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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Una de las principales motivaciones que todavía permite nuestra propia permanencia en la lucha social y sindical costarricense, tienen que ver con esas herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; legados vinculados con postulados, valores, principios y legislaciones centradas en dos grandes ejes que, articulados, deben permitir una convivencia en sociedad, si no total, medianamente sana.

Hablo, por una parte, del proceso que significa la eterna lucha por la búsqueda y por la promoción del bien común, mediando la justicia social. Por otra, y de la mano del anterior y en paralelo, del proceso perseguido en la no menos eterna lucha por la inclusión social y económica, impulsando la reducción de las desigualdades al máximo posible.

Nací un 3 de abril de 1956 en una Patria que ya había tenido tres grandes conmociones sociales, entrando en la etapa histórica de la segunda parte del siglo XX; y, en el marco del desarrollo, nada unilineal, de tres procesos sociohistóricos que se derivan de esos dos grandes ejes:

1) La conmoción sufrida en la década de los años 40’s del siglo veinte anterior, misma que podemos nombrar como la de las Garantías Sociales.

2) Los acontecimientos reseñados como la Guerra Civil del 48; ese conflicto armado entre costarricenses que arrojó entre 2 mil y 3 mil compatriotas abatidos por las armas de un bando en contra del otro, en los meses de marzo-abril de 1948; proceso bélico que generó una dictadura de 18 meses, denominada Junta Fundadora de la Segunda República, bajo la dirección de José Figueres Ferrer (el legendario “Don Pepe”).

3) El proceso sociopolítico, parlamentariamente deliberante, conocido como Asamblea Constituyente, desarrollado entre el 15 de enero de 1949 y el 7 de noviembre de ese mismo año de 1949, el cual estableció la actual Constitución Política de Costa Rica, precisamente conocida como la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

Más concretamente, deseo resaltar la circunstancia de que la abrumadora mayoría de las personas costarricenses que están vivas hoy día, nacieron en alguno de los años que se marcan en los anteriormente citados tres procesos.

Dicho de otra manera, los y las costarricenses que en la actualidad tienen 80 o menos años, nacieron en la década de los 40’s del siglo anterior; nacieron en el marco del proceso bélico-político de 1948-1949; y, la abrumadora mayoría viviente, nació luego del 7 de noviembre de 1949.

¿A dónde quiero llegar? Los tres procesos citados, producto de la articulación de los dos ejes citado al inicio del presente artículo, dieron origen a lo que conocimos como Estado Social de Derecho; considerando que la institucionalidad que se estableció a partir de las Garantías Sociales, fue la que ha prevalecido hasta la fecha, si bien, ahora en franco retroceso.

Nuestra generación, básicamente la que nació luego del establecimiento de la actual Carta Magna de Costa Rica, prácticamente tuvo a su alcance, sin mayor esfuerzo, diversas posibilidades de desarrollo personal y sociofamiliar a partir de los contenidos fundamentales de ese Estado Social de Derecho y de la amplia diversidad de políticas públicas que se generaron bajo su alero.

Sin embargo, corrientes económicas foráneas, centradas en fundamentalismos ideológicos radicalmente opuestos a los valores contenidos en lo que denominamos Estado Social de Derecho, han abierto el peligroso sendero de su involución, de su retroceso y de la reversión de sus basamentos fundamentales; poniéndose en entredicho y en serio cuestionamiento la persecución del bien común y de la inclusión social y económica en la Costa Rica del Siglo XXI. Por ello, afirmamos y reafirmamos que hay herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; y, siendo así, hay sólido terreno abonado para reconstruir la lucha social y cívica en las actuales y difíciles circunstancias que se ven en el escenario político nacional que se abrirá a partir del domingo 3 de abril de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Entre el 7 de noviembre de 1949 y el 9 de marzo de 2023, median 73 años, 4 meses y 2 días.

El día 7 de noviembre de 1949, entró a regir la hoy vapuleada Constitución Política de la Republica, nuestra Carta Magna.

El 9 de marzo de 2023 entrará a regir (si no media algún acontecimiento extraordinario que lo impida), la Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, la que provoca una tácita violación del principio clásico de las democracias republicanas, la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Para el caso costarricense, se ha considerado que la institucionalidad vigente ha consolidado un cuarto poder, el electoral, materializado en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), también violado en su independencia por la indicada legislación.

