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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A raíz de la dolorosa tragedia de Cambronero, y más allá de la polémica en desarrollo sobre si el ministro del MOPT es responsable político directo de la misma o no lo es; una cosa quedó clara: la soberanía del Estado costarricense cedió al lucro privado con la privatización de la importante infraestructura vial como la autopista de la ruta 27.

Es humillante, como costarricense, ver a nuestro gobernante actual implorando la “misericordia” de la empresa Global Vía, para que ésta se condoliera de la delicada situación nacional que estamos viviendo por el cierre de la ruta nacional que pasa por Cambronero, por razones obviamente dolorosas; a fin de que esta empresa privada dejara de cobrar peajes y permitir así una mayor fluidez, por la ruta 27, en momentos en los cuales el tránsito vehicular producto del largo del fin de semana creció enormemente.

Nunca se debió pasar a manos privadas, y mucho menos extranjeras, la infraestructura vial estratégica del país. La lógica del lucro mercantil cedió al interés público y aunque la empresa, finalmente, se condolió de la congoja nacional, tan solo fue por unas pocas horas. Sin embargo, el poder de imperio de lo privado sobre lo público se expresó, crudamente, en esta circunstancia.

Hoy estamos constatando el estado desastroso de las principales carreteras nacionales. La ideología extremista del todo mercado sacó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la construcción directa, con su propio personal, de la infraestructura vial; y, qué tenemos ahora: riesgo de muerte a cada instante en rutas estratégicas entregadas al capital privado, pese a que éste recibió miles de miles de millones de colones para la construcción y el mantenimiento vial de tales vías.

Por otra parte, esta indignante circunstancia nos lleva a relacionarla con lo que está pasando con los muelles privatizados de Limón: las tarifas portuarias se triplicaron, y hasta cuadruplicaron, una vez que el Estado (Japdeva), fue sacado del ejercicio directo de tal actividad.

Al constatar lo que hoy día, a cada rato, está pasando en esos muelles con los decomisos de cargamentos de cocaína (lo mínimo que se confisca), viene a nuestra mente de que la operación portuaria de Limón con Japdeva era más eficiente, más barata y más segura. Sin embargo, en nuestra clase dominante privó lo ideológico: que tal operación la haga el mercado, aunque sea más ineficiente, más cara y más insegura.

Por el lado del Pacífico, también ha ido revelándose el fracaso de la inversión privada, extranjera como la del Atlántico.

El país entregó sus dos fronteras marítimas estratégicas, no hubo abaratamiento alguno de las correspondientes operaciones portuarias y el pueblo trabajador no tuvo ninguna disminución en el costo de los productos que por ambos puertos ingresan al país.

Pongámonos a imaginar qué nos pasará con la privatización prevista y perversamente planeada de las principales y grandes empresas públicas estratégicas que todavía no han podido apropiárselas. Como dice el refrán, “si por la víspera se saca el día”, vale la pena seguir resistiendo, con toda la fuerza cívico-patriótica, para impedir que se dejen el INS, el BCR, el ICE, la FANAL, el AyA, la CCSS, el CNP, la JASEC, la ESPH, Correos, el Banco Nacional y otros servicios públicos estratégicos pensados para el bien común.

Algo contundente para finalizar: el mercado fracasó en infraestructura vial y en operación portuaria. Las circunstancias y los datos hablan por sí solos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.

Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:

“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.

Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.

Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año. 

Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.

Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.

Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

4 millones 166.666 colones con 66 céntimos (¢4.166.666.66) se están pagando, ¡por minuto!, de ese gran crimen social que representan los intereses de la deuda pública.

Hablamos de, aproximadamente, 250 millones de colones por hora (¢250.000.000); y, de manera espeluznante la cifra diaria, cada 24 horas, es de 6 mil millones de colones (¢6.000.000.000). Pero, ¿a quién le importa?

Pues a nosotros, ¡sí! Es demasiada la cantidad de gente que en este país está sufriendo y/o siendo afectada por que la gran prioridad de la centralidad de la gestión pública gubernativa es el pago diario de esos intereses de la deuda pública, socialmente criminales.

