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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En el período constitucional de la actual Asamblea Legislativa, 2018-2022, hay un partido político que ha sobresalido, a través de su fracción parlamentaria, en el ataque desalmado contra las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: es el Partido Liberación Nacional (PLN).

Sabemos que todavía quedan en el PLN ciudadanos y ciudadanas que, pese a la traición de los originales valores socialdemócratas por parte de la cúpula ideológico-política que lo hegemoniza en la actualidad, siguen creyendo en el ideal liberacionista; sin embargo, no cuentan, no tienen peso, no inciden en el rumbo anti-obrero de este partido político, al cual se le atribuye gran parte de la institucionalidad republicana establecida, centrada en un Estado Social de Derecho, hoy en proceso de extinción.

Estamos promoviendo una campaña (básicamente digital), de sensibilización política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero de 2022; estando ya a 382 días de esos sufragios; pretendiendo que, al momento de emitir el voto, procedamos a PASAR FACTURA a los actuales partidos políticos del co-gobierno en cuanto a la agresión que han sufrido los derechos laborales y económico-sociales de las personas trabajadoras, particularmente las del sector Público. Tal agresión anti-obrera también la ha sufrido y la sufre, la clase trabajadora asalariada del sector Privado.

Sin duda alguna es el PLN y su fracción parlamentaria (con honrosas excepciones), el que ha liderado, y lo continúa haciendo, el ataque artero al sector público, a su institucionalidad, así como el mundo obrero que en él labora.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018; impuesta con diversas triquiñuelas de orden parlamentario y constitucional; legislación que tanto daño ha causado.

Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la ley antihuelgas o ley mordaza, cercenando así un derecho humano universalmente reconocido de obligado cumplimiento para el país; así como violentando legislación obrera internacional de diverso orden.

Y, en estos momentos, es la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora político-ideológica y político-operativa de la actual legislación en trámite sobre empleo público; mostrando una fuerte carga contra la integridad psicológico-emocional, la seguridad laboral-social y económico-financiera de las 330 mil familias asalariadas del sector Público; ejecutando el PLN esta ofensiva en coordinación estratégica con el periodismo de odio y sus principales expresiones mediáticas.

Esta perversa tríada de legislación (el combo fiscal, la ley anti-huelgas o ley mordaza, y el proyecto de empleo público), llevan el sello liberacionista, el sello del PLN; y, las tres representan la última fase en el proceso de su degeneración político-ideológica para convertirse en un partido neoliberal en el amplio sentido del término.

Ha sido la fracción parlamentaria del PLN (con honrosas excepciones), la ejecutora principal de este ataque artero contra la clase media, hoy sumamente vulnerada, ligada al sector Público; pues no solamente ese ataque ha sido contra quienes laboran en él y sus familias, sino también a las micro-pequeñas y medianas empresas que han ayudado a destruir, con su co-gobierno ejecutivo y legislativo con el PAC.

Precisamente, el PAC ha jugado, ejerciendo el Gobierno y su desteñida fracción, un penoso rol de partido vasallo, de furgón de cola, recibiendo línea directa del PLN en cuanto a la indicada tríada perversa de legislación, entre otros ámbitos nefastos del período gubernativo todavía en curso.

Por eso, en esto de PASAR FACTURA de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 6 de febrero de 2022, el PLN y sus candidatos representan la colectividad partidaria que más es merecedora de reclamo cívico por parte de la persona votante del sector público y sus familias. Y, sin lugar a dudas, este PASAR FACTURA debe extenderse al voto trabajador del sector laboral privado. El PLN y su fracción, con su co-gobierno con el PAC, son responsables directos de la precariedad salarial, del desempleo, de las reducciones abruptas de jornada, de la quiebra de cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas.

Otros partidos políticos con representación parlamentaria, como el PUSC, también merecen severa auscultación obrero-social en esto de PASAR FACTURA en las votaciones del 6 de febrero. Sin embargo, es el PLN y su partido vasallo, el PAC, los que han estado y siguen estando en la ofensiva anti-obrera más descarnada, desde que fuera el propio PLN, el partido líder y gestor ideológico de la Segunda República, surgida en 1949.

