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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos encontramos en la enciclopedia libre Wikipedia la definición de la palabra aporofobia: es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. También nos indica que la aporofobia es la animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos.

El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 90 del siglo pasado por la intelectual española Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. “La aporofobia consiste pues en un sentimiento de miedo y de rechazo al pobre, o sea, al desamparado, al que no tiene medios. Tal sentimiento y actitud son adquiridos.”, así se resume en la indicada enciclopedia.

El excesivo fanatismo fiscalista del Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, con su cruzada fundamentalista para convertir el control enfermizo del déficit fiscal como el fin absoluto de toda la política pública del país, nos lleva a definirle como un neoliberal aporofóbico, puesto que ya está enfilando sus baterías contra los presupuestos de diversos programas sociales; programas sociales que, precisamente, están destinados para atender a las personas habitantes de nuestro país, abrumadoramente costarricenses, que están en diversos estados de pobreza y de vulnerabilidad social.

Aporobófico también es Carlos Alvarado Quesada, quien da la tutela presidencial que le permite al ministro Villegas Valverde y su grupo estar en ofensiva contra los recursos que se deben presupuestar para esos programas sociales y, paralelamente, para los recortes a estos; ejemplos ya sobran.

La aporofobia fiscalista neoliberal gubernamental tiene efectos gravísimos en la serie de recortes a servicios públicos ligados a la Educación, lo cual ha sido denunciado por los mismísimos y máximos jerarcas políticos del MEP. Leemos lo siguiente en la prensa digital SINART Costa Rica medios: “El recorte de unos ₡294.000 millones en el presupuesto de Educación planteado por el Ministerio de Hacienda para el año 2022 afectará de forma directa a los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).Con esto unos 850.000 estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad verán reducidos los servicios de alimentación, uno de los elementos clave para mantenerlos ligados al proceso educativo y que se ha convertido en retenedor clave en tiempos de pandemia. Otros servicios afectados serían el transporte, los subsidios para personas con discapacidad y las becas, en especial las de postsecundaria”. Es incuestionable: el brutal recorte presupuestario para el 2022 que sufrirá el MEP tiene un fuerte contenido de neoliberalismo aporofóbico.

Si nos vamos a lo que le sucederá al presupuesto destinado para vivienda, nada más elocuente que citar la denuncia pública del mismísimo Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el cual recientemente emitió un comunicado de prensa titulado así: “BANHVI solicita a diputados reconsiderar y no aprobar recorte desproporcionado a presupuesto para programa de vivienda de interés social”. Nos indica esta otra institución gubernamental lo siguiente: “El recorte planteado para el año 2022 es desproporcionado, al alcanzar al menos un 25% del presupuesto que por ley le corresponde al Banhvi.

“De aprobarse este recorte, y sumado a los de 2020 y 2021, se alcanzaría un recorte total de más de 64 mil millones de colones, y el país habrá dejado construir en ese periodo 6.200 viviendas para familias de escasos recursos, en medio de la pandemia”. El Banhvi sentencia: “Recortar en inversión social de esta naturaleza, es totalmente contrario a los objetivos de reactivación de la economía y de generación de empleo”. ¡Otra muestra más de neoliberalismo aporofóbico!

La aporofobia del ministro de Hacienda Elián Villegas Valverde, con el aval aporofóbico de Carlos Alvarado Quesada, está agrediendo, por una parte, a 850 mil estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, denunciado por el propio MEP. Por otra, este neoliberalismo aporofóbico dejará sin casita de interés social a 6.200 viviendas de familias de escasos recursos, así denunciado por el propio Banhvi.

Ni Alvarado Quesada ni su ministro de Hacienda están solos en su cruzada aporofóbica, materializada en recortes presupuestarios como los aquí comentados; sino que, han sido respaldados por las actuales diputaciones que le impusieron a la sociedad la perversa regla fiscal cuando aprobaron la detestada ley del combo fiscal, ley 9635, denominada Fortalecimiento de las finanzas públicas.

La regla fiscal tiene un inobjetable contenido de neoliberalismo aporofóbico dado que ataca los presupuestos y restringe la acción interventora de la política pública en cuanto a provisión de servicios para grandes segmentos de la población costarricense que se encuentran en situaciones de severo estrujamiento económico, en vulnerabilidad de pobreza y en pobreza misma.

Grave es la aplicación de esa regla fiscal aporofóbica, por ejemplo, al presupuesto para el Servicio de Emergencias 911. Igual de grave lo es el golpe financiero para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en lo que respecta al apoyo de recursos que esta entidad debe brindar a las Asadas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 30 de setiembre de 2021 se cumplieron 161 años del, quizás, el más grande crimen político de la historia costarricense: el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras, conocido como Don Juanito, quien gobernó al país entre los años 1849-1859; llegando a ser reconocido, hoy día, por muchas personas y sectores, como el más relevante e importante Presidente de la República de todos los primeros 200 años de vida independiente del país con respecto a España. Ha sido declarado por la Asamblea Legislativa como Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

La obra de gobierno de Don Juanito sigue sin ser posicionada como el más alto grado de relevancia que presidente alguno nos dejó. Dos grandes ámbitos de su accionar presentan gran excelencia en la actualidad costarricense.

