30/07/2020| Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública denuncia la falta de insumos para prevenir el contagio de la Covid-19 en delegaciones policiales
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Seccional presenta recurso de amparo contra el MSP por no brindar insumos a los oficiales para protegerse del covid-19
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Michael Soto, en busca de que el ministerio brinde los insumos básicos a los policías para protegerse del virus covid-19.
El recurso de amparo fue presentado por infringir los artículos 21, 60 y 66 de la Constitución Política, los cuales buscan resguardar el derecho a la salud de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública expresó que pese a que se ha informado a las autoridades la necesidad de dotar equipo de higiene y limpieza para resguardar la salud de los funcionarios, siempre se le informa que están en proceso de adquisición, lo cual podría ser resultado del aumento de casos positivos en las delegaciones de la Fuerza Pública.
Anchía agregó que los cuerpos policiales forman parte de la primera línea de respuesta en la atención de la emergencia sanitaria nacional, ya que se encargan del resguardo de los puestos fronterizos, escolta de contenedores de ruta internacional, atención de incidencias por aglomeraciones, controlar actividades prohibidas por el Ministerio de Salud , así como mantener la función primaria de seguridad ciudadana.
El recurso de amparo fue admitido por la Sala Constitucional para estudio y se le otorgó al MSP tres días hábiles para responder.
Recurso de Amparo Contra El Msp by Yariela Novo on Scribd
Diputados llaman a comparecer a Presidenta Ejecutiva de AyA tras denuncia de Seccional de ANEP
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.
La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra.
Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.
La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).
Póliza voluntaria de vida ANEP-INS
Oficiales de la Fuerza Pública no perderán sus vacaciones profilácticas
Así quedó establecido luego de la gestión realizada por la seccional ANEP-Fuerza Pública, quien solicitó al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, modificar el decreto existente referente a las vacaciones profilácticas, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
“En vista del panorama descrito, en ANEP queremos extenderle la respetuosa solicitud de que, desde su despacho ministerial se coordine con la Presidencia de la República. Lo anterior a fin de analizar la firma de un decreto ejecutivo que modifique el decreto previo, que dio origen a las vacaciones profilácticas. Y, de esta manera, por esta única oportunidad (o solo ante emergencias nacionales) se pueda permitir que los oficiales acumulen las vacaciones profilácticas, y así no pierdan estos días”, indica la solicitud de la ANEP.
Lo anterior quedó dispuesto en la resolución 2251-2020 DM publicada el 1 de julio del presente año, donde se indica que debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde el 6 de marzo del 2020 se “procede a suspender temporalmente hasta nuevo aviso el disfrute de las vacaciones profilácticas”
El mismo documento aclara, que las vacaciones profilácticas podrán ser acumuladas, y por ende disfrutadas por los oficiales de la Fuerza Pública una vez se levante la alerta de emergencia sanitaria existente en el país.
“Mientras se mantenga vigente la presente disposición y por esta única ocasión, los periodos de vacaciones profilácticas podrán ser acumuladas hasta que puedan ser disfrutados efectivamente y en su totalidad por los servidores policiales beneficiarios de este derecho, indica la resolución firmada por el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
Además, agrega “Una vez levantada la presente medida, el disfrute de las vacaciones profilácticas será otorgado a cada uno de los funcionarios beneficiarios del mismo, en forma programada y paulatina, de tal manera que no todos disfruten el derecho al mismo tiempo, y no se afecte la operatividad de la unidad policial a la que pertenecen ni la continuidad del servicio que esta presta”.
Una vez más la seccional ANEP-Fuerza Pública trabaja en beneficio de nuestros oficiales de policías que trabajan arduamente en pro del país y la ciudadanía.
Es importantes recordar que las vacaciones profilácticas fueron establecidas en el Decreto Ejecutivo N 23880 “Reglamento de servicio de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública del 6 de diciembre de 1994 y publicada en La Gaceta N9 del 12 de enero de 1995.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública también consultó si esta medida aplica para los oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la cual se está a la espera de una respuesta.
