La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.
Gerardo
Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015,
con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no
se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta
de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.
La
solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó
la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de
Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de
Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley
para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el
nombramiento de un sub director.
“Este
nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor
coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones
encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación.
Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los
diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el
escalafón policial” finalizó Mora.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, contundentemente, las aseveraciones realizadas por parte del sindicato del alto corporativismo empresarial UCCAEP, dadas a conocer en algunos medios de comunicación, solicitando la disolución de nuestra organización.
Al día de hoy, la ANEP no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre dicha acción.
La aparente solicitud planteada por la representación empresarial no está fundamentada en hechos concretos; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios, es totalmente violatorio de la Libertad Sindical.
Esta solicitud es una clara violación a la Libertad Sindical, específicamente en la posibilidad que tienen las organización de elegir su marco de acción, su dinámica, y líneas de acción; en defensa de los intereses económicos y sociales de sus representados, quienes en el ejercicio de la autónomo sindical, deben poder decidir en que momento manifestarse, y a ante que políticas públicas, estatales, o sectoriales con los que no están de acuerdo, en resguardo de los intereses económicos y sociales de cada sector.
El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en este caso por medio de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene el deber legal constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entre ellos, garantizar un ejercicio del derechos sindicales acorde con los convenios y principios de la OIT y, en ese sentido avalar una solicitud de esta naturaleza es contraria desde todo punto de vista del derecho fundamental a la libertad sindical, el cual no puede ser entendido sin real la autonomía, sin capacidad de protesta, y sin injerencia de las autoridades administrativas o empresariales.
Es deber del Estado respetar los instrumentos internacionales como lo son los Convenios Internacionales de la OIT y los principios fundamentales que repelen todo acto persecutorio, o que tiendan a limitar el derecho a formar sindicatos o sindicalizarse, y ejercer sus derechos sindicales; en el caso particular la solicitud empresarial está coartando esas libertades, y son claros mecanismos de persecución e impedimentos contra la ANEP, sin tener hechos concretos y ciertos.
Sobre el particular la Organización internacional del Trabajo ha resuelto concretamente en sus recopilaciones:
“En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité de Libertad Sindical se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades”.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra organización condena y repudia esta violación fragante a los Derechos Humanos Fundamentales como lo son la Libertad Sindical y el Derecho a la Libre Asociación, por parte del corporativismo empresarial costarricense representado por la UCCAEP. Exigimos al Ministerio de Trabajo y las autoridades competentes rechazar tal solicitud de disolución de nuestra organización sindical ANEP y proceder con la apertura de un proceso por prácticas laborales desleales y discriminación contra la UCCAEP.
La clase trabajadora mundial y por supuesto la
costarricense celebra con mucho regocijo la adopción del Convenio número 190 y
su Recomendación 206 “sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo”; hecho que se realizó en la recién pasada 108 Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 10 al 21 de junio del
presente año, en Ginebra, Suiza.
En dicha Conferencia participaron 190 países pertenecientes
a Naciones Unidas, en donde asistieron las representaciones de los gobiernos,
empleadores y trabajadores. Uno de los objetivos primordiales fue la adopción
del Convenio 190 y su Recomendación 206, lo que se logró exitosamente.
Sin embargo, para Costa Rica ha sido un logro a medias, ya
que el sector de los empleadores ha dado una bofetada a toda la clase
trabajadora de nuestro país, oponiéndose a dicha adopción. Ha imperado en ellos
el egoísmo, el deseo de continuar explotando a la clase trabajadora, en donde
los cuatro postulados del Trabajo Decente no son de acato ni de interés para
dicho sector.
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM), conformada por las
Secretarías de Género de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP), la
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento
de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Única de Trabajadores
(CUT), hace una denuncia pública a la delegación de los empleadores,
representada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privados (UCCAEP), por ser uno de los 7 votos en contra por la
adopción de este importante instrumento jurídico internacional, para
garantizar, entre otros aspectos, el derecho de toda persona a un mundo de
trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón
de género.
