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El comentario siguiente es el pronunciamiento oficial de la Seccional ANEP-JOVEN y de la Secretaría de Juventud de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en el Marco del Día Internacional de las Juventudes.

El Día Internacional de las Juventudes surgió en el año 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998), designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.

La fecha busca resaltar el esfuerzo de los gobiernos y de las sociedades en promover el papel de las juventudes como actores sociales en los procesos de cambio; y generar un espacio de análisis, debate y concientización sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan.

Este día, adicionalmente, busca celebrar y dar voz a las juventudes, a sus acciones y a sus iniciativas. Además, destaca el compromiso de las personas jóvenes en la vida y en los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros países.

Actualmente la participación de las personas jóvenes se convierte, desde las diferentes formas de organización, en un instrumento capaz de fortalecer la democracia y buscar la justicia social.

La sociedad actual nos marca una serie de preocupaciones y desafíos, destacándose la circunstancia de que, justo las personas jóvenes se convierten en uno de los sectores vulnerables no sólo en el acceso a derechos, sino en el ejercicio pleno de sus deberes.

El desempleo juvenil, el aumento de la informalidad y la precarización laboral, así como la violación tácita de los derechos laborales, hacen que el acceso a oportunidades reales de trabajos decentes, estén siendo amenazados por la transformación de los modelos económicos que se han venido implementando en nuestra región.

La lucha contra la desigualdad, así como el creciente aumento de las brechas sociales, incluyendo la violación a los derechos humanos, coloca sobre el escenario sociopolítico el debate respecto del modelo de sociedad que queremos las personas jóvenes.

En ese sentido, la efervescencia de los malestares sobre el derecho de trabajo, la protección de la seguridad social, la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos integrales; así como, la protección del ambiente, la reactivación económica solidaria, la justicia tributaria y la construcción de un modelo educativo bajo un enfoque crítico, plantea la necesidad del diálogo social, realmente efectivo y verificable, por encima del lucro.

Las personas jóvenes somos agentes de cambio, por ende, no sólo basta con alzar la voz; sino con ejercer nuestro derecho real de participación y marcar la diferencia, desde la construcción no sólo de alianzas y de unidad, sino en la incidencia sobre la política pública.

Las juventudes somos el presente, y en ese sentido, tenemos una responsabilidad para, por un lado, fortalecer nuestras democracias; por otro, defender las conquistas y legados que durante la historia nos han heredado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El comentario siguiente es el pronunciamiento oficial de la Seccional ANEP-JOVEN y de la Secretaría de Juventud de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en el Marco del Día Internacional de las Juventudes.

El Día Internacional de las Juventudes surgió en el año 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998), designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.

La fecha busca resaltar el esfuerzo de los gobiernos y de las sociedades en promover el papel de las juventudes como actores sociales en los procesos de cambio; y generar un espacio de análisis, debate y concientización sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan.

Este día, adicionalmente, busca celebrar y dar voz a las juventudes, a sus acciones y a sus iniciativas. Además, destaca el compromiso de las personas jóvenes en la vida y en los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros países.

Actualmente la participación de las personas jóvenes se convierte, desde las diferentes formas de organización, en un instrumento capaz de fortalecer la democracia y buscar la justicia social.

La sociedad actual nos marca una serie de preocupaciones y desafíos, destacándose la circunstancia de que, justo las personas jóvenes se convierten en uno de los sectores vulnerables no sólo en el acceso a derechos, sino en el ejercicio pleno de sus deberes.

El desempleo juvenil, el aumento de la informalidad y la precarización laboral, así como la violación tácita de los derechos laborales, hacen que el acceso a oportunidades reales de trabajos decentes, estén siendo amenazados por la transformación de los modelos económicos que se han venido implementando en nuestra región.

La lucha contra la desigualdad, así como el creciente aumento de las brechas sociales, incluyendo la violación a los derechos humanos, coloca sobre el escenario sociopolítico el debate respecto del modelo de sociedad que queremos las personas jóvenes.

En ese sentido, la efervescencia de los malestares sobre el derecho de trabajo, la protección de la seguridad social, la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos integrales; así como, la protección del ambiente, la reactivación económica solidaria, la justicia tributaria y la construcción de un modelo educativo bajo un enfoque crítico, plantea la necesidad del diálogo social, realmente efectivo y verificable, por encima del lucro.