Gobierno neoliberal de Alvarado se alista para nuevo ataque al empleo Público
- Impulsará legislación para imponer las primeras rebajas salariales
- ANEP rechaza radicalmente tan nefasta pretesión que, además, es golpe directo a la Caja
- Es hora de demandar impuestos especiales solidarios a las grandes fortunas hasta ahora intocadas e intocables
Esta nueva y perversa intención de Alvarado y del grupo real de poder de su entorno más íntimo (en el cual figuran círculos empresauriales de cuestionado comportamiento tributario a lo largo de los últimos tiempos), habrá de generar una profundización más grave y desestabilizadora del deterioro de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya muy golpeadas por la multimillonaria inversión en atención de la pandemia, por un lado, y, por otro, dadas las excesivas concesiones que se vienen dando para con las responsabilidades patronales, más allá de lo lógicamente comprensible.
En efecto, datos provenientes del prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la también prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR), indicaron que para el año 2018 (obviamente, período pre-pandemia), aunque la Población Económicamente Activa (PEA), del sector Público representó apenas un 18 % del total de la misma, para la Caja los aportes provenientes de la misma significaron un 44 % de sus ingresos. Para el 2019, ya andábamos en el 45 %; es decir, casi la mitad de los ingresos de la Caja lo viene aportando la colectividad laboral estatal y, repetimos, en época de pre-pandemia.
Imaginemos y pensemos cómo estará esta relación para el primer semestre del presente año 2020, con tanta reducción de jornadas y de despidos en el sector Privado, lo cual hace más grave todavía en imponer reducciones salariales en el empleo público.
Si la intentona gobiernista para rebajar salariales fuese para aplicarlos a montos de un millón, o de un millón y medio de colones hacia arriba (aparte de dejar abierto el nefasto camino para reducciones salariales posteriores y a montos menores a los apuntados), incrementará el estrés financiero de la Caja en estos críticos momentos, amén de fortalecer las intentonas ya descaradas y abiertas para su privatización, tal y como lo plantean esos círculos empresauriales amigos de Alvarado.
Al continuar con esa lógica enfermiza en contra de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Público, Carlos Alvarado Quesada y su gobierno, se aprestan para lanzar un nuevo ataque al mundo obrero estatal: presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para imponer lo que serían las primeras rebajas salariales, duras y directas, a las remuneraciones del empleo público; una peligrosísima iniciativa que, de manera contundente y categórica, la ANEP rechaza dejando constando por esta vía nuestra oposición rotunda al respecto.
Luego de muchísimos meses de combatir la perversa tesis, hoy completamente derrotada, de que el déficit fiscal se debía a los salarios estatales, empezar a rebajar salarios en el empleo público es la más incorrecta, aparte de injusta e inútil, medida que se pueda tomar para enfrentar, de manera estructural, el problema del déficit fiscal que, reiteramos, no tiene origen salarial alguno. Solamente hará gran daño social y económico, deteriorando más la ya precaria paz social.
Aparte del grave daño financiero a la Caja, enormes impactos negativos tendrían las entidades del sector financiero-bancario y cooperativista considerando, como bien se sabe, el altísimo endeudamiento salarial de las personas trabajadoras; endeudamiento muy fuerte en el caso de quienes laboran para el sector Público. Los créditos personales, de vivienda, de estudio y hasta de micro-emprendimientos se verán en puertas de colapso, de impago, no descartándose remates de casas y casos de familias en la calle.
Por otra parte, en lo económico-social, las rebajas salariales en el sector Público serán devastadoras, también, para la sostenibilidad de la maltrecha actividad productivo-empresarial, en épocas en que la necesidad de circulante en manos de la gente es más que vital para evitar el derrumbe económico total que, lamentablemente, cada día parece estar más cercano.
La gente en movilización organizada y pacífica debe actuar con firmeza y determinación para detener esta nefasta intentona del grupo de Alvarado y sus apoyaturas mediáticas, de continuar castigando y hostigando a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, gran parte de las cuales están en la primera línea de fuego del combate a la pandemia, por una parte; y, por otra, el sector Público resultará vital para la reconstrucción económico-social en la post-pandemia.