Por una parte, liderar él, la rebelión nacionalista y soberanista contra la incursión por estas tierras de la primera acción seria de carácter expansionista por la América Latina de la naciente potencia estadounidense, lo cual le permitió a Costa Rica asentarse como nación.

Por la otra, el contenido esencial de su pensamiento social, motivo por el cual bien podría catalogársele, en este Siglo XXI, como un político insumiso al “orden” que el neoliberalismo le está imponiendo a nuestra Patria, con el ataque a mansalva al Estado Social de Derecho, cuyas piedras angulares, podríamos decir, él nos dejó.

En el seno de la dirigencia de la corriente sindical en la cual militamos, ante la agresividad del capital financiero de corte extremista que ha venido controlando a los últimos gobiernos de los partidos Unidad, Liberación y Acción Ciudadana, estamos “redescubriendo” el enorme legado de Don Juanito.

Estamos constatando la vigencia de su pensamiento social al contrastarlo con las principales políticas extremistas de los neoliberales en el poder, como (entre otras), la regla fiscal, por una parte; y, por otra, la prioridad fundamentalista a atender el pago de la deuda interna, aunque sea a costa de políticas públicas en servicios básicos de Salud y de Educación.

Es por ello que dos importantes organizaciones obreras del complejo mundo de los movimientos sociales costarricenses, han adoptado para sí mismas la denominación de SINDICATO MORISTA, pues estiman sus máximas dirigencias que, el legado y el pensamiento social de Don Juanito Mora tiene extraordinaria relevancia para la Costa Rica de estos momentos; atormentada por la desigualdad, por el crecimiento de la pobreza, por la corrupción, por el ataque a mansalva contra las mejores de las institucionalidades republicanas diseñadas para la promoción del bien común y de la inclusión social; así como ante el avance del “nuevo invasor”: el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico incursionando en la política.

Es doloroso afirmarlo, pero nos están llevando a la circunstancia de un Estado fallido, luego de décadas de haber sido ejemplo para la América Latina y para el mundo, de sociedad con notable equidad distributiva y de movilidad social ascendente.

Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), como ya indicamos, el pasado 30 de setiembre de 2021, y ante el propio lugar del fusilamiento de don Juanito Mora, en Puntarenas; dieron a conocer el documento titulado Legado, vigencia e influencia del pensamiento social del Presidente y Libertador Juan Rafael Mora Porras, expresado en principios de acción política que orienten el quehacer sindical; dando así origen a un renovado esfuerzo de promoción de los valores de la lucha sindical, con contenidos afines a lo mejor de la obra y del pensamiento del ilustre Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Del documento que les mencionamos líneas arriba, mismo que da punto de salida a la corriente socio-obrera de lucha social SINDICALISMO MORISTA, extractamos el siguiente párrafo: “Entre más se olvide nuestro pasado, nuestras raíces y nuestro ser nacional, entre menos nos apropiemos de la importancia de la independencia para afrontar los retos del presente, más fácil será que impongan su particular visión de modelo, los intereses del individualismo exacerbado, el sálvese quien pueda, el “austericismo” frenético de programas sociales y el fanatismo de todo mercado y nada Estado. Por ello no se equivocó don Joaquín García Monge al afirmar que: “la libertad hay que conquistarla y reconquistarla cotidianamente, que sólo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres; porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres”.

Don Joaquín García Monge (1881 – 1958) fue otro ilustre y excelso patriota costarricense cuyo pensamiento, también, al redescubrirlo, veremos que también ha de nutrir la concepción de lucha social que denominamos SINDICALISMO MORISTA.

Varios notables compatriotas llevan ya mucho camino recorrido, mediando esfuerzos personales impresionantes, en cuanto a la todavía inconclusa tarea de posicionar a Don Juanito en el más alto sitial de honor de la República.

De gran relevancia es el aporte de don Dionisio Cabal Antillón, a la tarea histórica de reivindicación plena para el resarcimiento moral y ético que todavía tiene Costa Rica pendiente con la figura, con la obra de gobierno y con el legado del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, Expresidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, el célebre don Juanito Mora.