Las personas jóvenes somos agentes de cambio, por ende, no sólo basta con alzar la voz; sino con ejercer nuestro derecho real de participación y marcar la diferencia, desde la construcción no sólo de alianzas y de unidad, sino en la incidencia sobre la política pública.

Las juventudes somos el presente, y en ese sentido, tenemos una responsabilidad para, por un lado, fortalecer nuestras democracias; por otro, defender las conquistas y legados que durante la historia nos han heredado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Dijo don Elián Valverde Villegas, ministro de Hacienda, en la Asamblea Legislativa, que vienen nuevos impuestos, pero que estos serán “solidarios” y “progresivos”. Si el Estado va hacia la quiebra “que le vuela la chaqueta”; si el déficit fiscal ya está fuera de control; si la prioridad fiscal son los acreedores de la deuda pública y el escandaloso pago de intereses de la misma; parece lógico suponer que a la gente de a pie (la trabajadora en su más amplio concepto, la clase media en desaparición, el micro-pequeño y mediano empresariado en proceso de extinción), dejen de castigarla con el descalabro fiscal en puertas, de lo cual no es responsable, pese a que sí ha estado sobre sus hombros, llevar la parte más dura y durante muchísimo tiempo de la carga tributaria de este país.

Suponemos (como ha sido nuestro reiterado reclamo durante varios años, en esta columna y en otros espacios, momentos y circunstancias), que don Elián, al hablar de impuestos “solidarios”, está pensando en las personas realmente acaudaladas cuyas fortunas individuales y/o corporativas ya eran sumamente gigantescas antes de la llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 al país. Y que, suponemos también, al hablar él de impuestos “progresivos”, se refiere a que todos los actuales, incluido el más injusto de todos, el impuesto al valor agregado (IVA), han sido “regresivos”. 

¡Eureka! ¡Efectivamente! Debemos alegrarnos de que, a lo mejor, el sistema tributario costarricense iniciará, “por fin”, una transición, una transformación; abandonando su histórico e injusto carácter regresivo (pagan todos por igual sin discriminar capacidad de ingreso), para adoptar el carácter progresivo (pagan más lo que más tienen). Si es eso lo que está, realmente, afirmando el actual Ministro de Hacienda, tendrá nuestro aplauso y respaldo.

Ahora bien, aunque fuese tímido un primer paso de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria, no se logrará nada sin impulsar y poner en práctica una serie de medidas paralelas (ejecutivas y legislativas), para atacar (o empezar a atacar), lo que hasta ahora ha sido la médula podrida o el ADN tóxico del sistema tributario nacional: la evasión y la elusión: esos 250 millones de colones por hora que se robaban los ladrones de impuestos (al menos, a la llegada de la pandemia), mediante una combinación de triquiñuelas jurídico-legales y administrativas, o por medio de una conducta evasora descarada.

Con ocasión de la manifestación vehicular pacífica que se efectuó el pasado lunes 27 de julio, las entidades sociales y sindicales promotoras, organizadoras y ejecutoras de la misma, entregaron un documento a las presidencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo; en cuyo apartado segundo se planteó lo siguiente: “La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, en el próximo período de sesiones extraordinarias a iniciar el 1 de agosto, de expedientes legislativos relacionados con:… Frenar el fraude fiscal que comete el gran capital”. Y, en lo específico, se anotó en ese documento lo siguiente: “Expedientes legislativos que contemplen recomendaciones del Informe Final de la Comisión Especial Legislativa 19.973, que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Papeles de Panamá”. 

Si alguna vez la Asamblea Legislativa fue responsablemente seria en cuestiones de orden tributario-fiscal, fue en el periodo constitucional anterior, 2014-2018, cuando la indicada comisión especial 19.973, puntualizó, una a una, las bases esenciales para impulsar una transformación tributaria estructural, lo cual ha sido y sigue siendo un eje estratégico de lucha cívica en el seno de la corriente sindical en la cual militamos a lo largo de los últimos años. 

