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Tenemos que asumir una fuerte acción social-sindical y cívico-patriótica para que en nuestro país se empiece, con real decisión política, a atacar el grave problema de la esclavitud laboral; muy presente en los últimos tiempos pero que adquirió un dramático carácter público con el caso de las tiendas de ropa S y R.

Uno esperaría que el propio Poder Ejecutivo, a través de sus carteras ministeriales de Trabajo y de Seguridad, especialmente; que la Asamblea Legislativa, mediante sus fracciones parlamentarias más sensibles al Humanismo Cristiano y a la Justicia Social, impulsaran las acciones correspondientes; e, incluso, las propias instancias judiciales hicieran lo propio en sus sentencias del ramo laboral-corporativo. Hay que decirlo con amargura: no le vemos futuro a ello.

Por otra parte, se elegirá en próximos días a una nueva persona en la Defensoría de los Habitantes de la República. Y se pone uno a pensar: y si esta nueva autoridad decidiese instalar una especie de mesa civil con agrupaciones de diverso orden, incluyendo sindicales, para impulsar la toma de las decisiones correspondientes en materia de política pública que nos permitan atacar, de raíz, el fenómeno de la esclavitud laboral en sus manifestaciones actuales. ¡Sería extraordinario! En tal sentido, abrigamos un poquito de esperanza. La persona designada para ese cargo recibirá una iniciativa de nuestra parte en este sentido, en el momento oportuno.

No obstante, y sin esperar ello, a nivel sindical, tenemos que incluir en nuestra agenda de lucha, el análisis y las recomendaciones que emitió el señor Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica, del 16 al 25 de noviembre de 2022.

El señor Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan (https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122):

• Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
• Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
• Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
• Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
• Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
• Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
• Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.

El señor de las Naciones Unidas indicó que, a estas recomendaciones, Costa Rica debe darles el tratamiento de acciones urgentes.

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día (párrafo tomado de https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122).

Ahora que Costa Rica es, de manera dolorosa e indiscutible, una sociedad desigual al borde de un estallido social (según manifestaciones del propio Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, don Fernando Castillo Víquez); debemos comprender que la existencia en nuestro país de trabajo forzoso y de esas nuevas formas de esclavitud laboral, es parte de esa desigualdad que está poniendo en peligro la misma estabilidad democrática del país, muy vulnerable por cierto en estos tiempos de tanta exclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos parece que este acontecimiento debe ser ampliamente destacado y desde esta columna, ponemos nuestro granito de arena al respecto.

La unidad total o de, al menos, la abrumadora mayoría de las agrupaciones del sector agropecuario nacional no se había manifestado antes como lo es en esta ocasión, al presentarse juntas en contra del tratado comercial denominado Alianza del Pacífico; una propuesta neoliberal de los sectores hegemónicamente dominantes de la política costarricense de los últimos gobiernos, incluido el actual.

¡Así es! Aunque se cambie a la persona ocupante de la Presidencia de la República, nada será diferente en cuanto a las líneas maestras ideológicamente conceptuadas para imponer, como pretenden, al final del camino y de manera total, la visión de mundo conocida globalización neoliberal, inspirada ésta en la preponderancia absoluta del “dios mercado”, aun y cuando éste ha estado mostrando, cruel y criminalmente, su incapacidad absoluta para lograr plena inclusión social y económica; y, mucho menos, descartar la desigualdad de las relaciones humanas.

El Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Independientes (Upanacional), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Corporación Hortícola Nacional, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG); juntaron esfuerzos y han lanzado al país un relevante e histórico pronunciamiento conjunto, bajo el título de La situación de abandono de nuestras zonas rurales y la ausencia de una política de Estado de apoyo al Sector Agropecuario Nacional.

Este documento es de obligada lectura y estudio por parte de quienes, a lo largo de los últimos 30 años (al menos), de una manera u otra y en medio de las más diversas circunstancias, hemos venido enfrentando y desde las más diferentes trincheras de lucha, un día sí y otro también, a los fundamentalistas del todo mercado-nada Estado; para los cuales, la desaparición del agro nacional ha sido uno de sus objetivos de mayor importancia.

