La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP,
mediante su Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), realizó
el pasado lunes 24 de febrero, la primera de varias capacitaciones dirigidas a
los cuerpos policiales afilados a nuestra organización.
Esta primera sesión de capacitación impartida por el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo, se abordó el tema de conflictos colectivos en cuerpos policiales, situación que genera dudas en el seno de las diversas policías del país sobre su utilización e interpretación.
Conversamos con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), sobre la capacitación y sus alcances.
En esta primera capacitación participaron representantes de las seccionales de la ANEP en Fuerza Pública, Policía Control de Drogas, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Cárceles-OIJ, así como Policía Penitenciaria y servicio de Vigilancia Aérea.
–Gobierno debe despejar dudas si contamos con todo el material necesario
–Programas preventivos de Salud sufren grandes carencias afectados por la «ideología recortista».
-Demandamos la más grande campaña informativa a todo nivel y por toda clase de medios.
El impactante anuncio formulado por el Ministro de Salud, Daniel Salas
Peraza, acerca de la inminente llegada del mortífero virus Coronavirus COVID-19,
debe encender todas las alarmas gubernamentales y las del amplio ámbito de las
organizaciones de la sociedad civil, de tal suerte que enfrentarlo implique un
esfuerzo nacional de amplia base.
La ANEP, con mucho conocimiento y experiencia en el desarrollo
institucional-laboral de los programas preventivos en materia de Salud, hace
público algunas reservas con relación a si, efectivamente, la institucionalidad
básica para hacerle frente a la llegada del Coronavirus COVID-19, la conjunción
estratégica Caja-Ministerio de Salud, esté preparada realmente; en el sentido
de un desarrollo del despliegue de acciones complementarias y no de competencia
entre ambos sectores.
Particularmente, los recursos presupuestarios han venido
restringiéndose en el caso de los programas preventivos del Ministerio de
Salud, debiendo su comprometido y sacrificado personal laborar con grandes
limitaciones, en ambientes poblacionales y socioeconómicos cada vez más
deteriorados y precarizados.
El Gobierno de la República debe desplegar la campaña informativa-educativa más intensa y fructífera jamás desplegada en situaciones análogas; tomando en consideración la innumerable cantidad de medios rurales y comunitarios, así como los programas radiofónicos independientes; de tal suerte que no solamente reciban recursos públicos aquellos medios de prensa tradicionalmente hegemónicos por el poderío económico que representan y con el cual inciden en la política nacional. No debe haber discriminación alguna, ni siquiera, con aquellos espacios críticos de la actual gestión gubernativa.
Llamamos la atención, aunque presuponemos que ya está siendo abordado, que las más fuertes medidas preventivas y de control epidemiológico en los puestos fronterizos aeroportuarios y terrestres, deben endurecerse radicalmente. Sin embargo, hacemos mención de que la cantidad del actual personal de los servicios públicos en estos ámbitos, ha sido reducida y debilitado. La perversa «ideología recortista» ha hecho mucho daño, también en estos sectores.
Finalmente, la ciudadanía merece saber cuál es la naturaleza de las
acciones que ya deberían estarse tomando con relación a la más rotunda dotación
de todo tipo de instrumental, vestuarios sanitarios y las sólidas mascarillas
que implica enfrentar la inminente llegada del Coronavirus COVID-19 a Costa
Rica; de forma tal que no haya escasez ante lo que podría ser un recrudecimiento
de la emergencia sanitaria que tenemos a las puertas.
La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en
una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las
funciones en la profesión de bibliotecología.
Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.
Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.
El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).
Mediante una audiencia conciliatoria celebrada
el pasado, lunes 10 de febrero del 2020, la Seccional de ANEP Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ) y representantes del Comité
lograron resolver el conflicto obrero-patronal que arrastraban desde hace más
de tres años por incumplimiento en varios artículos de la Convención Colectiva.
Dentro de los puntos conciliados en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se contempla el pago retroactivo
de homologación salarial del 09/06/2016 hasta el 31/12/2017. Dicho pago se
realizará en tractos, los montos y las fechas quedan pendientes por definir.
