Etiqueta: opinión

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

PARTE II

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.

PARTE III

Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.

Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.

El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.

En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.

Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.

Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.

Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.

Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Empezamos por rogarle a usted que nos honra con la lectura de nuestros comentarios semanales que, por favor, lea con cuidado el siguiente texto:

“Este informe tiene una relevancia decisiva en la actual coyuntura latinoamericana y, asimismo, considerando los desafíos de orden geopolíticos hoy existentes. En primer lugar, porque ayuda a clarificar que la desigualdad constituye el principal problema de nuestros países de cara a alcanzar sociedades más vivibles para todas y todos. Algo que, debido a los marcos ideológicos actualmente en auge, tiende a no ser evidente para el ciudadano promedio. Y segundo, porque vincula tales niveles de iniquidad con la debilidad de la democracia. Porque en la medida de que esta última no tenga traducción en el día a día de la gente, continuará debilitándose. La democracia tiene que ser algo más profundo y presente que votar cada cierto tiempo, especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio. Lo cual solo es posible lograrlo con redistribución, estados adecuados e igualdad. Como nos dice el informe”.

El texto anterior está incluido en el documento denominado “Economía nuestra – Es tiempo de una economía para todas y todos”. Se trata del más reciente informe acerca del tema tributario y de la distribución de la riqueza en países como Costa Rica, publicado por la prestigiosa organización británica Oxfam.

Según su sitio web oficial, Oxfam constituye un “movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia”. Indican, además, lo siguiente: “Trabajamos con personas tanto a nivel local como global para impulsar un cambio duradero”. En la corriente sindical en la cual militamos sentimos gran orgullo y honor de tener contactos con Oxfam.

El comentario que hemos citado, prácticamente, refleja el estado actual de cosas en nuestro país, a nivel político-económico y social.

Costa Rica está viviendo un proceso acelerado de concentración de riqueza; tenemos un sistema tributario que “no funciona para la época”, según indicación explícita del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

Nosotros sostenemos que es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Paga más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene (la clase trabajadora); y los que más tienen (que cada vez son más pocos, pero acumulan más), no pagan del todo o pagan poco pues eluden, evaden, esconden su capital en el exterior y han logrado construir todo un entramado político asesor que les protege para no pagar.

Además, el país tiene una deuda pública que es impagable y que genera una carga diaria de intereses que, prácticamente, tiene en quiebra técnica al Estado central; pero que, es fuente de acumulación para los agentes y empresarios del mercado financiero que no tienen mayor interés en que Costa Rica corrija su problema de déficit fiscal con medidas sanas y justas.

Por eso es que afirmamos que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la Transformación Tributario Estructural si queremos, como dice el informe de Oxfam, atacar de raíz el principal problema de la actualidad, la desigualdad; si queremos fortalecer la Democracia, “especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio”. En fin, si aspiramos que la Democracia se sienta en el diario vivir de la gente, elevando la calidad de la existencia de las personas lanzadas a la desigualdad y atormentadas por su prolongación en el tiempo.

Nosotros, que tenemos ya muchísimo tiempo denunciando esta situación, estamos más que felices: nos llegó un arsenal documental que nutre nuestra causa en estos momentos. El informe de Oxfam, Economía nuestra: es tiempo de una economía para todas y todos, nos fortalece porque es contundente, estamos en el lado correcto de la Historia. Seguiremos con el tema.

Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.

Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.

El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.

En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.

Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.

Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.

Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.

Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

El pasado lunes 17 del mes en curso, Diario Extra publicó en su primera plana nota de prensa titulada Una sola patrulla para 20.000 personas, remitiéndonos a la página 16 de la edición de ese día. En esta encontramos este pretítulo: Vecinos pide más vigilancia policial; y, a todo lo largo de la página este otro: Una sola patrulla cuida a 20.000 personas en el Caribe.

Se da cuenta en tal información periodística de un reclamo al Ministerio de Seguridad Pública por parte de vecinos de las comunidades de Valle La Estrella y de Bananito, habitantes en esas zonas del Caribe Sur de nuestro país. Don Miguel Rojas y don Juan Campos fueron los voceros de ese clamor-reclamo comunal. “Con sobrada razón”, pensamos nosotros, de manera inmediata, al leer la nota de prensa.