Esta gran coalición de las organizaciones del sector agropecuario nacional que, repetimos, no creemos que antes se hubiese dado, es enfática en dejar bien marcada su oposición rotunda a la propuesta de tratado comercial Alianza del Pacífico, explicando con sólida argumentación sus razones.

En un gran esfuerzo de síntesis, y no por ello carente de sustancia el análisis, puntualizan diez grandes aspectos que marcan el abandono sistemático de los últimos años al sector agropecuario nacional; abandono que será más que consumado si en la presente administración gubernativa, logran los sectores hegemónicos dominantes imponerle al país la Alianza del Pacífico.

El documento del que les hablamos es valiosísimo de principio a fin y dentro de los apartados que más atención y reflexión merecen, es el que nos contrasta las aspiraciones de semejante alianza con la realidad actual de sus resultados.

Este aspecto por sí solo, nos dice que la Alianza del Pacífico es un proyecto neoliberal fracasado: “Aspiraban a facilitar el comercio y los trámites aduaneros, pero luego de 10 años no se registran avances relevantes que promuevan una mayor transparencia y un flujo creciente de comercio, lo que se refleja en contracción sostenida de los flujos de comercio entre los países miembros a lo interno del BAP” (Bloque de la Alianza del Pacífico).

“El Estado soy yo” (l’Etat c’est moi) es el lema del absolutismo acuñado por el rey de Francia y Navarra, Luis XIV (1638-1715), desde 1643 hasta su muerte.

Según los historiadores, la afirmación “el Estado soy yo” fue pronunciada por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. La frase indica lo absurdo que veía Luis XIV la discusión, ya que esperaba que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos.

Luis XIV, conocido también como “el Rey Sol”, representa el auge del período histórico conocido como absolutismo monárquico, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en el monarca o gobernante.

Los tres párrafos anteriores fueron tomados de esta dirección web:  www.culturagenial.com

Se nos vino a la mente lo de “El Estado soy yo” a propósito de la errática, ilegal e inconstitucional decisión del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de suspender, más bien, destituir, a cinco integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);quienes no acataron la orden presidencial de no honrar la deuda salarial por costo de vida contraída con el personal de la Caja, establecida el 17 de diciembre de 2019; compromiso que exhibió una solidez jurídico-legal que no pudo ser rebatida por el mandatario.

Y como no lo hicieron caso, a lo Luis XIV, “El Estado soy yo” las destituyó violentando, gravemente, ya no solamente la constitucionalidad de la autonomía de la Caja, sino los principios y valores filosófico-políticos que animaron la concepción, la fundación y el desarrollo de esta institución, la más venerada por el pueblo costarricense.

Es imposible analizar esta situación, tomándola como una circunstancia aislada o como una conducta personalísima sui géneris del gobernante. Todo lo contrario. En el seno de nuestra clase hegemónicamente dominante, el autoritarismo político y el disciplinamiento social van tomando cuerpo estratégico. Lo de “el Estado soy yo” tiene mucho ver con la derogatoria del derecho constitucional y humano de huelga; o, con la perversa Ley Marco de Empleo Público, próxima a entrar en vigencia.

El verticalismo, el autoritarismo y el absolutismo se tornan imprescindibles cuando el avance de la exclusión económica y de la desigualdad podrían potenciar reacciones cívico-populares de resistencia estratégica que podrían amenazar el estado natural de las cosas, en materia de procesos sostenidos de concentración de la riqueza.

Tal y como ha quedado demostrado en estos últimos años, las reacciones cívico-populares de gran calado no se han hecho esperar cuando se trata de erráticas decisiones político-gubernativas contrarias al sentir mayoritario de la población. Creemos estar en puertas de otro episodio de gran protagonismo social organizado.

En nuestro caso, aclaramos que no estamos defendiendo a las personas directivas que “El Estado soy yo” destituyó. Téngase en cuenta que estuvieron en contra de la aplicación en la Caja del respeto al derecho humano del salario mínimo inembargable; entre ellas, la representante sindical, misma que, por cierto, fue designada en el Gobierno anterior para ese alto cargo directivo de la CCSS, en condiciones de poca transparencia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora resulta que es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que le hace un fuerte llamado de atención al señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, en cuanto a que no se consideraron, como nuevos ingresos para la parte final del presente año 2022, la enorme cantidad de 540 mil millones de colones (₡540.000.000.000); lo que equivale a un 1.35 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), si consideramos que cada punto porcentual PIB es de 400 mil millones de colones (₡400.000.000.000).