Quienes estamos interesados, con sinceridad, en aportar para que nuestro país no sufra la demencial tragedia social de un default (no poder pagar lo que se debe como país, pese a que podría ser catalogada hasta de inmoral la deuda pública); debemos oponernos a más impuestos de carácter regresivo (como el anunciado incremento en el IVA); y exigir que, si de nuevos tributos hay que hablar, entonces que se trate, de verdad, de los “solidarios” y de los “progresivos”; y, a la vez, paralelamente, que se establezcan las primeras medidas que paren el gigantesco y vulgar robo de impuestos que era de hasta 8,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), al momento de la llegada del Covid-19.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Nadie lo pone en duda. A las puertas de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica del coloniaje español, el próximo año 2021, nuestra querida Costa Rica enfrenta una crisis de enormes proporciones y en distintos órdenes, que la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, tan sólo profundizó abriendo el escenario sanitario de esa crisis.

Antes del 6 de marzo, los principales indicadores socioeconómicos de diversas procedencias ya perfilaban un país con un sostenido crecimiento de la exclusión social y económica, aunado a ello a un debilitamiento de la credibilidad en lo que denominamos la clase política tradicional (“fortalecida” ésta con la inserción en ella del PAC y sus dos gobiernos), de lo cual no escapan los partidos-partidos que gravitan en torno a la misma.

En el campo de lo social y de lo popular la dispersión es la característica. También aquí hay crisis, especialmente en el sindicalismo cuyo corporativismo gremial, su vida básica afincada en el seno del sector Público, mayoritariamente; así como los liderazgos individuales, han marcado un derrotero que, al parecer, no está en condiciones de enfrentar el desafío de esta crisis multidiversa en la república del bicentenario.

Sin embargo, considerando que todo lo que nos confronta parece que arrasará con todo y con todos, emerge la necesidad de un esfuerzo mayúsculo de tolerancia en la diversidad, a tenor de la magnitud que parece mostrar la desestructuración de la sociedad tal cual vio crecer a ese sindicalismo excesivamente corporativista-gremial. Un llamado unitario, por tanto, es lo que conviene y es lo que hacemos por esta vía en lo que a nuestra parte nos toca.

Hemos visto, a la vez, cómo se están mostrando nuevos sectores y nuevos reclamos a raíz de las repercusiones económico-sociales de las restricciones gubernamentales producto de la pandemia; sin dejar de lado las anteriores peticiones y los juntos planteamientos de sectores tradicionales de la lucha social que, en algunos grandes episodios de ésta han coincidido con los sindicales, especialmente cuando éstos deciden juntarse y bajar el diapasón de lo que los estaba confrontando entre sí en un momento coyuntural especial.

Al parecer, aún no hemos tocado fondo. La profundidad y la extensión de la presente crisis augura mayores tormentos y más dolor para los sectores populares. Más pobreza, más desempleo y más desigualdad es lo que pronostica el Ministro de Hacienda, según reportes de prensa de su pasada comparecencia en el parlamento.

El testimonio de calle que están dando micro-pequeños y medianos empresarios, junto a sectores informales que muestran indicios de organización a un nivel superior (como los trabajadores conductores de las plataformas tecnológicas), muestra que se ha de extender la lucha social y que, con sindicalismo o sin él, ésta se va a dar.

El sindicalismo debe poner su parte y debe poner de su parte. Es decir, el amplio abanico de documentación analítica alternativa y propositiva que ha acumulado a lo largo de los últimos años, debe servir de base para construir unos puntos mínimos de acuerdo entre sí; y, presentarse ante el resto de los sectores sociales (y hasta productivos), como un aliado de confianza y de respeto.

Por otra parte, también se nota una actividad en el campo de la ciudadanía activa, es decir, personas y grupos sin pertenencia organizacional de ningún tipo (al menos, aparentemente), que reivindican desde diversos puntos de vista, contenidos patrióticos de integración social y alertan sobre el deterioro y sobre la pérdida de la institucionalidad heredada que, de una manera u otra, funcionó para el bien común y para el ascenso social; enfatizando en el problema de la corrupción gubernamental en sus proclamas. Varios de estos grupos formulan llamados unitarios, pero no muestran efectividad práctico-operativa de cohesión ante tanta diversidad.