Cuesta creer que en esas elecciones hubiese alguna persona trabajadora asalariada del sector Público, y sus familiares, que le diera su voto en el 2022. Definitivamente, en cuanto a PASAR FACTURA, es el PLN la entidad partidaria a la cual hacer el más duro y mayor cobro cívico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El espacio de esta semana lo hemos cedido a nuestras estimadas compañeras de lucha María Laura Sánchez Rojas y Lorena Chavarría Martínez, con su comentario compartido a propósito del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; y como homenaje de nuestra parte a las compañeras luchadoras sociales integrantes de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP y las que forman parte del equipo político-técnico de la gestión cotidiana de la agrupación.

“Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.

Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.  

Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)[1], nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.

Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?  

Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.

Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…

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[1] https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/coeceivt2020.pdf

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

207 dólares más caro, es el pago que deben hacer las empresas usuarias de los muelles de Limón y de Moín, por mover sus correspondientes contenedores, de lo que les cobraba Japdeva, antes de que a ésta le expoliaran la operación portuaria que tenía en condición de monopolio desde su establecimiento como empresa pública nacional, destinada al desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica costarricense.

El monopolio privado resultó ser más caro que el monopolio público.

Sacar a Japdeva del mercado de la operación portuaria de contenedores en los muelles de la costa limonense fue un asunto meramente ideológico: la clase plutocrática gobernante que mantiene su poder incólume, aunque las administraciones ejecutivas sean del PLN, del PUSC o del PAC; impuso el proceso que determinó el establecimiento del monopolio privado APM-Terminals, aunque éste resultó más caro para el empresariado usuario de esos muelles.

Sin embargo, es fácil colegir que esos 207 dólares de más que implica mover cada contenedor en la terminal costera de APM-Terminals, no los está pagando el usuario de la misma, pues es lógico suponer que ese costo mayor fue trasladado, está siendo trasladado, a los consumidores finales de las materias primas y de los productos finales que se importan entrando al país por los muelles que ahora administra la transnacional holandesa.

Todo el proceso sociopolítico y económico que se generó para la imposición de esta concesión portuaria que, sin duda alguna, podemos ahora calificar como leonina; fue adversada por una importante cantidad de sectores y organizaciones cívico-patrióticos, dentro de los cuales resaltó el papel de la organización obrera de Japdeva, el sindicato Sintrajap.

Sin duda alguna, la historia del expolio del patrimonio público del país en los años de la hegemonía política del neoliberalismo en Costa Rica, tendrá un capítulo especial para reseñar el histórico papel jugado por esta importante agrupación sindical, en lo que atañe a los muelles del Atlántico.

También, desde la corriente sindical que motiva nuestra lucha social cotidiana, dimos nuestro aporte opositor a que se instaurara el monopolio privado APM-Terminals. Fue un largo caminar, mucho del cual estuvo argumentativamente bien fundamentado.

Uno de los puntos más fuertes de la oposición cívico-sindical hacia esta leonina concesión fue, precisamente, que las tarifas de la operación portuaria de contenedores subiría, sustancialmente. La realidad nos dio la razón.

Sin embargo, se impuso el fanatismo extremista del lucro desenfrenado a partir de la apropiación privada del patrimonio público. Al respecto, este caso de Japdeva es paradigmático, tanto como lo es -por ejemplo-, las concesiones leoninas de varias estratégicas carreteras nacionales.

La molestia del empresariado por el alto costo de las tarifas portuarias de los muelles administrados por APM-Terminals, ha “obligado” al gobierno actual a establecer una comisión para ver si se baja el excesivo costo actual de la movilización de un contenedor. La transnacional, empoderada como está, ha dicho que sí estaría dispuesta a considerar una reducción de esas altas tarifas, sin embargo, no está en condiciones de perder un solo centavo de dólar de lo que ella denomina la inversión.

Como se dice popularmente, APM-Terminals no está dispuesta a arrancar pelos sin sangre. Plantea que estaría considerando bajar las altas tarifas actuales, sí y solo sí: a) le amplían el plazo del contrato; b) ajuste para un nuevo cronograma de inversiones; c) revisión del canon que debe pagar para el desarrollo de Limón (es decir, bajar el monto de ese aporte), d) que el Estado le construya obras adicionales y le compre nuevo equipamiento; e) que el Estado le subsidie en un monto igual al que rebajaría la tarifa. Como dice nuestro pueblo: “¡cuidado pierde!”.

