opinión

ESPIONAJE ESCOLAR: LA MAYOR DERROTA POLÍTICO-ÉTICA Y MORAL DE ALVARADO QUESADA

Publicada el 22/12/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar, con una contundencia y una firmeza inusitada, amén de una inusual unanimidad, quince recursos de amparo interpuestos por padres y por madres de familia en contra del Ministerio de Educación Pública (MEP), a raíz de las denominadas pruebas FARO aplicadas a niños y a niñas de la educación primaria del quinto nivel escolar, conteniendo las mismas un abusivo interrogatorio personalísimo-familiar bajo el eufemismo semántico de “factores asociados”.

En realidad, se trató de una acción política de espionaje escolar que la sociedad, al enterarse, estupefacta y escandalizada, condenó desde el mismo momento en que se hizo pública tal barbaridad gubernativa en contra de, al menos, 70 mil infantes-alumnos escolares.

El comunicado de prensa emitido por el más alto tribunal de la República, conocido como la Sala Cuarta, indica, “sin pelos en la lengua” “…que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política”.

“Lesión grave… lesión grotesta” contra esos niños y esas niñas, a quienes se les abusó psicológica y emocionalmente, desde una posición de poder, la del MEP, sin miramiento alguno a su condición de población vulnerable.

Adicionalmente, el comunicado de prensa del Poder Judicial incluye la conclusión de la alta magistratura constitucional del país de que, “…los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política”.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, al enterarnos de semejante tropelía, nos pronunciamos de manera rápida y contundente, exigiendo la salida inmediata del cargo ministerial de la entonces jerarca máxima del MEP, señora Giselle Cruz Maduro; una vez que el distinguido ciudadano don Pablo Barahona Kruger pegó al grito al cielo pues un hijo suyo estaba dentro de las víctimas infantiles del nefasto cuestionario pruebas FARO-factores asociados, siendo él la primera persona que alertó, al respecto, a la sociedad, según tenemos entendido.

Lo que sí es innegable, lo que no se puede esconder o invisibilizar es que hay una autoridad política superior a las personas ministras de Estado: es quien ejerce la Presidencia de la República. Y para el caso en comentario, se trata del señor Carlos Alvarado Quesada que, por supuesto, se ha lavado las manos “renunciando” a la ahora exministra Cruz Maduro. Sin embargo, él ya quedó registrado como responsable político máximo del desastre de las pruebas FARO, del atentado-agresión infantil del cuestionario “factores asociados”.

Es así que, desde nuestra perspectiva sindical de práctica humanista del quehacer obrero, este acto de espionaje escolar-infantil lo estamos catalogando como la mayor derrota política del gobierno de Carlos Alvarado Quesada en el plano político y ético-moral.

En su gobierno, así quedará consignado, ocurrió una grave violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 3: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración especial que se atenderá será el interés superior del niño”.

Además, según la Sala IV, también se violentó el artículo 51 constitucional: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.

Es más, no tenemos noción de que, en todos los gobiernos anteriores, la niñez costarricense en edad escolar y sus familias, hayan enfrentado tan grave violación de Derechos Humanos.

Finalmente, habrá que estudiar bien la parte dispositiva de la sentencia constitucional. Para nosotros, así de primera entrada, creemos que faltó contundencia para ordenar que se sienten las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con la dureza que se necesita ante la constatación inobjetable de una fuerte violación de Derechos Humanos a personas en total estado de vulnerabilidad.

Juicio político: algunos aspectos sobresalientes

Publicada el 15/12/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como víctimas directas que fuimos de una persecución política impulsada desde dos de las instituciones más relevantes del aparato punitivo del Estado (el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica); como protagonista principal de un proceso penal que nunca debió darse; con sincera modestia, con humildad real, con el corazón en la mano y con una gran paz interior, me presento ante usted, persona ciudadana lectora de esta columna semanal, para compartirle algunos aspectos sobresalientes de este juicio político que tuvo amplia difusión mediática.

Creo tener la suficiente autoridad ética y moral para hacerlo, sin la contaminación de una odiosa vanidad personal que no existe por ningún lado. Y, por supuesto, aquí no cabe objetividad alguna puesto que hay una innegable perspectiva sociopolítica de clase trabajadora.

El pasado jueves 9 de diciembre de 2021, ocurrió una victoria cívico-popular, un triunfo de la Democracia, una reafirmación de que la libertad de expresión es piedra angular para contrarrestar las peligrosas tendencias autoritario-totalitarias que son inherentes al modelo económico-neoliberal que busca avanzar hacia imposición plena a toda la sociedad.

La sentencia absolutoria, de plena certeza jurídica, fue celebrada por muchas personas de la sociedad costarricense, más allá del mundo sociopolítico laboral de la propia corriente sindical en la cual militamos; más allá del amplio universo de los sectores y de los diversos movimientos sociales; e, incluso, desde ciertos sectores del empresariado recibimos salutaciones, lo cual nos resultó impresionante. Esto es de notar porque la satisfacción cívica que generó el contundente fallo que nos hizo justicia, llegó hasta personas, grupos y sectores que no comulgan con nuestro pensamiento ni con nuestras luchas.