No incluimos aquí la inminencia de la llegada del proceso pre-electoral para las votaciones diputadiles y presidenciales de febrero de 2022, estando ya a 18 meses de las mismas. Es de esperar que esto resultará imposible de obviar para la efectividad de los llamados unitarios y con una crisis más profunda, la confusión será mayúscula en amplios sectores de la población golpeada y ya casi que excluida. Sin embargo, los llamados unitarios seguirán siendo legítimamente válidos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con ocasión de la manifestación del pasado lunes 27 de julio se dieron a conocer una serie de planteamientos, todos urgentes, que dimensionan los angustiantes sentires de diversos grupos de costarricenses que no forman parte del selecto cuerpo de la élite político-macroempresarial que está controlando los destinos del país. 

1) ¡Fondo de Emergencia ya! Auxilio económico efectivo para que el millón de ciudadanos que han visto disminuidos sus ingresos, tengan alimento y techo. 

2) Eliminación del IVA en la canasta básica, por la aprobación de una ley que regule el abusivo precio de medicamentos.

3) Financiar parte del Fondo de Emergencia gravando grandes fortunas de personas físicas y rentas de sectores con ganancias millonarias. 

4) Aprobación inmediata de leyes que frenen el fraude fiscal que comete el gran capital: Legislar implementando recomendaciones del informe final legislativo que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Papeles de Panamá”. Además, considerándose la moratoria en el pago de la deuda y/o sus intereses.

5) Por la defensa de la herencia del Estado Social de Derecho y su institucionalidad clave para la justicia, estabilidad y paz social. Oposición frontal a la venta de instituciones del Estado. 

6) El ICE no se vende: No a la venta de Kölbi y defensa del Modelo Eléctrico Nacional. 

7) La Caja se defiende: Que el Gobierno pague la deuda a la CCSS, que se legisle o creen mecanismos efectivos para cobrar a los grandes evasores de la seguridad social; amén de dotarla de recursos adicionales para la emergencia y no impulsar iniciativas de desfinanciamiento.

8) Respeto real y efectivo a la independencia judicial, como garantía del Estado de Derecho para todos los habitantes: ¡No rotundo a politización de la justicia en cualquiera de sus formas!

9) Contra la creación de un mega-ministerio “UPAD” (Ministerio de Acción Social -MAS-) que concentraría bases de datos con información personal sensible de los costarricenses.

10) Cancelación de deudas para la agricultura campesina. Rescate y protección del aparato y estructura productiva de la seguridad alimentaria. Fortalecer CNP y no vender Fanal.

11) Rechazo del recorte de presupuestos municipales que sabotea la reactivación económica local; al recorte de 30 mil millones del Bahnvi, que deja a tres mil familias pobres sin hogar; tanto como al dañino recorte a las Juntas de Educación, a la Educación en cuanto tal y al Desarrollo Comunal.

12) ¡Regulación ya! Solución estructural que proteja de la informalidad a las 16 mil familias de personas conductoras de plataformas tecnológicas.

13) Por una política integral y oportuna de acompañamiento real a restaurantes, bares, y afines; protegiendo las familias cuyo ingreso dependen de ese giro de negocio, y al empleo que generan.

14) Estrategia integral que le garantice al comercio equidad de trato, la no extinción de su actividad económica y una menor contracción del consumo.

15) Aprobación de legislación orientada al rescate y recuperación de la micro y pequeña empresa, garantizando mecanismos alternos efectivos para que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras vinculadas a las mismas.

16) No rotundo a la eliminación de la histórica jornada de 8 horas. No al impuesto al aguinaldo y al salario escolar. No a la reducción de jornadas en el sector público ni al congelamiento de las anualidades. Oposición rotunda al proyecto de ley marco de empleo público.

17) Impulso de iniciativas institucionales orientadas a la recuperación del medio cultural en todas sus formas. 

18) Alto a la incidencia desmedida en las políticas públicas de una millonaria cúpula empresarial; concentrando riqueza en pocas manos y aumentando la desigualdad social. 

19) Entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a su legítima propietaria: la clase trabajadora cotizante.

20) Instalación urgente de una mesa unitaria de crisis entre el Gobierno y la multiplicidad de organizaciones sociales y asociaciones de comerciantes, de micro y pequeña empresa.

Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

Hacemos de su conocimiento que, aparte de lo que ya usted está debiendo, debe agregarle una cantidad más: 4 millones 400 mil colones (¢4.400.000). Es lo que “le corresponde” a usted del total de la deuda pública del país, que ya es de 22 billones de colones (¢22.000.000.000.000).

Como somos 5 millones de habitantes, entonces, ¢4.400.000 es el monto “adeudado” por cada costarricense vivo en estos momentos, ya sea bebé, niño o niña, adolescente, joven, persona adulta y de la tercera edad.

Convertida esa cantidad de 22 billones de colones a dólares y calculando el precio de un dólar a 575 colones, entonces la deuda del país es de 38 mil 261 millones de dólares, aproximadamente. Es decir, cada persona costarricense estaría “debiendo” 7 mil 652 dólares. 

Por supuesto que usted, en lo particular, no está debiendo esa plata. Es la deuda pública-país generada por los gobiernos del tripartidismo (Liberación, Unidad y PAC); aunque, según los entendidos, es el PLN el que más ha endeudado al país (hasta la llegada de la pandemia).

¡Sigamos sacando cuentas! Quien hasta hace poco fue Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles (quien venía de laborar los últimos 25 años de su vida profesional en el Banco Mundial), le dio carácter de información de Estado a un dato que era secreto a voces; y que, en nuestro caso, como corriente sindical nacional, de manera reiterada lo hemos venido denunciando en los últimos años. 

Dijo don Rodrigo que, por lo bajo, la evasión tributaria y la elusión fiscal en nuestro país es del orden de los 3 mil 800 millones de dólares, ¡por año! En colones, serían 2 billones 185 mil millones de colones. Esta cantidad equivale a unos 6,1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de estos momentos. Sin embargo, según otras fuentes (y también lo admite el señor Robles), el robo de impuestos es hasta del 8-8.5 puntos PIB. ¡Realmente monstruoso!

Entonces, en los últimos diez años fiscales, 2010-2019, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones sería esa cifra de 3 mil 800 millones de dólares, pero multiplicada por 10. Es decir, 38 mil millones de dólares. ¡Prácticamente, es la misma suma de la deuda pública del país en estos momentos: ¡38 mil millones de dólares!

Esa plata de impuestos que se robaron de múltiples maneras ahora nos tienen como país al borde del precipicio. Esa gigantesca deuda, 38 mil 260 millones de dólares, estrangula el presupuesto nacional por el pago de intereses que supone y, por tanto, con la pandemia encima, estamos llegando a situaciones límite como que el país se declare en quiebra y no pueda amortizar ni el principal ni el pago de los intereses.

En esto de sacar cuentas, ¡también hay que pedir cuentas! No puede haber impunidad. En los últimos 10 años fiscales, tres administraciones gubernativas tienen responsabilidad política inobjetable por este desastre: Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. 

Vamos a tener que ponerle rostro a las principales personas de altísima jerarquía política en esas administraciones que están relacionadas, directa o indirectamente, con esos 3 mil 800 millones de dólares de evasión y elusión fiscales en cada uno de esos 10 años. ¿Cómo se llaman las personas que en la última década fiscal estuvieron en estas entidades: Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda y Dirección General de Tributación? Aparte de, por supuesto, quienes estuvieron en la cima del Ministerio de Hacienda, como ministros-ministras de Estado. Igual responsabilidad es la de quienes se han sentado en la silla presidencial.

La catástrofe por venir es de tal magnitud y de tantísimo dolor, y dado que el gobierno de Alvarado mantiene una intransigente posición, abiertamente autoritaria y de menosprecio absoluto a escuchar alternativas; lo más conveniente sería que las fuerzas sanas y representativas de la sociedad se juntaran, con urgencia, a hablar por lo menos.

Por la relevancia del tema que se está discutiendo, a golpe de tambor, en la Asamblea Legislativa, consideramos pertinente publicar en este espacio semanal de opinión que nos brinda La Prensa Libre, el artículo escrito por la compañera María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) de ANEP; el cual transcribimos a continuación:

Con mucha emoción nos disponíamos a celebrar la aprobación en segundo debate de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, una herramienta jurídica que nos proporciona un poco más de seguridad a las mujeres, ante quienes solo con estos mecanismos se dan cuenta que las mujeres no somos un objeto sexual, a la cual se le dice una frase insultante, un gesto brusco o pasar a una acción de violencia física, tocando nuestro cuerpo, sin nuestra autorización, que las mujeres somos sujetas de Derechos Humanos y que no somos una “pila de agua bendita para que nos metan las manos”.