Citamos a don Dionisio pues él nos nutrió con varios fragmentos de la serie de trabajos de investigación histórica por él realizados, acerca del pensamiento social de don Juanito Mora, a fin que la corriente sindical en la cual militamos le diera sustento al documento principal que establece en Costa Rica un Sindicalismo Morista.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “El Gobierno fortalecerá las potestades del Estado que garantizan la obtención de recursos en pro de los intereses generales de la nación y de la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. (Creación de Fanal y proyecto de ley para estatización de la exportación del café).

Contrastemos el significado de este pensamiento de don Juanito Mora con la situación actual, especialmente la socioeconómica, de la amplia mayoría del pueblo costarricense: los sectores hegemónicamente dominantes y del poder mediático del periodismo de odio, mediando sus partidos neoliberales, están en abierta ofensiva contra los mejores postulados y la más relevante institucionalidad que habíase establecido para “la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “La organización del poder del Estado debe darse en función del bien y la felicidad general, para ello es imprescindible institucionalizar tribunales que tengan su origen en el pueblo, a fin de que se garantice realmente la equitativa administración de justicia”. (Carta publicada en marzo de 1843 en El Mentor Costarricense).

Pongámonos a pensar, por un instante, en lo que está sucediendo con el Poder Judicial en estos momentos. Sin duda habremos de notar que, en lo que respecta a su máxima y alta magistratura, el bien común no parece ser ya el eje central para “la equitativa administración de justicia”. Destacadísimas voces obreras del propio personal judicial vienen planteando y denunciando lo concerniente.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “La banca de concurso estatal será una herramienta que limitará, regulará y fiscalizará el mercado especulativo particular y, a través de políticas justas e intereses proporcionados, promoverá el crédito para el fomento del mercado nacional”. (Creación del Banco Nacional de Crédito Hipotecario).

Sin duda alguna, don José Figueres Ferrer, al nacionalizar la banca en 1949, tuvo en mente este pensamiento de don Juanito Mora. ¿Qué queda de ella? Es obvio que los postulados originarios y fundacionales de una banca para “el fomento del mercado nacional”, han desaparecido.

El Presidente don Juanito Mora propuso: “Se pondrá a disposición de los agricultores y de los potenciales productores nacionales todos los recursos que propicien su exitoso desempeño, tales como tierras, semillas, créditos y mercados”. (Distribución de tierras para la siembra de café y nuevos cultivos).

Este pensamiento de don Juanito puede considerarse la base de un proyecto nacional, totalmente auténtico, en materia de soberanía y seguridad alimentaria nutritiva. Sin embargo, lo que queda del conglomerado social de productores agropecuarios nacionales, está en estado de extinción.

Quienes continuamos aferrados a los postulados filosófico-políticos de distinta procedencia ideológica que, en uno u otro aspecto, centralizan la vida en sociedad en la priorización de la búsqueda y de la promoción del bien común, de la inclusión social y productiva, del fomento fuerte a la reducción de las desigualdades; e, incluso, los planteamientos para una sólida protección ecológica de nuestro entorno; podemos coincidir en que esos cuatro pensamientos sociales de don Juanito Mora nos sirven para señalar con el dedo acusador a los partidos políticos que en la actualidad se han arrodillado ante el altar neoliberal del dios mercado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hemos escrito las siguientes líneas a primera hora del día de ayer, martes 12 de octubre de 2021, luego de enterarnos la noche anterior del delicado estado de salud y de su internamiento hospitalario del extraordinario ciudadano patriota costarricense, don Dionisio Cabal Antillón; cantautor, escritor, folclorista, investigador cultural e histórico acerca de las raíces de nuestra nacionalidad.

De gran relevancia es el aporte de don Dionisio a la tarea histórica de reivindicación plena para el resarcimiento moral y ético que todavía tiene Costa Rica pendiente con la figura, la obra de gobierno y el legado del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, Expresidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, el célebre don Juanito Mora; quien ha sido el gobernante más relevante de toda la historia de los primeros 200 años de vida “independiente” de nuestro país. Rogamos a El Creador por el pronto restablecimiento de la salud de don Dionisio.

Citamos a don Dionisio pues él nos nutrió con varios fragmentos de la serie de trabajos de investigación histórica por él realizados, acerca del pensamiento social de don Juanito Mora, a fin que la corriente sindical en la cual militamos le diera sustento al documento principal que establece en Costa Rica un Sindicalismo Morista; tal y como lo reseñamos en nuestro artículo de la semana pasada en este mismo espacio. (Por cierto, fue el artículo número 1.000 que Diario Extra nos honra en publicarnos, cada miércoles, desde el 8 de mayo de 2002). Entremos en materia.

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “El Gobierno fortalecerá las potestades del Estado que garantizan la obtención de recursos en pro de los intereses generales de la nación y de la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. (Creación de Fanal y proyecto de ley para estatización de la exportación del café). Contrastemos el significado de este pensamiento de don Juanito Mora con la situación actual, especialmente la socioeconómica, de la amplia mayoría del pueblo costarricense: los sectores hegemónicamente dominantes y del poder mediático del periodismo de odio, mediando sus partidos neoliberales, están en abierta ofensiva contra los mejores postulados y la más relevante institucionalidad que habíase establecido para “la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. 