La violencia y acoso en el mundo del trabajo es uno de los
flagelos que azota a las y los trabajadores en el mundo y Costa Rica no escapa
a esta cruda realidad.
Así mismo, denunciamos la forma tergiversada en que esta
organización empresarial, con apoyo del aparato mediático que responde a sus
intereses, han anunciado la adopción de este Convenio y su Recomendación;
indicando que se trata de un Convenio para atender las víctimas de violencia
doméstica, cuando en realidad se trata, como su nombre lo indica claramente es
sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la UCCAEP, para que
reflexionen y den un paso atrás y pueda nuestro país entonar con lo que se
pregona ante el mundo, Costa Rica, un país donde se respetan los Derechos
Humanos Fundamentales, donde la Democracia es nuestro estandarte de lucha y libertad.
En defensa de nuestros más sagrados
valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el
Encuentro Social Multisectorial (ESM) como instancia de reacción popular, se ha
recogido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y
sociales ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración
de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el
desempleo y otros.
El ESM es la alianza de sectores
que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y
sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa (formal
e informal), la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva.
En este punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de
aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos
(infraestructura escolar, vial y otros), dejan la sospecha de la imposición de
un modelo económico (“neoliberal”,
economía de mercado, concesión de obra pública y otros), que desmantela
instituciones estatales (CNP, ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS y otros).
En virtud de lo anterior,
planteamos al Gobierno de la República, una mesa de negociación multisectorial unitaria,
para abordar los siguientes grandes temas nacionales:
Salida
de Edgar Mora.
Defensa
de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y
las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los
programas educativos.
Moratoria
de 18 meses del IVA y transformación del sistema tributario.
Atención
urgente a problemáticas de transportistas.
Atención
urgente a problemática de pescadores.
Atención
urgente a deudas de agricultores, productores agroalimentarios, problemas
rurales y mercadeo integral de productos y seguridad jurídica de la tenencia de
la tierra y uso de suelo.
Tramitación
urgente de proyectos contra intereses de usura.
Retiro
de TODOS los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y
sociales.
Retiro
del proyecto Ley marco de empleo público.
Devolver
el INFOCOOP al Movimiento Cooperativo, según lo establece la ley de
asociaciones cooperativas.
Defensa
del ICE contra la privatización del modelo eléctrico nacional, promovida desde
el Ejecutivo a través del MINAE. Respeto a la autonomía institucional dada por
ley 8660.
Problemática
de Limón: Ilegalidad de APM Terminals por incumplimiento contractual, respeto
al interés público y económico, fortalecimiento de JAPDEVA y solución a la
problemática de empleo en Limón.
Defensa
y fortalecimiento del CNP.
Atención
a pliego de cuerpos policiales.
Recuperación
de la autonomía constitucional del régimen municipal.
Detener
el despilfarro de dinero en este momento por parte del MEP.
Retiro
del proyecto de educación dual y cambios en prueba faro.
Impulsar
un vigoroso plan de reactivación económica.
Lo anterior a través de la
apertura de una mesa de negociación multisectorial unitaria, en las próximas 24
horas.
San Jose, 01 de julio 2019, a las 13:00 horas. Encuentro Social Multisectorial.
Es el más
injusto de todos los impuestos y potencia más
desigualdad y exclusión
Hoy, 1 de
julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en
vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de
costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos
puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse
en próximos días.
La entrada en
vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares
del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario
nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de
julio.
Como bien
sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos
quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan
escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o
escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.
Efectivamente,
el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más
grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo,
sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón
de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas
(en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo
en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.
Los sectores
pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado
todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario
nacional.
Sobran las
alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las
golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo
costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.
Por el
contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias
de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos
PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que
nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa
injusticia tributaria.