Podemos dar fe que muchas personas profesionales vinculadas a la operación del Derecho de manera cotidiana, consideran que el desenlace de este injusto proceso de persecución política estatal llevado a la esfera penal constituyó una poderosa señal de que la independencia del Poder Judicial, filosófica y políticamente consagrada en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, sigue siendo fundamental para la convivencia civilizada de los diferentes sectores que pugnamos por una revitalización del sistema democrático con plena inclusión social y económica. En tal sentido, el fallo mandó fuerte señal a quienes, desde el afuera de la esfera judicial, en el plano ideológico-político y mediático, pretender decirle a los jueces y a las juezas cómo deben fallar.

Aún y cuando fuimos absueltos, no estamos conformes con la forma en que se inició la investigación, pretendiéndose la aplicación de un delito penal que criminaliza los llamados a manifestaciones públicas. Ya esto ha sido demandado internacionalmente ante Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el caso todavía no será llevado a su seno, pues no está maduro desde la perspectiva del agotamiento de los recursos internos del país.

Hemos cuestionado en sede constitucional el artículo penal de incitación pública, eje central de la acusación político-ideológica que sufrimos. Por ahora, en nuestro caso personal, superamos la descarada acción represiva estatal. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que los llamados a la movilización social, pacífica y civilista, se van a multiplicar porque los detentadores del poder ideológicamente dominante en la actualidad, tienen decidido profundizar el perverso camino de desigualdad social y de exclusión económica. La Democracia de la Calle, practicada de manera cívica y pacífica, va a ser invocada múltiples veces por diversas circunstancias.

En un proceso como este, de persecución política estatal con orientaciones político-ideológicas de naturaleza antidemocrática, el uso de los recursos públicos debe ser de amplio conocimiento ciudadano. Todavía necesitamos un poco más de tiempo para formular, mediando un sólido planteamiento, la exigencia de rendición de cuentas en el uso de fondos públicos judiciales. Sin embargo, ya estamos trabajando en ello pues, a nivel del Ministerio Público, hay que evidenciarle en cuanto al desperdicio que hace de recursos públicos en procesos evidentemente injustificados. Lo mismo cabe en cuanto al deplorable papel en todo esto que ejerció la Procuraduría General de la República. Un proceso como el indicado, resulta caro en términos de inversión financiera en los recursos humanos que fueron involucrados, así como los costos asociados a la operación.

La solidaridad resulta vital, imprescindible, fundamental, cuando se está de cara a procesos de persecución política, por razones ideológicas, desde el aparato punitivo del Estado. Vivimos, sentimos, nos regocijamos, nos fortalecimos con una impresionante cantidad de expresiones solidarias desde las más impensadas procedencias, a través de una amplia diversidad de vías de manifestación y de expresión; hasta recibimos transparente solidaridad de personas compañeras de la lucha social con las cuales se ha tenido discrepancias ideológico-políticas de fondo. Y, por supuesto, ha sido sumamente vital la solidaridad recibida desde las propias bases de la corriente sindical en la cual militamos. La solidaridad internacional, por su parte, fue de gigantesco impacto. No encontramos (y creemos que nunca encontraremos), ni las palabras adecuadas ni las manifestaciones precisas para decir ¡gracias!

Plutócratas: “gracias por existir”

Publicada el 08/12/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Plutócratas: “gracias por existir”. Por supuesto que estoy escribiendo ese “gracias por existir” de manera sarcástica, con toda una carga de ironía, hablando de plutocracia como ese selecto grupo de personas, que han acumulado gigantescas e incuantificables riquezas, lo que les ha permitido generar un poder político desmesurado por encima de los sistemas republicanos de las democracias representativas.

Sin embargo, en términos numéricos son un grupo pequeñísimo si lo contrastamos con el conjunto de la sociedad, la cual está constituida por una amplísima variedad de capas, de grupos y de sectores sociales, destacándose los que conforman la clase trabajadora, asalariada o no asalariada que es, por tanto, el segmento mayoritario.

El exagerado poder de la plutocracia, específicamente en sus planos ideológicos, políticos y económicos, va de la mano con un egoísmo inmisericorde, aunado a una avidez por concentración de riqueza sin freno alguno, así como una codicia socialmente criminal. Adicionalmente, en su seno anidan sentimientos de desprecio hacia las personas más pobres, lo que conocemos como aporofobia.

La plutocracia siempre se las ingenia para encontrar personas dispuestas a servir a sus intereses de control social mediando distintas variables de operación política en el seno de las instituciones republicanas de la democracia representativa. El mayor nivel que al respecto logran alcanzar es cuando crean, impulsan, controlan partidos políticos, al alimentar los egos producto de las vanidades humanas.

Al llegar a las esferas de gestión gubernativa al alto nivel del republicanismo institucional, como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos de la plutocracia gestionan la cosa pública para incrementar su poder, para asegurar y expandir sus negocios, para mantener controlada a la población, evitando al máximo procesos de unión en su seno que, de un modo u otro, pudieran amenazar su poder.

Sin embargo, las plutocracias latinoamericanas (y la costarricense no es la excepción) están llevando a los pueblos de nuestra región a situaciones de completa desesperación. Los más recientes estallidos sociales que se vienen dando, la serie de revueltas populares de los últimos tiempos, el ascenso de opciones político-electorales que desafían el control ideológico-plutocrático es lo que motiva el titular de contenido sarcástico que he escogido para el comentario que usted me está haciendo el honor de leer que es “Plutócratas: ‘gracias por existir’”.

