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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Sí!, es posible que la conmemoración histórica del Primero de Mayo la llevemos a cabo en una gran unidad de acción. Y hacemos un llamado en tal sentido por esta vía. 

El lunes 1 de mayo de 2023 se cumplirán 110 años desde que en Costa Rica se honra tan emblemática fecha. El primer Primero de Mayo conmemorado en Costa Rica fue en 1913.

El ya desaparecido académico-historiador, de origen chileno pero que se radicó en nuestro país desde la década de los años 70 del siglo pasado, don Mario Oliva Medina, al respecto nos indicó: “Entre 1913 y 1932, se aprecia que no hubo una sola agrupación encargada de los actos, mítines, u otros eventos, para la celebración del 1° de mayo. La evidencia histórica muestra que, por el contrario, fueron diversas organizaciones las que lo hicieron, dependiendo del grado de cohesión y estabilidad por los que atravesaban”.

Hoy, en el 2023, esa diversidad, guardando las respectivas perspectivas de espacio y de tiempo, sigue caracterizando la lucha popular y social de la Costa Rica del siglo XXI. Enorme desafío, por tanto, representa la construcción de un polo de unidad sindical y social que, respetando la diversidad del actual escenario político-social y económico, conjunte diversos enfoques y propuestas de cara al momento histórico que estamos viviendo.

En los últimos tiempos se ha generado una enorme cantidad de propuestas alternativas con relación al modelo de sociedad egoísta y concentradora de la riqueza que en Costa Rica se nos ha venido imponiendo. Ello nos lleva a afirmar que sí es posible encontrar un conjunto de propuestas que unifiquen el pensar y el actuar desde la amplia diversidad de los sectores sindicales, sociales, cívicos y patrióticos. Es cuestión de buena fe, básicamente.

Por ejemplo, en varios ejercicios fallidos de diálogo social, quedaron en mesa valiosos planteamientos con sello sindical, solidarista, cooperativo, comunal, ecuménico-eclesial, ecologista, académico y hasta empresariales; todos despreciados por la hegemonía político-ideológica en el poder que sigue siendo la misma a pesar del cambio de administraciones gubernativo-ejecutivas.

Por otra parte, a nivel de la clase trabajadora ampliamente conceptuada, el panorama actual es desalentador, ante la carencia de un músculo obrero-social que contrapese los abusos de poder de esa hegemonía. Sin embargo, sí es posible una rearticulación para la recomposición de ese músculo, pensando en que la unidad en la acción pueda sentar las bases de un reacomodo en la correlación de fuerzas.

Grandes ejes de lucha motivan, objetivamente, para marchar este Primero de Mayo. Por ejemplo, la seguridad en el empleo para quienes laboran en el empleo público, ya no es la misma. Hoy está muy vulnerabilizada y lo estará mucho más sino no se da un repunte organizativo de sus agrupaciones obrero-sociales de base. Prácticamente, en tal sentido ya están en las mismas condiciones de quienes trabajan para el sector privado de la economía: el despido es algo fácil para la parte patronal. Es decir, hay que marchar para defender el sagrado y constitucional derecho el trabajo.

Por otra parte, defender la histórica jornada de las 8 horas, conquistada con sangre obrera, es algo que demanda de gran movilización de resistencia. Defender la institucionalidad pública que fue establecida para el bien común y para la inclusión social, también exige de un fuerte esfuerzo de reacción popular y social de gran dimensión y extensión. Nos vemos en la calle este PRIMERO DE MAYO.

El ciudadano don Daniel Quesada Mora, en su calidad de Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), nos hizo llegar la posición oficial de su representada, con el formato de Comunicado de Prensa, en torno a la participación de esta entidad de la sociedad civil de nuestro país en la gran manifestación del sector agropecuario nacional, celebrada el miércoles 29 de marzo anterior y que tanto ardor le generó al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Sin duda alguna, Conadeco juega un importante papel en la defensa de la Democracia costarricense y, por tanto, consideramos relevante que las personas lectoras de esta columna semanal, tengan conocimiento de su pensamiento en torno al indicado evento que, desde nuestra perspectiva de sindicalismo sociopolítico, representó un notable ejercicio de La Democracia de la Calle. Dice Conadeco lo siguiente:

“Somos parte del Chop Suey. Ante las desafortunadas declaraciones del señor Presidente, peyorizando a las organizaciones que nos hicimos presente a la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, queremos señalar:

1. El movimiento comunal costarricense lo integran más de 3.500 organizaciones comunales, una gran parte de cuales está presente en el ámbito rural.