Como si esto
no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad,
altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le
sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones
que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente
los del sector financiero.
Entre otras
razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario
(público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones
de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar
su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).
La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Desde diferentes partes del país, el Sindicato Nacional de Traileros-Seccional
ANEP, se une a la jornada de manifestaciones en contra de las decisiones del
Gobierno y de algunos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea
Legislativa.
Marco Murcía, presidente del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional
ANEP, indicó que este martes se unirán al clamor del pueblo contra el Impuesto
del Valor Agregado (IVA), además están en contra del proyecto para impedir las
huelgas y de disolver sindicatos.
“El gobierno tiene abandonados a los traileros, no nos han tratado con
seriedad y con la entrada del IVA vamos a quedar en desventaja con los
traileros centroamericanos, la afectación va a ser mayor. A esto se suma el
caos económico que ha generado APM Terminals con los transportistas, el cual
nos está afectando demasiado”, expresó Murcia.
El dirigente explicó que solicitarán
al Ejecutivo un decreto que incluya una moratoria de la entrada en vigencia del
impuesto IVA, ya que es necesario una negociación del Gobierno con
los sectores sociales y el fraude fiscal no se está atacando desde la
raíz.
Murcia también manifestó que están apoyando al grupo del Encuentro
Social Multisectorial que incluye a agricultores, pescadores, cooperativistas,
sindicatos, entre otros; ya que al igual que ellos se han visto afectados por
las decisiones que ha implementado el Gobierno.
El Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP realizará una caravana
rumbo a Casa Presidencial, las cuales saldrán desde el sector del peaje de
Alajuela en la ruta 1 y del sector de La Lima en Cartago, ruta 2.
A estas caravanas también se unirán manifestaciones y tortuguismo en diversos puntos del país, entre ellos Santa Rosa de Pocosol en San Carlos, sector de la ruta 32 entre Moín y Toro Amarillo, además en la Frontera Sur (Paso Canoas) y Ruta 27.
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Dicho grupo integrado por figuras políticas y sociales del país, tiene como objetivo la defensa del ICE y el modelo eléctrico nacional de los ataques del Gobierno y el poder económico que quiere privatizar y destruir el ICE.
Figuras como el expresidente, José Miguel Corrales; la exdiputada, Gloria Valerín, y el periodista, Manuel Delgado; entre otras ciudadanas y ciudadanos costarricenses provenientes de distintos lugares sociales y afines de diferentes corrientes de pensamiento económico, político e ideológico; conformaron un nuevo grupo de lucha denominado Unidos por el ICE, con el objetivo común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país y entendiendo la importancia que tienen para los habitantes de la república las bondades del modelo eléctrico nacional; damos a conocer a la opinión pública costarricense que hemos decidido formar este espacio ciudadano para la defensa activa del ICE y del Modelo Eléctrico Nacional. A raíz de ello manifestamos:
En los
últimos meses, hemos estado dando seguimiento a noticias, de cuyo análisis se
desprende que una vez más se ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el
ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
Desde
nuestra perspectiva ciudadana, dicha ofensiva se motiva en intereses económicos
sectoriales, que desde hace mucho tiempo esperan el momento oportuno para ejecutar
lo que no pudieron hacer en el año 2000: cambiar el modelo histórico del ICE en
beneficio de pequeños grupos de poder que manejan la economía y la política del
país.
Por lo
anterior, al igual que a miles de compatriotas, nos genera suma preocupación lo
actuado por del Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el
Ministro de Ambiente y Energía (MINAET) y el Ministro de Ciencia y Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y parte de la Administración Superior del ICE, quienes,
a través de múltiples declaraciones, despliegan un discurso mediático que,
dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, crea el clima perfecto para que
los competidores y opositores del ICE avancen en su ofensiva
contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional en busca de la venta y/o la apertura del mercado
eléctrico costarricense.