Las plutocracias de la región, al haber convertido a la América Latina en la región más desigual del planeta, han estado abriendo paso a diversas expresiones populares de organización política para disputarles, mínimamente, el control gubernamental temporal, cuando no es el mismo poder real el que entra en escenarios de competencia estratégica.

Las plutocracias de la región, al haber abrazado el extremismo de la política económica de corte ideológico-neoliberal, nos explican procesos políticos en diversos niveles de profundidad, de intensidad, de circunstancias temporales como lo pueden ser (citados de seguido, en orden arbitrario) Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; Andrés Manuel López Obrador, en México; Rafael Correa Delgado, en Ecuador; Pedro Castillo Terrones, en Perú; Evo Morales Ayma, en Bolivia; Xiomara Castro Sarmiento, en Honduras; Hugo Chávez Frías, en Venezuela; como la sublevación popular en Chile y su repercusión en las elecciones de segunda vuelta de próxima fecha; como la lucha en el marco de la Democracia de la Calle, en Colombia…

Por supuesto que hablar de esto en Costa Rica es profundamente polémico y desata furia, irracional en no pocos casos, cuando nos hemos vuelto completamente contestatarios el desmesurado poder de la plutocracia tica.
Como es lógico suponer, estamos haciendo una descripción del fenómeno actual en nuestra América Latina de la plutocracia neoliberal, aporofóbica, autoritaria-dictatorial, sumamente simplista. Es muchísimo más complejo.

Esperamos en columnas posteriores, dar otros elementos; especialmente, cómo es que vivimos el ascenso de la plutocracia tica al control hegemónico total en los planos político-económico y social-cultural, desde una perspectiva obrera de sindicalismo militante, rebelde y no alineado, como el que estamos defendiendo y practicando; incluso, desde el banquillo de los acusados.

Plutocracia: el lamento de don Welmer

Publicada el 01/12/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Estamos bajo el chantaje de los grupos financieros que manejan los mercados”. “El poder económico es el que va a determinar quién es el que va a llegar a Casa Presidencial”. “Está imperando la plutocracia”.

Tres frases, tres conceptos sociopolíticos claves, tres señalamientos contundentes acerca de la realidad política actual de la sociedad costarricense.

Don Welmer Ramos González, candidato presidencial del partido en el actual y desastroso gobierno, el Partido Acción Ciudadana (PAC), dio unas explosivas declaraciones que el diario de mayor circulación de Costa Rica y el más leído, publicó recientemente, con el título de prensa “Los bancos no nos quieren prestar plata”. Así se resume el lamento de don Welmer pues los banqueros privados no le quieren prestar plata a su partido para financiar su campaña electoral buscando la presidencia de la República.

Don Welmer dice que a él esos banqueros privados le están pasando factura pues algunas de sus posiciones como legislador, en el actual período parlamentario, habrían afectado los intereses de los grupos financieros que no solamente controlan los mercados, sino que han venido controlando toda la acción política fundamental los últimos gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC. Es este un criterio nuestro.

Él lo explica así: “Eso se podría relacionar directamente con las acciones que se han generado en defensa de la población costarricense para ponerles tope a las tasas de interés por usura y por el tema de datáfonos. Nosotros interpretamos que es una sacada de clavo. Hay una relación directa y este tipo de situaciones vulnera la democracia”, dijo.

Justo es reconocer que este tipo de legislaciones, aunque tímidas para nosotros pero que acertadamente impulsó don Welmer, tienen muy molestos a los grupos financieros que han acumulado un desmedido poder político. Y, probablemente, se estén sacando el clavo con don Welmer para no prestarle la plata que necesita su campaña presidencial.

Desde este punto de vista, es más que comprensible el lamento de don Welmer; aunque, desde un punto de vista popular, que las candidaturas presidenciales dependan de la plata de los banqueros privados es ya una enfermedad degenerativa de la Democracia.

Ahora bien, lo que sí resulta realmente importante, lo que no podemos dejar pasar desapercibido, lo que hay que destacar a más no poder, es que sea una persona del nivel político de don Welmer, que ha estado cerquísima de los altos niveles de decisión político-ejecutiva en los dos gobiernos del PAC, la que afirme que: A) Es el poder económico el que determinará quién llegará a la Casa Presidencial. B) Que está imperando la plutocracia. C) Los grupos financieros que manejan los mercados, realizan chantaje político y político-electoral.

Lo que don Welmer nos “revela” es una verdad del tamaño de la catedral que muchísimas personas sabemos desde hace tiempo. Las reales elecciones presidenciales y diputadiles claves ocurren en esos altos niveles del poder económico y de la plutocracia. Los comicios de febrero, cada cuatro años, no pasan de ser actos protocolario-formales en los cuales nos ponen a votar, pero no a elegir.

“Está imperando la plutocracia”, grita don Welmer. Pero, don Welmer, entonces, ¿cómo entender que usted haya votado el combo fiscal impuesto por esa misma plutocracia que hoy le cierra las puertas del crédito bancario privado, siendo que usted les fue leal en ese sentido? ¿Qué más sabe usted de la plutocracia que la gente de a pie no sabe y que debe saber? ¿No cree usted que ya es justo exhibir los nombres, los apellidos, los rostros de los plutócratas que imperan en la cosa política del país? Recordemos los dos significados que el diccionario de la Real Academia Española (RAE), nos da del concepto plutocracia: 1) Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado. 2) Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado.