73 años, 4 meses y 2 días, según nuestra visión obrero-social, al margen de la hegemonía político-ideológica dominante, es, en consecuencia, el período de duración de la institucionalidad republicana basada en la división de poderes que establecía la indicada Carta Magna.

A partir del 9 de marzo de 2023, la institucionalidad será de corte totalitario, hegemónicamente autoritaria, pues la indicada Ley Marco de Empleo Público da origen a la preponderancia del poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes clásicos (incluso, sobre el TSE): surge una peligrosa involución en el desarrollo de la Democracia.

Es más, durante el período constitucional próximo a concluir, 2018 – 2022, en el seno de la Asamblea Legislativa que finaliza sus funciones el 30 de abril venidero, ocurrió un Golpe de Estado Parlamentario a la Constitución de 1949. ¡Sí! Así lo sostenemos: Un Golpe de Estado Parlamentario a la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Y lo que es más impactante y conmovedor, es que éste ocurrió con la connivencia jurídica del más alto tribunal de la República, el guardián de la Carta Magna de 1949, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La mayoría diputadil del congreso saliente emitió tres leyes de peso determinante para la transformación estructural de la institucionalidad republicana salida de la Constitución Política de 1949: a) La Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) la Ley No. 9808, Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos; y, c) la Ley No. 10159, Ley Marco de Empleo Público; las cuales constituyen un todo armónico, de concatenación estratégica y con profundo contenido ideológico-hegemónico, político y económico, del todo mercado-nada Estado, ese de corte neoliberal extremista, a fin de avanzar en el camino hacia la desaparición plena de lo que hemos conocido como Estado Social Derecho.

Estado Social de Derecho que se asienta, particularmente, en las Garantías Sociales de los años 40 del siglo XX anterior, pasando por los valores en pugna armada con ocasión del conflicto bélico de abril de 1948 entre costarricenses; resultando de ello una dictadura de 18 meses de duración, liderada por José Figueres Ferrer, bautizada como la Segunda República; para luego, con un retorno a la institucionalidad republicana plasmada en la Constitución Política que entró a regir el 7 de noviembre de 1949… hasta el próximo 9 de marzo de 2023.

Tal tríada de legislación neoliberal, todo mercado-nada Estado, está contaminada con violaciones más allá de lo constitucional, pues se pisotearon valores universales consagrados en los tratados de Derechos Humanos (DD.HH.). Estos son compromisos legales-internacionales del país de obligado acatamiento para Costa Rica, habida cuenta de su ratificación por nuestra Asamblea Legislativa, según los casos; y, más grave aún, por la emisión de una voluntad explícita como nación de someternos a los dictados-sentencias-opiniones consultivas de las respectivas cortes de DD.HH, que se vean apeladas por las fuerzas sociales y las personas ciudadanas violentadas en sus más diversos derechos; específicamente, por las violaciones contenidas en las leyes (popularmente designadas), del combo fiscal (No. 9635, de 2018), de la ley anti-huelgas (No. 9808, de 2020) y, la de empleo público (No. 10159, de 2022). La semana próxima estaremos con usted en una segunda parte de este comentario.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Es muy probable que la temida cifra de mil colones (₡ 1.000), que podría alcanzar el valor de un litro de gasolina, esté muy cerca de convertirse en una cruda realidad.

Al momento de escribir este comentario, sábado 12 de marzo, el grave conflicto bélico en desarrollo producto de la invasión de Rusia a Ucrania, no da para pensar en una baja internacional del precio del petróleo, en el corto plazo, que sigue por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.

La mayoría de la población costarricense sigue sin tener la debida conciencia de que en Costa Rica (mucho antes de la actual situación geopolítica mundial), la gasolina resulta carísima porque debe soportar una elevada carga de impuestos, expresada en lo que se conoce como el impuesto único a los combustibles.

Tal impuesto lo deben pagar todas las personas consumidoras, de todo tipo de vehículos, sin discriminar la capacidad de ingreso; y pagar el mismo monto en todos los puntos geográficos del país.

En promedio, el impuesto único a los combustibles anda entre el 40 y el 42 %. Hablemos de un 40 % para trabajar con cifras redondeadas la argumentación siguiente.