2. Las asociaciones de desarrollo son instrumentos activos de miles de productores agropecuarios, facilitando la compra de insumos, centros de acopio y comercialización, transporte, entre otras actividades.

3. En ese tanto, el movimiento comunal somos parte activa del sector agropecuario.

4. Pero más de ello, como organización comunal nos asiste el deber, que asumimos con decisión y prontitud, de brindar nuestro apoyo solidario y activo a todo movimiento social, que luche por justas reivindicaciones para el pueblo de Costa Rica.

5. El señor Presidente cuestiona y trata de ofender a los participantes señalando que no sembramos nada. La pregunta al Señor Presidente obligada es: con su soberbia, irrespeto, incapacidad de para escuchar y dialogar: ¿Qué está sembrando Ud. señor Presidente?

6. Lamentamos que las rutas de diálogo, negociación y concertación se cambien por insultos y descalificaciones, lo que ineludiblemente convertirá la calle en una gigantesca cocina donde se cocinarán nuevos y más potentes chop suey sociales y de los cuales, Señor Presidente, Ud. será su cocinero.

7. Por ello, el movimiento comunal, a través de CONADECO, quiere dejar patente: a. Asumimos las palabras del señor Presidente y le indicamos: fuimos parte chop suey social y nos sentimos orgullosos de ello. Y más importante, seguiremos siendo parte. b. Llamamos a todas las organizaciones del Movimiento Comunal a estar alerta. Mucho está en juego en este momento. Hay intentos serios de llevar a este país por sendas de confrontación con tal de favorecer intereses mezquinos. c. Invitamos al Señor Presidente a la reflexión y cambio de actitud. Debe tener claro que sus poses demagógicas y autoritarias, son la base del conflicto social vigente y en crecimiento”.

Con entusiasmo, estamos apreciando la posibilidad de una articulación fuerte de sectores sociales en la medida en que las acciones gubernativas siguen adoleciendo de políticas claras en diversos órdenes de la promoción del bien común, de la inclusión social y en contra de la exclusión económica. Este clamor está llegando hasta el propio parlamento costarricense donde la acción cívica conocida como La Democracia de la Calle ya se considera en desarrollo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con el apoyo de múltiples sectores de diversa procedencia y composición organizacional, hoy, miércoles 29 de marzo de 2023, cientos de compatriotas, hombres y mujeres del campo, integrantes de una importante coalición de la ciudad capital del país; ante la ya impactante ausencia de una política de Estado de apoyo al sector agropecuario, perjudicando especialmente a nuestras zonas rurales y costeras costarricenses.

Las personas manifestantes creemos que el fortalecimiento del sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero es clave para garantizar la seguridad alimentaria nacional y lograr que la mayoría de los bienes de la canasta básica sean producidos en el país.

En la Costa Rica del presente, la política pública de reactivación interna del sector productivo agrario y agroindustrial no es una prioridad y continúa rezagada y fragmentada. Prevalece la ausencia de variables de seguridad alimentaria y no se cuenta con un enfoque estratégico de decisiones del Estado hacia el bienestar de las personas.

En la actualidad, es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la entidad que gerencia la política pública de este sector, únicamente desde su limitada visión de importación y exportación de bienes. En tal sentido, se plantea un conjunto de propuestas de nuevas políticas públicas para el sector agropecuario nacional. Dentro de éstas, resaltamos las que aparecen de seguido, pues por problemas de espacio no pudimos citarlas todas y a plenitud:

• Recuperar la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y reorganizar la institucionalidad del sector agropecuario, de manera inteligente y racional.

• Impulsar el proyecto de ley de Defensa Comercial, actualmente en trámite parlamentario, al cual se le hicieron observaciones por parte del sector agro.

• Construir una política cambiaria y monetaria que equilibre el tipo de cambio para que el productor local pueda competir contra los productos importados; y que armonice los costos y beneficios entre productores para mercado local y de exportación.

• Rechazar el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico porque no garantiza el mantenimiento de exclusiones y aranceles negociados bilateralmente con sus países miembros y conlleva la destrucción del sector agropecuario costarricense; el cual sí aporta valor agregado, facilita la seguridad alimentaria y resguarda al consumidor en tiempos de crisis.

• Revisar las tarifas de combustibles y electricidad en el ICE y en RECOPE para evitar la constante pérdida de competitividad internacional para el sector agrario-productivo nacional por el encarecimiento de materias primas cruciales.