También podemos entender a la plutocracia como: A) Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. B) Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. Sin duda alguna, considerando la gravedad de los actuales momentos sociopolíticos del país y considerando la involución que estamos experimentando en cuando a desarrollo social y a inclusión económica; es más que necesario saber de esas personas plutócratas que tienen el real poder; situación esta que llevó a don Welmer a indicar que “está imperando la plutocracia”.

Don Welmer, con vehemencia y con respeto: ¿Estaría usted hablando de la plutocracia que se mueve en el mundo perverso del periodismo de odio? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que se ha hecho archimillonaria con la venta monopólica al Estado de una conocidísima marca de vehículos automotores? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que ha acumulado poder y riquezas, a más no poder, con mega-negocios inmobiliarios? ¿Se refiere usted a esa plutocracia que explota los regímenes de zonas francas cuando bien se sabe que son empresarios nacionales?

Puede usted pasar a ocupar un sitial de honor en la historia Patria si ayuda al pueblo trabajador, aunque el poder económico ya vetó su candidatura, a comprender la naturaleza de ese real poder que hoy se está sacando el clavo con su campaña presidencial.

Empleo Público: Figueres sostiene al decadente Alvarado

Publicada el 24/11/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Solamente un único factor puede explicar que, a estas alturas de la discusión del llevado y traído tema del más que controversial asunto del empleo público, las diputaciones de los partidos Liberación y Acción Ciudadana (PLN-PAC), mantengan su terquedad enfermiza de aprobar, a como dé lugar, el expediente legislativo No. 21.336, conocido como Ley Marco de Empleo Público.

Ese único factor es que don José María Figueres Olsen, candidato presidencial del PLN, ha decidido darle un sostén político al decadente Carlos Alvarado Quesada y a su agónico gobierno. ¿Y por qué razón estaría comprometiendo y arriesgando su propia elección el candidato verdiblanco apostando a una alianza con el mandatario más desprestigiado, más desacreditado, más repudiado de todos los años transcurridos del período histórico conocido como Segunda República?

No hay otra explicación más que una comunidad ideológica entre Figueres y Alvarado en los aspectos estructurales de uno de los contenidos fundamentales más infames de la concepción neoliberal del déficit fiscal: echarle la principal responsabilidad del mismo a los salarios devengados por las personas trabajadoras del sector Público; una mentira de tal magnitud que únicamente es sostenida desde el fanatismo extremista de los adoradores del dios mercado.

Don José María tiene ya el liderazgo político suficiente como para indicarle a la actual fracción parlamentaria liberacionista que el proyecto Ley Marco de Empleo Público es absolutamente inviable por las siguientes y principales razones:

A) Desde el punto de vista constitucional-jurídico: es imposible que una ley ordinaria como el expediente 21.336, derogue postulados angulares de la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Seguir con este proyecto no es más que ejercer una especie de golpismo parlamentario en contra de la actual Constitución Política.

B) Desde el punto de vista macro-fiscal: ni siquiera un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de “ahorro” en las finanzas públicas generarán las mutilaciones salariales incluidas en ese proyecto; siendo que, por el contrario, es por el lado de la deuda pública y del sistema tributario que están las salidas a la actual crisis fiscal del país.

C) Desde el punto de vista social, se va a acentuar la desigualdad por cuanto la abrumadora mayoría de las actuales personas trabajadoras empleadas públicas no devengan salarios de privilegio: pregúntele a los y a las policías, a las personas educadoras de base del MEP, al personal penitenciario, al personal hospitalario sin ley específica en materia salarial, al personal administrativo-profesional de los ministerios… Lo que sí debería existir es una ley reguladora de los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado en sus cuatro poderes y en las grandes entidades fuera de éste.

Carlos Alvarado Quesada cometió un embuste político al presentar como “imprescindible” el proyecto de empleo público para el crédito con el FMI, por 1.778 millones de dólares. ¡Eso no es cierto! Estuvimos en una reunión digital con personeros de esta entidad y así quedó constando. Fue él, atendiendo a la campaña del periodismo de odio, quien ofreció la cabeza salarial de 330 mil personas trabajadoras estatales a cambio de ese préstamo, a sabiendas de que estaba cometiendo una gran injusticia y, por supuesto, otra más de las estafas políticas propias de su comportamiento gubernativo.

¿Desea el señor Figueres seguir cohonestando esta patraña? ¿Ha sopesado, realmente, cuánto impacto puede tener en su campaña seguir sosteniendo, políticamente, a Alvarado, al cual la comunidad electoral del Estado, en abrumadora mayoría le repudia, le detesta, le considera un gran estafador político?

Además, ¿cómo se puede sostener tal proyecto de ley que, en su última versión, genera rechazo de la propia Corte Plena del Poder Judicial, de la misma Procuraduría General de la República (PGR), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), etc.?