Si el litro de gasolina va a costar ₡ 1.000., el impuesto único a los combustibles será de 400 colones. Dicho de otra forma, si no existiera tal impuesto, el consumidor pagaría en la bomba solamente 600 colones por ese litro de gasolina.

El problema fundamental es que los sucesivos gobiernos, incluido el actual (y de seguro, el que llegue, sea cual sea el candidato ganador); tienen en ese impuesto único a los combustibles, un “botín”, una gigantesca posibilidad de recursos “frescos” para mantenerse a flote, al día, funcionando, dada la alicaída situación fiscal y el gigantesco déficit que siguen arrastrando a lo largo de los últimos años.

Pensamos nosotros que esos 400 colones de impuesto que el consumidor paga en la bomba, deben ser sustituidos por medio de una transformación tributaria estructural que el país necesita, que la sociedad requiere con urgencia, a fin de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

Planteamiento éste que es una de las banderas fundamentales de lucha en la corriente sindical en la cual militamos.

Esos 400 colones de impuesto único a los combustibles pueden ser sustituidos de varias maneras: a) Atacando de manera fuerte y decidida la evasión fiscal y la elusión tributaria. b) Estableciendo un impuesto fuerte a las transacciones financiero-bancarias cotidianas; o, mínimamente, aplicándolas por un tiempo determinado para mientras dure la coyuntura que determina los altísimos precios del petróleo en los mercados internacionales. c) Imponiendo modificaciones tributarias sustanciales a las grandes fortunas y a los enormes capitales para que, a nivel de renta, dejen de estar pagando montos ridículos o no correspondientes a los niveles en que han acumulado riqueza.

Si se eliminase o atenuase el monto del actual impuesto único a los combustibles, gran beneficio se generará para las economías familiares y los emprendimientos productivos de todo tipo. Sabemos bien que el aumento en el precio de la gasolina y del diésel, es la “excusa perfecta” para que todo suba; resultando con más afectación los sectores pobres y medios de la clase trabajadora asalariada.

En síntesis, tenemos lo siguiente: 1- Esta estructura del precio de la gasolina y su elevada carga de impuestos, también es aplicable al diésel. 2) El denominado impuesto único a los combustibles es totalmente injusto pues se aplica sin discriminación de capacidad de ingreso de las personas consumidoras. 3) Quienes más sufren son los sectores medios y populares por los encadenamientos de aumentos de precios que genera el alto precio de los combustibles. 4) Hay alternativas para cambiar esta injusta situación que tienen que ver con: a) Que se dé una real voluntad político-gubernativa; b) Que tengamos una férrea organización ciudadana que presione a esos cambios estructurales. Por ahora, ni lo uno ni lo otro.

El pasado lunes 7 de marzo, en las páginas de este prestigioso medio de comunicación colectiva que es Diario Extra, el señor Álvaro Ramírez Bogantes, candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), pronunció el siguiente criterio: “Es cierto que el país está quebrado, pero se puede levantar con oportunidades.” Así lo afirmó en la entrevista que Extra le publicó en la fecha mencionada.

Imposible dejar pasar de manera desapercibida el indicado criterio de don Álvaro pues, él (junto a don José María Figueres Olsen, como candidato a la Presidencia; así como junto a la señora Laura Arguedas Mejía, quien aspira a la Segunda Vicepresidencia del país), podría compartir la dirección política fundamental del Poder Ejecutivo si ganan las elecciones de segunda ronda previstas para el domingo 3 de abril.

Don Álvaro, por una parte, nos dice lo siguiente: “Es cierto que el país está quebrado…”; por otro lado, indica: “…pero se puede levantar con oportunidades”.

Sorprende que, a las puertas de llegar al Gobierno, si ganan las votaciones de segunda ronda, tan alta autoridad política admita que el país está quebrado. Desde la corriente sindical en la cual militamos, hemos venido alertando ya, durante mucho tiempo, que Costa Rica está en una crisis fiscal tan grave que podría caer en default (quiebre del Estado-cesación de pagos). Don Álvaro fue más lejos y afirma, categóricamente, que estamos, como país, quebrados.

Seguramente don Álvaro estaba pensando en que, si son gobierno, les tocará enfrentarse a pagos de deuda pública por el orden de los 10 billones de colones; es decir, en promedio, a razón de 7 mil millones de colones cada 24 horas.