Al igual que miles de compatriotas,
nos preguntamos si la posición de estos jerarcas se debe a que el Gobierno que
se allanó a la política de esos intereses económicos sectoriales, ajustando sus decisiones a los
grupos de presión que desde hace larga data promueven intereses económicos
contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
Igualmente
crea enorme preocupación ciudadana ver a la Alta Administración del ICE,
especialmente a su Presidenta Ejecutiva se encuentra en la misma sintonía de
dar declaraciones que facilitan el camino a los grupos de presión interesados
en hacer creer a la ciudadanía que el modelo del ICE está acabado, idea que
facilita su ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el
ICE en la sociedad costarricense.
Con tal
actuar, la presente Administración Superior del ICE contribuye al gran daño que
al Instituto le han hecho jerarcas de Administraciones pasadas, cuya deslucida
gestión afectó gravemente al Grupo ICE.
El
discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE, omite, no menciona, o
esconde, que el estado de resultados lo forzaron negativo producto de pasar la
inversión realizada del proyecto Diquís en libros a pérdidas, obviando que el
estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de la
empresa. Tal estado de resultados debe verse dentro de un contexto más amplio,
junto a los demás estados financieros de la Institución, incluyendo sobre todo
los flujos de efectivo proyectados que pueda tener el Instituto. Se debe
recordar que también que los estados financieros de una empresa son un síntoma
de varios factores internos y externos relacionados con una empresa y no la
causa verdadera de los problemas empresariales.
Desde su
fundación en los orígenes de la Segunda República, el ICE ha sido motor de
desarrollo económico y social, catalizando la política económica, contribuyendo
activamente con la movilidad social ascendente de distintas capas de la
sociedad costarricense, pero, además, dinamizando el sector productivo
nacional. Es el ICE un bien estratégico del estado social que quieren
desmantelar, y del pueblo de Costa Rica que quieren empobrecer.
De la
mano del ICE y luego de 70 años de desarrollo eléctrico, nuestro país ha creado
un modelo eléctrico nacional que ha proporcionado bienestar al pueblo de Costa
Rica sin distingo de clase social, que ha sabido dinamizar la economía a través
de distintos encadenamientos productivos y que ha logrado una matriz eléctrica
renovable que alcanzando reconocimiento de talla mundial es hoy orgullo de la
identidad nacional costarricense. Esto alcanzando cobertura nacional bajo
principios de solidaridad sobre todo con los habitantes de las zonas más
alejadas y empobrecidas del país.
Debido a
lo expuesto, las personas abajo firmantes, creyentes de un modelo de Estado
Social y Solidario, nos conformamos como grupo que velará por el ICE y
cualquier intento de privatizar o desmejorar los servicios que deben seguir estando
al servicio de la sociedad. Lo anterior integrando esta iniciativa ciudadana
UNIDOS POR EL ICE. Son los objetivos del presente grupo:
Ejercer
vigilancia estricta y exigiremos el cumplimiento de las leyes 449 y sus
reformas, la ley 8660 del Fortalecimiento del ICE, así como las acciones
legales y políticas para defender la autonomía del ICE.
Dar
seguimiento a los proyectos legislativos que puedan afectar al ICE.
Vigilar
los lineamientos del Poder Ejecutivo y de sus ministerios rectores relacionados
con el ICE, así como de los órganos de control y supervisión del ICE.
Dar
seguimiento a los acuerdos, acciones y omisiones del Consejo Directivo y
Presidencia del ICE.
Promover
que los principales cargos del ICE se nombren sin injerencia política,
partidista, de amistad, afinidad o consanguinidad. Exigiremos respetar la
carrera administrativa en el ICE y el cumplimiento del artículo 192 de la
Constitución Política.
Vigilar para que el ICE se maneje
bajo una estrategia empresarial sostenible con amplia participación de
empleados y la sociedad civil.
Invitar a
todos los actores sociales, sin distingo de credo, posición política, económica
a unirse a la defensa ciudadana del ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