El proyecto Ley Marco de Empleo Público está ya en el descrédito total. Los más notables juristas costarricenses de la actualidad, con diversas posiciones filosófico-políticas, se han encargado de demostrar sus inconexidades, sus incongruencias, sus contradicciones, sus estúpidas ocurrencias pues, como lo que lo sostiene es una concepción fanático-extremista anti-Estado, ese proyecto es catalogado como un “Frankenstein jurídico”, como un “ornitorrinco jurídico”.

Estamos planteando que este asunto del empleo público, pásenlo a las propias autoridades políticas del país, ejecutivas y legislativas, que se elegirán el próximo domingo 6 de febrero de 2022. Un proceso realmente participativo de abordaje segmentado del empleo público que permita construir una integralidad conceptual y operativa del mismo para la sociedad de la desigualdad, que ya lo somos, es lo que recomendamos.

Sindicalismo rebelde: ética obrera (Parte II)

Publicada el 17/11/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Tenemos plena conciencia de que la actual hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social.

La pandemia del covid-19 tan solo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo.

Por otra parte, tal y como lo documentan y lo afirman, en diversas partes del planeta, personas estudiosas de amplio prestigio académico, así como centros de pensamiento de diverso matiz filosófico y político-económico; estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. En Costa Rica, como ya es criterio generalizado, la desigualdad se apoderó de las relaciones socioeconómicas de nuestra vida como nación.

Es en tal contexto (como lo indicamos la semana pasada), que la corriente sindical en la cual militamos lanza su proclama de Sindicalismo Rebelde como motivación ética de nuestro accionar sociopolítico; el cual, ahora hemos decidido potenciarlo con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical, de la promoción y de la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), integralmente conceptuados.

Estimamos que los DD.HH. de un modo u otro, nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal, por una parte; y, por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la Democracia.

Pasamos, de seguido, a la exposición de los segundos cinco planteamientos fundamentales de la proclama de Sindicalismo Rebelde

6. Somos SINDICATO REBELDE porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de amplia diversidad, desde la sexual y de género, pasando por la religiosa y hasta la político-partidista; es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente lo que sueña. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

7. Somos SINDICATO REBELDE porque, como creyentes en la Democracia, no aceptamos que el Derecho Constitucional de Libertad Sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática; siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

8. Somos SINDICATO REBELDE porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante; por tanto, seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para profundizar nuestro camino propositivo (en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario-fiscal, salud-seguridad social, soberanía-seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, ecológico-ambiental, autonomía energética -entre otros-); coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

9. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patriotas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riquísima naturaleza verde que la Providencia nos dio; resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización-comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

10. Somos SINDICATO REBELDE porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

Magistrada Nancy Hernández López ahora jueza Corte-IDH

Publicada el 16/11/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

01- La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), se muestra sumamente preocupada por la designación de la actual magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señora Nancy Hernández López, como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el período 2021-2026, tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección.

02- La preocupación que embarga a la ANEP, así como a miles de personas trabajadoras, públicas y privadas del país las cuales son representadas por esta organización sindical, estriba en el perfil de la persona que fue llamada a ocupar tan digno cargo en el más alto tribunal hemisférico, principal guardián y defensor de los Derechos Humanos de todas las personas, pero, principalmente, de las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) DE COSTA RICA, SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE PARA SUGERIR CANDIDATOS.

03- El pasado 13 de junio de 2021, ANEP publicó en su sitio web (www.anep.cr), su posición oficial sobre esta designación. En esa ocasión, se indicó, categóricamente, que Costa Rica carece de legitimidad moral para proponer y oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH.

04- Los argumentos vertidos en esa oportunidad para no apoyar esa candidatura, radican en que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido, con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que ha emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial.

05- De igual forma, la Corte Plena se negó a recibir al Relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán (Expresidente de la Corte Interamericana), quien -posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistradas y magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes.

06- También, el Estado de Costa Rica ha venido, simultáneamente, desconociendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

07- El Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen; han concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica; y, se han gravado varios productos de la canasta básica con efectos adversos para quienes menos tienen. Todo lo anterior, se ha justificado en la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

08- Adicional a lo anterior, recientemente se aprobó una ley que, irónicamente, se ha denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, la cual se pone en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.

09- Esta normativa provoca un distanciamiento con respecto a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Esta medida gubernamental va en contra de pronunciamientos de la misma Corte Interamericana que señala que la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”.

10- Se argumentó que la línea del Estado costarricense se continúa marcando a futuro, y en la misma dirección regresiva respecto de los Derechos Humanos, al estarse gestionando una Ley de Empleo Público con las mismas características de limitación de derechos humanos y laborales, e inclusive con desconocimiento de la independencia de poderes públicos.

11- Finalmente, se concluye que no es consecuente una propuesta para candidatear a tan importante cargo, por parte de un Estado que colecciona abusos a los Derechos Humanos, tales como uso de sus fuerzas policiales para agredir a las y a los manifestantes en el contexto de protestas; que, además está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); o que tiene denunciados penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, entre otros.

POSICIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LA MAGISTRADA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELECTA JUEZA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH).

12- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica es sumamente respetuosa de las sentencias de la Sala Constitucional. También entiende que en un sistema democrático y en un Estado Social de Derecho, la Constitución, las leyes y, por ende, las sentencias, deben defender los Derechos Humanos de las personas y, principalmente, de los grupos sociales más vulnerables.