Y también pensamos nosotros, al mismo tiempo, en la gigantesca tarea cívico-popular que está pendiente de ejecutar para que los miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas como don Miguel Rojas y como don Juan Campos, puedan comprender la maldad y la perversidad que impera en el sufrimiento de los sectores populares de nuestro país ante el deterioro de las más diversas políticas públicas por la precariedad de los recursos financieros que a éstas se han venido asignando, presupuestariamente hablando, en los últimos gobiernos, incluido el actual.

Todos se han venido sometiendo a la dictadura (ésta si lo es en el amplio sentido del término), del capital financiero-bancario que, como su principal arma de presión, la deuda pública y el vulgar y obsceno pago de intereses; doblegando a las sucesivas administraciones gubernamentales a sacar la plata para esta barbaridad que es primero que todo antes que, por ejemplo, la compra de patrullas necesarísimas para la debilitada logística estratégica que debe enfrentar el desafío cotidiano de la Seguridad Ciudadana.

Fíjense ustedes, don Miguel y don Juan, que con la plata del pago de intereses de esa (impagable) deuda pública se podrían comprar cientos de patrullas, de paquete, de último modelo, para que las comunidades del Valle de La Estrella, de Bananito y de todas las localidades del país tuvieran una excelente dotación de vehículos de patrullaje de último modelo.

Pero no es así. Quédense ustedes con una única patrulla, a lo mejor ya envejecida y por destartalarse, para la vigilancia operativa móvil de 20.000 personas ciudadanas como ustedes, pues la plata que haya es para pago de intereses de esa deuda y su, socialmente criminal, pago de intereses, obscenos y vulgares.

Vieran ustedes, don Miguel y don Juan, que pregunté en el MSP por el valor de una patrulla nueva, de paquete y cuesta unos 31 mil dólares. Al tipo de cambio actual (525,54 colones por dólar), son casi 16 millones 300 mil colones por vehículo-patrulla. Nos atendieron muy bien, por cierto.

Pero, distinguidos ciudadanos, el presente gobierno (como todos los anteriores), sacrifican a su comunidad porque la prioridad es el pago de los intereses de esa deuda; y, ¡por favor!, escuchen bien: han venido pagando en los primeros 121 días de este año 2024 (31 de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril), “¡cáiganse de espaldas!”: 7 mil 100 millones de colones (7.100.000.000), ¡por día!, ¡cada 24 horas!, solamente por concepto de esa deuda “satánica”.

Si tan solo por un único día, solamente un día, se dejara de pagar esos 7 mil 100 millones de colones, se podrían comprar 435 patrullas, nueveciticas, de paquete, no solamente para mejorar la seguridad en el Valle de la Estrella y en Bananito, sino en todas las comunidades del país que hoy sufren violencia de todo tipo producto de la exclusión social y económica fuertemente en desarrollo en nuestro otrora país de movilidad social ascendente.

Don Miguel y don Juan: les puedo contar más de las implicaciones de esta mortífera deuda pública y de su diabólico pago de intereses obscenos y vulgares. ¡Ah! A ningún político le importa.

Quienes laboran de manera asalariada para el Estado están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total. Son las víctimas de un extremismo fiscal de signo neoliberal, avalado tanto por la clase política tradicional que Chaves Robles derrotó en las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2022, como por la que él está representando en estos momentos.

Unos y otros tienen gran comunidad de ideas en cuanto a que sean las personas trabajadoras estatales las que paguen el desastre fiscal de las finanzas públicas, generado éste en los gobiernos del PLUSC-PAC. Chaves Robles lo que hace es “administrar” ese desastre sin mayor impacto y sin efectuar correcciones estratégicas de fondo. Prácticamente, tenemos un Estado central quebrado y, por eso, ya se empiezan a ver medidas políticas para “cargarle el muerto” a las municipalidades, a los gobiernos locales.

A nivel del sector Público, únicamente la élite político-tecnocrática y gerencial del Estado es la que está salarialmente bien. Dentro de esta élite, los ministros y las ministras del Gobierno Central eran los “más pobres” a nivel de ingreso salarial, pero Chaves Robles hizo “gran justicia” con estas personas de su cúpula ministerial y, ¡zas!, de un solo tiro les duplicó el salario.

En esta materia del problema salarial en el sector Público lo único notable durante todo el período de congelamiento total y brutal, es que la lucha sindical sostenida por la corriente sindical en la cual militamos, logró que Chaves Robles honrara una deuda pendiente por costo de vida impuesto en el 2019. Nada más. Como indicamos, ese congelamiento salarial está en su quinto año.