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “La organización del poder del Estado debe darse en función del bien y la felicidad general, para ello es imprescindible institucionalizar tribunales que tengan su origen en el pueblo, a fin de que se garantice realmente la equitativa administración de justicia”. (Carta publicada en marzo de 1843 en El Mentor Costarricense). Pongámonos, por un instante, qué está sucediendo con el Poder Judicial en estos momentos. Sin duda habremos de notar que, en lo que respecta a su máxima y alta magistratura, el bien común no parece ser ya el eje central para “la equitativa administración de justicia”. Destacadísimas voces obreras del propio personal judicial vienen planteando y denunciando lo concerniente.

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “La banca de concurso estatal será una herramienta que limitará, regulará y fiscalizará el mercado especulativo particular y, a través de políticas justas e intereses proporcionados, promoverá el crédito para el fomento del mercado nacional”. (Creación del Banco Nacional de Crédito Hipotecario). Sin duda alguna, don José Figueres Ferrer, al nacionalizar la banca en 1949, tuvo en mente este pensamiento de don Juanito Mora. ¿Qué queda de ella? Es obvio que los postulados originarios y fundacionales de una banca para “el fomento del mercado nacional” han desaparecido. 

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “Se pondrá a disposición de los agricultores y de los potenciales productores nacionales todos los recursos que propicien su exitoso desempeño, tales como tierras, semillas, créditos y mercados”. (Distribución de tierras para la siembra de café y nuevos cultivos). Este pensamiento de don Juanito puede considerarse la base de un proyecto nacional, totalmente auténtico, en materia de soberanía y seguridad alimentaria nutritiva. Sin embargo, lo que queda del conglomerado social de productores agropecuarios nacionales, está en estado de extinción.

Quienes continuamos aferrados a los postulados filosófico-políticos de distinta procedencia ideológica que, en uno u otro aspecto, centralizan la vida en sociedad en la priorización de la búsqueda y de la promoción del bien común, de la inclusión social y productiva, del fomento fuerte a la reducción de las desigualdades; e, incluso, los planteamientos para una sólida protección ecológica de nuestro entorno; podemos coincidir en que esos cuatro pensamientos sociales de don Juanito Mora nos sirven para señalar con el dedo acusador a los partidos políticos que en la actualidad se han arrodillado ante el altar neoliberal del dios mercado. Este miércoles 13 de octubre de 2021, ya estamos a 115 días de PASAR FACTURA. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Diez y medio millones de dólares… ¡al día!, es la gigantesca cantidad de dinero que deberá pagar el próximo gobierno de la República que asuma el 8 de mayo de 2022. ¡Sí!: $ 10.547.945, para ser exactos.

Este dato fue tomado de una publicación digital denominado El Economista (https://www.eleconomista.net/economia/Proximo-presidente-de-Costa-Rica-requerira-15400-millones-para-pagar-deuda-publica-en-su-gobierno-20210923-0014.html).

El título del artículo en comentario es éste: “Próximo presidente de Costa Rica requerirá $15.400 millones para pagar deuda pública.

Entre el 8 de mayo de 2022 y el 8 de mayo de 2026, que llegue a la Presidencia de la República gestionará la cosa pública durante 1.460 días y si “requerirá $ 15.400 millones para pagar deuda pública”, son 10 y medio millones de dólares por día con tal fin.

¿Qué país, con el tamaño de la economía que tiene el nuestro, podría vivir con ese exorbitante pago de su deuda pública sin golpear, brutalmente, a su población, especialmente, la de las clases trabajadoras y sus sectores medios?

En cuanto a la fuente de esta espeluznante información se nos dice: “Un análisis macroeconómico elaborado por la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (CEFSA), con base en información del Ministerio de Hacienda, estimó que el país afrontará vencimientos de deuda por $15.400 millones (¢9,6 billones) entre el 2022 y el 2026”.

Esta firma CEFSA tiene gran credibilidad en los sectores del capital neoliberal y sus mercados financieros, cuya hegemonía político-ideológica es la que ha venido controlando los últimos gobiernos, incluido el actual.

Los 15.400 millones de dólares, convertidos a 9 billones 600 mil millones de colones, están calculados con un tipo de cambio de 623 colones.

Nosotros estimamos que, a la entrada del nuevo gobierno, mayo de 2022, ese tipo de cambio podría andar por los 640 colones, siendo “benignos” en la previsión que desde la llanura de la percepción obrera hacemos al respecto.