13- Siendo así, existen algunas dudas por sentencias de la Sala Constitucional en el pasado, incluido el voto de la señora Hernández López, las cuales nos permiten cuestionar su visión en la defensa específica de algunos Derechos Humanos de personas trabajadoras. Se citan sendos ejemplos:

14- El viernes 25 de octubre del 2019, la Sala Constitucional resolvió la Consulta Legislativa Facultativa, presentada por 23 diputados y diputadas, sobre el proyecto de ley N°21.049, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Posteriormente, el 21 de enero del 2020, se convirtió en Ley de la República. Esta Ley ha sido nefasta para las trabajadoras y para los trabajadores, para los sindicatos, es regresiva respecto de instrumentos como la huelga, que había sido un logro histórico y diferenciador de la defensa de los derechos laborales de los costarricenses. En los 4 vicios de procedimiento que se resolvieron, así como en los 12 vicios de fondo analizados por el alto Tribunal, se echó de menos una defensa progresiva de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, por parte de la candidata del Gobierno de la República, hoy jueza (lamentablemente) de la Corte IDH; sino más bien se denota un criterio estandarizado en una sentencia que se interpreta como altamente regresiva, y contraria a la normativa convencional, y principalmente a la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, ha generado que la ANEP haya tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad ante esa Ley.

15- La ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por considerar que su redacción atenta contra el salario mínimo inembargable de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, así como de las personas jubiladas y pensionadas. Lo anterior por cuanto la reforma permitía a los patronos y empresas crediticias aplicar rebajas sin límite (abarcando la totalidad de la remuneración percibida).

16- El argumento principal de la ANEP fue que, en medio de la mayor crisis de desempleo en la historia del país, así como de una pandemia mundial, se pidiese defender a las personas trabajadoras pobres (grupo vulnerable de la sociedad), evitando que se quedaran sin un porcentaje salarial mínimo, que les permita adquirir los servicios básicos para atender sus necesidades vitales.

17- La citada Acción de Inconstitucionalidad fue remitida por la Sala Constitucional a la Procuraduría General de la República, quien dio la razón a esta Asociación indicando:

“Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría sugiere a la Sala Constitucional anular el párrafo segundo del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, reformado por la Ley n°99-18 del 11 de noviembre del 2020, así como el transitorio adicionado a esa norma mediante la misma Ley n°99-18”

18- Sin embargo, la Sala Constitucional dio curso a la presente Acción de Inconstitucionalidad, en fecha del 7 de enero del 2021, y a través del expediente N°20-021844-0007-CO, el pasado miércoles 26 de mayo 2021, la Sala IV, mediante sentencia 2021-011996, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP contra la Ley 9918.

19- La señora Nancy Hernández López participó en esas decisiones sin identificar, cuestionar ni aplicar la interpretación más favorable a las personas afectadas (principio Pro Persona); principio que representa el norte interpretativo de la Corte Interamericana por aplicación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

20- Preocupa a la ANEP que la señora Nancy Hernández López no haya demostrado durante su gestión como magistrada de la Sala Constitucional, la buena práctica de la procuración de justicia a través del control de convencionalidad.

CONSIDERACIONES FINALES DE LA ANEP SOBRE EL TEMA.

21- Se reitera que estos dos ejemplos citados, son una muestra de sentencias donde se habría pretendido una defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, en el mismo sentido en que la ANEP lo ha hecho, y donde no se ha denotado una posición progresiva de parte de la magistrada Hernández López; o bien, acorde con la normativa convencional, principalmente de la OIT y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre derechos laborales y sindicales.

22- Nos preocupó también que la magistrada Hernández López se haya presentado como candidata a la Corte Interamericana siendo aún magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica, puesto que representó un claro conflicto de intereses; y, además, un traslape de cargos ya que es lógico suponer que no pudo atender ambas funciones al mismo tiempo; debió estar solicitando permisos para ausentarse de su cargo de la Sala Constitucional donde tenía pendientes muchas decisiones como magistrada relatora y, de seguro, complicó votaciones que llevaron a la búsqueda magistraturas sustitutas, generando dificultades logísticas y retardación de justicia.

23- Por lo anterior, la ANEP lamenta la designación de la magistrada Nancy Hernández López como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y deja, con este pronunciamiento, clara advertencia a las señoras y a los señores jueces de ese alto tribunal internacional, que la persona que se ha designado en nuestro criterio no reúne los atestados, ni las condiciones para la real defensa de los Derechos Humanos; y, en especial, los Derechos Humanos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.