En el lenguaje popular podríamos decir que esos 540 mil millones de colones, el Ministerio de Hacienda los tenía “enhuacados”, sombreados, escondidos. Y se pueden destinar para pagar-honrar deudas salariales pendientes, si tuviesen voluntad política real como le prometieron en campaña al personal policial del país, por ejemplo.

Este dado está comprendido en el informe contralor DFOE-FIP-MTR-00042-2022, recientemente publicado en prensa.

Por su parte, el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, con ocasión del trámite parlamentario de lo que se conoce como Presupuesto General de la República para el 2023, había denunciado no solamente una subestimación de ingresos por parte del Gobierno, en una cifra parecida, 500 mil millones de colones; sino que, además, también denunció que se fue al otro extremo el Ministerio de Hacienda, sobreestimando en 700 mil millones la cantidad para hacerle frente al pago de la deuda pública en el año venidero.

¡Nos han engañado! ¡Nos siguen engañando! Es este nuestro criterio con relación al estado actual y real de las finanzas públicas del país y, en específico, al tema de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Al menos, en lo que va de este Gobierno, las cifras dadas de deuda pública con relación al PIB se mueven entre 63.9 puntos y casi los 70, según diversas informaciones de prensa que dan cuenta de manifestaciones de parte del indicado Ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la verdad en este punto?

¡Nos sentimos indefensos! Tienen tiempo de estar atormentando a la sociedad con relación a ese punto, en cuanto a que estamos en el ojo criminal de las calificadoras de riesgo de inversión, acerca de la capacidad del país de manejar su abultadísima deuda pública. ¿Cuál es la realidad? Ya uno no sabe qué creer.

Y decimos que tienen tiempo de estarnos atormentando, por cuanto a pesar de que este Gobierno empezó a hacer gestión fiscal en mayo pasado, las líneas matrices ideológicas al respecto, se mantienen incólumes de una administración gubernativa a otra. Básicamente, la de carácter preponderante: primero la deuda y después la gente. Nosotros luchamos por liberarnos de esta esclavitud mental.

Al respecto, destacamos que el economista independiente don Francisco Esquivel Villegas, afirma de manera categórica, que los resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre del presente año 2022, indican la existencia de, al menos, un billón de colones (1.000.000.000.000), de superátiv, superávit primario; cantidad ésta susceptible de ser utilizada para, por ejemplo, pagar las deudas salariales pendientes por costo de vida que se tienen con grupos de empleados públicos, tales como los policiales y/o los del sector Educación y otros.

¡Noten ustedes! Enlacemos: la “huaca” de los 540 mil millones de colones, la sobrestimación del monto de amortización de la deuda pública arriba apuntado y los datos del economista mencionado; entonces, la conclusión es una: hay plata para honrar esas deudas salariales por reajuste por costo de vida, en el sector Público, en los años 2020-21-22. ¡Hagamos algo!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El próximo sábado, 10 de diciembre, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el lema para este año 2022, es Dignidad, libertad y justicia para todos.
En la corriente sindical en la cual militamos, hemos decidido que la incorporación de los Derechos Humanos a la lucha laboral y obrero-social de todos los días se ha vuelto una necesidad ya no solamente de primer orden, sino estratégica.
Por una parte, estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. Por otra, la Costa Rica actual está considerada ya, oficialmente, una sociedad desigual.
El último informe del proyecto Estado de la Nación es contundente: Costa Rica está partida en dos. A la mayoría de la población le está yendo mal. Y, particularmente, es la clase trabajadora la que está sufriendo las consecuencias de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza, en la exclusión económica y en la marginación social.
En tal sentido, enarbolar la bandera de los Derechos Humanos como estandarte fundamental de la lucha del sindicalismo sociopolítico, nos parece que resulta una decisión acertada.
Particularmente, lo que se conoce como los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
Los Derechos Humanos de Primera Generación, los Derechos Civiles y Políticos, no se pueden disfrutar a plenitud sin la total aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Podría uno decir, en consecuencia, para qué libertad con hambre.
“Nuestros líderes han adquirido un gran número de compromisos en materia de derechos humanos en nuestro nombre. Si cada una de las garantías que han firmado se cumpliese, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, cómodas y saludables; nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección; y nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos y servirían a los intereses de la gente”.
La anterior reflexión (que hemos tomado de este sitio web:  HYPERLINK «https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights» https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights), nos describe la naturaleza del desafío que enfrentamos desde una perspectiva integral de lucha social en estos duros tiempos de desigualdad: cada cuatro años, de manera reiterada, somos víctimas de estafas políticas.
Poco a poco, Costa Rica ha venido siendo desenmascarada en su doble moral en cuanto a los Derechos Humanos. Así las cosas, ha quedado más que legitimado que la lucha social que se impone en la actualidad es aquella que debe ir ligada a la divulgación, educación, promoción y defensa de los tratados de Derechos Humanos a los cuales el país se ha adherido, ha firmado y ha ratificado.
En lo inmediato, en materia de Derechos Humanos, nuestro mayor reto es que el presente gobierno se ponga al día en cuanto a sus obligaciones con relación a la Opinión Consultiva No. 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género.

