Asesor Legal de ANEP logra exoneración de dos oficiales de la Fuerza Pública de procedimiento disciplinario

El abogado David Estrada, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP logró ganar un procedimiento disciplinario que se le había establecido a dos afiliados de apellidos Castro y Céspedes, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.

“Los policías Castro y Céspedes se encontraban en su tiempo libre,  caminaban por San José centro, cuando fueron abordados por un grupo de 2 mujeres y 2 hombres, quienes trataron de asaltarlos y le sustrajeron una batería externa a uno de ellos. Los oficiales intentaron resistirse al asalto, lo que dio lugar a una discusión entre las personas presentes y el evento ocasionó la llegada de agentes de policía que estaban patrullando por la zona”, indicó el abogado.

Las mujeres sospechosas del asalto trataron de acusar a los señores Castro y Céspedes de haberlas agredido, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública les abrió un procedimiento disciplinario en su contra.

“No obstante, la UAJ-ANEP les brindó  el acompañamiento legal a los dos afiliados y eventualmente, se demostró la inocencia de los dos policías por lo que se les estaba  acusando y resultaron exonerados de toda responsabilidad disciplinaria” agregó.

El tren eléctrico puede esperar…¡La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no!

  • Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
  • Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
  • Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.

 Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.

 Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.

 Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…

 Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

 Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

 Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares,  en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.

 Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.

 En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

Seccional ANEP-Policía Penitenciaria crítica convocatoria a manifestarse por caso detectado de Covid-19 en un centro penitenciario

Ante la convocatoria de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias para manifestarse en las afueras de la cárcel La Reforma, la Seccional ANEP-Policía Penintenciaria considera desafortunado el llamado ya que que podría generar incertidumbre y alterar negativamente el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.

Para la Seccional hacer una convocatoria cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud son de distanciamiento social y de quedarse en casa, podría ser imprudente.

Más desafortunado aún, es pretender que no se realicen los cambios de escuadra. El personal de seguridad no puede brindar un servicio permanente sin su respectivo descanso. 

Es absurdo que se busque garantizar los derechos constitucionales de la población privada de libertad     violentando los derechos humanos y fundamentales del personal que labora en nuestros centros penitenciarios.

La mejor manera de ayudar es evitando comunicados e información que alteren los ánimos de la población. El principio de universalidad de los derechos humanos implica que se deben garantizar para todos las personas y en una cárcel no sólo la población privada de libertad cuenta, también las personas trabajadoras.

No es posible que la crisis que estamos atravesando destruya el sentido común y la calidez humana que debe primar en tales circunstancias. Los servidores y las servidoras penitenciarias también tienen familia y se están sacrificando por la seguridad del país. 

El mensaje que ayuda a la población privada  de libertad es la que busca dignificar las condiciones de todas las personas y no las que están impregnadas de ocurrencias populistas.

El Papa a los movimientos populares: salario universal para los excluidos

-«Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento», escribe Francisco en una carta.

Por: Vativano News

Lo define «un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras». Dice que son «un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo».

En el Día de Pascua, mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia causada por el Covid-19 y crece la preocupación por las consecuencias que tendrá especialmente para los más pobres, el Papa Francisco envía un mensaje a los «hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares» con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo.

Es cierto que el virus afecta a todos, sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales, pero, observa Francisco, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos.

Francesco dirige sus pensamientos a los muchos que, a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación, siguen sirviendo. «Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción”.

Luego el Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren: “Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón”.

El Santo Padre habla también del modelo económico-financiero actual en relación con la emergencia: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”.

“Sé que ustedes – agrega el Papa – han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento … y las cuarentenas se les hacen insoportables”.

“Tal vez sea tiempo de pensar – es la conclusión de Francisco –  en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Adjuntamos el mensaje completo del Papa Francisco a los Movimientos Sociales

Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Sociales Pascua 6 Abr 2020 (1).PDF by EugenioGuerrero on Scribd

Sala IV ordena a autoridades del BCR dar a conocer estudio en el que se basó para implementar cambios contemplados en la Ley 9635

La orden de la Sala se debe a un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-BCR

La Seccional ANEP-BCR, a través de un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, logró que las máximas autoridades del Banco de Costa Rica entregarán e hicieran de conocimiento público el estudio con el cual, el banco se habría asesorado para implementar los cambios contemplados en la Ley de Fortalecimiento y Finanzas Públicas respecto a los pluses salariales.