Es una pena que, en un país respetuoso de Derechos Humanos, se tenga que llegar a estos extremos; que, por medio de una ley, algunos hombres se “enteren” que a las mujeres se nos debe respeto.

Pero más lamentable es que en un país que se jacta de respetar los Derechos Humanos, y un gobierno que, también se jacta, de promover la defensa de los derechos de las mujeres, promueva un proyecto de ley de flexibilización laboral, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 21.182, denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los Derechos de las Personas Trabajadoras”

Primero: una garantía social que con mucho esfuerzo lograron nuestros y nuestras antepasadas, una verdadera conquista de la clase trabajadora, siguiendo lo aceptado socialmente en la distribución del tiempo para laborar, para recrearse y para el descanso por medio del sueño. Esta jornada ha permitido a muchas mujeres, distribuir su tiempo para no solo aportar a la sociedad con su trabajo productivo y reproductivo, sino para prepararse académicamente y de esa manera lograr una movilidad social ascendente y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida, la de su familia; así como a la sociedad.  

Segundo: este proyecto de ley violenta nuestra propia Constitución Política, así como la norma jurídica internacional, consignada por medio del Convenio de la OIT C001-Sobre las horas de trabajo-1919. El cual fue ratificado por nuestro país, mediante la ley número 6711 del 8 de enero de 1982, publicada en el diario Oficial La Gaceta no. 23 del 3 de febrero de 1982.

Tercero: afecta seriamente a las mujeres, especialmente a las jefas de familia, quienes deberán de aumentar las horas de cuido de su familia mientras laboran, lo que lleva a pagar más por ese servicio, cuando han podido asumirlo o lo que es peor, cuando recae en un integrante de la familia que sea “más grande” para que cuide a las demás, generalmente le “toca” a las hijas. Esto conlleva a que no solo la madre se afecte de este tipo de jornada, porque estará muchas horas fuera del hogar y sin poder compartir y reforzar los lazos familiares, sino que a la “grande” le tocará “quedarse en la casa” y asumir el trabajo reproductivo, minimizando sus posibilidades de estudio.

Cuarto: coarta alguna posibilidad de que la mujer trabajadora pueda iniciar o continuar estudios para poder en algún momento, aspirar a un mejor empleo. ¿o es que se podrá indicar en el centro de estudio los horarios en que se puede asistir a lecciones, sean presenciales o virtuales?

Quinto: a pesar de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, con este proyecto de ley de flexibilización laboral, expone a las mujeres trabajadoras, a vivir una situación de este tipo de acoso; al tener que salir de sus hogares en horas muy tempranas y regresar a altas horas de la noche, lo que pondría en peligro su integridad física y emocional.  

Si el acoso sexual callejero nos hace sentir que las mujeres estamos a “disponibilidad” de quien quisiera irrespetarnos, con este proyecto de ley, refuerza esa situación. Estamos “disponibles” para que la “clase empresaurial” que a toda costa tiene que mantener y aumentar sus ingresos, sin importar las necesidades y particularidades de muchas mujeres trabajadoras, sin importar los postulados de Trabajo Decente, sin importar los Derechos Laborales, que son parte de los Derechos Humanos, sin importar la relevancia de un equilibrio laboral, social, emocional y económico de las mujeres; son tan “angurrientos” que ni siquiera son capaces de percatarse que los efectos de este proyecto de ley, les afectará en la calidad del trabajo, porque no se estará en un ambiente laboral sano.

Nuestros derechos como mujeres trabajadoras reciben una de cal y otra de arena, otra vez nos violentan, se burlan de nuestra condición y provocan ampliar las ya existentes brechas de género en salario, en acceso a estudio, en acceso a mejores puestos. Refuerza la relación de poder de quienes poseen los medios de producción y la clase trabajadora, particularmente de las mujeres trabajadoras.   