El caso de las tiendas S Y R es “la punta del iceberg” sobre explotación laboral en Costa Rica. Todo el país sabe qué es este caso. Se trata de una agresión laboral sumamente grave, dolorosa, dramática e indignante que conmocionó mucho a la ciudadanía. Prácticamente, se trató de una acción patronal de esclavitud laboral.

Quien lo calificó como “la punta del iceberg” de la explotación laboral en suelo costarricense fue, nada más y nada menos que, el señor Tomoya Obokata, alto personero internacional del Sistema de las Naciones Unidas, la ONU, con el cargo de Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Él indicó que en nuestro país se dan más casos de tal índole.

Nos consta. En producción agrícola bananera y piñera, en la actividad de servicio público de choferes de autobús, en seguridad privada y servicio doméstico, en la actividad comercial de tiendas de ropa y de supermercados, en construcción e, incluso, en actividades de servicio público estatal; la esclavitud laboral se muestra con sobreexplotación de jornadas sin pago de horas extra, salarios congelados, sobrecargas laborales. Incluso, con irrespeto total al Derecho Humano del Salario Mínimo que, en Costa Rica, tiene naturaleza constitucional. En este caso, se muestra así un tipo de esclavitud financiero-bancario que tiene al grueso de la población con altísimos niveles de endeudamiento.

La gravedad del problema de las formas contemporáneas de esclavitud que se manifiestan en Costa Rica, llevaron al señor Relator de las Naciones Unidas a formular un conjunto importante de recomendaciones para el país. Reparemos en una de las más relevantes:

Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia.

Y esta otra es de gran trascendencia: Imponer derechos sindicales sin discriminación e imponer sanciones adecuadas a los empresarios que no los reconozcan.

El señor Relator de las Naciones Unidas pide a las autoridades políticas del país, además, garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación; y, a la vez y relacionado con ello, ratificar e implementar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias, de 1990.

De gran relevancia es el señalamiento que formula el señor Obokata para regularizar la conducta de los subcontratistas que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. En nuestra visión del problema, lo que cabe es la prohibición total de la subcontratación, especialmente, en el campo agrícola y, además, penalizada con encarcelamiento por ser una real acción perversa de esclavitud moderna. Queda muchísimo material sobre este delicado asunto. Volveremos…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ha crecido sustancialmente la oposición político-parlamentaria a la idea de vender el Banco de Costa Rica (BCR). Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos en puertas del primer fracaso político de notable envergadura del gobierno que encabeza el señor Rodrigo Chaves Robles. 

Y esto es muy importante resaltarlo porque el hoy mandatario jamás dijo en campaña electoral que pensaba plantear la venta del BCR. No estuvo incluido en su programa de Gobierno por ninguna parte. Así que, en este asunto, muy delicado, por cierto, se puede afirmar que sus votantes fueron engañados.

Aparte de la afortunadamente creciente oposición legislativa a la venta del BCR, ya ha sido contundente la oposición de todo el conjunto de la diversidad de agrupaciones sindicales de todos los colores.

