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Deuda salarial por reajuste por costo de vida 2019
-Se paga en la Caja, pero faltan muchos más sectores.
-ANEP decidió impulsar los respectivos procesos de cobro.
El reajuste salarial por costo de vida establecido el 17 de diciembre de 2019, promediando 7 mil 500 colones a la base salarial de cada persona trabajadora asalariada del Gobierno Central, sigue sin ser honrado para los distintos grupos laborales de los diferentes ministerios integrantes del mismo, así como en las diversas entidades adscritas a éstos. De la misma manera, tal deuda salarial sigue existiendo en otras instituciones descentralizadas que todavía tienen pendiente saldarlas.
Ahora que, finalmente, y luego de la intensa presión sindical y obrero-laboral, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tomó el acuerdo final de pagarle a su propio personal ese reajuste y retroactivo al 1 de enero de 2020, es momento de levantar la bandera de la Ley de la Justicia Social para toda persona trabajadora empleada pública con derecho a tal reajuste pero que sigue sin recibirlo.
Efectivamente, cada uno de los argumentos jurídico-legales que fundamentaron el reclamo laboral en la Caja, son exactamente idénticos para que una persona trabajadora integrante de los diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, proceda a reclamar lo que ya le pertenece pero que el Estado le sigue adeudando.
También, cada servidor público o servidora pública de los diferentes ministerios (como Educación, Salud, Cultura, MOPT, MINAE, el propio Hacienda y los demás), tiene incuestionable derecho a recibir esos 7 mil 500 colones a sus correspondientes bases, así como las equivalencias en aguinaldo y en salario escolar.
Es una deuda salarial legítima que abarca los años 2020, 2021 y 2022, más los correspondientes porcentajes de aguinaldo y de salario escolar de cada uno de esos tres años.
ANEP prepara el fundamento jurídico-legal para que cada persona afiliada a la organización, proceda con el primer paso: la presentación del correspondiente Reclamo Administrativo, una acción totalmente individual; documento que deberá entregarse, de manera directa (físicamente o de manera digital), al despacho del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. El correo electrónico oficial de este jerarca es: despachomh@hacienda.go.cr
Dicho documento es de total propiedad intelectual de la ANEP y la agrupación advertirá acerca de su uso ilegal demandando, según corresponda, las responsabilidades penales respectivas.
Aparte de cada persona trabajadora afiliada que lo desee emplear, lo puedan hacer otras personas trabajadoras que decidan asociarse para este fin; y, para otros por venir, como lo es enfrentar la gravedad de la inminente entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público.
La asesoría jurídico-legal que brinda la ANEP es totalmente gratuita para su actual y nueva membresía. En el caso específico del proceso para cobro de esta deuda por reajuste de costo de vida decretado el 17 de diciembre de 2019, la ANEP pretende que las personas trabajadoras acreedoras de esa deuda, no caigan en manos de litigantes privados que les cobrarán un monto significativo por llevar el correspondiente proceso.
La legitimidad jurídico-legal de esta deuda es, repetimos, incuestionable. La persona trabajadora asalariada empleada pública acreedora de la misma ya tiene la propiedad patrimonial de la misma.
Aquí conviene hacer énfasis en la situación de los integrantes de los diferentes cuerpos policiales (entre otros sectores estatales con grave deterioro salarial), quienes en la campaña electoral fueron engañados cuando se les prometió hacerles real justicia salarial.
Al menos, debe el gobierno encabezado por el oferente, el actual Presidente de la República, mínimamente debería proceder a girar las instrucciones para que a los y a las policías, y también a los y a las demás, se pague lo adeudado, de sobra jurídicamente fundamentado.
El combate al inmoral e injusto congelamiento salarial que viven las personas que laboran para el sector estatal es una de las más fuertes banderas que está levantando la ANEP en estos duros tiempos anti-obreros; particularmente, ya hemos destrozado la, ahora insostenible, tesis neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios devengados por quienes laboran para el Estado.
Esclavitud obrera en Costa Rica: Denuncia ante las Naciones Unidas
•Ya va siendo hora de desenmascarar a los gobiernos ticos y su doble moral en Derechos Humanos
Este lunes 21 de noviembre, ANEP tendrá la oportunidad de hablar, aunque por corto tiempo, con el señor Tomoya Obokata, Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, quien recibió tal responsabilidad por nombramiento que le hiciera el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2020.
El mandato político fundamental que el señor Tomoya trae, está señalado por el Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Costa Rica está conmocionada por las circunstancias de esclavitud obrera, ya totalmente públicas, que se venían dando en el negocio comercial tiendas S y R. Las autoridades públicas competentes pudieron haber detenido este vejamen. ¡Pero no! “Estaban mirando para otro lado”; y, actuaron, por la gigantesca presión ciudadana, cargada de indignación.
Procuraremos dejarle bien claro al señor Tomoya Oboka que lo de las tiendas S y R no es un hecho aislado. En Costa Rica se dan, todos los días, diversos episodios de esclavitud obrera y laboral: en las plantaciones piñeras y bananeras, en la labor de manejo de vehículos de transporte público modalidad autobús (choferes súper-explotados), en las tiendas de ropa y supermercados, en el servicio doméstico.
Incluso, el señor Tomoya Obaka será informado de fuertes episodios de explotación obrera que suceden en el propio sector Publico, como en no pocos casos se manifiesta en el seno de los cuerpos policiales de nuestro país.
El distinguido visitante será informado de que la clase gobernante tradicional ha dejado de lado el fortalecimiento de la inspección laboral, debilitada ésta al punto de que es casi inexistente en esas zonas económico-social donde la explotación obrera es mayúscula, como las sedes de las plantaciones agrícolas en el Atlántico, en el Pacífico Sur, en la Zona Norte.