Para comprender la magnitud de tal cantidad, se lo ponemos de esta manera: En la primera hora de un gobierno liberacionista, tendrán qué pensar en que deberán honrar compromisos de deuda pública por unos 290 millones de colones, en promedio; y, así, cada hora de cada día de los 1.460 días en que serían Poder Ejecutivo.

Estamos hablando de que deberá atenderse, en el cuatrienio de gobierno 2022-2026, pagos de créditos de deuda pública de una cifra por el orden de los 15 mil millones de dólares, calculados a 650 colones. ¡Sin contar intereses!

Cómo no, entonces, negarnos a aceptar la realidad de que el país está quebrado. ¡Tiene razón don Álvaro! Y, de un modo u otro, se nos da la razón pues llevamos, repetimos, enorme cantidad de tiempo hablando de que esta quiebra del Estado es inminente. ¡Ya llegó! Él nos lo confirmó.

Que Costa Rica, ya quebrada, se pueda levantar con “oportunidades”, nos hace fruncir el ceño pues, según nuestra visión-país, tales oportunidades son prácticamente inviables con la carga de deuda pública y su obsceno pago de intereses que pesa sobre las espaldas del pueblo costarricense, aunque no fue éste quien la generó.

De seguro la papeleta presidencial liberacionista tiene que tener escondida una “fórmula mágica”: dar oportunidades con un Estado quebrado. Es más, don Álvaro afirmó que “el Estado debe ser amigo de los que la pulsean” y nosotros decimos ¡por supuesto que sí! Pero, ¿cómo?…

Nos indigna muchísimo que, tanto de un lado como del otro que competirán por la silla presidencial el próximo domingo 3 de abril, la contundencia en afirmar cómo harían, con una Costa Rica quebrada, con un Estado quebrado, para que éste sea “amigo de los que la pulsean”, esté ausente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Personas profesionales serias y estudiosas del proceso constitucional costarricense que se ha desarrollado a partir de la entrada en vigencia de la Carta Magna, el 7 de noviembre de 1949, consideran que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, abre las puertas para dar paso a la acción ejecutiva del Estado con carácter autoritario colocando, en cuanto a hegemonía política, al Poder Ejecutivo por encima del Legislativo y del Judicial. ¡Esto es grave!

Por ejemplo, don Manuel Hernández Venegas, abogado especialista en Derecho Laboral y con gran conocimiento de la cuestión constitucional del país, nos indica que el contenido de este, ahora votado en segundo debate, proyecto de Empleo Público, tiene fuerte connotación ideológica pues recoge postulados de pensadores neoliberales como los señores Friedrich Hayek, James Buchanan y Milton Friedman.

Los agentes políticos promotores de esta legislación están en su derecho de promover, a su gusto ideológico, este tipo de leyes; sin embargo, el grave problema que surge es si el contenido de fondo del constitucionalismo costarricense puede ser modificado mediante una ley ordinaria.

Me dirán que la Sala Cuarta avaló este proyecto, sin embargo, sus pronunciamientos (divididos, en algunos casos), indican que otro conjunto de pensamientos no neoliberales han sido pisoteados; y, por el contrario, ha ocurrido el alineamiento de varios magistrados integrantes de tan alto tribunal, con posiciones de cierta prensa que defiende, precisamente, la imposición absoluta del mercado sobre el Estado.

La preponderancia del Estado central, vía un ministerio hasta ahora de “segunda”, como lo es el de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), viola, de manera sensible, la división de poderes que hemos conocido como piedras angulares de la democracia republicano-representativa.

Además, la violentación de varias de las autonomías constitucionales, como la municipal, borradas de un plomazo, nos pone en un punto de inflexión en cuanto al estado calamitoso en que quedan varios de los valores fundamentales de la Carta Magna de 1949.