La historia del expolio de Japdeva por parte de la clase plutocrática gobernante no ha terminado de escribirse. El pueblo de Limón no ha dicho su última palabra.

Adicionalmente, una de las razones por las cuales el alto costo de la vida en Costa Rica se considera de los más altos de la América Latina se explica, precisamente, por el costo excesivo de las tarifas de operación portuaria que hoy ha impuesto APM-Terminals.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Es ya conocido que la oposición a un eventual “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por parte de la amplia diversidad de sectores populares, es contundente.

En el caso del Sindicalismo, hasta los líderes afines al Gobierno, están en contra…. Al menos de la boca para afuera, lo cual es “peligroso”.

No obstante, el punto es éste: Dentro de la camarilla gobernante, la del real poder, la que tiene el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay personajes de influencia que abrigan la idea de que el FMI no acepte la propuesta que le va a entregar Alvarado Quesada a cambio de que se le “preste” al país los tan cacareados 1.750 millones de dólares.

Es decir que tales sectores dentro de las esferas de la hegemonía política reinante, preferirían que el FMI descalifique al país para que, ahogado éste en su frenesí de atender la deuda pública y su obsceno pago de intereses a cómo dé lugar; tenga que pedir un préstamo “rescate” al Fondo Monetario Internacional pero bajo los parámetros clásicos y fundamentalistas que ellos han acostumbrado; por ejemplo, las privatizaciones abiertas de empresas públicas, eufemísticamente llamadas “venta de activos”.

Que las tasas de interés se incrementen sustancialmente, por una parte; y por otra, que la inflación y la devaluación se disparen, es una carta que consideran los grupos más retrógrados y más inconscientes dentro del bloque que, repetimos, está controlando las decisiones de política y de macroeconomía determinantes.

Esto hace que venga a nuestra mente la posición que, en el período legislativo constitucional anterior, una legisladora (cuyo nombre ni siquiera vale la pena recordar), hizo pública; indicando que era preferible una catástrofe fiscal total para que, sobre las ruinas de la economía, se pudiera construir el “nuevo orden” de la sociedad costarricense, mismo que, por supuesto, es el de la exclusión social y económica radical.

Sin duda alguna, los momentos que estamos viviendo, precisamente en el año del Bicentenario de la independencia política con respecto a España, son sumamente delicados. Jugar con fuego podría ser devastador hasta para esos malos costarricenses que estarían prefiriendo la debacle generalizada en los ámbitos político, económico y social.

Quienes adversamos el “convenio” con el FMI lo hacemos porque estamos convencidos de que, a la tica, podríamos hallar soluciones al problema fiscal: negociadas, pausadas, equitativas y sostenibles. Además, existen personas y entidades de renombre, sumamente calificadas, que han venido expresando el sinnúmero de alternativas viables para atender el desafío fiscal nacional del momento sin los extremismos que albergan los sectores económico-financieros que impulsan una visión de la sociedad costarricense de gran distancia con respecto a las herencias acumuladas de nuestra idiosincrasia.

No podemos dejar de pensar que, por tanto, acudir al FMI sea una estrategia perversamente diseñada en los más oscuros intersticios del círculo del gobernante; con la premeditación funesta de que tal entidad descalifique la solicitud del préstamo de los 1.750 millones de dólares; y, sobrevenga, por tanto, la cascada maléfica de descalificación internacional para con las cifras fiscales del país y, por tanto, de par en par, quede abierta la operación rescate de las finanzas nacionales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El domingo 6 de febrero de 2022, los y las costarricenses mayores de 18 años, estamos convocados para la elección de las personas que irían a gobernar el país durante el período constitucional 2022-2026. Estamos a 389 días para el día de las elecciones.

Se trata de la votación para la Presidencia de la República (tres personas); además de las 57 que conformarán la futura Asamblea Legislativa.

La institución sindical en la cual militamos ha decidido promover una campaña digital, por redes sociales (básicamente, aunque no de manera exclusiva), bajo el concepto PASAR FACTURA.