En lo particular, la corriente sindical objeto de nuestra militancia cotidiana, desde la misma noche en que el Presidente Chaves Robles anunció su ya casi fallida iniciativa, anunciamos nuestra rotunda y contundente oposición a esta.

Así lo ha sido de cara a las diversas intentonas de los oligarcas neoliberales que en las últimas administraciones gubernamentales lo han planteado. Fracasaron antes, fracasan en este momento y fracasarán siempre: el BCR no se vende.

También es de destacar la oposición a la venta del BCR en círculos intelectuales y académicos, en agrupaciones múltiples en los sectores sociales y hasta en segmentos productivos y empresariales.

Destacamos el papel que ha venido asumiendo la organización sindical de base que aglutina a una buena parte del destacadísimo personal técnico-profesional del BCR; la cual ha asumido una férrea oposición a su venta.

No fue ni sostenible ni creíble el planteamiento del Presidente Chaves Robles de que el dinero de la venta del BCR sería destinado a “aliviar” la carga de la astronómica y exorbitante deuda pública. Nadie se tragó ese cuento.

Las posiciones entreguistas y vende-patrias que había a lo interior del sindicalismo del BCR parece que ya quedaron enterradas para siempre. Y nos alegra haber puesto nuestro aporte directo para que así fuera.

Por otra parte, las sospechas de que algo turbio estaría en la iniciativa de venta del BCR, cogió mucha fuerza en el seno legislativo y al interior de la propia sociedad.

Tanto así que la mismísima Contralora General de la República se dejó decir en la propia Asamblea Legislativa que el proyecto de Gobierno de venta del BCR carece de transparencia.

Esto es de resaltar en grado sumo pues la cabeza contralora, la señora Marta Acosta Zúñiga, es de la misma ideología que combate la participación estatal en la economía; ideología dominante en las últimas administraciones gubernativas y también en la actual.

Ya hemos visto que esto es, prácticamente, imposible. No tiene el Presidente Chaves Robles los 38 votos diputadiles para su, repetimos, descabellada idea.

Derrotada que sea de manera definitiva la iniciativa presidencial de vender el Banco de Costa Rica, como ya se muestra; debe servirle al mandatario de señal inequívoca de la otra, que es la privatización del Instituto Nacional de Seguros (INS), ha de correr la misma suerte.

Ni el uno ni el otro, ninguno de esos dos proyectos tiene viabilidad político-social. Estamos seguros de eso.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Está muy arraigado en los círculos obrero-sociales y asalariados del país, tanto a nivel del sector Privado como del sector Público, que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en manos de la señora Rocío Aguilar Montoya, ha perdido toda credibilidad y confianza. 

Es más, hasta en importantes círculos político-partidistas ella ya perdió autoridad, al punto que ya, abiertamente, se pide su salida de tan importante cargo público, muy bien remunerado, por cierto.

Bien se sabe que en estas cuestiones del mundo de las “grandes” finanzas, la credibilidad y la confianza resultan vitales y en todo este asunto de las pérdidas que están dándose en el Régimen Obligatorio de Pensiones, las nebulosas, las dudas, el enojo y la indignación es lo que está imponiéndose en algo tan sensible como lo del ROP.

Dos importantes organizaciones sindicales le han enviado una nota a doña Rocío exponiéndole importantes interrogantes, mismas que, seguros estamos, son preguntas generalizadas en el conmocionado ambiente de la problemática actual del ROP. Se le pide a ella lo siguiente:

1. El nombre y dirección de todas las operadoras de pensiones inscritas en la SUPEN, autorizadas para administrar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones.

2. Si la SUPEN autorizó invertir más del 25% del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones fuera del país y el nombre de cada operadora que recibió dicha autorización.

3. Fecha de la autorización, en cada caso, para invertir más del 25% en el extranjero e indicar lo siguiente: A) Naturaleza de los títulos en que se autorizó la inversión. B) Las entidades públicas o privadas en el extranjero que recibieron las inversiones de las operadoras de pensiones de Costa Rica. C) Porcentaje de inversión en cada una de esas entidades, en caso que el porcentaje autorizado se haya dividido en varias de ellas. D) Monto total y tipo de moneda invertido en el extranjero por cada operadora de pensiones. E) Tasas de interés de las inversiones realizadas en el extranjero. F) Los rendimientos o las pérdidas de cada inversión realizada en el extranjero por cada operadora de pensiones en los últimos sesenta meses. 

