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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señor Rodrigo Chaves Robles y señora Martha Rodríguez Esquivel, respectivamente, acaban de consumar el Golpe de Estado institucional que representó la ilegal destitución de las anteriores personas representantes de los sectores Cooperativo, Solidarista y Sindical como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS (junto a otros directivos). Él y ella, profundamente molestos porque al personal trabajador de la Caja le fue honrada una deuda salarial por reajuste por costo de vida, la cual databa desde el 2019, se sacaron el clavo, cortándole la cabeza a quienes se encontraron como directivos de la Caja cuando asumieron el Gobierno y no hicieron caso de la directriz presidencial de traerse abajo ese pago salarial; pago salarial cargado de una profunda fortaleza jurídico-legal que, al final, se impuso y la clase laboral de la CCSS recibió lo que en pleno Derecho les correspondía.

Confesamos nosotros que varias de las personas directivas que, de manera ilegal, soberbia, prepotencia y autoritaria fueron destituidas por la dupla Chaves-Rodríguez, no eran gratas a nuestra propia visión sociolaboral de los desafíos de la Caja en las actuales circunstancias. Mucho más cuando las tres representativas de sectores sociales se opusieron a que en la CCSS se respetara, sin miramientos, el Derecho Humano y Constitucional al Salario Mínimo Inembargable. Particularmente, la persona destituida procedente del sector sindical había logrado su asiento en la Junta Directiva de la CCSS (para completar el período de nombramiento del respetado don Mario Devandas Brenes -q.d.D.g.-), en el nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, con sobrados argumentos, tenemos la convicción de que logró ese escaño directivo mediando una componenda con este señor.

Todas estas situaciones pasan a segundo plano ante la gravedad del Golpe de Estado presidencial a la Caja Costarricense de Seguro Social, con los nombramientos de facto que don Rodrigo y doña Marta han impuesto para sustituir a los ilegalmente destituidos representantes del Cooperativismo, del Solidarismo y del Sindicalismo.

En este último caso, el “ungido” para ser el nuevo representante del sector sindical es una persona de nombre José Luis Castro Vásquez, cuya trayectoria de defensa laboral es bastante “controversial” a juzgar por quienes le conocen de su presunta labor en favor de la clase obrera bananero-piñera. Lo que sí queda claro es que él no puede exhibir apoyo de ninguna corriente sindical del país, incluso, de las que entre sí mantienen fuertes discrepancias. Es decir, para todo el sindicalismo del país, el señor Castro Vásquez se sentará en el seno de la Junta Directiva de la CCSS de manera espuria. Sumamos nuestra voz a la amplia corriente de opinión en desarrollo de condena al errático proceder de la dupla Chaves-Rodríguez con relación a la intromisión abusiva, peligrosamente ilegal e inconstitucional, en contra de la autonomía de la más venerada institución por parte del pueblo costarricense. La actual directiva de la CCSS está sesionando en una profunda ilegalidad y son impredecibles las consecuencias de ello.

La Caja está sufriendo el más feroz ataque ideológico-político de toda su historia; ataque que se marca con toda crudeza desde el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando los neoliberales del grupo de Carlos Alvarado Quesada impusieron la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP). ¡Cuánta urgencia de construir acuerdos sociales para salvarla!

Poco más de 2 mil millones de colones al año le cuesta al país estar afiliado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); catalogada por algunos como “el club de los países ricos”, y por otros, como la “oficina de estadísticas más sofisticada y costosa del planeta”. Desde nuestras posiciones del sindicalismo sociopolítico, siempre hemos adversado que Costa Rica ingresara a tal ente, instalado en lujosas oficinas ubicadas en París, Francia.

Más bien, quien paga esa membrecía es el pueblo trabajador pues bien sabemos que en Costa Rica es la gente de abajo y la de en medio la que carga sobre sus espaldas la injusta estructura tributaria que azota a nuestra sociedad.

Estar en la OCDE obliga a, en promedio, un pago diario 5 millones 500 mil colones (5.500.000), plata que tendría mejor finalidad invertirla en tanta necesidad social descubierta y no en la burocracia parisina de la OCDE.