Con respecto, al incumplimiento del artículo 17 de la Convención Colectiva de Trabajo las partes acordaron la homologación salarial para ocho trabajadores del Comité Cantonal de Deportes.
Afiliados a la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados ANEP eligieron el pasado 8 de febrero, a los representantes
del Órgano Fiscalizador y a los de la Comisión Electoral del sindicato.
La elección fue realizada durante la Asamblea General
de Medio Periodo y quedó conformado por:
Fiscal: Guido
Fallas.
Fiscalía
Adjunta Primera: Carmen González.
Fiscalía
Adjunta Segunda: Carlos Alfaro.
Este Órgano Fiscalizador
tendrá una vigencia de cuatro años y es un órgano colegiado de absoluta independencia
de la Junta Directiva Nacional.
Además, durante la
Asamblea fue nombrada la Comisión Electoral de ANEP y su objetivo principal es
efectuar y supervisar todo el proceso de elección de la Junta Directiva Nacional
en el 2021 conforme al Reglamento Electoral del sindicato.
Los integrantes de la Comisión Electoral de ANEP son Gerardo Monestel, Elizabeth Salas Rodríguez, Belma Kung Palacios, Sonia Vargas Araya y Rolando Fonseca Gutiérrez.
El Sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE), denunció ante Diario Extra una resolución contraria a lo que indican la Constitución Política y el Código Electoral por parte de los magistrados del TSE, esto habría permitido que el PAC reintegrar dineros de naturaleza electoral con recursos de la reserva que el TSE les otorga a los partidos para su organización y capacitación. Esto provoco la apertura de un procedimiento administrativo contra el Secretario General del sindicato.
-Esta posición es compartida por la Secreteria Técnica del Consejo de Salud Ocupacional, ente adscrito al Ministerio de Trabajo, quien elaboró un criterio técnico donde se opone a la modificación de la jornada laboral
-Proyecto de Ley se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente No. 21.182
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea
Legislativa, su rotunda oposición al proyecto de Ley No. 21.182, denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145
del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y
resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, al considerar que busca eliminar
la histórica jornada laboral de 8 horas.
Para la ANEP, los proyectos de flexibilización de la jornada
de trabajo que se discuten en la Asamblea Legislativa, contienen efectos
extremadamente nocivos de la utilización de una jornada flexibilizada (4-3 y
acumulativa anual), esto último en los términos establecidos en el proyecto de
ley 21.182.
En el documento presentado ante la Asamblea Legislativa, la ANEP cuestiona las justificaciones para la promulgación de la reforma, al considerar que no existe un estudio serio que logre atender los objetivos descritos
Comparecencia de Giovanni Ramírez Guerrero en la la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa
“No existe absolutamente ningún estudio serio que, más allá de las audaces aseveraciones de los proponentes, demuestren que el proyecto logra atender tales objetivos. Por el contrario, la evidencia nos indica que el efecto bien puede ser contrario a tales objetivos”, indica parte del documento.
Compartimos el documento presentado por la ANEP ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el cual está protegido por las leyes de propiedad intelectual y si se utiliza, en todo o en parte, debe hacerse notar, de manera bien explícita, que es un documento-posición y propiedad de la ANEP
Esta posición es compartida por el Consejo de Salud Ocupacional (CSO), ente adscrito al Ministerio de Trabajo, quien elaboró un criterio técnico (DE-ST-CRITT-1-2020) oponiéndose a la modificación de la jornada laboral.
Este criterio es elaborado por la Secretaría Técnica del CSO, que está compuesta por expertos en el tema.
Compartimos el documento presentado por la ANEP y el criterio técnico del CSO
Criterio técnico rechaza jornada 4×3 (Nota de Diario Extra)
Un criterio técnico-jurídico elaborado por la Secretaría
Técnica que asesora al Consejo de Salud Ocupacional (CSO) recomienda la no
aprobación del expediente 21.182, iniciativa que busca establecer de forma
opcional la jornada laboral 4×3, es decir que el colaborador trabaje 4 días por
12 horas y descanse 3 días consecutivos.