• Suspender y revertir la eliminación de aranceles de importación (ej.: papa y arroz) que desmantelan la producción nacional; y crear líneas de crédito flexibles para agricultores, con extensión de plazos (como período de gracia) por dos años mínimo.

• Detener los intentos de gravar doblemente la renta sobre las utilidades del sector cooperativo porque este ya cumple con todas su responsabilidades fiscales y tributarias y contribuye a generar empleo y distribuir riqueza en todo el país.

• Incluir en los programas de CINDE la promoción prioritaria de la inversión extranjera en zonas rurales y costeras. Y fortalecer desde PROCOMER el programa DESCUBRE para orientar en las oportunidades de inversión agropecuaria con potencial de exportación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En el tema del empleo público, hay una línea ideológica clara: la vulneración de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas, en el marco de una gran acción política de violentar la piedra angular de la doctrina de los Derechos Humanos: el principio de no regresividad de los mismos.

Esta misma línea ideológica es la que se viene manifestando, por ejemplo, en cuanto al pago de intereses de la deuda pública: es la prioridad absoluta del neoliberalismo en materia fiscal. Aunque se muera la gente, aunque los más necesitados sufran, aunque se extienda la pobreza y crezca la desigualdad; nada es más prioritario que el pago de esos intereses obscenos.

Volviendo al tema de la clase trabajadora asalariada del Estado y la perversa Ley Marco del Empleo Público (LMEP), la alianza de los partidos Liberación, Unidad y el ya extinto Acción Ciudadana (PAC), fue fundamental para que se tramitara y aprobara, a golpe de tambor y contra toda racionalidad, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, cuatrienio 2018-2022, cuando él ejerció la Presidencia con el apoyo político de esos tres partidos.

Hoy, en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la línea ideológica que le fue impregnada a esa ley, se mantiene incólume con su nueva ejecutora política, la ministra del Mideplan, Laura Fernández Delgado. Esa línea ideológica, nosotros la definimos como todo mercado-Nada Estado.

El todo mercado-nada Estado tiene varias características dentro de las cuales destaca un odio de clase, de la clase-élite dueña del poder real en nuestra sociedad, contra las personas trabajadoras empleadas públicas, contra todos los servicios públicos, a excepción de los que generan grandes rentas, los cuales deben ser privatizados.

Por eso, la corriente sindical en la cual militamos no aceptó sumarse a esa fanfarria denominada “Diálogo Nacional” que empezó el pasado lunes 20 de marzo, dizque para “construir” una reforma legal a esa perversa LMEP, catalogada como “mamarracho”, como “mamotreto”, como “Frankenstein jurídico”, como “adefesio”, como “ornitorrinco legal”.

Quebrantada como está la legitimidad ético-moral de esa perversa LMEP, la única aspiración del dueto gubernativo Chaves-Fernández, es cómo darle a la misma mayor legitimidad embarcando a las diversas organizaciones gremiales que se expresan en la dinámica laboral del Sector Público.

Y ya ustedes vieron el desenlace: prácticamente no hay sindicato alguno, por más allanado sistémico que haya estado en los últimos gobiernos, dispuesto a la “operación embarre” con una nueva versión de la LMEP que tenga mayor contenido autoritario-totalitario, para castrar-eliminar los pronunciamientos institucionales de resistencia (“exclusivos” -“excluyentes”), que se vienen manifestando, inspirados en la Carta Magna de 1949 y que, para suerte de la institucionalidad republicana, el alto tribunal constitucional preservó, según se destaca en su artículo 6.

Veamos: ARTÍCULO 6-Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.

En esencia, quieren eliminar este artículo, volárselo, con el nuevo proyecto de empleo público que están discutiendo en esas espúreas mesas de diálogo. Pareciera que este artículo es lo que le impide, al neoliberalismo del todo mercado-nada Estado, instaurar, definitivamente, un Estado vertical, autoritario que, incluso, controle a los gobiernos locales, las municipalidades. ¡Qué gran peligro para la democracia republicana costarricense! El neoliberalismo no negocia, impone.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Furia, enojo y amenaza de parte del Gobierno es lo que ha generado la avalancha de pronunciamientos de la casi totalidad de los concejos municipales, con relación a cerrarle el paso a la intromisión política e ideológica en el seno de los gobiernos locales de nuestro país, de varios de los más perversos contenidos de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159, la cual entró en vigencia el pasado viernes 10 de marzo de este año 2023.