Gente del trabajo asalariado en los sectores público y privado; gente de las micro, pequeñas y medianas empresas; gente que labora por cuenta propia en labores profesionales; gente labradora del sector agropecuario; gente en la informalidad y en el desempleo; gente ya pensionada por la CCSS, gente ya en la miseria total como seres humanos “descartados”, según los califica el papa Francisco. 

Pues en la corriente sindical en la cual militamos, que enarbola como valores fundamentales en su accionar tanto los de la socialdemocracia clásica como los del Humanismo cristiano, ¡sí nos importa!

Un gran frenesí se está viviendo en estos momentos en el seno de la Asamblea Legislativa ante las relevaciones de prensa sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al señor Rodrigo Chaves Robles. Al momento en que usted nos honra leyendo estas líneas, ya se habría votado, favorablemente, la instalación de la comisión parlamentaria que va a investigar la procedencia de las platas, así como las vías y mecanismos que, al margen de la ley, habrían logrado el resultado disruptivo de la victoria del hoy partido gobernante; disrupción que para nada ha puesto en riesgo la predominancia y la hegemonía de la plutocracia bancario-financiera que, entre otros aspectos, tiene en el pago de intereses de la deuda pública y en el monto de esta en sí, una fuente de poder que no se quiera desafiar. ¡Claro que hay que investigar y aplaudimos que se haga!, poniendo el ventilador a funcionar en toda dirección.

Ahora bien, ¿para cuándo habrá una moción a fin de que en la Asamblea Legislativa se instale una comisión legislativa que investigue el tema de la deuda pública y de su más que usurero pago diario de intereses?

¿Cuál será el señor diputado o la señora diputada, o fracción parlamentaria, que, cual David, presente una moción en tal sentido y, de esta forma, se manifieste la osadía de desafiar al Goliath del esquema de poder del sector financiero-bancario para el cual, la gestión gubernativa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana ha funcionado como “gerencia corporativa de altos quilates políticos”; tanto como ya lo está mostrando el partido Progreso Social Democrático? ¡Muchísimo que preguntar e investigar! Por ejemplo, porqué la deuda pública ha llegado ya a los 28 billones de colones (¢28.000.000.000.000), lo que hace que usted y cada miembro de su familia “deban”, por cabeza, 5 millones 300 mil colones. ¿No merece esto igual tratamiento político-parlamentario? Primero la deuda, después la gente: es el lema ideológico-dominante en la cúpula política del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Impactante publicación de prensa nos da un resumen de los decomisos de cocaína en los predios de APM Terminals en lo que va de este año 2022.

12 de enero: 120 kilos. 4 de abril: 2 mil kilos. 1 de mayo: 906 kilos. 30 de mayo: 74 kilos. 11 de julio: 1.300 kilos. 23 de julio: 1.200 kilos. 31 de julio: 460 kilos.

6.060 kilos de coca, 6 toneladas y 60 kilos, en 7 meses (enero-julio de 2022): un total 212 días lo que nos da un promedio diario de 28,58 kilos de coca transitando por los predios de APM Terminals: ya sea que se decomisen o que se incauten en puertos europeos. ¿Y lo que pasa sin ser detectado?

Ahora el Presidente Chaves anuncia “mano dura” al tráfico de cocaína en los patios muelleros de transnacional holandesa. Dentro de las medidas drásticas que anuncia, está la instalación de los escáneres, tanto tiempo postergada por un “misterioso” poder que lo estuvo impidiendo; y, por otra parte, mucha fuerza policial de la seguridad pública del país con presencia física constante.

Si los escáneres serán un instrumento estratégico de control del tráfico de cocaína, su operación cotidiana debe ser rigurosamente diseñada y las personas que vayan a hacerse cargo deben pasar un fuerte proceso de selección en cuanto a su compromiso ético con el país y con la sociedad. Por supuesto, deben ser costarricenses ligados, en relación laboral directa, con el empleo público y bien pagados.

En cuanto al personal de la Fuerza Pública que tendría la labor de “limpieza” del tránsito de coca en esos muelles, deben estar con una fuerte dotación de alimentos, amén de un gran y adecuado avituallamiento. Sus jornadas de trabajo deben representar un tratamiento digno y humanista de las superioridades jerárquico-políticas institucionales.

Debe considerarse, adicionalmente, la atmósfera de violencia que se desarrollaría si el enfrentamiento al tránsito narcotraficante diario, es frontal como lo indicó el mandatario, lo cual obliga a estrategias policiales sofisticadas acordes a la gravedad de la circunstancia que se ve venir.