A nivel de la América Latina, la región más desigual del planeta, solamente 4 países se han metido en esa aventura de la OCDE: México, Colombia, Chile y Costa Rica. Los 4 tienen gigantescos problemas de exclusión social y de desigualdad económica. ¡Sí! Los 4, dado que nuestra querida Patria por esos extremismos fundamentalistas de la macroeconomía neoliberal, hoy es una sociedad golpeada por el doloroso flagelo de la desigualdad.

Colombia y Chile han sufrido, recientemente, potentes estallidos sociales que, incluso, generaron significativos cambios políticos en la conducción gubernativa de ambos países. México muestra una desigualdad espantosa y un poderoso proceso de crecimiento del control del Estado por parte del crimen organizado del narcotráfico. Y, Costa Rica, vivió en el período 2018-2022 fuertes tormentas sociales y sigue acumulando combustible para un estallido social a la colombiana o a la chilena. Eso es lo que nosotros vemos y percibimos desde el campo de la lucha social. Preguntémonos, en consecuencia: ¿para qué es “buena” la OCDE?

Nada nuevo nos vino a decir la OCDE en su documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023. Se está pagando la “consultoría” más cara de la historia nacional para que se siga intoxicando a la población de que la gente trabajadora asalariada del sector Público es la responsable del desastre de las finanzas públicas; de que el gasto público es malo per se; de que la regla fiscal debe imponerse a rajatabla; de que hay que ponerle impuesto al salario escolar y a las cooperativas; etc., etc. ¡Lo mismitico del recetario neoliberal clásico y extremista que tiene a la sociedad costarricense en la etapa más desigual desde la promulgación de la denominada Segunda República.

Lo que si nos queda suficientemente claro es que de parte de la OCDE nada bueno puede esperar el pueblo trabajador; ni el que labora para el sector privado ni para que el trabaja en la Administración Pública, mucho menos esa parte tan fuerte que es quienes están desempleados y/o en el mercado informal de la economía: casi el 50% de la población económicamente activa. Tampoco, el ya casi inexistente conglomerado social de la producción agropecuaria para el mercado interno puede esperar algo bueno de la OCDE.

Finalmente, un distinguido grupo de costarricenses le mandó una carta al jerarca de la OCDE que nos visitó, el Sr. Mathias Cormann; carta cuyo contenido, en términos generales, coincide con planteamientos socioeconómicos que venimos haciendo desde la corriente sindical en la cual militamos. Le recomendamos a usted que la lea y la puede encontrar en nuestro sitio web: www.anep.cr

Queremos ser contundentes: la regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social. Y, con base en lo que el diccionario define como “perverso”, podemos decir que la regla fiscal nos fue impuesta con mucha maldad y, conscientemente, buscando hacer el mayor daño posible a la sociedad.

De acuerdo a la serie de datos estadísticos socioeconómicos que han venido dándose a conocer en los últimos tiempos, los cuales indican del sufrimiento financiero y de las congojas económicas de la mayoría de la población del país; urge una fuerte flexibilización de ese mecanismo de control ideológico-económico de la inversión pública conocido como regla fiscal.

Convencerse de que ello es necesario no ocupa de grandes ejercicios mentales: sólo constatemos todo lo que concierne a la desigualdad carcomiendo el tejido democrático de la sociedad.

Creemos que es correcta la tesis del actual Gobierno al respecto, es decir, en cuanto que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla. Ahora bien, la magnitud, los alcances, los propósitos sociales, las entidades que “escaparán” de la misma (en todo, o en parte), debe ser una discusión muy participativa y no meramente un ejercicio político-tecnocrático que no estaría considerando las voces y las representaciones sociales involucradas, directamente, en el perverso mundo de la regla fiscal.

Ahora resulta que la tímida flexibilización de la regla fiscal que estaría defendiendo el Gobierno, es objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Por otra parte, entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal. Convencidos estamos de que la regla fiscal es, por tanto, una perversidad contra la misma Democracia.

El distinguido jurista don Manuel Hernández Venegas, reconocido abogado en los campos del Derecho Laboral y del Constitucional, ha escrito un artículo que tituló El gran desafío histórico, el cual apareció en la publicación digital SURCOS, de mucho prestigio en los ámbitos de la lucha social, cívica y popular costarricense. (https://surcosdigital.com/el-gran-desafio-historico/). Con base en su lectura, formulamos el siguiente comentario.