Con base en lo que esa misma ley indica en su artículo 6, una a una, las municipalidades del país, a partir de la gestión directa de sus correspondientes organizaciones sindicales de base, han votado que para que la institucionalidad democrática representada en la autonomía constitucional del régimen municipal se mantenga; conforme a la historia republicana costarricense que tiene en la municipalidad, el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.

Dice ese artículo 6 de la perversa LMEP lo siguiente: “Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.

¡Y es que fue eso, precisamente, lo que pasó! Con una fuerte fundamentación jurídico-legal y constitucional, cada concejo municipal, en su carácter de ente público con autonomía de gobierno y organizativa, determinó que todo su respectivo personal trabajador, realiza funciones exclusivas y excluyentes: sus sectores operativo, administrativo, técnico y profesional. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella.

Ahora, haciendo gala de una prepotencia y una arrogancia repudiable, la jerarca política máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), doña Laura Fernández Delgado, amenaza a toda la comunidad municipal de cada cantón de la República en doble vía: ir a tribunales (seguro, en sede contencioso-administrativa), para cuestionar cada votación concejal soberana adoptada en lo indicado en el artículo 6 de la perversa LMEP; y, lo que es más grave, aún, anuncia que bloqueará la aprobación de los correspondientes presupuestos municipales para el 2024, ante la Contraloría General de la República (CGR).

Doña Laura, apadrinada como es lógico suponer por el propio Presidente de la República, quiera saltarse la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, para así profundizar lo que en su momento significó la aprobación de la perversa LMEP, en el cuatrienio legislativo anterior, 2018-2022, cuando ocurrió, según nuestra visión, un Golpe de Estado parlamentario a nuestra Carta Magna.

Desde esta columna de plena Libertad Expresión que nos permite DIARIO EXTRA, alertamos a toda la comunidad municipal costarricense: a su personal trabajador y a las organizaciones obrero-sindicales que les representan; a sus autoridades políticas: alcaldía y concejos, regidores y regidoras, síndicos y síndicas; a las fuerzas vivas de cada cantón y, por supuesto, a sus partidos políticos aspirantes para las elecciones municipales venideras. Hay que cerrarle el paso a esas tendencias autoritario-totalitarias que pretenden hacer de la democracia en los gobiernos locales, una caricatura.

Hay algo más grave aún. Denunciamos que se va a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), la autonomía histórico-constitucional de los presupuestos municipales. Este Gobierno pretende comprometer el sometimiento de los presupuestos municipales a la lógica perversa de la Regla Fiscal, a un 15%, sino más. Una nueva delegación del FMI vendrá al país en próximas semanas y hay que estar en guardia. En realidad, esto es sumamente grave pues hemos notado como esa Regla Fiscal tiene en precariedad total a la Fuerza Pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 6 de marzo de 2023, en el seno de la Asamblea Legislativa imperó la dictadura del mercado total, esa que tiene un profundo desprecio por todo lo que huela a sector Público y, en especial, con fuerte carga de odio en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales. 

Únicamente doce personas legisladoras comprendieron la insensatez de exponer al país a diversos riesgos en momento en los cuales es bien sabida la fragilidad del propio sistema democrático-institucional, el cual muestra su deterioro por varios factores de gran peligrosidad; dentro de los cuales hay que destacar el avance del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico penetrando, como ya es reconocido, los tres poderes clásicos de las democracias: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, dejamos expresa gratitud al señor legislador don Gilbert Jiménez Siles quien, con gran arrojo y valentía, osó desafiar el orden totalitario del periodismo de odio que pesa mucho en las decisiones parlamentarias costarricenses; tal y como lo vimos en el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando impusieron las nefatas leyes combo fiscal (No. 9635) y anti-huelgas (9808). Por cierto, ambas con fuertes acciones de inconstitucionalidad en proceso presentadas por la ANEP.

Don Gilbert presentó el proyecto de ley para extender por dos años más la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, legislación cuestionada por los cuatro costados y totalmente desprestigiada: solo creen en la misma en el seno del mercado total y sus adoradores por convicción y por salario.

A don Gilbert, del PLN, le acompañaron sus colegas de bancada parlamentaria, Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa, Sonia Rojas Méndez, en lo que nosotros interpretamos como un voto de ética socialdemócrata, misma en extinción en ese partido. La mayoría de la actual bancada parlamentaria liberacionista siguió la senda marcada en el período legislativo anterior por sus colegas de partido Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, envenenados contra el empleo público a más no poder. 