Por otra parte, conviene reflexionar si el “carnaval” de coca en los predios de APM Terminals que hemos estado sufriendo todos estos años, se había manifestado cuando la empresa pública era la operadora fundamental de los estratégicos muelles del Atlántico. Creemos que no era así.

¿Qué tal si alguna universidad pública de nuestro país hiciese una investigación al respecto?

En todo caso, creemos que APM es una amarga experiencia de precarización social y económica para buena parte de la población trabajadora limonense; tanto como para la actividad empresarial que usa esos muelles en cuanto a costos de operación; altísima y triplicadas tarifas que, al final, terminaron pagando todos los consumidores del país.

Lo que queremos decir es que Japdeva debe retomar el control estratégico de la operación de los muelles de Limón y de Moín. Consta que la corriente sindical en la cual militamos siempre se opuso a tal entrega-venta de este patrimonio nacional vital para el desarrollo del pueblo caribeño. El tiempo nos ha dado la razón.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Se ha dado a conocer que las cúpulas políticas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han decidido que es mejor que se sigan denominando como Partido Unidad, solamente, quitando los conceptos “Social” y” Cristiana”.

En realidad, el PUSC hace tiempo que renegó de los valores genuinos del Humanismo Cristiano dando paso a las ideas neoliberales del todo mercado-nada Estado; lo cual quedó muy remarcado durante su asamblea partidaria que acaba de pasar, en la cual la tesis de la venta de activos cobró en su seno nuevo impulso cuando el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, festejó la propuesta del actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS)… ¿para empezar?

Que el PUSC pase a llamarse solamente Partido Unidad es como el episodio final del proceso paulatino de su degeneración política pues entre los ideales del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y los de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (ambos protagonistas políticos de las grandes reformas sociales de los años 40 del pasado siglo XX), prácticamente nada queda ya de inspiración ideológica realmente consecuente en ese partido, a no ser lo necesariamente básico para la cuatrienal oferta electoral que les permita manipular para ganar incautos.

Uno habría esperado que, dada la actual situación sociopolítica y económica del país, en la cual ya el imperio de la desigualdad es casi que absoluto, el Humanismo Cristiano levantara las banderas de una reforma tributaria encaminada hacia la progresividad, por una parte; y, por otra, algún planteamiento de fondo con relación a la monstruosa deuda pública que ya está sin control, creciendo a razón de 380 millones de colones por hora. ¡Pero no! Ni lo uno ni lo otro. La bandera de la venta de activos, que goza de gran repudio entre amplísimos sectores de la sociedad y del pueblo costarricense, es la que levantan como prioridad, ahora, que solamente se llamarán Partido Unidad.

De manera muy cínica y que genera gran repudio, es la afirmación del expresidente Rodríguez Echeverría de que “más vale tarde que nunca” que ahora, en el gobierno Chaves Robles, se hable de la venta de activos pues él fracasó, estrepitosamente, cuando en su período gubernativo, 1998-2002, intentó la privatización descarada del BCR, del INS, de la FANAL; y, tuvo que enfrentar la más grande lucha cívico-popular hasta ese entonces, desde los años 70: el combo ICE. 

Es más, nos atrevemos a afirmar que él y Carlos Alvarado Quesada son los dos presidentes que más repudio popular concitaron desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949 y hasta la fecha. Compiten por el primer lugar en cuanto a rechazo de la gente a sus respectivas acciones gubernativas.

Es bueno, además, recordar que Rodríguez Echeverría, sin asco alguno y no más llegando al cargo de Presidente de la República, se aumentó a sí mismo su salario, de 3 a 6 millones de colones, generando una ola de indignación popular que lo obligó a retractarse ante la opinión pública semanas después. La ciudadanía supo de tan degenerado acto por medio de la organización sindical en la cual luchamos todos los días.

Ni el Partido Unidad ni Rodríguez Echeverría tienen autoridad moral para hablar de la venta de activos. El Humanismo Cristiano, al igual que la Socialdemocracia, se han quedado huérfanos de partido político.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Suele ocurrir que a la nueva administración ejecutiva del país que asume el 8 de mayo, previsto en la Constitución, se le hace una evaluación de sus primeros 100 días de gestión; análisis que son siempre subjetivos dependiendo del cristal con que se realicen.