Tenemos entonces que, por cada uno de los 1460 días de la nueva gestión del Poder Ejecutivo a su máxima autoridad, el Presidente de la República, deberá afrontar pagos diarios de 6 MIL 750 MILLONES, 684 MIL 931 COLONES… 281 MILLONES 278 MIL 538 COLONES, ¡POR HORA!

CEFSA aclara que esta cifra de 15.400 millones de dólares de la deuda pública que se deben pagar en el cuatrienio 2022-2026, no incluye el pago de intereses. Entonces, ¡la situación es más que explosiva para las finanzas públicas según nuestro entender!

Nos preguntamos: ¿cada una de las actuales 27 personas candidatas a la Presidencia de la República tiene noción de esta realidad? ¡Pensamos que no! Nuestra insistente tesis de que urge una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública es más actual que nunca.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 30 de setiembre se cumplieron 161 años del, quizás, más grande crimen político de la historia costarricense: el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras, conocido como Don Juanito, quien gobernó al país entre los años 1849-1859; llegando a ser reconocido, hoy día, por muchas personas y sectores como el más relevante e importante Presidente de la República de todos los primeros 200 años de vida independiente del país con respecto a España. Ha sido declarado por la Asamblea Legislativa como Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

La obra del gobierno de Don Juanito sigue sin ser posicionada como el más alto grado de relevancia que presidente alguno nos dejó. Liderar él, la rebelión nacionalista y soberanista contra la incursión por estas tierras de la primera acción seria de carácter expansionista por la América Latina de la naciente potencia estadounidense, lo cual le permitió a Costa Rica asentarse como nación, por un lado; y, por otro, su contenido esencial de pensamiento social, bien podría catalogársele, en este Siglo XXI, como un político insumiso al “orden” que el neoliberalismo le está imponiendo a nuestra Patria, con el ataque a mansalva al Estado Social de Derecho, cuyas piedras angulares, podríamos decir, él nos dejó.

Para la corriente sindical en la cual militamos, ante la agresividad del capital financiero de corte extremista que ha venido controlando a los últimos gobiernos de los partidos Unidad, Liberación y Acción Ciudadana; estamos “redescubriendo” el enorme legado de Don Juanito; constatando la vigencia de su pensamiento social al contrastarlo con las principales políticas extremistas de los neoliberales en el poder, como (entre otras), la regla fiscal y la prioridad fundamentalista a atender el pago de la deuda interna aunque sea a costa de políticas públicas en servicios básicos de Salud y de Educación.

Es por ello que dos importantes organizaciones obreras del complejo mundo de los movimientos sociales costarricenses han adoptado para sí mismas la denominación de SINDICATO MORISTA, pues estiman sus máximas dirigencias que el legado y el pensamiento social de Don Juanito Mora tiene extraordinaria relevancia para la Costa Rica de estos momentos; atormentada por la desigualdad, por el crecimiento de la pobreza, por la corrupción, por el ataque a mansalva contra las mejores de las institucionalidades republicanas diseñadas para la promoción del bien común y de la inclusión social; así como ante el avance del “nuevo invasor”: el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico incursionando en la política.

Es doloroso afirmarlo, pero nos están llevando a la circunstancia de un Estado fallido, luego de décadas de haber sido ejemplo para la América Latina y para el mundo de sociedad de notable equidad y movilidad sociales.

Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Asociación Sindical de Empleados Industriales las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), como ya indicamos, el pasado 30 de setiembre de 2021, y ante el propio lugar del fusilamiento de don Juanito Mora, en Puntarenas; dieron a conocer el documento titulado Legado, vigencia e influencia del pensamiento social del Presidente y Libertador Juan Rafael Mora Porras, expresado en principios de acción política que orienten el quehacer sindical; dando así origen a un renovado esfuerzo de promoción de los valores de la lucha sindical, con contenidos afines a lo mejor de la obra y del pensamiento del ilustre Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Del documento que les mencionamos líneas arriba, mismo que da punto de salida a la corriente socio-obrera de lucha social SINDICALISMO MORISTA, extractamos el siguiente párrafo: “Entre más se olvide nuestro pasado, nuestras raíces y nuestro ser nacional, entre menos nos apropiemos de la importancia de la independencia para afrontar los retos del presente, más fácil será que impongan su  particular visión de modelo, los intereses del individualismo exacerbado, el sálvese quien pueda, el “austericismo” frenético de programas sociales y el fanatismo de todo mercado y nada Estado. Por ello no se equivocó don Joaquín García Monge al afirmar que: “la libertad hay que conquistarla y reconquistarla cotidianamente, que sólo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres; porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres”.

Don Joaquín García Monge (1881 – 1958) fue otro ilustre y excelso patriota costarricense cuyo pensamiento, también, al redescubrirlo, veremos que también ha de nutrirnos la concepción de lucha social que denominamos SINDICALISMO MORISTA.”.