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La gran mayoría de la población trabajadora de nuestro país (con empleo formal, sin él, en la informalidad), ya la estaba pasando mal antes de la llegada de la pandemia. Ésta lo que ha hecho es agravar tal circunstancia y ha vuelto a nuestro país irreconocible.

El rumbo económico de los últimos tiempos ha estado más que equivocado y los partidos responsables de ello, Liberación, Unidad y PAC, se degeneraron, políticamente hablando, a tal nivel que hoy son la “dirección ejecutiva”, la “gerencia política” de un conglomerado de empresaurios.

En materia de la política económica y macroeconómica ejecutada por los indicados partidos, se debe decir que ésta es un soberano fracaso en cuanto a la inclusión social. Ha fomentado la exclusión económica y ha propiciado la obscena concentración de riqueza.

Por tanto, la gran tarea que la gente golpeada, estafada, desilusionada, precarizada y empobrecida tiene por delante es, al menos, cambiar el rumbo de esa política económica que nos lleva al despeñadero. Tenemos que ir por otro rumbo contrario. Cuatro pistas para ese cambio de rumbo son las siguientes.

UNO: Debe establecerse una política pública para enfrentar la circunstancia del dinero sucio, el del narcotráfico, el del crimen organizado como agente activo del sistema económico y bancario-financiero del país. Serían unos 4 mil 200 millones de dólares anuales del total de la plata sucia, lavado de dinero, que transita en Centroamérica, según la entidad Global Finance Integrity. Instaurar en Costa Rica la Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras, es una alternativa.

DOS: La evasión tributaria en el país es, por lo bajo, de 3.800 millones de dólares anuales: 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Curiosamente, un 6.1% es el cálculo de incumplimiento tributario a nivel regional y para el 2018, según datos de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas. El gobierno empresaurial que nos agobia en Costa Rica está proponiendo un recorte presupuestario de un 1% PIB, teniendo 6 puntos a su disposición… si tuviéramos otro sistema tributario. A este respecto las propuestas están formuladas para una transformación tributaria estructural. En la Asamblea Legislativa anterior (2014-2018), quedaron planteadas en las conclusiones de la comisión investigadora de Los Papeles de Panamá.

TRES: “Recortar el gasto público muy pronto descarrilaría la recuperación”. Éste es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), al mencionar que sin un activo papel del sector Público no será posible que las economías salgan del grave problema socioeconómico que implica la pandemia del covid-19. Aquí se está promoviendo y haciendo todo lo contrario, llegando al punto de rebajar salarios del empleo público. Países europeos que habían mandado al cajón de la basura sus servicios públicos de salud, hoy lo lamentan por los muertos que han tenido. El recortismo fanático-fundamentalista actualmente en desarrollo en el país, representa un suicidio político-colectivo y eso debe ser revertido.

CUATRO: Millonarios por la humanidad es un movimiento global de personas archi-adineradas, poseedoras de fortunas en cantidades inimaginables, acumuladas por sistemas tributarios endebles y por esos nefastos paraísos fiscales. Ellos están pidiendo, paradójicamente, a sus propios gobiernos que les tase (“tax us”,denominación en idioma inglés del movimiento que promueven), a sus propias fortunas, para que haya recursos frescos a fin de potenciar fuertemente la recuperación económica de los países que han sido y que están siendo devastados por la pandemia. Es hora de que, en Costa Rica, los súper-ricos y sus fortunas sean tasados, al menos, con un impuesto solidario para la crisis. Nunca han tributado lo justo, las administraciones tributarias (por decir lo menos), han sido “complacientes” con ellos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18% de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45% de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Es decir que antes de la llegada de la pandemia a suelo costarricense, casi la mitad de los ingresos de la Caja era producto de la fuerza laboral estatal. Dicho de otra forma: de cada 100 personas trabajadoras asalariadas con empleo formal y salario fijo que estaban laborando a la llegada del covid-19, 18 de ellas lo hacían para el Estado y, sin embargo, su aporte a la sostenibilidad financiera de la CCSS casi llegaba al 50% de lo que la institución ocupaba para funcionar.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero-privada ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que debemos condenar enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos, lo cual parece haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia; pues sus enemigos los de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector Público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una importante cantidad de las actuales personas legisladoras de los partidos políticos ideológicamente afines, aunque con nombres distintos, insisten en forzar un recorte presupuestario en las finanzas del Estado central que para nosotros es políticamente suicida; desde el punto de vista que no resuelve el problema estratégico de las finanzas públicas en sus dos principales vertientes. Por un lado, no se mueve ni la más mínima legislación en torno a las urgentísimas transformaciones tributarias estructurales hace ya largo tiempo plenamente definidas pero que nunca se materializaron. Por otro, un endeudamiento público sin fin al borde del default, con un insaciable e imposible de cubrir, cobro de intereses.