Se trata de fomentar una fuerte sensibilización política a fin de que quienes vayamos a votar en esas elecciones, hayamos realizado una especie de evaluación individual, familiar, sociolaboral, de cómo hemos sido tratados por los diversos partidos políticos que, en los últimos años, han estado en la Presidencia de la República, así como en el parlamento.

En este caso, Asamblea Legislativa, al menos, los partidos más connotados, tanto por ser gobierno y/o co-gobierno; como por ser de oposición de mentirillas, turecas, vendidos; o bien, con una trayectoria de real independencia y de lealtad a los valores comprometidos con las personas electoras a las cuales le pidieron el voto.

Tenemos que considerar que las amplias mayorías de la ciudadanía costarricense, especialmente el gran segmento de su clase trabajadora, ha sido víctima de reiterados engaños por parte de quienes le han venido pidiendo el voto, tanto en las pasadas administraciones gubernativas como en la presente. En ésta, la contundencia de la estafa política cometida es ya inobjetable.

Tales engaños, como indicamos, han representado verdaderas estafas electorales por cuanto quienes pasan a controlar, en la realidad política, tanto la Casa Presidencial como la Asamblea Legislativa, son integrantes “oscuros” de grupos económico-financieros; que no compitieron por votos, sino que se acercaron a las candidaturas diversas con posibilidades de ser electas para darles plata y para posicionar sus agendas particulares que, en términos generales, no son ni las del bien común ni las de la inclusión social y económica.

PASAR FACTURA significa hacer un balance de cuáles partidos, cuáles personajes gobernantes procedentes de los mismos, colocados en los poderes Ejecutivo y Legislativo; se han encargado de empobrecerle a usted y a su familia; le han rebajado-escamoteado su salario; le han arruinado su micro-pequeña y mediana empresa con impuestos abusivos y excesivos; le han dejado sin su terrenito o propiedad agrícola o se lo tienen a punto de perderlo ante la voracidad sin límite de los banqueros…

Se trata de PASAR FACTURA a quienes, le tienen sin empleo porque han sido incapaces de generar la reactivación económica urgente que necesita el mercado interno; especialmente, PASAR FACTURA a los partidos de esos gobernantes insensibles e incapaces de generar trabajo para las miles de personas jóvenes que, sin oportunidades de trabajo y salario decentes, van a parar en la delincuencia y/o en las garras del crimen organizado y del narcotráfico.

Particularmente a nivel del empleo público, las 330 mil personas trabajadoras asalariadas estatales, junto a las personas mayores de edad que integran sus correspondientes familias (alrededor de 1 millón 320 mil personas), deben disponerse a PASAR FACTURA a los gobernantes actuales y a las personas diputadas de la presente Asamblea Legislativas que han venido denigrándolas, calumniándolas, difamándolas, insultándolas, humillándolas, con la serie de comentarios, normas, decretos y legislación contraria a sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas; al punto de que están cayendo en violaciones a elementales Derechos Humanos, si nos atenemos a la serie de tratados internacionales que en la materia Costa Rica ha firmado y que son de obligado cumplimiento para el sistema jurídico-constitucional del país.

PASAR FACTURA, en el caso de quienes laboran para el sector Público, implica estar ya observando y anotando cómo se está dando y quiénes lo están ejecutando, el festín ideológico de los grupos de enorme poder económico-financiero que controlan la Casa Presidencial y el parlamento actual, mediando sus operadores políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo; desarrollando estos personajes de carne y hueso, un estrepitoso aquelarre fiscal, en conciliábulos carentes de toda ética y moral como los que han definido los recortes presupuestarios triple “i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables, que están ya golpeando, seriamente, programas sociales sensibles para los grupos de personas costarricenses en gran vulnerabilidad económica. Muchísimo más nos queda para comentar y PASAR FACTURA.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, debe tener todas las atribuciones en última instancia, la teoría según la cual el Presidente debe ejercer la jerarquía única de la Administración, esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, la que busca evitar la concentración del poder, es la tesis democrática.” (Actas Asamblea Constituyente).

Estas sabias palabras fueron pronunciadas durante las discusiones parlamentarias de la asamblea constituyente que estableció la Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949; criterio que expresó al diputado constituyente Rodrigo Facio Brenes, figura muy reverenciada en los ámbitos de la socialdemocracia costarricense, cuando ésta animaba las acciones políticas del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional (PLN).