La semana próxima detallaremos cuáles son esos principios del pensamiento social del Expresidente de la República Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito Mora, que constituyen de lo que denominamos SINDICALISMO MORISTA. A esta nueva orientación para renovar la práctica sindical actual, pueden adherirse otras agrupaciones de lucha obrera y social que estimen la pertinencia de acudir al legado de Don Juanito Mora en la Costa Rica actual.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Contando para ello con el apoyo y respaldo de sus actuales autoridades políticas, la corriente sindical en la cual militamos, decidida a darle un nuevo contenido a la lucha obrera y social en estos duros tiempos de reversión de conquistas sociales en los más diversos órdenes; está planteando una especie de plataforma de principios éticos movilizadores del actuar cotidiano de sus dirigencias, de sus militancias de base, de sus afiliados y de sus afiliadas, en general; e, incluso, que pueden ser adoptados por otras agrupaciones, especialmente las sindicales, que por diferentes medios, resisten la implantación total de los anti-valores del neoliberalismo en la sociedad costarricense de actual, especialmente en contra de las clase populares y medias de la misma.

A) Que estamos plenamente conscientes de que la hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social. La pandemia del covid-19 tan sólo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo.

B) Que siendo así, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la del Bicentenario; re-lanzamos la declaración inspiradora de SINDICATO REBELDE, formulada con ocasión del cincuentenario de la ANEP, en 2008, como proclama de motivación ética de nuestro accionar sociopolítico, ahora potenciado con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical, de la promoción y de la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), integralmente conceptuados; los cuales, de un modo u otro, nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal, por una parte; y, por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la Democracia.

C) Que así planteado, proclamamos:

1. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos un orden económico concentrador abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
2. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos venido viviendo en carne propia; solamente para favorecer el insano egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital, del pequeño grupo económico que domina la iniciativa política del país en estos momentos. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
3. Somos SINDICATO REBELDE porque rechazamos aceptar la circunstancia de que la sociedad haya hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una cultura de vida ajena al Humanismo, incluyendo el Humanismo Cristiano; y que tiene el templo de la Democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual hay que enarbolar las banderas de la Justicia Social, del respeto a la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
4. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos que, sin renunciar a procesos de Diálogo Social realmente congruentes con conceptos de Democracia Participativa de resultados constatables y verificables; nos convoquen a procesos de “acoplamiento” en el orden autoritario-totalitario del pensamiento único como lo pretende imponer la hegemonía económica dominante, buscando legitimarse. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
5. Somos SINDICATO REBELDE porque creemos en la igualdad y en la equidad de género, pero a todo nivel de la sociedad y no solo en el de la élite político-económica hegemónica; conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer para que la corriente sindical que motiva nuestro accionar supere la cultura patriarcal que descarga todas sus consecuencias en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
6. Somos SINDICATO REBELDE porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de la más amplia diversidad y de tolerancia en todos los órdenes de la vida en sociedad sin excluir a ninguno) es, en no pocos casos, una quimera; y, es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente lo que sueña, que luchemos contra toda forma de exclusión. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
7. Somos SINDICATO REBELDE porque, como creyentes en la Democracia, no aceptamos que el Derecho Constitucional de Libertad Sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática; siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
8. Somos SINDICATO REBELDE porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante; por tanto,  seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para profundizar nuestro camino propositivo (en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario-fiscal, salud-seguridad social, seguridad y soberanía alimentaria nutritiva, seguridad ciudadana, ecológico-ambiental, autonomía energética -entre otros-); coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
9. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patriotas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riquísima naturaleza verde que la Providencia nos dio; resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización-comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
10. Somos SINDICATO REBELDE porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsan decisiones legislativas contrarias al bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada por los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, junto a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

Debemos condenar, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La corriente similar en la cual militamos se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta el día de hoy.

Es necesario reafirmar nuestra oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

1: Que la desigualdad ha venido creciendo, de manera sistemática y peligrosa… Es totalmente aceptado.

2: Que Costa Rica ocupa, para deshonra nacional, uno de los diez puestos de los países más desiguales del planeta. Ahí está documentado.

3: Que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), no tiene en la actualidad ni empleo formal ni salario fijo. ¿Quién lo desmiente? ¡Nadie!

4: Que el salario mínimo en Costa Rica es miserable mientras que somos un país sumamente caro para vivir en el cual el costo de la vida potencia la pobreza y la exclusión. Es cuestión de constatarlo visitando barriadas populares de la Gran Área Metropolitana y fuera de la misma.

5: Que quienes tienen suerte de tener empleo, digamos que estable y con salario fijo, éste está congelado y sufren de un altísimo endeudamiento que les da poca liquidez… ¡Sobran ejemplos!