La magnitud del golpe que ha recibido la Democracia costarricense con la aprobación de la perversa tríada de legislación neoliberal números 9635, 9808 y 10159, aún no ha sido asimilado en toda su dimensión estratégica por toda la ciudadanía patriótica y sus diversas organizaciones, como para abrir el camino de la reconstrucción y reconfiguración de una nueva re-articulación tan necesaria desde el campo de lo popular para enfrentar sus consecuencias nefastas en el tejido social costarricense de la actualidad.

El combo fiscal, ley 9635; la ley anti-huelgas, 9635; así como la que asoma ya su perversidad material, la del empleo público, No. 10159, se concatenan entre sí, ideológicamente, para reversar-involucionar la ruta de integración social que el país había decidido transitar a partir del 7 de noviembre de 1949, con la entrada en vigencia de la Carta Magna todavía vigente.

Don Manuel pone el dedo en la llaga al instarnos a reparar no necesariamente en los contenidos de los correspondientes articulados de cada una de esas tres leyes; sino, en los criterios emitidos por la Sala Constitucional, denominados “opiniones consultivas” que tal tribunal emitiera en los respectivos procesos de tramitación parlamentaria.

Para él ocurrió una gravísima violación al presuntamente pétreo principio de separación de poderes y nos conduce a la lectura-reflexión del contenido del artículo 16 de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Y este principio se proclamó el 26 de agosto de 1789, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente francesa, la cual aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948.

A juicio de don Manuel, los pronunciamientos-opiniones consultivas de la Sala Cuarta, con ocasión del proceso parlamentario de la indicada tríada de legislación neoliberal, implicaron lo siguiente:

1) En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes; y, por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades.

2) El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal. Los servicios públicos son la infraestructura de la Democracia.

3) En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el Derecho de Huelga y el de Negociación Colectiva. La Libertad Sindical es inherente a cualquier sistema democrático.

4) Se ha producido una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo que, por lo menos, se ajuste al aumento del costo de la vida.

Don Manuel concluye en que, en los cuatro aspectos anteriormente señalados por él, está la esencia del proceder del actual tribunal constitucional de la República que ha vulnerado el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nos legó la Revolución Francesa. Para él se nos arrebató, de manera violenta, la Constitución de nuestra Patria, la del 7 de noviembre de 1949.

En varios de nuestros propios escritos hemos planteado que durante el período legislativo 2018-2022 ocurrió un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949. Este período fue el co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC conducido por la “gerencia política” de Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República; co-gobierno que impuso la tríada de legislación neoliberal 9635, 9808 y 10.159.

Don Manuel profundizó y para él, según entendemos, el golpismo constitucional procedió de donde menos se esperaría, el propio tribunal constitucional que, se supone, debió salvaguardar la majestad de la separación de poderes universalmente postulada desde el 26 de agosto de 1789.

Don Manuel nos apunta con toda claridad y contundencia, por tanto, que el mayor desafío histórico que tenemos por delante es recuperar el Estado Social y Democrático. ¡Sin duda apuntamos nosotros!

El distinguido ciudadano economista, académico de la Universidad Nacional (UNA), don Leiner Vargas Alfaro, nos brindó mediante una comunicación digital de su autoría, información valiosísima para comprender, al menos, de manera muy general, elementos importantes acerca del negocio privado de la venta de medicamentos en el país.

Abordamos el tema a partir de la vehemente promesa electoral de campaña del actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, quien bajo el lema “comerse la bronca” generó no pocas expectativas de que su gestión gubernativa estaría centrada en combatir el altísimo costo de la vida que sufre la mayoría del pueblo costarricense; dada la existencia de notables monopolios y/u oligopolios que por la naturaleza de su poderío económico-político, desangran las finanzas familiares sin que hasta la fecha alguna autoridad les haya puesto freno pero de verdad.

Don Leiner nos da, para empezar, este dato espeluznante: el mercado del negocio privado de los medicamentos mueve en nuestro país, al año, unos mil millones de dólares ($1.000.000.000). Esto es casi 600 mil millones de colones, cerca de un 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Muchas preguntas surgen al respecto. Tan solo una: ¿cómo serán las declaraciones tributarias de las entidades corporativas que están participando en este gran negocio?