Las sabias palabras de don Rodrigo Facio Brenes nos la recuerda el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, quien estima que a él se le puede considerar como el constituyente más lúcido y de mayor convicción democrática de ese proceso histórico que nos diera lo que se conoce en la historia oficial como la Segunda República.

A 71 años de que don Rodrigo Facio Brenes emitiera tan sabio concepto, acerca de la organización de un Estado democrático, al país se le quiere imponer una legislación, la Ley Marco de Empleo Público, de corte totalitario-autoritario, verticalista y absolutista, que arrasa con las autonomías institucionales establecidas en la Carta Magna de 1949, precisamente para evitar la concentración del poder. El legado de ese ilustre ciudadano está en el cajón de la basura de alguna esquina sucia del Balcón Verde.

Estamos viviendo tiempos tormentosos dado que la plutocracia gobernante, ya no solamente controladora del poder hegemónicamente real que le permite hacer lo que le da la gana con la Casa Presidencial y con la Asamblea Legislativa; quiere la constitución legal-formal de ese Estado de corte totalitario-autoritario, para hacer triunfar su tesis liquidacionista de toda política pública que procure el bien común; dando paso a la dictadura ideológica, político y económica, del todo mercado-nada Estado. En su perverso afán, están triturando la Constitución y la Ley.

Pero, ¡van más lejos aún! Han decidido ignorar las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel de la comunidad mundial de naciones, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

La OIT se muestra alarmada con los contenidos autoritarios-totalitarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público. La importante instancia de OIT, conocida como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR-OIT), en su reunión del pasado diciembre 2020, misma que consideró reiteradas denuncias de sindicatos costarricenses sobre este tópico; nos lleva a determinar lo siguiente: A) El proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, violenta el Convenio No. 98-OIT. B) El esquema de salario único global quebranta este instrumento internacional de Derechos Humanos, porque impide la negociación colectiva de las remuneraciones. C) El proyecto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

Las personas y los sectores impulsores, ideológico-políticos, de la Ley Marco de Empleo Público, no solamente está triturando la Constitución y la Ley nacional, sino que también han decidido pasarle por encima a las obligaciones internacionales del país en la materia laboral-social y de Derechos Humanos.

Esta especie de coalición transgresora de los valores inmanentes a los postulados constitucionales de 1949, como nos lo dejó sentados el constituyente don Rodrigo Facio Brenes; así como también trasgresora de la vocación soberana del país para con el respeto pleno a los postulados contenidos en todos los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; posibilita que consideremos mecanismos democráticos de alta calidad conceptual en el plano político, como la Desobediencia Civil para la defensa popular.

Puede ser que esté llegando la hora de que este tipo de mecanismos de defensa popular merezcan debate activo, como para que en el seno de los sectores cívico-populares y socio-sindicales, no alineados con el totalitarismo-autoritario en proceso, pero sí con la real democracia, empecemos a hablar de ellos con fuerte convicción de su materialización concreta en el estado actual de situación que muestra una plutocracia desbocada, en carrera loca, contra toda racionalidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Carlos Alvarado Quesada resultó ser el más grande estafador político que ha ocupado la Presidencia de la República, al menos de las últimas seis administraciones gubernativas a nivel del Poder Ejecutivo. En diversos espacios y circunstancias, hemos explicado este criterio nuestro, así como también lo hemos escrito.

En la pasada campaña electoral, durante su recorrido buscando votos en locales sindicales, Alvarado Quesada planteó una acción gubernativa radicalmente distinta a la que estamos sufriendo hoy, la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

Además, considerando que su partido, el Partido Acción Ciudadana (PAC), había elaborado un ideario ideológico-programático centrado en la búsqueda y la promoción del bien común, así como la recuperación estratégica de las políticas de inclusión social y económica, queda más claro aún que la estafa política en las elecciones presidenciales y legislativas del año 2018, fue por partida doble.

La gente le ha cobrado a él, esa estafa política. Es el mandatario ejecutivo más desprestigiado, más repudiado, el de menor credibilidad, desde que se hacen encuestas para medir la percepción ciudadana de la persona que ocupa la Presidencia de la República. Además, es el que más acusaciones penales tiene en trámite.