El texto final de este expediente legislativo de Empleo Público, necesariamente, tendrá que ser visto con la lupa de los compromisos jurídicos del país con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos; particularmente, con los compromisos de obligado acatamiento de Costa Rica para con los diversos instrumentos y procedimientos que se establecen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Particularmente, valorar lo que está pasando con esta Ley Marco de Empleo Público, a la luz de la recientemente emitida Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los sensibles temas de Negociación Colectiva, Huelga y Libertad Sindical; pondrá contra la pared la decisión-país de seguir pregonando su apego irrestricto al respeto pleno de los Derechos Humanos y su “humilde” decisión política de acatar y someterse a los dictados-pronunciamientos y sentencias de dicha corte, por demás, con sede oficial en el país. Esto que, de seguro, implicará un fuerte proceso de litigio internacional, desnudará a la clase gobernante matriculada con el constitucionalismo neoliberal del Estado autoritario.

Las supuestas economías en cuanto a lo que el Estado tendrá al aplicar esta detestada legislación en el seno del sector obrero-social del país, son como una especie de gota de agua en el desierto fiscal en que está sumido el país, pues no pocas son las personas para las cuales el nivel de endeudamiento público es de tal calibre que un riesgo de quiebra del propio Estado está más cerca que nunca. La historia completa del tema de la arbitraria y totalitaria legislación de Empleo Público no ha terminado de escribirse.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Quizás sea este el momento propicio para que hablemos del más que importante Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC); involucrado cómo está en la crisis fiscal en desarrollo, dado su papel de relevante acreedor del Gobierno Central, comprándole a éste impresionantes cantidades en bonos de deuda pública.

Al menos, 4.25 puntos PIB es el monto equivalente de la plata de las pensiones que administra este banco, “invertida” comprándole bonos de deuda pública al casi quebrado Gobierno.

Cifras publicadas al respecto, indican, exactamente, que se trata de un millón setecientos noventa y nueve mil millones de colones (1.799.000.000.000), que están “en papel”, en esos bonos de deuda pública cuya sobrevivencia financiera plantea diversas interrogantes.

En realidad, esta cifra asusta pues está cerca a los 3 mil millones de dólares USA.

Pensamos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora cotizante obligada del Banco Popular, tanto del sector público como del privado, no tiene ni la más mínima noción acerca de las operaciones financieras de esta entidad, diversas y complejas y no exentas de riesgos.

La atinada idea original de un banco obrero parece haber sido transformada para ser parte componente o factor estructural de una hegemonía ideológica y político-financiera que no tiene en la promoción del bien común y en la real inclusión social, la centralidad fundamental de su existencia.

Lo que se estableció como la fuente original del poder en el seno del Banco Popular, su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, con su integración multisectorial; parece que, en el plano de lo real, está en gran fragilidad y sumida en una formalidad insustancial.

El real poder en el BP está en otra parte, menos en su estructura formal.

Definitivamente, se impone la necesidad de que la generalidad de la parte obrera cotizante del Banco Popular, se organice al margen de su estructura formal, a fin de establecer un proceso de fiscalización, civilmente autónomo, que produzca elementos independientes para valorar la seguridad financiera institucional en un escenario de crisis fiscal de proporciones y consecuencias insospechadas.

No es descabellado plantearse que, en el marco de las condiciones actuales, político-estructurales y tributario-fiscales, adversas en grado sumo al mundo obrero-social; tengamos que repensarnos el Banco Popular en sus posibles conexiones de relación directa con el bienestar del pueblo trabajador; como, por ejemplo, su relación con el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3.541.908 (3 millones 541 mil 908 personas): este es el número total de personas con derecho a votar en las actuales elecciones nacionales. En cuanto a la primera ronda de elecciones presidenciales, resaltamos este dato: 571.518 personas votaron por don José María Figueres Olsen para la Presidencia de la República. Y, el segundo más votado, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo 351.453 votos. Juntos, es decir, sumados ambos, lograron 922.971 votos del total del padrón electoral nacional.

Esto quiere decir que hubo un total de 2.618.937 (2 millones 618 mil 937) personas que no votaron por Figueres y tampoco votaron por Chaves. Es decir, no fueron a votar del todo (41% abstencionistas); votaron por otros o por otras; votaron nulo; votaron en blanco.

Don José María y don Rodrigo, juntos, apenas lograron el 26.05% del total del padrón electoral. O bien, al 73.94% no les gustó ninguno de los dos.

Veámoslo de esta manera: los 571 mil 518 votos que obtuvo don José María, apenas representan el 16.13% del total de votantes del padrón nacional. Su contrincante de segunda ronda, don Rodrigo, apenas logra el 9.92% del total nacional de personas habilitadas para ejercer el voto.