La debilitada inspección laboral costarricense muestra toda su crudeza ante la imposibilidad de velar por el pleno respeto al salario mínimo; salario mínimo que se escamotea a la persona trabajadora obrera pues no pocos patronos argumentan que las fijaciones por costo de vida al mismo, no aplican pues están pagándole una suma “ligeramente superior” al momento de esa fijación.
Igualmente, debe saber el Sr. Tomoya que a nivel del sector público se manifiesta una cruda forma de esclavitud, la esclavitud financiera; misma que tiene a varios miles de personas trabajadoras asalariadas sin siquiera percibir lo que los Derechos Humanos estipulan al respecto y que, en el caso costarricense, es una ordenanza constitucional de primer orden.
Finalmente, le haremos una respetuosa exhortación al Sr. Tomoya Obaka para que interponga sus buenos oficios a fin de que Costa Rica proceda a implementar uno de los mejores instrumentos en materia de Derechos Humanos para luchar contra todas las formas de esclavitud laboral: hablamos de la Opinión Consultiva No. 27, de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acerca de la Libertad Sindical, del Derecho de Huelga y del Derecho de Negociación Colectiva. Costa Rica se está haciendo de la “vista gorda” con sus obligadas responsabilidades al respecto.
Sin duda, la vista del Sr. Tomoya Obokata llega en el momento preciso y ANEP mostrará su más firme interés en mantener con su despacho un contacto sistemático y documentado.
San José, sábado 19 de noviembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
ANEP y Dirección de la Salud alcanzan acuerdos sobre afectaciones laborales en Control de Vectores
La ANEP, junto a su seccional del Programa de Control de Vectores del Ministerio de Salud, sostuvieron una importante reunión virtual con el director de dicho programa, Isaac Vargas donde se abordaron temas de mucha importancia para el personal como los son los interinazgos prolongados y la recalificación de algunos puestos.
ANEP emplaza a Roció Aguilar para que entregue información sobre el ROP
Este viernes la ANEP y ASDEICE, enviaron a la Superintendente de Pensiones, Roció Aguilar Montoya, un emplazamiento para que haga pública información completa y veraz sobre el gigantesco problema que se ha desencadenado con el Régimen de Pensiones ROP, que ya se ha convertido en una problemática social.
Seccionales del INVU y MIVAH unifican trabajo ante nuevo proyecto de Ley del Poder Ejecutivo
ANEP y SITRAP expusieron violaciones sindicales ante prestigiosa cadena de supermercado europeo
Se trata de una delegación de la prestigiosa cadena de supermercados de origen alemán ALDI SUD, que en la actualidad opera más de 10 000 establecimientos en 18 países europeos, y quienes desean conocer la situación laboral y sindical de los trabajadores costarricense de la piña y del banano, ya que estos productos los importan desde Costa Rica.
ALUNASA incumple acuerdos conciliatorios de pago de las liquidaciones de sus trabajadores por más de mil millones de colones
105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.
Pese a existir un acuerdo con el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez; y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió, nuevamente, sus responsabilidades patronales con los trabajadores y con las trabajadoras de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.
La deuda de la empresa ALUNASA asciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.
José Luis Rosales Elizondo, Presidente de la Seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado como los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.
“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades…En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.
Antecedentes
Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.
Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.
Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900), pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.
“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quien también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompañados por el Secretario General de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.
Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa Alunasa por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.
Dirigentes de ANEP en las municipalidades se informan para enfrentar la Ley de Empleo Público
Nueva Asada es afectada por la contaminación del plaguicida clorotalonil en Cartago
Se trata de la Asada de Santa Rosa de Oreamuno en Cartago, en la cual se habrían encontrado en 5 de sus 7 nacientes de agua, productos de degradación del agrotóxico cloratonil, lo que ha provocado la orden de alertas sanitarias por parte del Ministerio de Salud y el llamado por parte de Acueductos y Alcantarillados a los vecinos de la zona, para que no se utilice el agua para consumo.
La alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud en las últimas horas indica «Se emita una Orden Sanitaria para que las fuentes de agua potable NACIENTE PIEDRA, NACIENTE BENJAMIN ULETH, NACIENTE BIRRIS, NACIENTE AGUA FRÍA y NACIENTE MANUEL GRANADOS que utiliza la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno no sean utilizadas para consumo humano, preparación de alimentos o actividades de higiene»
Además, la orden girada por el ente rector de la salud solicita » al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que se brinden agua a la comunidad de manera inmediata por medio de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo que aseguro disponibilidad de agua segura para consumo humano en la población de Santa Rosa».
La agrupación Ecocipreses, con el apoyo de la ANEP; en su programa sindicalismo ciudadano, y diversas organizaciones, denunciaron la afectación que ha sufrido por varios años los vecinos de Cipreses de Oreamuno, Cartago, con la contaminación de sus mantos acuíferos con este plaguicida, situación que generó una serie de órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud para clausurar la Asada e iniciar la distribución del agua en camiones cisterna a la comunidad. Como advirtió esta agrupación, Cipreses es la «punta del iceberg» de una problemática que no se le ha tomado el interés debido.
Eco Cipreses y la ANEP hacen al Gobierno de la República, así como a todos los Concejos Municipales y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que se prohíba el uso del Clorotalonil en Costa Rica, tal cual ya se ha hecho desde el 2019 en la Unión Europea. A la vez que solicita dotar de equipo al Laboratorio Nacional de Aguas del AyA para detectar este tipo de sustancias en el agua que consumen todos los costarricenses.