6: Que la ley del combo fiscal, No. 9635, golpeó duramente, la estabilidad financiera de cientos de pequeños y de medianos emprendimientos empresariales. Muchísimos locales comerciales cerrados, con el rótulo “se alquila”, dan cuenta de ello.

7: Que la mitad del presupuesto, mal llamado de la República, el que pasa por la Asamblea Legislativa, es para atender la deuda pública. ¡Incuestionable realidad, completamente cruel!

8: Que la mortífera regla fiscal está empezando ya a golpear los presupuestos de entidades públicas que desarrollan programas sociales diversos para, precisamente, atajar el crecimiento de la exclusión económica y de la desigualdad social; así, como empieza ya a restringir acciones de inversión de entidades institucionales con suficiente dinero para hacerlo; ya se está sintiendo. El dramático caso de la Educación Pública apenas empieza a enseñarnos su colapso venidero.

9: Que hemos derrotado el discurso ideológicamente perverso de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. ¡Cierto! Ni siquiera el periodismo de odio se atreve a sostenerlo al día de hoy.

10: Que la seguridad ciudadana, a cargo de los diversos cuerpos policiales, retrocede en todos los órdenes; versus, el poder del narcotráfico y del crimen organizado que sí tiene suficientes recursos para burlar toda nuestra legislación diseñada para combatir el mal. Todos los días las noticias dan cuenta de esto.

De una manera u otra, en cada una de estas circunstancias, subyace el más profundo problema de la sociedad costarricense de la actualidad: tenemos un sistema tributario con dos perversidades intrínsecas: por un lado, es completamente injusto; por otro, está muy corrompido. Entonces, ¿cuál candidatura presidencial le pondrá el cascabel al gato?

Como electorado, parece que tendremos de 25 a 27 personas aspirando llegar a la Presidencia de la República; aunque, en realidad, buen número de éstas tienen doble aspiración pues, en el fondo de sus conciencias, saben que no lo lograrán. Y, por tanto, su verdadera intención es lograr una diputación en el próximo congreso.

Ahora bien, al momento de escribir este artículo, nota uno que las matrices mediáticas dominantes (especialmente, las que controla la plutocracia), así como las encuestas que se acomodan a las mismas, quieren hacernos creen que solamente hay 3 opciones (las coloco en orden alfabético por su nombre de pila): Fabricio Alvarado Muñoz, José María Figueres Olsen y Lineth Saborío Valverde. Seguramente, meterán a la del PAC, ahora que se supo que la persona ganadora es Welmer Ramos González. Las veintitantas restantes, según esa matriz mediático-plutocrática, no contarán. La gran masa del electorado será sometida al bombardeo según esta manipulada realidad.

Esperamos que haya cambios sustanciales en próximas semanas, ante el avance del electorado rebelde, dispuesto a PASAR FACTURA, de modo tal que, hasta las encuestadoras asalariadas del capital, se vean obligadas a reconocer procesos que se salen de la matriz que nos quieren imponer para un voto totalmente direccionado.

En todo caso, nuestro interés fundamental con este comentario es señalar que, según nuestra perspectiva de lucha social y sindical y nuestra propia experiencia en tal sentido, el problema número uno de la Costa Rica del Bicentenario, es su sistema tributario: completamente injusto y que está muy corrompido.

Lamentablemente, las candidaturas presidenciales que contarán con el beneplácito político y mediático de la plutocracia, no tocarán este punto. Eso creo. El orden macro-económico y fiscal tributario que se ha venido imponiendo está centrado en la potenciación al máximo de la concentración de la riqueza, por una parte; y, por otra, que sean los golpeados sectores medios y pobres los que sostengan los servicios públicos que ocupan para su propia sobrevivencia.

No vemos a la clase plutocrática controladora de las matrices mediáticas dominantes y sus diversas candidaturas presidenciales, aceptando reformas tributarias que les obligue a aportar más, por ejemplo, para: a) fortalecer las policías dedicadas a los diversos órdenes de la seguridad ciudadana; b) para potenciar más el impacto de los programas sociales (como el CEN-CINAI), en hogares sumidos en el desempleo y la precariedad en las barriadas urbano marginales y rurales; c) para fortalecer la vigilancia tributaria de manera estructural, sacando la corrupción de su seno; d) el fortaleciendo la institucionalidad pública dedicada al relanzamiento de la actividad productiva del agro nacional para garantizarnos una soberanía y una seguridad alimentaria nutritiva: e) impulsar una nueva política del salario mínimo para que éste incremente su poder de compra, ayude a la reactivación económica y desacelere la pauperización de las familias trabajadoras que dependen de él. Como ven ¿y con cuál cacao harán chocolate?