Por otra parte, un pequeño reajuste técnico de 51 colones, también producto de demanda sindical, ha sido asignado al personal policial del Estado central. Nadie más recibirá ni reajustes por costo de vida, ni reajustes técnicos. El empobrecimiento salarial de la clase trabajadora estatal es sumamente cruel e injusto.

Vayamos ahora al sector privado, víctima también de un modelo de salario mínimo que condena a la pobreza. El actual monto del salario mínimo no está garantizando ni bienestar ni existencia digna, según lo ordena la actual Constitución Política de Costa Rica en su artículo 57.

Reciente información de prensa aparecida en este prestigioso Diario Extra, nos da cuenta del estudio denominado En busca de una productividad inclusiva: un análisis de la relación entre la productividad laboral, el empleo y los salarios reales en Costa Rica, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En lo que podría ser el dato de mayor relevancia e impacto de dicho estudio, la indicada nota de prensa consignó: “Desde hace cuatro años, la cantidad de dinero que ganan los trabajadores a nivel nacional no se incrementa lo que debería en relación con su productividad”.

Es decir, la explotación obrera, salarialmente hablando, es grave en Costa Rica. La clase trabajadora tiene una alta productividad, pero su nivel de salario real no le reconoce esta cualidad.

“Según el análisis a nivel de la economía, en su conjunto Costa Rica experimenta un desacoplamiento productividad-salarios a partir del año 2019, cuando la productividad laboral crece aceleradamente mientras la mediana de los salarios reales decrece”, dice el estudio.
Como lo hemos afirmado en comentarios anteriores, el alto nivel de explotación salarial en Costa Rica es uno de los elementos estratégicos que explican el crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. No tenemos política salarial en el amplio sentido del concepto que exige, entre otros aspectos, que tenga conexión con un proceso de movilidad social y de reactivación económica para el mercado interno. El empobrecimiento salarial es generalizado.

La desesperación de Chaves Robles por la privatización del histórico y eficiente modelo eléctrico nacional, a cargo del ICE desde la fundación de éste, hace ya 75 años, en el año clave de 1949; lo lleva a imponerle a la Asamblea Legislativa un único proyecto de ley para el presente mes de junio y el venidero próximo mes de julio: el expediente 23.414, eufemísticamente llamado de “armonización del mercado eléctrico nacional”.

Los neoliberales, dentro y fuera del actual Gobierno, nos tienen “acostumbrados” a que sus iniciativas de proyectos de ley, en el ámbito político-ideológico del todo mercado-nada Estado, les ponen pomposos nombres que, por lo general, significan todo lo opuesto al título. En este sentido lo que, correctamente, pretende ese proyecto 23.414 es la privatización del mercado eléctrico nacional.

Chaves Robles sabe que estos dos meses que quedan de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, junio-julio, le permiten a él controlar la agenda parlamentaria; y, por ende, retiró de la misma toda clase de proyectos que había enviado para su trámite en el congreso. ¡Sí! Los retiró todos, literalmente.

Lo grave de tal retiro es que se llevó en banda a los que todo el mundo conceptúa como proyectos estratégicos que tienen que ver con el deterioro de la seguridad ciudadana, con el avance del control social que va imponiendo el sucio negocio del narcotráfico y del crimen organizado; proyectos, supuestamente, para hacer más fuerte la acción punitiva del Estado contra la violencia desbordada.

¡Qué paradójico! Precisamente, este pasado lunes 3 de junio marcó un doloroso record criminal nacional pues en tan solo 24 horas hubo 9 homicidios; precisamente el día que Casa Presidencial emitió el decreto que dejó al parlamento con solamente uno: el de privatización del mercado eléctrico nacional. El mensaje de Chaves Robles al país es primero el negocio y después la seguridad.

Para Chaves Robles no hay prisa en sacar adelante la agenda-país en materia de seguridad como, por ejemplo, el proyecto para castigar el involucramiento de personas menores de edad en el fenómeno y en el negocio del crimen; no es prioridad para Chaves Robles la regulación del arresto domiciliario con tobillera; y, lo peor de este retiro, es que para Chaves Robles no urge una ley contra el sicariato.

Lo prioritario para Chaves Robles es que ya se está tardando demasiado el ingreso de capital privado al hasta hora modelo eléctrico nacional, gerenciado por el ICE, con la participación de empresas públicas municipales y con el estratégico vehículo de distribución representado por las exitosas cooperativas de electricidad. Que la gente se siga matando, que la gente siga muriendo en baños de sangre, que el territorio narco siga ampliando su cobertura, todo eso no es prioridad.