Y, aquí, en el plano de las entidades corporativos, don Leiner nos indica que, básicamente, son cuatro firmas las que controlan tal mercado del negocio privado de los medicamentos; especialmente, en sus respectivas fases productiva y comercial. Es decir, un clásico oligopolio en toda la extensión de la palabra y de su significativo político. De manera indudable, es este un gran poder de facto en el conjunto de las relaciones políticas del país.

Para don Leiner, la administración gubernativa actual no ha tenido las agallas suficientes para enfrentarse a ese “monstruo”. Nosotros creemos lo mismo. Y, en tal sentido, apelando a la famosa frase de campaña de “comerse la bronca”, nos da dos propuestas que, sin duda alguna, representarían gigante desafío a ese poder, pero de increíbles proyecciones para las economías familiares, especialmente las de la clase trabajadora.

Hacemos nuestro el emplazamiento de don Leiner al Presidente Chaves. Uno. “Cómase la bronca”, Presidente Chaves, autorizando que las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pueden comercializar, al menos, los 25 medicamentos de mayor demanda por parte de las clases populares y medias, estableciendo un pequeño margen de razonabilidad para apoyar las amenazadas finanzas de la Caja. ¿No es que estamos en épocas de competencia? Se pone al sector Público a competir con el privado en este ramo de la venta de medicamentos.

Y, alternativa o paralelamente, imponer una regulación-establecimiento del precio de esos 25 productos de modo tal que en las farmacias se cobre lo justo no lo especulativo.

Pero, sin duda alguna, la propia Asamblea Legislativa puede meter mano en el asunto. No puede permanecer mirando para otro lado. Podría este servidor pecar de ignorante por desconocer que ya hay una o varias iniciativas para bajar el altísimo precio de los medicamentos y que están presentadas para su trámite parlamentario.

Si así fuese, ojalá me lo aclaren. Pero, en todo caso, ese no es el punto. La clave es impulsar la legislación del caso para que, al menos, la Caja pueda vender esos 25 medicamentos fundamentales.

Sin embargo, soy escéptico. La desigualdad, la exclusión económica, así como la precariedad, el congelamiento y la pobreza salariales no parecen ser temas “sexis” de la actual Asamblea Legislativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Lea con cuidado esto: “Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la covid 19”.

¡Contundente! Nos ha tocado vivir la época de mayor desigualdad social y de exclusión económica de la historia de la Humanidad.

Las desigualdades que matan es el título del más reciente informe de la entidad OXFAM International, prestigiosa organización que, según su sitio oficial web, indica lo siguiente: “Oxfam es un movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia” ( HYPERLINK «http://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos» www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos).

De obligada lectura y, ojalá, de imperioso estudio, es este trascendental documento para quienes estamos, de un modo y otro, en contra de un orden de las cosas que por las espantosas desigualdades que está mostrando, “fragmentan nuestras sociedades.

La violencia está enquistada en nuestros modelos económicos”, tal y como lo indica el resumen de dicho informe. Con sinceridad, datos como los siguientes que, de manera textual se los compartimos a usted, pueden ayudarnos a entender la magnitud del desastre social que vive nuestro mundo de hoy; un mundo tan injusto que este vocablo, injusto, no alcanza para describir la espantosa tragedia de sufren millones y millones de habitantes de nuestro sufrido planeta. ¡Ponga cuidado, por favor!

*La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19.
*Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres.
*Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años.
*Si los 10 milmillonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el dinero que poseen apilado en billetes de un dólar, cubrirían la mitad de la distancia entre la Tierra y la luna.

*Un impuesto del 99% sobre los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19 podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y, aun así, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia.

Por lo general, las matrices mediáticas dominantes nunca hablan de estos temas, los cuales son definidos por OXFAM como Violencia Económica, así, en mayúsculas. Todos los días se nos intoxica en las noticias de todo nivel y modalidad con violencia criminal, violencia delicuencial, violencia sexual, violencia del narcotráfico, violencia del crimen organizado, pero las distintas expresiones de Violencia Económica no son temas de abordaje noticioso: ¡no venden!