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vistas las cosas desde el escenario de la lucha social y sindical, tal y como éste se ha venido presentando en las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas de los últimos dos gobiernos a cargo del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con fuerte antecedente en las administraciones precedentes a éstos, a cargo de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); uno puede plantear varias consideraciones al momento de dar el voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, misma que funcionará en el nuevo período constitucional, a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026.

Primera: La Asamblea Legislativa actual, que terminará su (desafortunada) gestión el próximo 30 de abril de 2022, ha sido la más anti-obrera desde que rige la actual Constitución Política, misma que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949. Tanto por la conformación partidaria que ha tenido, como por la calidad de la legislación emitida, los sectores mayoritarios de la población costarricense, han sido las víctimas socioeconómicas del trabajo parlamentario del presente período constitucional, 2018-2022.

Segundo: Como nunca antes se había manifestado en el plano parlamentario, en los últimos 72 años de vida institucional del país, a partir de la imposición de la llamada “Segunda República”, en 1949; la mayoría de la actual integración de la Asamblea Legislativa en funciones todavía, actuó políticamente bajo el dictado de los denominados poderes fácticos; es decir, entregaron su soberanía autonómica-constitucional como representantes populares y se entregaron a promover medidas legislativas facilitadoras de la concentración del capital. La única ideología que imperó en el presente parlamento costarricense fue la de la plata, la del mercado total, la de la exclusión económica… en síntesis, la de la corrupción desenfrenada a partir de mantener y fortalecer la estructura perversa y corrupta de la fiscalidad tributaria del país.

Tercero: Efectivamente, nunca antes se vio la tendencia política de “legislar desde afuera” tan fuerte, clara y cínica como en el actual período parlamentario; es decir, diputados y diputadas que, congruentes con su docilidad entreguista al gran capital, actúan en el seno parlamentario según el titular de prensa, el comentario televisivo o la estridencia radiofónica de los medios de comunicación oficiales de la plutocracia.

Cuarto: La presente Asamblea Legislativa, anti-obrera y pro-capital, ha estado promoviendo legislación que cuestiona las piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como la división de poderes. Igualmente, han estado bajo ataque sagradas legislaciones conquistadas con sangre, como la jornada de ocho horas. Particularmente, el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, por su contenido de fondo vino a representar una especie de Golpe de Estado parlamentario. Éste, tan abiertamente detectable y por su tendencia de fuerte autoritarismo-totalitarismo fue, de alguna manera, frenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… por ahora.

Quinto: Dentro de las 57 diputaciones actuales, y como era de esperarse, ha habido algunas de enorme dignidad y de lealtad firme a los valores de la Constitución de 1949. Son la excepción, ¡la gran excepción! No llegan a diez las personas legisladoras que han tenido diversos comportamientos que merecen destacarse, frente al poder político de la plutocracia y sus medios que han venido “legislando desde afuera”. Sin embargo, a estas diputaciones les faltó una mayor articulación estratégica con los movimientos sociales y a éstos entre sí, como para haber establecido el contra-poder fáctico que requería la ofensiva de la plutocracia que, de una manera u otra, ha contado con unas 50 diputaciones fieles; sin hablar de lo que ha representado la acción ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada. Hubo intentos y no pueden menospreciarse; hubo acciones que respondían a la necesidad de esta articulación, intra y extra-muros parlamentarios, pero no fue suficiente. Gran autocrítica está pendiente para muchos de nosotros y de nosotras.

Sexto: A pocos días de que arranque la campaña electoral de manera oficial (pues ya todos los partidos están en campaña), ya han empezado a hacerse notar las personas aspirantes que pretenden darle continuidad a la nefasta gestión parlamentaria actual; tanto las que responden a los partidos de la plutocracia con representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa (Liberación, Unidad, PAC, Restauración, Nueva República); como otros que, también ideológicamente plutocráticos, buscan ansiosamente el “hueso” parlamentario para garantizarse un ingreso económico atractivo y la posibilidad de incrementarlo actuando a favor de intereses de alto corporativismo que suelen comprar votos diputadiles.

Sétimo: Así las cosas, el voto ciudadano para el próximo parlamento revista enorme importancia estratégica para la propia paz de la República, para la misma Democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad deteriorada, para el retorno del bien común a la cosa pública que no es más que la aplicación integral de los Derechos Humanos. Tenemos una gigantesca obligación ético-moral con Costa Rica, ahora que ha llegado al Bicentenario (y ya tenemos absoluta noción en qué condiciones están las mayorías ciudadanas de hoy), de que las próximas personas diputadas que vayamos a elegir, antes que todo, se le paren duro a la plutocracia y a su prensa de odio; por una parte; y, por otra, que conformen (o que ayuden a conformar), el necesario músculo social-popular, la fuerza cívico-patriótica que les ayude en el impulso de esa legislación multifactorial que requiere la introducción estratégica de la promoción del bien común en todas las líneas.