Empecemos por esto último. El recortismo suicida que están pidiendo, es para autorizarles al gobierno más endeudamiento, ante la desesperación de éste por la disminución de 3.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de ingresos fiscales previstos para el año en curso. Paradójicamente, el endeudamiento que se está pidiendo, el “salvavidas” que desesperadamente pide el gobierno, apenas es de dos tercios de ese faltante, con lo cual el recortismo exigido no va a alcanzar y en próximos días o meses nuevas exigencias de nuevos recortes aparecerán. Para empeorar la situación no existe en ese escenario legislativo ni la más mínima disposición para considerar las razones por las cuales, cada año se ha dejado de percibir 3.800 millones de dólares, como evasión impositiva en todas sus formas, lo cual nos dice que en la última década los estafadores tributarios habrían acumulado hasta unos 38.000 millones de dólares. ¿Lo anterior lo afirma un sindicalista?, ¡No! Fue Rodrigo Chaves Robles, funcionario por 25 años del Banco Mundial y que fue “expulsado” del cargo de Ministro de Hacienda, por sus propios errores, pero básicamente por haber afirmado lo anterior, como parte de varias herejías que se dejó decir en el seno de ese parlamento de tantas curules ideológicamente afines, por lo general, muy dóciles al pensamiento del accionariado mediático del periodismo del odio.

Insistimos en que este tipo de recortismo presupuestario es suicida porque, al no resolver el fraude estructural tributario, va a llegar un momento en que lo único que quedará es despedir maestros, despedir policías, y­/o reducir el Poder Judicial a una caricatura institucional, por ejemplo. Porque la esencia del recortismo es seguir pidiendo prestado y los nuevos préstamos, cada vez más difíciles de obtener, son para pagar los intereses de las deudas anteriores, ni siquiera para amortizar al principal de las mismas. Nos han metido en una espiral infernal de suicidio político colectivo.

Ese recortismo presupuestario es también, fanático. Poco antes de la llegada de la pandemia al país ya teníamos un endeudamiento atroz y el fanatismo ideológico imperante impedía considerar alternativas responsables que no nos metieran en esa espiral infernal. Tan solo pensar en esta asociación de datos nos da escalofríos: 10 años de robo de impuestos, a 3.800 millones de dólares como promedio anual, arroja unos 38.000 millones de dólares, como indicamos arriba. Por otro lado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) según informe oficial en poder de la ANEP, indicaba que el sistema financiero costarricense tenía una cifra muy cercana a la indicada como “depósito del público en moneda extranjera” en un período relativamente similar (para arriba o para abajo), a una década de evasión tributaria incontrolada.

¿Cuál segmento de la población costarricense podría haber acumulado tal cantidad de dinero como para que fuera conceptuada como “depósito del público en moneda extranjera”? es más que obvio que no es la población trabajadora ni las clases medias. Ni el empresariado honesto. Esa acumulación de capital tan desenfrenada está en otro parte; al punto de que no es extraño afirmar que tiene que ver con el dinero sucio del narcotráfico y el crimen organizado, también indicado por el mencionado ciudadano exministro de Hacienda, no por un sindicalista aunque hace tiempo lo veníamos diciendo antes de que apareciera en escena el señor Chaves Robles.

Insistimos: esa política macroeconómica y fiscal nos lleva al precipicio. La pandemia está acelerando ese perverso tránsito hacia tan grande y dolorosa caída. ¡Dejen de gobernar para los grupos fanáticos de la acumulación de capital financiero-bancario, irresponsablemente insaciable! El incendio social por venir también los quemará.