Sindicalismo rebelde: ética obrera (Parte I)

Publicada el 10/11/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vivimos la época de la mayor desigualdad de la historia de la Humanidad. En tal sentido, nos preguntamos: ¿puede un sindicalismo de nuevo tipo elaborar para sus luchas una ética obrera? La corriente sindical en la cual militamos lo ha hecho. Así planteado, proclamamos los contenidos fundamentales de nuestra ética obrera a los que hemos denominado Sindicalismo Rebelde:

1. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos un orden económico concentrador abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

2. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión y la prostitución de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos venido viviendo en carne propia; solamente para favorecer el insano egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital, del pequeño grupo económico que domina la iniciativa política del país en estos momentos. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

3. Somos SINDICATO REBELDE porque rechazamos aceptar la circunstancia de que la sociedad haya hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una cultura de vida ajena al Humanismo, incluyendo el Humanismo Cristiano; y que tiene el templo de la Democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual hay que enarbolar las banderas de la Justicia Social, del respeto a la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

4. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos que, sin renunciar a procesos de Diálogo Social realmente congruentes con conceptos de Democracia Participativa de resultados constatables y verificables; nos convoquen a procesos de “acoplamiento” en el orden autoritario-totalitario del pensamiento único como lo pretende imponer la hegemonía económica dominante, buscando legitimarse. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

5. Somos SINDICATO REBELDE porque creemos en la igualdad y en la equidad de género, pero a todo nivel de la sociedad y no solo en el de la élite político-económica hegemónica; conscientes de nos falta mucho camino por recorrer para que la corriente sindical que motiva nuestro accionar supere la cultura patriarcal que descarga todas sus consecuencias en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

(Continuará la próxima semana)

¡Son 26!

Publicada el 03/11/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Son 26 las personas candidatas a la Presidencia para las elecciones del domingo 6 de febrero de 2022. Estamos a 94 días de esta importante fecha, en la cual, también, se dará la elección de las 57 diputaciones para el período constitucional 2022-2026.

Es posible que tal número de candidaturas presidenciales se reduzca un poco, pues algunas de ellas podrían no ser inscritas por diversas razones. En todo caso, esa cantidad de aspirantes presidenciales representa un número inédito para unas votaciones de tal naturaleza, desde que entró en vigencia la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949. Hace ya, prácticamente, 72 años.

En estos días hemos estado localizando los diversos programas de Gobierno que han venido haciendo público esas 26 personas/grupos. No los tenemos todos y no hemos leído ni uno. La verdad sea dicha: el papel aguanta lo que le pongan y, por lo general, lo que ha venido ocurriendo, desde entonces, son estafas políticas cuatrienales; resultando ser la más notoria la actual gestión ejecutiva con Alvarado Quesada a la cabeza.

En ese sentido, ante la pasarela electoral-presidencial, hemos decidido optar por compartir con ustedes algunos de los contenidos más notorios del pensamiento actual de la corriente sindical en la cual militamos; contenidos que fueron dados a conocer el pasado 15 de setiembre, en el marco de las celebraciones del llevado y traído bicentenario de la independencia con respecto a España, allá, en 1821, de 5 de las actuales repúblicas centroamericanas.

Ese día lanzamos el Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario, cuya parte inicial hace una pequeña caracterización del estado actual del pueblo trabajador costarricense, según nuestra visión de clase. Tal estado actual de la situación socioeconómica y política de los sectores populares costarricense, estará como telón de fondo de la pasarela del domingo 6 de febrero.

El indicado documento plantea que el Bicentenario (y también será lo que tendremos el día de las votaciones, agregamos nosotros), “…nos encuentra con una Costa Rica en proceso acelerado de polarización desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de esta, está en desaparición”. ¿Verdad que es así?

Y, ¡por favor!, ¿díganos usted si estamos errados cuando en el citado documento, plantea que el Bicentenario (y también será lo que tendremos el día de las votaciones, agregamos nosotros), “…nos encuentra con un sistema tributario perversamente corrupto. Su naturaleza de profunda injusticia, se ha hecho más crónica desde que en la actual gestión gubernativa se impuso un ajuste fiscal en contra de los y las de abajo, para favorecer a los y las de arriba; a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales”.

Incógnita enorme es saber si alguna de esas 26 personas candidatas presidenciales, podría aprobar la siguiente afirmación: Estamos “…con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salarialmente, con dramáticos casos de hambre familiar y gran precariedad de existencia”. Si están de acuerdo, ¡que lo digan a los cuatro vientos!

Por otra parte, cabe preguntarse cuál de esas 26 personas candidatas presidenciales tiene plena noción de que en el país se ha venido consolidando el peso político de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos); que este grupo es el real poder en la Costa Rica actual y que tiene fichas colocadas en puestos claves de toda la institucionalidad tomadora de decisiones.

¿Están en disposición de desafiar a la plutocracia reinante en temas tan sensibles como el extraordinariamente excesivo pago multimillonario de colones, de manera diaria, en “atención del servicio de la deuda pública”?

¡Qué va! Si bien es muy importante el día de las elecciones, la verdad profunda es que no se decide la cuestión del poder; o bien, no estará en peligro la hegemonía que hasta ahora ha venido imponiendo el accionar de partidos políticos como Liberación, Unidad, PAC y los evangélicos. En los casos de las 21 postulaciones presidenciales restantes (algunas tan caricaturescas como irresponsables), no ve el poder plutocrático razones de preocupación. ¡Cómo quisiera estar equivocado!

Presupuesto 2022 y deuda pública: ¡21 millones de dólares diarios!

Publicada el 27/10/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Usted está leyendo este comentario a 101 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Ese día de votaciones implica una erogación de 21 millones 404 mil 109 dólares ($21.404.109), por concepto de atención del servicio de la, para nosotros, impagable deuda pública. Para mejor manejo de la magnitud de esta cifra, vamos a redondearla (hacia abajo) y hablaremos de 21 millones de dólares… ¡DIARIOS!