Estamos absolutamente de acuerdo en que, en ambos casos, el resultado electoral es legítimo. O más bien, formalmente legítimo. Sin embargo, estos números marcan gran distancia entre legitimidad formal y legitimidad real.

El próximo 3 de abril, las 3.541.908 personas electoras, por segunda vez, están convocadas para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Finalmente, sabremos cuál de los dos (Figueres o Robles), será el nuevo Presidente de la República.

Visto el asunto con un lente social, un elemento contundente que causa gran preocupación serán las nuevas cifras del abstencionismo; especialmente, si éste puede superar las que se mostraron en primera ronda. El abstencionismo surgió ya como el “partido más votado” y, necesariamente, merece un profundo estudio.

Como bien se sabe, en segunda ronda bastará un solo voto de diferencia para que haya ganador. La contundencia de la victoria de uno sobre el otro, emerge como un segundo elemento de gran incógnita para poder definir cuál será el nivel de legitimidad real que obtendrá el nuevo presidente de la República.

Terminada la elección presidencial, sea cual sea su resultado; y, quedando establecida ya la naturaleza político-ideológica dominante en el nuevo parlamento, se abre un tercer elemento dentro de este conjunto de incógnitas que lanza el proceso electoral nacional: ¿habrá algún nivel de re-articulación de la amplia diversidad de sectores sociales, considerando que el desafío estratégico de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión será imposible sin movilización ciudadana responsable?

El período gubernativo por abrirse, 2022-2026, encuentra a las nuevas autoridades con las inmorales obligaciones financieras de la deuda pública por el orden de, en promedio, 7 mil millones de colones diarios.

Mantenerse dentro de los ámbitos ideológicos de sesgo totalitario que en lo fiscal-tributario ha impuesto la tiranía neoliberal dominante en las últimas administraciones, va a generar fuertes colisiones en la sociedad, gústenos o no.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Contundente! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió el pasado 5 de mayo de 2021, su Opinión Consultiva OC-27/21, sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género (subrayado nuestro); estableciendo que las personas líderes sindicales que se dedican a la defensa de los derechos e intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, realizan funciones como defensoras de Derechos Humanos.

Por diversas razones, la función sindical en Costa Rica ha sido profundamente desvalorizada, descalificada, denigrada, calumniada, injuriada, difamada y satanizada.

Ser persona dirigente sindical en nuestro país, ha sido convertido en uno de los “peores” quehaceres del desarrollo de la sociedad; particularmente, en los últimos años, la acción de prensa ejercida por el oligopolio de la hegemonía mediática del capital, ha convertido la función sindical como una actividad de sesgo cuasi-mafioso, como si fuese un ejercicio en el ámbito de la ilegalidad.

Este fallo de la Corte IDH llega, por tanto, en un momento más que oportuno pues dada la naturaleza del compromiso histórico y sociopolítico del país con los Derechos Humanos, no tiene más remedio Costa Rica que acatar, en todos sus extremos, los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estamos en las puertas de un interesante y más que necesario proceso para que la figura y el rol de la persona líder o lideresa sindical, sea reivindicada, sea limpiada, sea justipreciada en el seno de la sociedad costarricense; particularmente, librada del lodo mediático que se le ha echado encima por tantas campañas de corte antisindical desplegadas en varias circunstancias y coyunturas históricas, dentro de las cuales, por ejemplo, la del empleo público ha estado y sigue estando al rojo vivo.

Costa Rica ha firmado todos y cada uno de los tratados, tanto universales como continentales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). En todos ellos, se estipula el ejercicio de la Libertad Sindical como Derecho Humano fundamental.

Ahora, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, materializa el poder político de este tipo de tratados en materia de Libertad Sindical, declarando a la persona líder o lideresa que defiende derechos laborales, como persona defensora de Derechos Humanos. Es éste el significado trascendental de lo que estamos comentando.

Merece destacarse que, a nivel del continente americano, la pertenencia del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le obliga a un acatamiento rigurosísima de los contenidos de los fallos y/o de las opiniones consultivas como la que ocupa el presente comentario.