4. Monto de las inversiones de cada operadora de pensiones realizadas en Costa Rica, por mes.

5. Las tasas de intereses de las inversiones de los Fondos de Pensiones en Costa Rica de los últimos sesenta meses, por cada operadora de pensiones.

6. Los rendimientos declarados mensualmente por cada operadora de pensiones de acuerdo a las tasas de interés indicados en el punto anterior.

7. Monto total de comisiones percibidas y declaradas por las operadoras de pensiones de Costa Rica en los últimos sesenta meses.

8. Comisiones autorizadas por cobrar por las operadoras.

Sin duda alguna, las organizaciones sindicales que emplazan a doña Rocío, ANEP y ASDEICE, recogen un amplio consenso cuestionador del accionar de la SUPEN en materia del ROP. Las respuestas que ella dé pasarán a ser analizadas por un grupo de personas profesionales expertas, generándose así una fuerte masa crítica argumentativa que debe derivar en propuestas de reforma del ROP; propuestas adicionales que ya han venido siendo planteadas, destacándose una que establece una devolución de hasta el 30% del fondo acumulado por cada persona trabajadora; pero eso sí y en este caso creemos nosotros, que no sea para dárselo a las entidades financieras acreedoras de las personas trabajadoras.

De manera adicional, puede ser que las respuestas de doña Rocío al emplazamiento de ANEP y de ASDEICE, fundamente la necesidad de formular más interrogantes. Algo contundente es posible concluir en todo este asunto del ROP: la gente trabajadora quiere total transparencia en su manejo. La gente trabajadora percibe que tal transparencia, hasta la fecha, no ha existido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, ha indicado que el pago de intereses de la deuda pública es “insostenible”. Desde el punto de vista de nuestra perspectiva de la realidad nacional, eso quiere decir que el país no puede seguir soportando esa carga financiera.

Según los datos por él aportados, durante los primeros nueve meses del presente año 2022 (enero a setiembre), el pago de intereses de la deuda pública consumió recursos públicos por el orden de 1 billón 753 mil 627 millones de colones. Si lo ponemos en números se ve así: ¢1.753.627.000.000.

Si tomamos esa gigantesca cantidad de plata y la dividimos entre 9 (los primeros nueve meses de este año 2022), tenemos que cada mes se ha estado pagando, la también impactante cifra de 194 mil 847 millones 444 mil 444 colones cada 30 días. 

En cifra así: 194.847.444.444. Hagámoslo simple: ¡195 mil millones de colones mensuales en intereses de la deuda pública! 

Y, al promediarlo por pago diario, cada 24 horas, los intereses de la deuda pública consumen 6 mil 500 millones de colones (¢6.500.000.000). Más cruel todavía. Noten ustedes: 270 millones de colones por hora. Digan ustedes si esto, además, no es inmoral. 

¡Claro que esto es insostenible! Pero, vayamos más allá: esta realidad es socialmente criminal, abusiva, extorsionante y expoliadora.

Específicamente, esta realidad es socialmente criminal porque son dineros que con urgencia se necesitan para atacar el retroceso que experimenta el país en integración social y en atajar el crecimiento de la desigualdad que se ha vuelto sistémica. 

Nosotros, que llevamos ya demasiado tiempo denunciando esta barbaridad y que no nos cansaremos de hacerlo, no salimos de nuestro asombro y estupefacción al contemplar la gélida reacción de la clase política tradicional (y la recién llegada al “club”), ante esta realidad socialmente criminal del pago diario, abusivo, obsceno y escandaloso, de los intereses de la deuda pública. 

Impresiona, por ejemplo, el silencio sepulcral en la actual Asamblea Legislativa, considerando que la misma muestra figuras políticas, de uno y otro signo que, precisamente, lograron escaños parlamentarios montándose en fuerte crítica a la clase política tradicional, esa que es la responsable directa de esta debacle socioeconómica y financiero fiscal en desarrollo, que es el pago diario de intereses de la deuda pública.