¡Así es! Desde el 1 de enero de 2022, y cada uno de los 365 día de ese año 2022, el país tiene que estar desembolsando, cada 24 horas, en promedio, la espantosa cantidad de poco más 21 millones de dólares por concepto de la deuda pública.

El espeluznante dato anterior, fácilmente, se extrae con sencillas operaciones matemáticas sacadas del monto total de lo que han dado llamar el presupuesto “general” de la República para el 2022, que está tramitando por estos días la actual Asamblea Legislativa.

Es importante aclarar que lo que han dado en llamar presupuesto “general” de la República en realidad no lo es. Es una parte. La parte que pasa por la Asamblea Legislativa; parte que viene a ser como el 40% de la estructural total financiero-institucional de todo lo que concebimos como Estado. El otro 60% no pasa por el parlamento. Lo ve la Contraloría General de la República (CGR). Hablamos, por ejemplo, de los presupuestos anuales de entidades públicas como la CCSS, el ICE, el AyA, los bancos públicos, Recope, Correos de Costa Rica, las municipalidades y otros.

He aquí una de las claves para considerar en un escenario alternativo al enfoque extremista neoliberal del tema del déficit fiscal del país. Pero, ¡bueno!, eso es para comentarlo en otra oportunidad.

Ahora bien, 11 billones 500 mil millones de colones (11.500.000.000.000) es el monto total de ese presupuesto “general” de la República para el año 2022; del cual se destinan 5 billones (5.000.000.000.000) para lo que denominan la atención al servicio de la deuda pública. ¿Verdad que son cifras que cuesta comprenderlas a cabalidad? Mejor sigamos hablando en dólares de EE.UU.

Esos 11 billones 500 mil millones de colones equivalen a 17 mil 968 millones 750 mil dólares: $17.968.750.000. Esto es si tomamos como tipo de cambio 640 colones por dólar que podría ser lo que esté vigente al inicio del año 2022 (ahorita está en unos 630 colones).

Pues bien, fíjense ustedes que de esa gigantesca cantidad de dólares que es el presupuesto “general” de la República para 2022, hay que destinar 7 mil 812 millones 500 mil dólares para la deuda pública: $7.812.500.000. El 43%.

Aquí ya voy con un pequeño dolor de cabeza por tanto número, de tanta magnitud y de tan difícil comprensión. Pero es que este es un problema tan grande pero tan grande, que urge que como clase trabajadora tomemos carta cabal de la naturaleza de despeñadero social al cual nos están conduciendo los partidos políticos responsables de semejante desastre: Liberación, Unidad, el PAC y los “religiosos”.

Los 5 billones de colones que han sido presupuestados para atender la deuda pública en el año 2022 (los 7 mil 812 millones 500 mil dólares), se desglosan así, pretendiendo nosotros que podamos explicarnos bien para que usted conozca mejor de qué naturaleza es la clase de problema en que nos han metido:

POR DÍA: 21 millones 404 mil 109 dólares -$ 21.404.109-; (o 13 mil 698 millones 630 mil colones: ¢13.698.630.000).

POR HORA: 891 mil 837 dólares – $ 891.837 -; (o 570 millones 776 mil 255 colones: ¢570.776.255).

POR MINUTO: 14 MIL 863 dólares – $ 14.863 -; (o 9 millones 512 mil 937 colones: ¢9.512.937).

POR SEGUNDO: 247,73 dólares – $ 247,73 -; (o 158 mil 548 colones: ¢158.548).

Repetimos, esta gigantesca erogación para atender el servicio de la deuda pública en el año 2022 (el 43% del presupuesto “general” de la República), deja solamente un 57% para los gastos generales de operación del Estado central (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; para salarios de todas las policías, de personas educadoras del MEP, de los otros ministerios. Además, la plata para pagar las pensiones de lujo, los dineros para las universidades públicas, las erogaciones del Estado como patrono para con la Seguridad Social; las platas que permiten el funcionamiento del IMAS, de los CEN-CINAI, del PANI, del IAFA; la ley 8114 para las municipalidades; y otros.

¡Grave, muy grave, toda esta situación! Prácticamente, el Estado central está a punto de quiebra. Ya se anuncian duros y crueles recortes en materia de inversión pública que es fundamental para una real y consistente reactivación económica; y, peor todavía, ya están quitándole presupuesto a diversos programas sociales necesarios para familias en condiciones de pobreza, en tránsito hacia la misma, en altos grados de vulnerabilidad.

Las sucesivas administraciones de los gobiernos del PLN, de la Unidad y del PAC (junto a partidos ocasionales, como los “religiosos” de hoy día) prefirieron endeudarse antes que entrarle fuerte y duro a la evasión y a la elusión fiscales, por ejemplo. Mientras la clase trabajadora y el micro, pequeño y mediano empresariado pagaban (y siguen pagando) puntualmente los impuestos que les correspondían estos partidos y sus respectivos gobiernos nunca quisieron modificar el perverso sistema tributario nacional que se volvió totalmente injusto y groseramente corrupto. Volveremos con el tema, pero no dejaremos de decirlo cada vez que podamos y por todos los medios disponibles que el 6 de febrero de 2022 tenemos que PASAR FACTURA.