Anteriormente, la Seccional ANEP-BCR había solicitado la documentación mencionada al Banco de Costa Rica, sin embargo, este último se negó a entregarla, aduciendo que se trataba de un documento confidencial y de un criterio no vinculante para el banco. Además, en su respuesta cuestionaron la legitimidad de ANEP como interesado en el documento, según estos por tener una representatividad mínima entre los trabajadores del banco, habiendo sólo 51 afiliados entre los más de 4000 empleados.

Esta situación, llevó a la ANEP a interponer un recurso de amparo contra el Banco de Costa Rica, aduciendo que esta postura del ente financiero atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores.   

Luego de analizar los argumentos de la ANEP y el BCR, La Sala resuelve indicando que los argumentos del banco no son válidos, pues indiferentemente de si se trata de uno o mil afiliados, como gremio sindical y como costarricenses, existe un interés real de los trabajadores en conocer el cómo y por qué se podrían afectar sus salarios, además de saber cómo se administran los recursos del banco.

Además, La Sala manifiesta, que a pesar de que el estudio no sea vinculante, eso no lo hace confidencial. Por esas razones acoge el recurso y ordena al banco que entregue el documento.

Análisis de pluses salariales a la luz de la Ley 9635 realizado por BDS para el BCR

Primeramente, cabe aclarar que se trata de un documento que sobretodo parece tener un fin didáctico, pues desarrolla una explicación de lo que son los incentivos salariales y como se pagan y como cada uno de ellos se vio afectado por la ley 9635.

Cabe señalar que no se observa una razón válida para considerarlo confidencial, pues en ningún momento elabora detalles sobre la estructura organizativa o funcional del banco, sino que se trata de un análisis general de la aplicación de los pluses salariales posterior a la publicación de la Ley de Fortalecimiento.

El documento comienza explicando la naturaleza jurídica de los distintos pluses salariales existentes en un salario compuesto, y los desarrolla individualmente en los casos más relevantes como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades; mientras que deja en otro apartado al resto de pluses que depende de situaciones más casuísticas de cada institución. Posteriormente procede a explicar cómo cada uno de esos pluses se ve afectado por la Ley 9635.

La Prohibición es el acápite que más llama la atención, pues el documento reconoce que la Ley 9635 no modificó expresamente las disposiciones de la Ley de Compensación por Prohibición y la Ley de Control Interno, por lo que en dichas normas se sigue manejando el porcentaje de 65% para lo profesionales con licenciatura o superior; lo cual ha generado un debate de cuál es el porcentaje a aplicar en casos como los auditores y subuditores. Y a pesar de que se podrían aplicar interpretaciones como la especialidad y la norma más favorable para justificar el pago el porcentaje de 65% por prohibición; el documento se decanta por recomendar la aplicación de los porcentajes de la Ley 9635 (15% y 30%) en todos los casos.

Sobre el plus de prohibición también expone que se calcula de forma porcentual sobre el salario base, y que se debe pagar según la 9635 en casos de funcionarios nuevos, o funcionarios que anteriormente no cumplían requisitos para recibirlo. Mientras que no aplica para los casos que tengan régimen especial, quienes anterior la ley lo estaban recibiendo, y quienes anteriormente los recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación.

De la Dedicación Exclusiva se dice que se calcula de forma porcentual, y que a partir de la ley 9635 se pagará un 10% para bachilleres y 25% para licenciados, excepto para quienes anteriormente contaban con dedicación exclusiva, quienes la recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, quienes la recibían en grado de bachiller y procedan a modificar esa condición al grado de licenciatura, quienes la reciban y suspendan el contrato de trabajo temporalmente, o quienes prorroguen contratos existentes de dedicación exclusiva.

De las Anualidades se dice que debe ser reconocido tomando como parámetro el resultado de la evaluación de desempeño que deberá ser al menos de muy bueno; además que se reconoce en forma nominal y permanecer invariable. Interesantemente, en este apartado el documento si aplica el principio de norma más favorable para decir que el cálculo de los porcentajes de 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales se debe de hacer sobre el salario base de Julio de 2018 (como dice el decreto) y no sobre el de enero 2018 (como dice la Ley 9635).

