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Ley Marco de Empleo Público está ahogada en un caótico proceso de implementación
SE DEBE DETENER SU ENTRADA EN VIGENCIA
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido, en nuestro criterio, una demoledora opinión acerca del proceso de implementación de la puesta en práctica de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, la cual impondría un nuevo modelo de empleo público en Costa Rica, a partir del día 10 de marzo de 2023.
Esta ley, adversada fuertemente por ANEP, fue catalogada por el hoy Presidente de la República, siendo candidato, como adefesio, calificativo que ahora se potencia ante el señalamiento crítico de la CGR de que, prácticamente, está ahogada en un caótico proceso de implementación.
Dice la Contraloría que se carece de una “falta de regulación orientadora para la preparación oportuna de la administración pública para la entrada en vigencia de esta ley”.
Además, y lo que reafirma nuestro criterio de que el proceso de implementación de la LMEP se está en un caos, son los siguientes criterios contralores:
- Ausencia de mecanismos formales de coordinación
- Ausencia de una oportuna reglamentación
- Fala una definición de una estrategia de implementación formal
- No hay objetivos, atribuciones, responsabilidades y rol de las partes
- No hay criterios y mecanismos de coordinación
- Se desconoce los recursos que las instituciones invertirán
- Se desconoce en qué consistirá una gestión de riesgos
- No hay mecanismos de monitoreo
- No hay mecanismos de comunicación del avance de las acciones para el cumplimiento efecto de la ley
¡Y estamos, ya, a menos de 3 meses de la entrada en vigencia de la LMEP!
Este adefesio jurídico que es la perversa Ley Marco de Empleo Público, ¡NO DEBE ENTRAR EN VIGENCIA!; mucho menos, ante el señalamiento del ente contralor de que está en un cuadro caótico en su proceso de implementación.
Es opinión de la ANEP que el Gobierno de la República debe comunicar a la Asamblea Legislativa, con toda urgencia, esta realidad pues vamos hacia una institucionalidad sumida en la anarquía, en la confusión, en el desorden más inimaginable.
La perversa LMEP debe ser derogada o, al menos, debe congelarse su entrada en vigencia para abrir un proceso realmente participativo de transformación estructural del Estado, considerando que la Costa Rica actual se volvió totalmente desigual.
Valga indicar que a la Ley Marco de Empleo Público le espera, en sede constitucional, una gran cantidad de acciones jurídico-legales de diverso orden pues, según especialistas, contiene potenciales inconstitucionalidades en, al menos, 35 de sus 50 artículos. Y, por otro, lado, los procesos contencioso-administrativos alcanzarían cifras record, jamás vistas en los tribunales de Justicia.
San José, jueves 15 de diciembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
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La Caja Costarricense del Seguro Social anunció que procederá con el pago del Reajuste Salarial por costo de vida adeudado a todos sus trabajadores, en una lucha de la cual ANEP fue parte, y ahora en base a esta lucha nuestra organización velará y activará todo su conocimiento político-legal para que, con esos mismos fundamentos jurídicos, sea reconocido en todo el Gobierno Central.
ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, ésta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído.” indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión.”
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aun así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