Las otras seis diputaciones que optaron por la sensatez, la prudencia, la razón y la lógica en aras de la tranquilidad pública, la paz social y la seguridad jurídica del país fueron las del Partido Frente Amplio: Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Sofía Guillén Pérez, Priscila Vindas Salazar, Ariel Robles Barrantes, Antonio Ortega Gutiérrez.

Lo que sí queda muy claro para nuestra visión del desarrollo de la lucha social y sindical, cívico-patriótica, en el marco de las actuales condiciones político-económicas y sociales de la maltrecha democracia costarricense de la actualidad, es que la Democracia de la Calle ¡volverá!

Con mucho entusiasmo, estamos solicitando una audiencia a la señora Angie Cruickshank Lambert, a quien, recientemente, la Asamblea Legislativa le dio la gran responsabilidad de conducir la importante institución de nuestra nación conocida como la Defensoría de los Habitantes de la República.

Desde la corriente sindical en la cual militamos. y mediando una enorme cantidad de años de lucha por la justicia social, constatamos que Costa Rica está en abierto retroceso, está involucionando, está desvirtuando los nobles valores de los y de las patriotas que forjaron nuestra nacionalidad, teniendo como eje central de su diverso quehacer, la promoción del bien común y de la inclusión social y económica.

Al analizar el impresionante currículo de la señora Defensora, notamos, con mucho agrado, que tiene en el campo de los Derechos Humanos mucha formación y experiencia. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es nuestro criterio que la peligrosa ruta de la desigualdad que le han impuesto al país con políticas económico-fiscales que no priorizan en la persona, nos obligan a apelar a la doctrina y a los instrumentos de los Derechos Humanos, en especial, a los tratados que en la materia ha firmado el país y que tienen naturaleza supra-constitucional, para combatir, estructural e integralmente, con perspectiva de lucha social-sindical, el fenómeno criminal de la desigualdad.

Al menos, cuatro puntos le vamos a plantear a la señora Defensora y de cada uno, hay mucha documentación y justificación. Tome nota usted:

Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto a los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Declaración de Fin de Misión a Costa Rica: Tomoya Obokata, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud.

La deuda pública de Costa Rica y su obsceno pago diario de intereses, relacionado ello con la persistencia de un sistema tributario doblemente perverso: injusto y corrupto vs. el crecimiento de la desigualdad.

Presentarle el documento-Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP en contra de la Ley Marco de Empleo Público No. 10-159.

Cada uno incluye derivaciones de fuerte impacto socioeconómico y democrático-social que están poniendo en riesgo la calidad de vida y la vida misma de una elevada cantidad de habitantes de la República, costarricenses esencialmente; razón de gran peso como para que en la Defensoría de los Habitantes de la República logremos atención debida a nuestra preocupación, lo cual, por supuesto, no dudamos.

Y, como habitante de la República, en representación otros y de otras habitantes de la República, anhelamos intervención y respuestas de nuestras inquietudes a la Defensoría de los Habitantes de la República y su nueva autoridad, doña Angie Cruickshank Lambert.

Honorables señoras diputadas y honorables señores diputados: Es tiempo de la cordura, de la sensatez, de la razón, de la justicia y de la Paz. Enorme cantidad de argumentos de todo tipo aconsejan que el proyecto LEY POSPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, Expediente Legislativo No. 23.573, debe aprobarse. Solicitamos, con todo respeto, su voto, señoras diputadas y señores diputados y les damos estas cinco razones:

PRIMERA: Independientemente de la cuestión de fondo acerca del tema del Empleo Público y de la Reforma del Estado, se estima que este proyecto de ley 23.573 se presenta en un oportunísimo momento, considerando que es la prudencia la más atinada decisión que se puede tomar en circunstancias de gran vulnerabilidad multifactorial para la propia institucionalidad de la República y su Paz Social.

SEGUNDA: Muchas son las opiniones y los criterios que, desde distintos espacios del quehacer sociopolítico y hasta económico, vienen expresando grandes preocupaciones acerca de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, pues generará un grave caos administrativo y fuertes controversias jerárquicas intra e interinstitucionales; amén de un desasosiego sociolaboral de potenciales consecuencias negativas pues esta legislación, y su correspondiente reglamentación, son tan enrevesadas que, sin duda alguna, han de golpear más a una serie de servicios públicos que, de por sí, vienen sufriendo merma pronunciada de calidad por rigideces fiscales hasta irracionales en no pocos casos.