Además, se dice que las anualidades ya recibidas previo a la Ley 9635 se deben conservar y mantener como montos nominales fijo, que no procede ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio y que los ascensos de personal no suponen un aumento en la anualidad en virtud de las anualidades reconocidas en el cargo anterior.

Sobre los demás pluses se indica sin profundizar en los demás tipos de incentivos, que se deben mantener como montos nominales fijos calculados a Julio de 2018 y que ante un ascenso de personal no pueden revalorizarse.

Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica

Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica by EugenioGuerrero on Scribd

Sindicalismo de las Américas frente a la pandemia

Montevideo, 30 de marzo de 2020

El presente documento recoge una serie de medidas que ya están siendo planteadas por muchas de nuestras afiliadas en diversos países de las Américas en respuesta a la crisis.

Además de las formulaciones políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), es imprescindible considerar el respeto de todos los Derechos Humanos, así como de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, compartimos la sistematización de las respuestas sindicales a la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el COVID-19, que pueden servir como referencia de nuestra acción.

Es necesario tener presente que más allá de las respuestas urgentes y necesarias, esta crisis, antes de ser sanitaria y de salud pública, es una crisis del sistema económico neoliberal y evidencia el fracaso de sus políticas de reducción del Estado, de las privatizaciones, precarización del trabajo y de los derechos sociales.

Para la CSA, la verdadera respuesta a la crisis tendrá que orientarse en medidas de emergencia de mediano y largo plazo. La pandemia, además de mostrar el fracaso del neoliberalismo, abrirá una disputa sobre el modelo económico, social y político en las Américas y el mundo.

Las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solo serán posibles con el abandono del paradigma neoliberal y la intervención estatal, basada en principios democráticos, en diversas áreas.

La opción democrática es la única forma de construir el camino para superar la crisis a mediano y largo plazo, a nivel regional e internacional. Las medidas del combate al virus no pueden ser confundidas con posturas autoritarias que se aprovechen de la situación para profundizar el autoritarismo, la exclusión y el ataque a países que son considerados como enemigos por las grandes potencias.

Defendemos el fin inmediato de los embargos financieros y sanciones económicas impuestas a Cuba y a Venezuela para garantizar la atención de la población en estos países. La CSA considera importante que esta medida sea adoptada en otras regiones del mundo. La defensa de la vida de las personas no puede ser confundida con oposición a gobiernos o sistemas políticos de signo ideológico diferente. Reafirmamos nuestra opción irrenunciable por la Democracia, por el Estado democrático de derecho y la soberanía de pueblos y naciones.

Hoy, los organismos multilaterales y los organismos financieros internacionales deben constituir un fondo mundial para financiar a todos los países para la atención de la población. El FMI, Banco Mundial, el BID, el G-20 deben abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento.

El fin de esas líneas de financiación es la atención a la población, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la investigación para vacunas, de materiales hospitalarios, de los kits de pruebas masivas; así como también al abastecimiento de alimentos, de productos básicos de higiene, de vivienda para personas en situación de calle, de la renta mínima, del empleo y salarios para trabajadoras y trabajadores.

Defendemos la inmediata legislación para imponer impuestos a las grandes fortunas, las herencias y la ganancia de las grandes empresas. Especialmente a los capitales especulativos del sector financiero y las guaridas fiscales, que continúan ocultando los dineros de la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes en el mundo.

Las empresas farmacéuticas y de la salud que se están lucrando de esta crisis, deben responder a las necesidades de la salud de la población con reducción de precios, atención universal, liberación de patentes, entre otras medidas.

Orientamos desde la CSA a todas nuestras organizaciones afiliadas y fraternas a estar en la línea de frente para enfrentar la crisis, comprometiéndose con estas líneas políticas generales y con las propuestas específicas listadas a continuación.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA A LA PANDEMIA.

1. Reforzamiento/activación de los mecanismos de diálogo social tripartito, bipartito, así como otros instrumentos de diálogo social amplio, a fin de garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.

2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo. En este sentido, es fundamental garantizar la ultra-actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.


3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores y trabajadoras a través de políticas públicas existentes, o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadoras y trabajadoras; ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).


4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.

5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades; bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.

6. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y del salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes. Por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.

7. Proteger a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a quienes se encontraban de licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.), previo a la crisis.

8. Proveer con todos los insumos necesarios a las trabajadoras y a los trabajadores de la Salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores, públicos y privados, que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.

9. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE REALIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA

10. Garantizar la alimentación, higiene y habitación a personas en situación de calle desde un enfoque de derechos y prestando especial atención a quienes forman parte de la población de riesgo. Esto incluye: disposición de hogares de habitación para personas mayores o con enfermedades preexistentes en situación de calle, disposición de espacios públicos e inclusivos de higiene con productos dispuestos a estos efectos (papel higiénico, alcohol en gel, jabón, agua, duchas, lavatorios), distribución de kits individuales de alimentos y agua.


11. Reforzar, retomar y/o implementar planes de distribución de alimentos y de elementos de higiene a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo acceso a fuentes de energía para uso doméstico (cocción de alimentos, calefacción). Es imprescindible una política de control de precios de todos los artículos incluidos en la canasta básica y extenderlo a la regulación de tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), incluyendo la prestación gratuita de estos servicios para los sectores de la población que así lo requieran.


12. Inclusión de las trabajadores y de los trabajadores migrantes, refugiados y refugiadas, así como sus familias en todas las políticas de protección social existentes o que se implementen para atención de la crisis.

13. Reforzar, retomar y/o implementar políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de género y el abuso en niños, niñas y adolescentes que se ven incrementados en situaciones de autoaislamiento y cuarentena preventiva y/u obligatoria.

14. Inclusión de trabajadores y de trabajadoras en condiciones de informalidad y precarización a las políticas y prestaciones ya existentes o que se implementen durante el periodo que dure la pandemia. Los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de informalidad están presentes en diversos sectores de actividad: economía de plataforma, trabajo doméstico y economía de los cuidados, trabajadores-trabajadoras ambulantes, comercio minorista, cuentapropistas, entre otros. Esto incluye subsidios especiales, extensión de la seguridad social y protección social (políticas distributivas y no contributivas), reducción y/o congelamiento de tarifas de servicios básicos y acceso a productos de higiene y alimentos.

15. Garantía de salarios para aquellos trabajadores y para aquellas trabajadoras que no presten sus servicios por causa de medidas de auto-aislamiento y cuarentena obligatoria: trabajadoras/trabajadores del hogar, de los cuidados, trabajadoras/trabajadores sexuales quienes se ven obligadas a continuar ejerciendo su actividad para poder alimentar a sus familias y la estigmatización y discriminación de la que son objeto en la sociedad, reforzando su vulnerabilidad.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS PAGAR LA CRISIS

16. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital trasnacional.


17. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.

18. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.

19. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las PyMEs y micro PyMES que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.

20. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y al gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.

21. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, con relación a la deuda privada de PyMEs, independientes y trabajadora-trabajadores, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más personas afectadas por la crisis.

22. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.

23. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.

24. Con relación a las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.

DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD


25. Los sindicatos somos actores de la democracia, representantes de un sector fundamental de la sociedad, vinculados a los centros de trabajo, las comunidades y los territorios y conectados con las necesidades de la población. Nuestro papel frente a la contingencia actual es de primerísimo orden y reclamamos nuestra participación, fortaleciendo los mecanismos de diálogo tripartido y bipartito, así como en otras instancias de participación y diálogo con los demás actores de la sociedad, comprometidos con el enfrentamiento de la crisis.

26. Las Américas son territorios de paz. Las medidas que tomen los gobiernos para frenar la propagación del virus no pueden provocar el aumento de la militarización, violencia y criminalización en los territorios. El aislamiento social es la medida más efectiva para la no propagación del virus, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas no pueden impedir el acceso a alimentos, atención médica, insumos de higiene y otros bienes esenciales durante todo el período en que estén vigentes, por lo que deberá garantizarse acceso seguro y sin consecuencias para la integridad personal de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que deba desplazarse.

27. Las fuerzas de seguridad policiales y militares deben ser desplegadas con mesura evitando generar estados de alarma en las comunidades. La presencia de militares y fuerzas de seguridad (públicas y privadas) en la región  están, a menudo, asociadas a situaciones de violencia y operan con impunidad criminalizando protestas y el ejercicio de la libertad de expresión. El aislamiento no puede convertirse en la excusa para profundizar la criminalización de líderes sindicales y sociales. Llamamos a los organismos judiciales y a la comunidad internacional a mantener la observancia sobre las medidas de seguridad pública que puedan atentar contra la libertad sindical y los derechos a la manifestación pacífica, respetando las medidas orientadas por la OMS de no aglomeración para no propagación del virus.