A lo sumo y en el marco de la temporada de fin de año, son esos reportajes tipo “sueño de Navidad” en los cuales se apela a nuestra misericordia solidaria, donde se nos muestra la crueldad de la desigualdad, aunque sin esa profundidad analítica de Violencia Económica.

OXFAM propone soluciones y destaca el importante papel de los movimientos sociales a lo largo de la historia. Esto es tema para otros artículos.

Sin embargo, y quienes venimos enarbolando estas luchas contra la desigualdad, podemos afirmar con contundencia que, pese a tanta adversidad, estamos del lado correcto de la Historia.

Don Jorge Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública, le pidió a la Asamblea Legislativa más presupuesto para atender la creciente y, al parecer indetenible, ola de criminalidad, de violencia y de asesinatos que está azotando al país.

Don Jorge planteó que urgen 35 mil millones de colones al respecto, que incluye la contratación, no menos urgente, de 2 mil policías.

La semana pasada comentamos en este mismo espacio que, en un solo día, específicamente el 1 de enero de 2023, el Gobierno tuvo que pagar por concepto de los leoninos intereses de la deuda pública, nada más y nada menos que 5 mil millones de colones.

Y, al sétimo día de ese pago diario, se llegó a la cifra de 35 mil millones de colones; “curiosamente”, una cantidad igual a la pedida por el jerarca ministerial de la seguridad del país, para atender la emergencia de la violencia que estamos sufriendo como sociedad.

Repetimos: con solamente la cantidad que exige durante siete días el pago de intereses de la deuda pública, se podría fortalecer en algo, el servicio público de la seguridad ciudadana ante la grave precariedad en que se encuentra a todo nivel: personal policial insuficiente y mal pagado con deudas salariales que no les quieren honrar, equipo obsoleto o nulo, vehículos insuficientes y/o en mal estado, avituallamiento insuficiente e inapropiado, retraso tecnológico, etc., etc.

Bien se sabe que la ciudadanía se siente indefensa y la embarga una gran preocupación ante la creciente inseguridad que campea por los cuatro puntos cardinales del país.

El problema tiene diversas vertientes que se deben analizar. La principal, según nuestra visión sindical, muestra las consecuencias de un modelo económico diseñado para concentrar la riqueza, para impulsar el crecimiento de la desigualdad, para precarizar el empleo y los salarios; y, para, legitimar que es la corrupción en sus distintas manifestaciones, la “mejor” vía para el ascenso social.

Nosotros hemos venido insistiendo en que la deuda pública del Gobierno Central y su obsceno pago de intereses diario, es la raíz de todos los principales problemas que afectan los servicios públicos esenciales, como lo es de la Seguridad Ciudadana.

Pero, en la clase política gobernante (la que administra y la que hace de oposición), no hay nadie que quiera “metérsele al tren” de la deuda pública que sigue creciendo, a toda velocidad, sin control.

Con una buena auditoría de la deuda pública y su abusivo y criminal, socialmente hablando, pago de intereses, a lo mejor, al Sr. Ministro Torres Carrillo se le podrían asignar ya esos 35 mil millones de colones que, según él, con eso “se le jugaría” para estar con condiciones un poco mejores ante la desgarradora ola de violencia con que empezó el año 2023; y, en vez del pago diario de intereses de 5 mil millones, parte de los mismos irían para el servicio público de la seguridad ciudadana.

No parece existir un desafío más grande en nuestro tiempo que el que tiene que ver con el sistema tributario, base a partir de la cual tiene lugar la redistribución de los beneficios del crecimiento económico de una sociedad.

Aunque en nuestra Patria un tema de este calibre sigue siendo tabú, allende nuestras fronteras está generando mucha atención, gran interés y no poca preocupación.

Y en Costa Rica es un tema tabú puesto que, a pesar de las sucesivas elecciones cuatrienales, el sistema tributario nacional no sufre ninguna transformación, ni en el plano ejecutivo-administrativo, ni mucho menos político-legislativo, si nos ponemos a hablar-plantear transformaciones reales, de impacto, de fondo.

Hemos dicho reiteradamente (y nadie nos ha desmentido) que en Costa Rica el sistema tributario tiene dos características esenciales: injusto y corrupto. De una manera muy simple, nosotros lo vemos así: Por una parte, pagan más proporcionalmente hablando quienes menos tienen; y, por la otra, quienes tiene más para pagar, no lo hacen del todo, o del todo no lo hacen, pues evaden y eluden mediante formas legales o al margen de la ley.