TERCERA: Esta Ley 10.159, en sí misma, aprobada a golpe de tambor, cargada implícita y explícitamente de contradicciones, inconsistencias, disparates, ocurrencias y muy pletórica de violaciones jurisprudenciales y constitucionales; nos lleva a la entronización de una especie de anarquía estructural, considerando las reacciones naturales de defensa socio-obrera y laboral, individual y/o colectiva que, como es lógico suponer, aflorarán ante amenazas a la estabilidad (ya de por sí endeble) de miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas estatales.

CUARTA: La aprobación, irresponsablemente célere de esta ley, impulsada por una fuerte campaña ideológico-político-mediática cargada de odio de clase contra la clase trabajadora asalariada estatal, desdeñó no solamente consideraciones filosófico-históricas-políticas y ético-morales inherente a una concepción de Estado Social de Derecho; sino que, fue más lejos, con la transgresión abierta de compromisos internacionales consolidados por el país en materia de Derechos Humanos, e incorporados a nuestro sistema jurídico con fuerte peso supra-constitucional. Ábrase así, nuevas posibilidades de litigios desfavorables para el país con reparaciones mega-millonarias inimaginables ante gran cantidad de demandas contra el Estado costarricense.

QUINTA: Resulta imprescindible frenar la entrada en vigencia de una legislación como la Ley Marco de Empleo Público que violenta, haciendo alarde de una impresionante corriente de regresividad e involución jurídico-legal, aspectos fundamentales de los Derechos Humanos como el debido proceso, el principio de inocencia, la seguridad jurídica. Derogados éstos, la vulnerabilidad, la fragilidad y la subasta del empleo público va a adquirir grados desastrosos como los que se manifestaban en los tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• La Costa Rica de la desigualdad.
• La Costa Rica que vulnera su más venerada institución: la Caja.
• La Costa Rica del acoso privatizador constante a sus más exitosas empresas públicas.
• La Costa Rica que destruye-vende-privatiza su patrimonio ecológico-ambiental.
• La Costa Rica de la doble moral en Derechos Humanos.
• La Costa Rica de la esclavitud laboral.
• La Costa Rica de violación diaria de derechos laborales, económicos y sociales.
• La Costa Rica que debilitó, perversamente, su política de inspección laboral.
• La Costa Rica de los salarios congelados y precarizados.
• La Costa Rica de la reversión de conquistas laborales.
• La Costa Rica del salario mínimo miserable que se escamotea.
• La Costa Rica del fraude fiscal-vergüenza internacional.
• La Costa Rica de la evasión fiscal-tributaria cotidiana.
• La Costa Rica del sistema tributario más perversamente injusto.
• La Costa Rica que dejó pervertir su régimen de zonas francas a favor del gran evasor nacional.
• La Costa Rica de una deuda pública impagable.
• La Costa Rica que paga intereses escandalosamente obscenos por esa deuda.
• La Costa Rica que está dejando a su juventud morir en la desesperanza.
• La Costa Rica del desempleo y de la informalidad.
• La Costa Rica que desfinancia y deteriora su otrora ejemplar sistema de educación pública.
• La Costa Rica de la violencia delincuencial atroz y su creciente cantidad de asesinatos diarios.
• La Costa Rica del narcotráfico, del crimen organizado y del sicariato.
• La Costa Rica de los feminicidios.
• La Costa Rica que está destruyendo su clase media.
• La Costa Rica que se polariza entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres.
• La Costa Rica de los poderes fácticos que no van a elecciones, pero imponen sus políticas.
• La Costa Rica del adoctrinamiento mediático cotidiano hacia la banalidad, el facilismo y la infantilización.
• La Costa Rica del búnker legislativo con su carga simbólica antipopular.
• La Costa Rica donde la gente vota, pero no elige.

…Y podemos seguir. ¡Hay más aspectos para plantear! ¿Qué nos pasó?

Lo que sí es contundente afirmar es que no fue la gente de abajo, ni siquiera la de en medio, la que nos llevó a este estado de cosas.

El rumbo que le ha impuesto al país la clase gobernante, de uno u otro signo partidario, durante los últimos 35-40 años, es a la que hay que someter al juicio de la Historia; siendo sus acusadores principales esos grandes hombres y esas grandes mujeres forjadores de nuestra particular idiosincrasia y de nuestras peculiaridades en la construcción de nuestra identidad nacional.

Es en este marco-escenario de la vida nacional de la actualidad costarricense que nosotros concebimos como el real sentido de las luchas sociales de hoy.