En el caso nuestro, haremos algo distinto. Empecemos. La distinguida ciudadana Isabel Román Vega, coordinadora del Informe del Estado de la Nación, publicó un artículo titulado: “¿Por qué preferimos la desigualdad?”, del cual citamos:

“El crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, en los últimos 25 años, ha generado una sociedad con mayor exclusión y menos integrada en la que el principio de solidaridad es cada vez menos común. Como consecuencia, se han ido perdiendo significativas cuotas de cohesión social que el país requiere recuperar para hacer frente a los complejos desafíos que tiene por delante”.

Esos 25 años, están entre 1996 y 2021: son las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez (la segunda), Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Los partidos: PLN, PUSC y PAC.

Le hicimos llegar al Presidente Chaves Robles, durante el acto oficial de los 100 días de su gobierno, carta en la cual le puntualizamos a él nuestro temario de varias problemáticas socioeconómicas derivadas de ese crecimiento de la desigualdad generada por los gobernantes anteriores.

Y, conforme a nuestra visión-país centrada en el ejercicio de un sindicalismo sociopolítico, el nuevo Gobierno debe atender con urgencia, al menos, lo siguiente para atajar el crecimiento de esa perversa desigualdad. Veamos:

– Renegociar el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, por una parte; por otra, medidas drásticas de combate a todas las formas de evasión fiscal-tributaria.

– Congelar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Abrir una mesa de trabajo al respecto para discutir la grave problemática del salario en los sectores más vulnerables de la Administración Pública.

– Impulsar un nuevo salario mínimo para el sector privado conforme a lo ordenado constitucionalmente; y, descartar el imprudente proyecto político-ideológico de eliminar la histórica jornada de 8 horas.

– No debe insistirse en la Alianza del Pacífico y, en su defecto, llamar a las entidades legítimas de la producción agropecuaria nacional para entrarle duro al tema de la soberanía y seguridad alimentaria nutritiva.

– Fortalecer la defensa del agua, ahora que es Derecho Humano Fundamental y prohibir, totalmente, el clorotalonil.

– Detener la entrada en vigencia, en el 2024, de la injusta reforma de pensiones del régimen IVM-CCSS pues no todo está dicho.

– Tomar acciones políticas contundentes para que impere la transparencia en el manejo del ROP a lo interno de la SUPEN.

– Instalar el proceso para implementar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga.

– Fortalecer la inversión en Educación Pública sin recortes presupuestarios ideológico-fiscalistas.

– Consolidar el modelo eléctrico nacional manteniendo el CENCE dentro del ICE.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles está anunciando que impulsará un proyecto de ley para que el valor del litro de gasolina se congele en ₡900; y, el del diésel, en ₡800.

Sin duda, nada más oportuno en los actuales momentos de gran estrechez económica de la mayoría abrumadora del pueblo costarricense, especialmente el asalariado en los sectores público y privado.

El congelamiento y el alto endeudamiento salarial agobian a las familias trabajadoras, provocándoles mucho estrés y sufrimiento. Prácticamente, la inflación interanual está ya en el 12%.

La combinación de ambos factores (altísimo costo de la vida que se ve indetenible, más una precariedad y un congelamiento salarial cruel), se han vuelto ingredientes perfectos para un “coctel” que propicie una explosión social.

Es archi-sabido que cuando suben los precios de los combustibles, sube todo lo demás. Son un disparador del costo de la vida que muestra toda su crueldad con los que menos tienen que son la mayoría de la población. Controlar la subida “loca” en el precio de la gasolina y del diésel es más que urgente.

¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento para reponer los dineros que el Ministerio de Hacienda dejaría de percibir por concepto de impuesto a los combustibles al reducirse-congelarse el precio de los mismos.

PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses para mantener congelado el precio de la gasolina y del diésel, apenas representaría el 1% de tal cantidad (250 mil millones de colones). Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.

SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Se pagaron 4.8 puntos porcentuales del PIB en ese año y, a razón de 400 mil millones de colones por cada punto PIB, el Estado tuvo que erogar 1 billón 920 mil millones de colones para los agiotistas que lucran con la deuda pública, o sea, 160 mil millones de colones cada 30 días; es decir, casi 5.500 millones cada 24 horas. ¡Renegóciese ese pago de intereses, crimen social terrible y se tendrá plata fresca para cubrir los supuestos 250 mil millones de colones que es el “hueco” fiscal que en 6 meses dejaría legislar para que el litro de gasolina quede fijo-congelado en 900 colones y el del diésel en 800!

TERCERO: Se debe establecer un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 300 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República (3 mil 600 millones de dólares anuales). Son los “grandotes” los que roban impuestos, lo cual asciende a unos 200 mil millones de colones mensuales; y, presuntamente, se ocupan 250 mil millones en 6 meses para rellenar el “hueco” fiscal del congelamiento del valor del litro de la gasolina y del diésel. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible.

Lanzamos una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel. ¡Plata hay y de sobra para subsidiar esos precios en beneficio de la gente!

Es contundente e incontenible el clamor obrero-laboral y social que está ya posicionado en el mundo del trabajo acerca de que la señora Rocío Aguilar Montoya, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), debe renunciar a este relevante puesto público, por demás, retribuido con un multimillonario salario.

Las personas trabajadoras asalariadas que, en el día de ayer, lunes 8 de agosto de 2022, se apersonaron en las afueras de la sede de la SUPEN, dejaron claro ese sentimiento generalizado, resumido en este cántico-consigna: “Rocío Aguilar tiene que jalar”.

Las recientes informaciones periodísticas acerca de las abultadas pérdidas de rendimientos en las cuentas individuales de cada persona afiliada al Régimen Obligatorio Pensiones (ROP), han generado incertidumbre, desconfianza en las operadoras de pensiones e indignación.

La señora Aguilar Montoya debe entender que se está perdiendo, o ya se ha perdido, la credibilidad en el manejo de los dineros de ROP de cuya supervisión es ella directa y políticamente responsable.

Cada persona trabajadora que está recibiendo los reportes de su respectiva operadora, al ver los datos que se le proporcionan, siente un enorme estado de indefensión pues no puede explicarse qué está pasando.

Bien sabemos que la señora Aguilar Montoya integra un selecto grupo de gran poder en este país, el sector financiero-bancario. Es más, no hay otro poder con tanta incidencia en el devenir actual del acontecer nacional como el de este sector financiero-bancario. Recordemos que ella es, además, la cabeza político-ejecutiva de la Superintendencia de Seguros (SUGESE). En consecuencia, en sí misma ella concentra un poder fuera de todo control político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

De manera imprudente, creemos nosotros, se ha venido sacando los dineros del país, los dineros del ROP para llevarlos a los mercados bursátiles internacionales. No sabemos, exactamente, cuáles son esos mercados bursátiles, cuánto se ha invertido en cada uno, las condiciones de inversión, etc. Especulamos que se pudo haber ido a la bolsa de valores de New York, en Estados Unidos, lo que conocemos como Wall Street. O, ¿habrá ido, también, la plata obrera del ROP a los mercados financieros de Londres, Reino Unido, la City?

Lo real es que la falta de transparencia se ha posicionado con fuerza en torno a la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya. Ella tiene antecedentes que han vulnerado, seriamente, su credibilidad. Su participación en la comisión de inversiones y en la cúpula gestora de la ya quebrada firma ALDESA; así como una gestión que hizo al margen de la Constitución y de la propia Asamblea Legislativa para disponer ella misma, a su discreción, de cualquier cantidad de millones de colones para atender compromiso estatal de deuda pública, no nos permite pensar distinto sobre su proceder en la gestión de las altas finanzas del ROP.

Tenemos la certeza de que no hay en este momento ni un solo sindicato, ni tampoco una sola asociación solidarista que meta “las manos al fuego” por la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya al frente de la SUPEN. Muy conscientes estamos de que, aunque ella se vaya de la SUPEN, otra persona con su ideología del extremismo neoliberal la ha de sustituir.

Es el sistema lo que ha enfermado y la voracidad de acumulación de capital en que han caído las operadoras de pensiones, cuyos jerarcas parecen querer jugar como banqueros a los Wall Street, es lo que hay que intervenir; y, la verdad, sin acción obrero-laboral y social movilizándose, la plata del ROP podría tener sus días contados.