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Al iniciarse el año 2019, el deterioro del poder de compra de los salarios públicos y privados, habrá de llevar más angustia y congoja a las familias de la clase trabajadora costarricense.

Particularmente, la ruta de la reducción salarial en el empleo público ya comenzó con la entrada en vigencia de la ley del combo fiscal, No. 9635.

Para agravar la situación sociolaboral y social en el sector Público, es de esperar cero reajuste por costo de vida para el primer semestre del 2019; o, en el “mejor” de los casos una fijación unilateral, por decreto, pues el Gobierno PLUSC-PAC eliminó la comisión salarial del sector Publicó.

Por otra parte, hay mucha incertidumbre acerca de si se respetará el pago del Salario Escolar, considerando que la opción de su eliminación está en la agenda neoliberal del equipo económico del confrontativo Gobierno Alvarado-Piza.

Para la clase trabajadora asalariada del sector Privado con empleo formal, el grave problema del salario mínimo, en un país tan caro para vivir como el nuestro, sigue acentuándose, precarizando más el empleo privado.

A ambos sectores obreros les golpeará más el debilitamiento salarial, con la rebaja del 0.50 que implicará el aumento de la cuota obrera para el régimen de pensiones de la CCSS; la  reducción del 60 al 55 por ciento del salario a recibir como pensión; y que la más baja quede en un 40 por cierto del salario mínimo. La condena al pueblo obrero es contundente: pensionarse es empobrecerse… aun más!

En la Asamblea Legislativa, por su parte, nada bueno le espera al pueblo trabajador organizado en sindicatos: proyectos de ley como el de la liquidación-disolución de los sindicatos; darle un “golpe de Estado” a las actuales dirigencias para que no puedan reelegirse; y, anular en la práctica el derecho de huelga generalizando (entre otros factores), la categorización de “servicios esenciales”; son clara señal de que se le ha declarado la guerra al movimiento popular, en general, pues los sindicatos son su parte más organizada.

El cierre de instituciones públicas, el relanzamiento neoliberal de privatizaciones “sustanciales” y reglas para el empleo público que no tocarán a las “burocracias doradas”; expresan potenciales fuentes de confrontación social crudas y dolorosas.

El más grande segmento de la población, las clases medias y los sectores pauperizados y excluidos; seguirán sufriendo la agresion económica de llevar la máxima responsabilidad tributaria del país; pues no muestra Alvarado y su equipo férrea disposición política para confrontar la espantosa magnitud del robo de impuestos que está minando a la Democracia misma; situación revelada en este 2018 como nunca antes había ocurrido, gracias a la lucha popular.

Por si ello no fuese ya lo suficientemente grave, Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, pretenden endeudarnos como país por 6 mil millones de dólares más; llevando el endeudamiento público a niveles de impacto económico-negativo indescriptibles

La pretensión de Alvarado-Piza y su grupo de tomar los dineros de los fondos de pensiones para compra de los bonos “basura” (ya casi) de la deuda pública, debe ser bien calibrada por la sociedad trabajadora que corre el riesgo de quedarse sin esas pensiones complementarias. Estoy hay que detenerlo.

La urgencia nacional de una AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, es más que imprescindible y debe ser un reto para los sectores populares y patrióticos.

La crucial circunstancia de la unión sindical, social, popular y cívica, es más que indiscutible

Las vías para el diálogo social y político, de amplia y real base, con negociación efectiva, se abrirán mediante la movilización popular que supere las anteriores, incluida la de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal

En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos un sincero y vehemente llamado en tal sentido: la unidad popular para enfrentar la más reciente ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

-También solicita al Ministerio de Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la República realizar las acciones pertinentes para establecer las responsabilidades respectivas derivadas de la publicación del listado de grandes contribuyentes, que en los últimos años han venido declarando cero ganancias o pérdidas al Estado sobre el impuesto a las utilidades.

La solicitud fue enviada esta misma tarde a la Fiscala General, Emilia Navas, para que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios intervenga en este caso.

“Por este medio solicitamos a su respetable Autoridad, interponga sus buenos oficios a la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios; asimismo le diligencie ante los Órganos Jurisdiccionales (Jueces Penales competentes), los allanamientos urgentes, útiles y pertinentes, a los efectos de que los posibles elementos de prueba no desaparezcan, con el fin de poder llegar a las piezas probatorias necesarias a la sumaria, para poder investigar, imputar y establecer las responsabilidades penales respectivas, a él o los responsables de este presunto fraude tributario sin precedentes en la historia costarricense”, indica el documento enviado a la Fiscal General.

La petitoria de la ANEP se fundamenta en el Artículo 92 sobre Fraude a la Hacienda Pública, el cual indica “ El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años”.

“Esto ha causado una absoluta y general indignación y conmoción social en todas las personas decentes que tributamos en Costa Rica, sea en forma liberal o como ciudadanos en su condición de empleados públicos a los cuales se les rebaja los impuestos de su salario; cuando estos grupos organizados han demostrado que lucran de manera injusta e indebida, aprovechándose de toda suerte, de sortilegios y triquiñuelas para eludir sus obligaciones tributarias pero por otro lado, se aprovechan de diversos mecanismos para cobrar tasas de intereses altísimas, préstamos de usura y agiotaje, entre otras múltiples de actividades desplegadas por algunos de estos evasores”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.

ANEP solicita a Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones

La ANEP también, ha solicitado al Ministerio de Hacienda dar a conocer los nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones, de presuntas deudas tributarias. luego de que se diera a conocer el listado de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias al Estado sobre el impuesto a las utilidades desde el 2008 al 2017.

“Nuestra organización, ha estado muy pendiente de este tema y todo lo relacionado al tema tributario y fiscal. En atención a estos temas y con mucha seriedad ANEP ha venido investigando, estudiando, analizando y escribiendo en los diverso espacios, plateando esta problemática de la injusticia tributaria costarricense desde el año 2002. Por lo que solicitamos dar a conocer los nombres de esas 96 empresas y en cada caso el monto de dinero en controversia”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

La solicitud de la ANEP a la Ministra de Hacienda, Roció Aguilar, se ampara en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Así como, en el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias y/o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros.

“Estimamos que no es necesario un nuevo Recurso de Amparado para obtener los datos que solicitamos en la carta enviada a la Ministra de Hacienda”, finalizó Vargas.