28. La clase trabajadora, en especial en las Américas, tiene un legado histórico de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. En esta pandemia llamamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a unir fuerzas y activar estas redes de solidaridad internacionales pues serán fundamentales para poder sostener a las clases populares en épocas de crisis sanitaria, económica y social.

29. La Central de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), nuestros sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales aliados, seguiremos unidos por otro mundo, no solamente posible, sino necesario para un planeta sano para nuestros pueblos en la defensa de avances civilizatorios para la Humanidad.


¡Seguiremos en lucha!

UNA: Medidas de política económica para Costa Rica ante la crisis mundial del COVID-19

La Universidad Nacional de Costa Rica, por medio de su Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), desarrolló una propuesta para mitigar el impacto económico que atraviesa nuestro país por la emergencia sanitaria mundial.

Compartimos la propuesta de la Universidad Nacional

UNA: Medidas de política económica para Costa Rica ante la crisis mundial del COVID-19 by EugenioGuerrero on Scribd

El COVID-19 revela con crudeza las desigualdades; y podría agravarlas

La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. Las respuestas políticas deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan.

Por: Patrick Belser, Economista de la OIT

(OIT Noticias) – Desde los años 1980, la desigualdad de los ingresos se ha disparado en muchos países, lo que ha tenido graves repercusiones sociales y económicas. Hoy, la pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto esas desigualdades, tanto a la hora de contraer el virus, como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas.

Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.

El alto nivel de pobreza e informalidad, y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus.

Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.

Todos en situación de riesgo

Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos otros no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad.

A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.

Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.

La enfermedad como factor de mayor pobreza

Las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus.

Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.

Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud desmesurados.

El dilema de “trabajar o perder los ingresos”

Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos.

Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas.

Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo.

Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas.

Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los trabajadores temporales, o los trabajadores con un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.

Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran.

Se necesitan respuestas de política justas e inclusivas

La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección de las familias de bajos ingresos. Así, las medidas de ayuda a los ingresos deberían ser suficientemente amplias para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean.

Valga el ejemplo de Italia, que hizo extensiva la ayuda a los ingresos (80 por ciento del salario bruto) a los trabajadores de empresas con dificultades financieras, a todos los sectores de la economía y a las empresas con menos de 15 empleados, que normalmente no tienen derecho a ella. Además, se está pagando una compensación única a los trabajadores independientes y a los colaboradores externos.

España está proporcionando ayuda a los ingresos a los trabajadores autónomos, los socios de cooperativas y los trabajadores cuyo empleo ha quedado suspendido temporalmente, incluso si no les correspondía percibir una prestación de desempleo.

En los países en desarrollo, la informalidad y el espacio fiscal limitado se añaden a las dificultades. Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. También podría prestarse asistencia temporal a las empresas informales.

ANEP respalda propuesta de la diputada Franggi Nicolás en favor del gremio de taxistas costarricenses

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), respaldamos la iniciativa que ha formulado la diputada, Franggi Nicolás Solano, al Gobierno de la República en favor de la situación social y económica que desesperadamente están sufriendo miles de taxistas costarricenses ante la emergencia sanitaria que vive el país.

Para la ANEP, la propuesta de cinco iniciativas generada por la Diputada es completamente atinada, por lo que hace de conocimiento público su apoyo, respaldo y felicitación.  

“Felicitamos a la diputada Franggi Nicolás Solano por esta atinada propuesta. Es importante reseñar, que la ANEP viene planteado que se debe de considerar el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), para más de las 375 mil familias, que inicialmente el Gobierno ha definido como objeto de recibir ayuda solidaria mensual”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, el subsidio también deberían recibirlo estas familias taxistas en desesperación, ya sea que los abarque el subsidio gubernamental en perspectiva o bien el Subsidio Social Solidario de 250 mil colones mensuales que propone la ANEP.

“Los taxistas son de los grupos sociales más sufridos, en riesgo y más atormentados por la pandemia del Covid-19, a parte fueron dejados en total indefensión por la llegada al país de otros sistemas de transporte con plataforma digital, a lo cual el Gobierno nunca le dio la debida atención”, dijo Vargas.

Ante este escenario, la ANEP solicita al Gobierno de la República colocar como agenda prioritaria la propuesta de la diputada Nicolás Solano, en favor del gremio de taxistas costarricenses.