Tal movimiento debe, entre otras acciones urgente, exigir a la Asamblea Legislativa que se apreste a apoyar iniciativas de ley que ya están en su seno, tendientes a exigir de parte de los sectores económicamente muy adinerados, los súper-ricos, aportes tributarios solidarios extraordinarios, considerando que deben existir en su seno culturas de evasión impositiva que, entre otros factores, les ha contribuido a acumular las incuantificables fortunas que ya atesoraban antes de la pandemia.
Esta gigantesca tarea que deben acometer las fuerzas sanas de los movimientos sociales y patrióticos, también tiene la misión histórica de acometer la transformación tributaria estructural cuya ausencia ha venido permitiendo el robo de impuestos de, al menos, 3 mil 800 millones de dólares anuales; cifra conservadora y baja que pudo haber acumulado en la última década, tal cantidad que ahora es muy cercana a la cifra de endeudamiento público que está estrangulando ya al país.
Esa transformación tributaria estructural debe incluir lo concerniente para hacer algo con las extraordinariamente gigantes cifras de dinero sucio circulante en el sistema financiero-económico del país, el lavado, que expertos estarían situando entre los 6 y los 22 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡anuales!
Hacemos un llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a sus familias, para que se alisten a defenderse, desde las propias bases en sus respectivos centros laborales. Es un asunto de sobrevivencia, no de siglas sindicales.
San José, domingo 12 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Incertidumbre en Fuerza Pública ante incapacidades por Covid-19
La Seccional ANEP-Fuerza Pública nuevamente alza la voz en defensa de los derechos laborales de los funcionarios y funcionarias de la Fuerza Pública. En esta ocasión respecto a las incapacidades que están recibiendo los oficiales que ha tenido contacto laboralmente con un caso positivo de Covid 19.
Así lo manifestó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que la administración está extendiendo incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cuando debería extenderse por la Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Hemos venido recibiendo reportes de casos de funcionarios de la Fuerza Pública, que son enviados a guardar cuarentena por haber estado laboralmente en contacto con un caso positivo de Covid 19 (compañero de trabajo y/o un particular) que, aunque no se tenga certeza de que puedan estar contagiados se les extiende una incapacidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Ahora bien, en los supuestos de que un contagio se dé dentro de la jornada laboral, el asunto es competencia absoluta del INS, lo cual viene a proteger daños futuros por riesgos del trabajo, algo que no sucede al extenderse una incapacidad por enfermedad de la CCSS”, detalló Anchía.
Lo anterior, a pesar de que el Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó que ante la sospecha razonable de que un trabajador fuera contagiado por el Coronavirus COVID-19, por causa o a consecuencia de su trabajo este sería atendido al amparo de la Póliza de Riesgos del Trabajo. Situación que también está contemplada en la legislación laboral costarricense en su artículo 197.
Artículo 197.- Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, queresulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad.
Código de trabajo
Anchía indicó que esta situación también viene a generar una afectación económica a los funcionarios que son incapacitados por medio de la CCSS.
“La incapacidad, evidentemente provoca una disminución en el salario mensual de nuestros uniformados, o sea, una afectación o perjuicio por ser parte de la primera línea de respuesta de la pandemia ¡algo si se quiere irónico!. Por tanto, lo mínimo que se espera y que se procede a solicitar de manera respetuosa, pero vehemente, es que se proceda con una revisión del manejo que se viene dando de lo supra indicado, pudiendo ser que, en algunos casos, la génesis del problema se encuentre en la negativa de hacer el respectivo reporte de riesgo de trabajo”, cuestionó Anchía.
Documento presentado al MSP
Incertidumbre en Fuerza Pública ante incapacidades por Covid-19 by EugenioGuerrero on Scribd
Seccional Municipalidad de Oreamuno se reunió con nueva alcaldía
ANEP oficializa ante Presidente Legislativo petición de salida de la Defensora de los Habitantes
- Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
1-2020-DeFENSORÍA-Carta a La Asamblea Legislativa by Yariela Novo on Scribd