El documento (DE-ST-Critt-1-2020), en manos de DIARIO EXTRA
y que es elaborado por técnicos expertos en el área de salud ocupacional,
señala graves falencias del plan que impulsan las bancadas de Liberación
Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).
TIEMPO DEDICADO
El texto expresa que la iniciativa que busca ampliar la
jornada de 8 horas a 12 no toma en consideración el impacto para lo que se
conoce como el “tiempo dedicado al trabajo”, el cual es el lapso invertido para
el desplazamiento de la casa al centro de labores y viceversa; así como
licencias, actividades de capacitación, interrupciones involuntarias al
trabajo, entre otros.
“Desde este punto de vista no se puede flexibilizar una
jornada laboral, al considerar solamente el ‘tiempo efectivo de trabajo’ como
variable para justificar la reforma, tal y como se pretende en la propuesta.
Por ello, el no tomar en cuenta el ‘tiempo dedicado al trabajo’ limita los
lapsos mínimos necesarios para el ser humano en la recuperación de energía,
calidad del sueño, conciliación vida social y trabajo, y los espacios básicos
de ocio y recreación”, indica el informe.
Los expertos en salud ocupacional aducen que exponerse a
jornadas de 12 horas puede, según estudios, predisponer a enfermedades, “patologías
crónicas, músculo esqueléticas y de salud mental, en la posibilidad de
manifestar conductas y hábitos poco saludables, tales como el tabaquismo, dieta
desequilibrada, el consumo de alcohol y el sedentarismo, además de un posible
aumento en probabilidad de sufrir accidentes”.
Añade el texto: “Relación con disminución en el desempeño y
eficiencia en el trabajo, errores en el cumplimiento de los sistemas de
seguridad laboral, aumento de síntomas de fatiga, disminución del estado de
alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos”.
NORMAS
INTERNACIONALES
También se indica que el proyecto contraviene los
principios, convenios y las tendencias adoptadas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para promover la reducción de la jornada
laboral, el empleo decente, la protección y la prevención ante los riesgos,
entre otros aspectos, particularmente los ratificados por Costa Rica en materia
de jornadas, salud ocupacional y discriminación.
“Como demuestran las investigaciones nacionales e
internacionales, se podrían desencadenar en las personas trabajadoras
sintomatologías asociadas a la salud mental y social, como fatiga, estrés
laboral, depresiones, considerando con ello la posibilidad de enfermedades
gastrointestinales graves, diabetes, irregulares hormonales, riesgo
cardiovascular, trastornos de sueño, sumado al factor o variable edad (más de
50 años de edad) y no hay estudios que midan la posibilidad de incremento en
los accidentes de trabajo en razón de fatiga, agotamiento o desconcentración
asociados al incremento de la jornada”, se señala.
Se agrega que el proyecto le da la posibilidad a la persona
empleadora de imponer la jornada al colaborador.
“Al respecto la redacción (del texto) solamente dice la
palabra ‘podrá’ facultando al patrono para su implementación legal y
estandarizada a todos los contratos laborales bajo su dirección, esto traería
serias afectaciones sobre el estilo de vida actual de las personas
trabajadoras”.
AUDIENCIA
Este martes en la Comisión de Jurídicos del Congreso donde
se conoce el plan se recibió a Olman Chinchilla, presidente de la Central de
Trabajadores Costarricenses (CMTC); Mario Rodríguez, secretario general de la
Central General de Trabajadores (CGT); y Giovanny Ramírez, representante de la
Central Social Juanito Mora y miembro del Consejo de Salud Ocupacional.
Todos rechazaron e insisten que la iniciativa va en
detrimento de los derechos adquiridos por los trabajadores e intensifica la
explotación que afectará principalmente a las mujeres.
También el presidente de la Confederación de Trabajadores
Rerum Novarum, Lenín Hernández Navas, se manifestó contrario a la propuesta y
enfatizó que la defensa que hacen algunos diputados de que la modalidad 4×3
sería voluntaria y en mutuo acuerdo con el patrono provocará una ola de
despedidos.
“Esto porque en la empresa privada existe el libre despido y
aquellos trabajadores que no estén de acuerdo con la jornada simplemente serán
cesados”, aseguró.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
