo progresista”, creó las condiciones para que en su seno irrumpiera con fuerza el control plutocrático de sus respectivas administraciones gubernativas y de sus diversas representaciones parlamentarias.
La plutocracia, mediando sus operadores político-ejecutivos, tiene el control absoluto de las instituciones del sistema financiero nacional, como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la dupla Supen-Sugef (Superintendencia de Pensiones-Superintendencia de Entidades Financieras), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC); y, por supuesto, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Nucleadas entre sí en el plano ideológico, ejecutan decisiones de política financiero-económico que impactan al 99% por ciento de la vida de la población costarricense para beneficio del 1% plutocrático.
La plutocracia y su facción más militante, la de la oligarquía financiero-bancaria, es la responsable directa de que tengamos una desastrosa situación fiscal que, por una parte, obliga al pueblo costarricense a erogar de sus golpeados bolsillos, la astronómica cantidad de 195 millones de colones por hora en pago de intereses producto de una deuda que generaron los últimos gobiernos controlados por la plutocracia.
Dicha facción (grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad) (https://dpej.rae.es/lema/facci%C3%B3n), también es responsable de la desastrosa situación que presenta el sistema tributario nacional, caracterizado por la regresividad y por la corrupción; al punto de haber superado los 15 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado dejó de recaudar durante cada uno de los diez años de antes de la llegada de la pandemia; para dar paso al pesado endeudamiento que está estrangulando a la sociedad con ese abusivo pago de 195 millones de colones de intereses por hora.
Cada colón evadido, eludido, escondido en paraísos fiscales; cada colón escamoteado al erario producto de exenciones y exoneraciones abusivas; fue sustituido por otro colón producto de préstamos (deuda interna, básicamente), pero a intereses de inmisericorde usura que todos estamos pagando a diario.
La plutocracia y su facción oligárquico-financiera, con sus operadores político-partidistas como el PLN, la Unidad, el PAC, Restauración y derivados, a través del negocio corporativo de las noticias del periodismo de odio; tienen en colapso la convivencia de la gran mayoría de la sociedad que no encuentra una vertiente unificada para canalizar el fuerte enojo que la embarga.
La plutocracia, ahora, está exigiendo, mediando la acción ejecutivo-legislativa de sus operadores políticos, la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, pues quiere el retorno de un Estado autoritario con un ministerio de corte totalitario, Mideplan, para el control absoluto de todo el recurso humano en la totalidad de la administración pública costarricense. Crear un Estado verticalista, al estilo del que había antes del conflicto armado entre costarricenses, ocurrido en 1948.
La plutocracia, en su afán del poder total en la sociedad, ya había logrado dos leyes estratégicas para sus intereses: la 9635, conocido popularmente como “combo fiscal”, en el 2018; y, la ley anti-huelgas, 9808, en el 2019. En esta última legislación, fue de enorme notoriedad el beneplácito político del sindicalismo alineado; el mismo sindicalismo alineado que, ahora, está co-participando en la concreción de la nefasta Ley Marco de Empleo Público.