Aparte del empleo por parte nuestra de esta categoría sociopolítica de estafador que le hemos venido endilgando al señor Alvarado Quesada; ahora vamos a tener que agregarle otra, la de embustero, también en el plano de la calificación sociopolítica de su actuar presidencial.

Explicamos… El señor Alvarado Quesada se dejó decir que la aprobación del proyecto-Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es una condición sine qua non para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le “preste” al país 1.750 millones de dólares para el tema del descalabro fiscal que vive Costa Rica; no debido, por cierto, al pueblo trabajador sino a los gobernantes de las últimas administraciones de la cosa pública y sus pésimas gestiones ejecutivo-legislativas.

Durante todas las semanas recientes en que este asunto del “convenio” con el FMI ha estado en la palestra pública, ni una sola vez se le dijo a la población que, sin la aprobación de esa legislación, el FMI no prestaría esa plata; plata que Costa Rica no necesita porque aquí hay de sobra.

Es más, no conocemos de una indicación explícita del FMI de que eso sería así. Y si la hubiera, la habrían ocultado. Sin embargo, no lo creemos. Esta gente del FMI, por lo general y dada su trayectoria, no se anda con pelos en la lengua.

Al navegar en internet (https://www.wordreference.com/definicion/embustero), la palabra embustero nos dice de alguien que dice una mentira grande disfrazada de verdad. El adjetivo embustero se emplea para calificar a aquel que realiza embustes: engaños, trampas. Un individuo embustero, por lo tanto, es mentiroso.

Creemos que Alvarado Quesada no puede demostrar el documento-directriz del FMI en el cual se indique si no hay Ley Marco de Empleo Público, no habrá plata (los 1.750 millones de dólares). Por tanto, se trata de un embuste.

Tendríamos que retractarnos, por esta mía vía, si nos lo enseñase y pudiéramos constatar su autenticidad. Como eso no es real, tendremos que decirle aparte de estafador, embustero; repetimos, como categorías políticas de calificación del señor Alvarado Quesada como gobernante.

El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa una iniciativa criolla de los sectores económico-financieros dominantes del accionar de la Casa Presidencial como el del parlamento. Se trata de una iniciativa plenamente ideológica, congruente con otras dos ya aprobadas en contra de la naturaleza y del personal del sector público costarricense.

Este proyecto 21.336 forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República. Esas dos legislaciones ya aprobadas son la conocida como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019). Como ven ustedes, el señor Alvarado Quesada, aparte de estafador político, también nos está resultando un embustero político.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Este contundente criterio y concepto fue pronunciado durante las históricas sesiones parlamentarias que, con ocasión de la Asamblea Constituyente de 1949, dieron origen a la actual Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949; la cual consagró la Autonomía Municipal como una de las piedras angulares del nuevo proceso republicano que se abrió con la promulgación de esa Carta Magna, misma que, hoy 71 años después, todavía fundamenta nuestra institucionalidad como nación.

Otro diputado constituyente de ese gran acontecimiento histórico, la Asamblea Constituyente de 1949, también fue enfático al indicar lo siguiente: “Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

Así nos lo ha recordado, de manera muy oportuna, el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, en su reciente artículo Detractores de la autonomía municipal.

Quienes, dentro y fuera de este parlamento, se han convertido en detractores ideológicos y detractores políticos del régimen municipal costarricense, deben saber que no tienen el más mínimo respaldo en el seno de la comunidad institucional, política, social, laboral y comunal de las municipalidades de Costa Rica. Hablamos con la autorizada voz que nos da ser la expresión contundente de la clase trabajadora municipal organizada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a través de los compañeros y de las compañeras dirigentes laborales de base de la ANEP en los gobiernos locales, presentes aquí y con el beneplácito de quienes no pudieron asistir por diversas razones, para indicarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, lo siguiente:

PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades.

SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo, de consecuencias insospechadas pero temibles.

TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.

CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables; mostrando su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas, un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialista,; entre éstos, los de la propia ANEP, los cuales emitieron criterio vulgarmente despreciado por las personas legisladoras que han llevado la conducción ideológica y político-hegemónica del trámite de este nefasto proyecto.

QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.

SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público, han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.

SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual, como legítimas representaciones obreras del personal municipal costarricense, indicamos que los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro-pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.

OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual, se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.

DÉCIMO: Nosotros y nosotras, como personas trabajadoras honestas, asalariadas del sector municipal del país, régimen que es esencia misma de la maltrecha Democracia; nos comprometemos a desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal. Recogemos ese legado de los padres y de las madres que fundaron el Estado Social de Derecho, en los procesos de lucha social previos a la Guerra Civil de 1948, así como en los que le siguieron a partir de la Carta Magna de 1949. Y ésta es nuestra consigna fundamental de lucha en estos históricos momentos: “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Alvarado Quesada, la élite macro-empresarial para la cual él gobierna, así como las diputaciones que ejecutan las órdenes políticas de la misma (a las cuales se les “tuerce” los brazos”, según decir del legislador oficialista-PAC, Luis Ramón Carranza Cascante); insisten en imponer su concepción ideológica del empleo público en esta etapa histórica tan compleja que estamos viviendo, marcada por la exclusión económica y por la desigualdad social, con la renuncia a la búsqueda y a la promoción del bien común, por parte de quienes controlan las políticas públicas.

Nosotros pensamos que más que una cuestión fiscal, la concepción de empleo público que están tratando de imponer, con la tramitación parlamentaria atropellada del Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es de carácter ideológico, en esencia, con una fuerte dosis de odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales.

El Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, ha indicado que “…es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81 del PIB a partir del 2023”, según comunicado de prensa emitido por la Unidad de Comunicación Institucional de dicha cartera ministerial, con fecha 6 de enero en curso. (Por cierto, que, en el mismo, se oficializa que el “Gobierno no considera aumentar el IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras en propuesta al FMI; decisión cargada de miedo por la fuerte resistencia popular a iniciativas de este tipo, así expresado por una multiplicidad de sectores, entre ellos el sindicalismo no alineado).

¿Por qué creemos que el trasfondo del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, es de orden ideológico con fuerte carga de odio de clase?

Si nos atenemos a la magnitud del tamaño del déficit fiscal, según el oficialismo, que nos digan que solamente se pretende ahorrar 0.81% del PIB y que tal ahorro se daría a partir del 2023, es muestra que es lo ideológico y no lo fiscal lo que impulsa tal funesta legislación; si nos atenemos que la gritería oficialista de corte neoliberal es que el déficit fiscal es “altísimo” y que está “fuera de control” (7-9 puntos PIB).

Efectivamente, 0.81% del PIB es una cantidad que equivale a unos 285 mil millones de colones; una cantidad que puede ser sustituida, fácilmente, por otras fuentes de ingresos fiscales que siguen intocadas y que tienen que ver con la naturaleza perversa de las exoneraciones-exenciones empresariales, que suman 6 puntos del PIB; o bien, con la pavorosa red de corrupción que permite las más diversas y extendidas formas de evasión y de elusión fiscales, que superan los 8 puntos del PIB.

“A confesión de parte…”, nos dice el refrán popular. Es el propio Ministerio de Hacienda el que se encarga de oficializar, de manera indirecta, que no es lo fiscal lo que priva en la locura irresponsable de un proyecto como la Ley Marco de Empleo Público plagado de inconstitucionalidades; considerando que ya no es sostenible la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. De esto ya nos habíamos encargado de desacreditarlo hace bastantes meses, en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.

Como es lo ideológico el contenido sustancial del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el mismo tiene un valor estratégico para la camarilla del real poder gobernante de la actualidad, la de la consigna del “Todo mercado-Nada Estado”. La reestructuración totalizante del modelo de Estado Social que todavía conservamos, aunque en condiciones precarias, ya logró la conversión en ley de la República de los otros dos proyectos integrantes de esta especie de “tríada maldita de legislación antiobrera” en contra del empleo público. Nos referimos a la ley del combo fiscal, impuesta en el año 2018; y la ley anti-huelgas, también impuesta en el 2019. Adicionalmente, ese expediente anti-empleado público, 21.336 es, en realidad, el objetivo central, también ideológico, para las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya nadie engaña a nadie.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.