Chaves Robles sabe que estos dos meses, junio-julio (ya mayo lo “perdió”), del restante y actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, son imprescindibles para el ingreso del selecto grupo de empresarios mercaderes, cual tiburones a la caza, al suculento y más que rentable negocio de apropiación privada del mercado eléctrico nacional. Más de un amigo suyo debe haberle hablado al oído y haberle indicado “es ahora o nunca”.

Los meses siguientes a partir de agosto son, calientemente preelectorales y no más entrado el 2025, las carreras por la Presidencia de la República y las diputaciones, a votarse ambas en febrero 2026, lo echará a perder todo. Los sectores cívico-patrióticos, la clase trabajadora iceísta de sangre amarilla, los partidos políticos de consecuentes principios de justicia social, el pueblo trabajador y sus diversas organizaciones sanas, están a tiempo de articularse en la acción que contrarreste la ofensiva de Chaves Robles de privatización del exitoso modelo eléctrico nacional.

A la clase trabajadora costarricense (y migrante) no le está yendo nada bien. La desigualdad social y la exclusión económica se ha entronizado en el país.

Por el contrario, a las élites económicas y a quienes medran de las mismas en los niveles de la tecnocracia político-gerencial, público-privada, sí les está yendo pura vida.

La “guerra” que se ha venido dando entre la élite económica que apoya al Presidente Chaves Robles y la que le adversa (básicamente, los latifundios mediáticos practicantes del periodismo de odio), es una pugna por el control total de la cosa pública en aras de hacer avanzar, cada una a su manera, la institucionalización del todo mercado-nada Estado, como piedra angular del reordenamiento de la sociedad para incrementar los niveles de ganancia del capital y los niveles de explotación obrera.

Por supuesto que el proceso de imposición del todo mercado-nada Estado no es algo homogéneo ni unilineal. Hay importantes resistencias y posiciones individuales notables que expresan una ética para con el bien común y la inclusión social.

En este sentido, de la ética para el bien común y la inclusión social, valores otrora dominantes en nuestra sociedad, como el Humanismo Cristiano y la Socialdemocracia consecuente, están arrinconados ante la potencia de la plutocracia reinante en nuestro sistema político pese al pleito inter-élites.

La preservación de un sistema tributario doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto; la impactante reducción de la inversión social en el campo de las políticas públicas, el congelamiento y la precariedad salariales, la destrucción del agro costarricense, el severo retroceso educativo, el estratégico avance de la delincuencia organizada, entre otros contundentes indicadores del progreso del todo mercado-nada Estado; no encuentra un fuerte polo de resistencia porque, sencillamente, no existe.

Es en tal marco de condiciones en la que se desarrolla, en estos duros momentos, la lucha sindical y social consecuente que, de un modo u otro, con la crítica de rigor pendiente, considera que las políticas públicas de corte estatal hoy son más urgentes que nunca antes.

En la corriente sindical en la cual militamos se está dando una transformación estructural interna, aún incipiente, por darle un nuevo aire a la defensa obrera en estos tiempos de reversión de derechos laborales y sociales.

Ese nuevo aire lo hemos encontrado en la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.), considerando la trayectoria política de nuestro país y sus élites gobernantes de pregonar al mundo que Costa Rica es ejemplo “inmaculado” de respeto a los DD.HH.

Paradójicamente, pese a que el país tiene una amplia cantidad de tratados de Derechos Humanos, tanto continentales como universales, firmados y ratificados, convertidos en leyes de la República; nunca antes la desigualdad social y la exclusión económica ya hoy reinantes, están mostrando una amplia gama de violaciones a los mismos.

Y es, precisamente, en este punto en que una renovada acción sindical, militante y consecuente, levantando las banderas de cada uno de esos tratados, podemos re-construirnos para estar a tono a los retos enormes de defensa obrera que impone, precisamente esa desigualdad social y exclusión económica recientes y reinantes.

Está más claro que nunca que la Costa Rica actual muestra una doble moral en materia de Derechos Humanos. Corresponde a las fuerzas sociales, cívico-patrióticas y sindicales sanas considerar las amplias posibilidades de impregnar a la defensa obrera, táctica y estratégicamente, de los postulados de los tratados de DD.HH. que Costa Rica ha jurado respetar.