Para cambiar tal estado de cosas, se requiere mucho más que un cambio en los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Hay que lanzar un desafío estratégico a los factores de real poder que impiden transformaciones de tal calibre. Tarea más que histórica para nuestro país; e, incluso, con los datos socioeconómicos de la actualidad, se trata de un reto a favor de la permanencia del sistema democrático.

Pero, ¡bueno! Este discurso nuestro es muy conocido. Bien lo sabemos. Sin embargo, sigue teniendo gran vigencia.

En esta ocasión, queremos poner mucha atención a un proceso internacional en estos ámbitos de la cuestión tributaria a nivel global, pero con gran impacto en países como los nuestros.

Pensamos que en nuestro país debería tener más visibilización informativa-comunicativa los esfuerzos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés); la cual, por ejemplo, en el año 2018 propuso un nuevo sistema tributario para acabar con los paraísos fiscales, que incorpora reparto mundial junto a una baja tasa de impuestos corporativos.

La ICRICT tiene incorporada la participación de varias personalidades de relieve mundial que vienen, de un modo u otro, lanzando alarmas acerca de la profundidad de la desigualdad y la perversidad de un sistema económico que, precisamente, algunos pensamos que es el más desigual de toda la historia de la Humanidad.

Por ejemplo, ciudadanos como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda; luminarias del campo de la Economía y con visión global del problema de la fiscalidad internacional.

Recientemente, se hizo gran despliegue de la incorporación a la ICRICT, del exministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, quien, en tal marco comentó: «Al día de hoy seguimos teniendo un sistema impositivo global disfuncional que le permite a las grandes corporaciones multinacionales y a los más ricos eludir legalmente el pago de impuestos, desfinanciando a los Estados y generando un mundo más desigual e inestable. Debemos decir basta. No hay más excusas para seguir tolerando la elusión y la evasión fiscal» (https://eleconomista.com.ar/economia/guzman-une-comision-independiente-reforma-fiscalidad-corporativa-internacional-n57590)

Y dijo, además, el señor Guzmán: «Por eso, espero ayudar, dentro de la Icrict para promover políticas fiscales progresivas. La respuesta no está en intensificar la competencia entre los países, sino en unir fuerzas para demostrar que es posible apostar por reformas fiscales progresivas»

Noten ustedes cómo estas palabras-conceptos y criterios apuntados por este político-profesional natural de la Argentina, están en nuestra mente, de manera cotidiana, precisamente porque es que este asunto, de otro sistema tributario, es algo así como el tema del siglo. La satisfactoria constatación en nuestro caso es que la corriente sindical en la cual militamos, no anda tan perdida. Debería fundarse en nuestro país, una especie de Comité Costa Rica de la ICRICT. Nosotros nos apuntamos…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

El primero de enero, se pagaron unos 5 mil 500 millones de colones por concepto de intereses, intereses vulgarmente obscenos y socialmente criminales, de la deuda pública del Gobierno Central. Una suma igual el 2 de enero. Otra parecida el día 3 y así hasta hoy mismo, miércoles 11 de enero de 2023.

En estos primeros once días del año, de las debilitadas arcas públicas se sacaron unos 60 mil millones de colones destinados a las entidades/personas acreedoras de la deuda pública, la cual se acerca a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000.000).

¡Este si es el gran problema de la Democracia! Pero, a los bandos en pugna por el problema trolero parece que les importa un bledo. Y, al finalizar el mes de enero, serán 170 mil millones de colones que pudieron haberse empleado a atender grandes necesidades sociales y económicas que están viviendo miles y miles de hogares costarricenses afectados por la creciente desigualdad, por el congelamiento y por el alto endeudamiento salarial, por la evaporación de los fondos de pensiones y por un altísimo costo de la vida que no se había visto en más de una década.

Nos corresponde mantener la denuncia constante en tal sentido. Nos hemos autoimpuesto levantar esta bandera sin ánimo mesiánico alguno, sino ante la verificación diaria del drama social obrero-laboral en los segmentos de población trabajadora asalariada, en los cuales la frase “la plata no alcanza” no está reflejando la magnitud del impacto socioeconómico del problema de la deuda pública y de su socialmente criminal pago de intereses en, por ejemplo, los miles de hogares del empleo público del Gobierno Central, los cuales entran, en este 2023, al cuarto año consecutivo de congelamiento salarial total.

¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se instale una comisión investigadora del problema de la deuda pública y de esa monstruosa cantidad de pago diario de intereses, de modo tal que el pueblo costarricense sepa, por ejemplo, cómo es que llegamos hasta aquí, a esta calamitosa realidad de afectación severa a miles y miles de compatriotas, dentro y fuera del sector Público?

¿Por qué no convocar, al menos, al propio Ministro de Hacienda y que explique por qué el partido político ahora en el Gobierno y del cual él es parte, le mintió al electorado cuando se prometió que se le iba a entrar fuerte al tema del pago de intereses de la deuda pública? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabemos: una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en Gobierno y el pueblo costarricense viene siendo engañado una y otra vez.

Este monstruoso pago diario de intereses es la causa principal del grave deterioro presupuestario que afecta a gran cantidad de servicios públicos del Gobierno Central, destinados a atender necesidades económico-sociales de la población costarricense que sufre de mucha pobreza y otra, también grande, que va quedando más vulnerable ante la misma dado el avance de la desigualdad.

Tan solo dos dramáticos ejemplos: ¿en qué estado se encuentra la Educación Pública y en qué estado se encuentran los servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de los diversos cuerpos policiales? En la Asamblea Legislativa parece que olvidaron que ambos servicios públicos son estratégicos para la estabilidad del mismo sistema democrático, por una parte; y, por otra, que los respectivos grupos laborales que los prestan entraron ya al cuarto año de congelamiento salarial. ¿Se imaginan ustedes a ambos servicios públicos con una inyección presupuestaria de emergencia ¡por solo un mes!?, ¿Por el orden de los 170 mil millones de colones, en vez del pago de los intereses del presente mes de enero? ¡Que vamos mal, vamos mal! 

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-presidente de la Sala Constitucional, el señor Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestro pensamiento, precisamente porque desde nuestra esfera sindical, tenemos ya bastante tiempo indicando que en nuestra querida Patria habrá un estallido social.

Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, la cual marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Este es el diagnóstico del indicado juez constitucional, lo que lo hace tener un gran impacto por la naturaleza del cargo que él ostenta.

De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional o Sala Cuarta indica que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este señor juez, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.

Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas.

Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país.

Don Fernando debería decirnos desde cuándo se percató de eso. ¿Desde que asumió la presidencia de la Sala IV o desde antes cuando ingresó como juez a ese altísimo tribunal?

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”, es una frase suya que puede sonar a cinismo político de su parte, pues no creemos que el tribunal que usted preside pueda lavarse las manos ante el retroceso de nuestro Estado Social de Derecho. Dijo usted, por ejemplo, en el 2018, con ocasión de la imposición al pueblo trabajador del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, que la Constitución debe pasar a segundo plano ante el problema fiscal del país. ¿Se arrepiente de haberse doblegado al dogma neoliberal en esa ocasión?

O, por otro lado, esa frase la podemos interpretar como un mea culpa suyo,ante la magnitud de las violaciones de Derechos Humanos económicos, sociales y hasta culturales que están ocurriendo en el país en estos momentos, producto de ese enfermizo dogma que impuso la consigna política de primero la deuda y después la gente; o, socialmente traducido así:  atendamos primero el leonino pago de intereses y después las necesidades de techo y alimentación de población infantil y joven en riesgo social.

Usted dijo, además, que quienes ejercen el poder no solamente deben hacerlo en armonía con la Constitución sino con el respeto a los derechos humanos. ¡Exacto! Pero nosotros pensamos en que hoy día hay que entrarle duro a ello con el Derecho Internacional blandiéndolo como espada de la verdadera justicia. Pensamos que es muy difícil torcer el brazo a los jueces internacionales.

Y decidimos que una gran posibilidad de evitar que estalle la bomba social de la que usted nos habla, es que se les respete plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a tantas personas trabajadoras costarricenses, ya violentadas o por serlo, en cuanto a su pleno disfrute. Por esta senda de lucha social estamos transitando ya.