Aunque sea en “solitario”, reiteramos que mantener el dedo en el renglón del tema de la escandalosa deuda pública y del no menos escandaloso pago diario de intereses, es una posición correcta desde el ángulo de visión que da el sindicalismo sociopolítico en el cual militamos.

Es más que imperioso un proceso político de auditoraje de esa deuda pública que nos permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a: su gestación, en determinar sus responsables político-gobiernistas de las últimas Administraciones, en la identificación de sus agentes financiero-bursátiles y sus conexiones con la clase política tradicional; y, además, su vinculación con la caótica situación de un sistema tributario que golpea a los sectores medios y bajos de la sociedad y facilita el reino de la impunidad en las alturas de los núcleos acumuladores de riquezas. ¡No nos cansaremos!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Hacemos pública nuestra felicitación por su designación, don Carlo Israel Díaz Sánchez, como el nuevo Fiscal General de la República.

Su mensaje inicial de entrarle duro a la corrupción y al crimen organizado llega como una bocanada de aire fresco, a una atmósfera institucional sumamente contaminada a nivel de la cosa pública en colusión ésta con los ámbitos privados dedicados a la ejecución del crimen social más impactante de los tiempos actuales de nuestra convivencia republicana: hablamos del fraude fiscal, de la evasión y elusión tributarias que, de manera organizada, ya tiene estructuradas redes de corrupción de enorme poderío.

Fíjese usted, Sr. Fiscal General de la República que, cada hora, el robo de impuestos, en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, asciende, en promedio, a 240 millones de colones. ¡Sí señor! Y, al día, cada 24 horas, esa cifra es de 6 mil 250 millones de colones, también en promedio (₡6.250.000.000).

Y tome usted nota, Sr. Fiscal General de la República, de que la fuente de este impactante dato es nada menos que el mismísimo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles. Él es el primer mandatario costarricense que se atrevió a ponerle cifras al más grande crimen social de nuestro tiempo y la fuente número uno del deterioro de nuestra convivencia civilizada como nación: el robo de impuestos.

Él, como decimos popularmente, “se rajó”, indicándole al país que el fraude fiscal-tributario en Costa Rica es del orden de los 3 mil 600 millones de dólares al año; es decir, 300 millones de dólares por mes; o sea, ¡10 millones de dólares al día!

Con el tipo de cambio a 625 colones por dólar, es que nos sale la cifra de los 6 mil 250 millones de colones en robo de impuestos cada 24 horas. Este dato es lo que nos permitió extractar la cifra de 240 millones de colones por hora para titular el presente comentario (₡240.416.000, para ser exactos).

Es más, en reciente entrevista periodística, el Presidente Chaves Robles dijo que él “se conformaría” si esa monstruosa cifra anual de robo de impuestos fuese reducida a la mitad. Si así fuese, el país “volaría”, es decir, con esos 1.800 millones de dólares anuales gran parte de las gigantescas congojas fiscales y carencias presupuestarias que están golpeando a los diferentes servicios públicos se atenderían en mejores condiciones.

En cuenta, habría más recursos para la propia Fiscalía General de la República que tanto fortalecimiento ocupa, por ejemplo, en el orden del recurso humano especializado, la dotación de diversas y novedosas tecnologías, financiamiento holgado para el nivel operativo cotidiano, etc.

Lo que pasa Sr. Fiscal General es que bien, dice el refrán que, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y el Sr. Presidente no ha mostrado el más mínimo interés en que se empiece a corregir ese grave crimen contra toda la sociedad; al menos, a nivel parlamentario. Unos 52 proyectos de ley hacen cola en la Asamblea Legislativa para empezar a atacarlo y Casa Presidencial ha mostrado interés alguno en ninguno.

La monstruosidad de ese fraude fiscal, dentro del cual está ocurriendo la corruptela del régimen de zonas francas, ya está afectando a la institucionalidad democrática misma del país y su propio sistema de Seguridad Social. Hable con el Sr. Presidente, Sr. Fiscal General.

Consideramos su mensaje, al asumir el cargo, como sumamente alentador y nos hace concluir que “no todo está perdido”. Anhelamos y le solicitamos que esta temática tenga prioridad en su agenda cotidiana de lucha.