Costa Rica, con sus compromisos con los DD.HH. ha avanzado a tal nivel que, no solamente los diferentes tratados los ha ratificado, parlamentariamente hablando, convirtiéndolos en leyes de la República; sino que, ha legislado para indicar, sin reparo alguno, que se somete a los dictados judiciales que deriven de esos tratados, respetándolos a cabalidad. Por lo menos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es así.

Es de tal calibre y profundidad los compromisos de Costa Rica con los DD.HH., que al país se le ha otorgado la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), físicamente ubicada en el barrio Los Yoses, de la capital, San José.

El impacto de esta decisión de la Corte IDH que, repetimos es de obligado acatamiento para todas las autoridades políticas del país, tiene alcances insospechados pues se extiende al tema de la huelga, al tema de la negociación colectiva; y, además, plantea el ejercicio de la acción sindical activa con perspectiva de género.

Sin duda alguna, quienes practicamos el sindicalismo de manera cotidiana, tenemos sobrados motivos para celebrar; y, por supuesto, tendremos que escribir más para posicionar el tema con toda su fuerza, así como sus impactos en las conciencias obreras y en las mentes cívicas sanas de nuestro país. Estamos en puertas de un cambio profundo en la vida sindical del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La próxima administración gubernamental tendrá 1.460 días de acción ejecutiva. Pero, cada 24 horas deberá estar desembolsando, en promedio, 6 mil 850 millones de colones (6.850.000.000), abonando a la gigantesca deuda pública que está estrangulando al país; deuda pública que nosotros estimamos es impagable.

El Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde (neoliberal por los cuatro costados), ha indicado que en los 4 años de ejercicio del Presidente de la República que se elegirá el próximo domingo 3 de abril, 2022-2026, los compromisos de pagos de deuda pública ascenderán a los ¡10 billones de colones! En cifras es así: 10.000.000.000.000.

Usted toma esa cantidad, 10 billones de colones, y la divide entre el total de días que ejercerá el próximo gobierno (ya sea don José María Figueres Olsen ó don Rodrigo Chaves Robles); y, en promedio, casi 7 mil millones de colones diarios se deberán desembolsar para atender la deuda pública que, repetimos, es impagable a nuestro juicio.

Y estamos hablando de esa espantosa cantidad, ¡sin incluir pago de intereses! En realidad, no encontramos ni las palabras ni las frases adecuadas para describir la monstruosidad del problema en que nos han metido los últimos gobiernos.

Si la próxima administración ejecutiva del país debe estar, en promedio, atendiendo vencimientos de deuda pública que promedian, cada 24 horas, casi 7 mil millones de colones (y, sin incluir pago de intereses); entonces qué plata es la que quedaría para atender ofrecimientos de campaña electoral de ambas candidaturas en materia de, por ejemplo, política social y/o en materia de política pública para apoyar la reactivación económica.

Por ello es que titulamos este artículo así: ¡No mientan!… Prácticamente no podrán hacer nada.

Y, prácticamente, no podrán hacer nada porque es imposible atacar, de raíz, el crecimiento de la desigualdad y/o atacar a rajatabla, la exclusión económica y social, si toda la plata del Gobierno Central se va en pagar ese altísimo nivel de deuda pública y su obsceno pago de intereses.

El tiempo nos está dando la razón. Llevamos meses y meses planteando la urgencia de efectuar en el país una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública para determinar las razones de haber llegado hasta este punto de casi quiebra del Estado; para determinar con precisión qué grupos están ganando con la deuda pública y cuánto han venido acumulando al respecto; para construir caminos de salida que pasan por una reingeniería, estratégicamente integral, de esa deuda pública.

Por otra parte, es evidente que haber llegado hasta este punto de quiebre con la deuda pública del país, tiene que ver -entre otras causas-, con la no menos catastrófica situación del perverso sistema tributario que, por una parte, es completamente injusto; y, por la otra, es corrupto.

Los sucesivos gobiernos nunca se decidieron a atacar de raíz el problema gigante de, por ejemplo, el fraude fiscal y tributario; optaron, entonces, para medio funcionar, por el camino pantanoso del endeudamiento público y, vean ustedes, ya nos estamos hundiendo porque, según nuestra perspectiva, la deuda pública es impagable.

Finalmente, que este problema haya llegado hasta aquí, tiene una nefasta motivación ideológica: nos plantearán que como la deuda pública es impagable, habrá que vender activos. ¡Ya lo verán!