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No encuentra uno la palabra correcta o el concepto apropiado para calificar el siguiente dato que se hizo público recientemente: 23 mil es la cifra de deserción de estudiantes de primaria y de secundaria que se dio en el pasado año 2023. Con exactitud, 23.750 personitas de la niñez y de la adolescencia dejaron de ir a las aulas educativas del sistema público ese año.

Sin duda alguna esto es producto de una conjunción de factores que tiene al país en involución, en cuanto al otrora famoso desarrollo económico-social con altos niveles de inclusión que había alcanzado la sociedad costarricense. El país del “pura vida”, la “Suiza de América”, el “altar” de los Derechos Humanos (DD.HH.) ha dejado de existir. ¡Entendámoslo!

Según lo indica el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de niños, niñas y de adolescentes en cuyos hogares priva la dificultad económica; combinada con baja escolaridad, algo que está detectado que priva en esa juventud que ya quedó inserta en las bandas criminales, que cayó presa e, incluso más doloroso, que murió en medio de la violencia de las balas.

Quiere decir esto, en consecuencia, que esas 23 mil 750 personas todavía en niñez y en adolescencia pasan a ser el “mercado humano” al cual acudirán esas bandas y esos grupos criminales, en pleno desarrollo, para reclutarles a fin de llevarles a integrar las respectivas redes delincuenciales y del crimen organizado.

Las 23 mil 750 nuevas personitas “listas” para ese perverso reclutamiento vienen, entre otros lugares, de zonas geográficas castigadas por la exclusión social y económica: zonas costeras de Limón y de Puntarenas, zonas fronterizas como la Norte. Por demás, “nada nuevo” si consideramos que las mismas han venido configurando la otra Costa Rica, la de la desigualdad sistemática que se ha vuelto sistémica.

Recientemente, los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), atinadísimamente, señalaron que la Costa Rica de hoy día ocupa de otro modelo de organización económica. ¡Exacto!

Las 23.750 nuevas personitas potenciales integrantes de bandas criminales constituyen muestra inequívoca de que el actual modelo de organización económica, ha fracasado rotundamente. Les dejó por fuera, les lanzó a la calle, cuando sus estructuras de personalidad están en formación y cuando los valores positivos necesarios para una integración social y productiva se trastocan ante el espejismo del dinero fácil con el cual superar la exclusión económica de que han sido víctimas.

Y es que éste es el punto cardinal, central, medular del grave problema de la actual sociedad costarricense: se ocupa otro modelo de organización económica porque el actual ha convertido a la desigualdad en política de Estado.

El actual modelo de organización económica es tan perverso y tan amoral que, sin asco, el profundo recorte presupuestario que impone a diversos programas de política social, es la base para alegar mejoras en cifras macrofiscales, maquillándolas; pues sigue sin revolverse, por ejemplo, ni en lo más mínimo, el monstruosísimo pago diario de intereses obscenos de la deuda pública.

El narco y el crimen organizado están más que felices: el fracasado modelo actual de organización económica (según el manifiesto de la Iglesia Católica, que nosotros compartimos), todos los días les provee “mano de obra” más que barata. En el 2023, tuvieron por cada uno de los 200 días lectivos de ese año, prácticamente, 112 personitas a su disposición.

En nuestro país existen grupos de personas que desde los diferentes espacios en los que actúan, cuando se trata de la cosa pública, de las políticas públicas, de la práctica política cotidiana, muestran cada vez con mayor agresividad su visión de mundo que quisieran imponérsela al resto de la sociedad.

Esa visión de mundo, de corte totalitario y totalizante, nosotros la hemos catalogado como el todo mercado-nada Estado. Es para nosotros el lado incorrecto de la Historia.

Por el contrario, y muy a pesar de la visión de mundo todo mercado-nada Estado, las cosas en Costa Rica surgieron desde la perspectiva de una acción de política pública con sentido social; de tal suerte que fue la preocupación por poner a la búsqueda y a la promoción del bien común, en la centralidad del esfuerzo colectivo por fomentar una sociedad promotora de la inclusión social y económica. Según nuestro entender, es éste el lado correcto de la Historia.

En la pugna cotidiana entre estas dos visiones del ordenamiento social, en Costa Rica el todo mercado-nada Estado no ha logrado imponerse completamente, pese al mayor esfuerzo político que ha podido desplegar al ser el controlador de las últimas administraciones gubernativas, incluyendo la actual.

A la inversa, el otro lado,la acera de enfrente a la del todo mercado-nada Estado, muestra importantes episodios de lucha cívico-social a lo largo de los últimos 40 años, que han permitido mantener en pie a grandes herencias institucionales pensadas para la inclusión social y económica. Ahí están, en pie, por ejemplo, herencias vitales del bien común y de la inclusión social como la CCSS, el INS, el ICE, el INA, el AyA, el BCR, el Código de Trabajo, la universidad pública, entre otras joyas de la abuela.

Sin embargo, es más que obvio que los del todo mercado-nada Estado se han venido apropiando, exageradamente, de los beneficios del crecimiento económico lo cual les ha permitido tener abultadísimas fortunas producto de un sistema tributario injusto y corrupto que ya es sistémico.

Frente al todo mercado-nada Estado,con su proclividad a lo totalitario y totalizante, lo correcto es enriquecer el campo de la acción democrática con contenido social. Y para ello, la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) nos ofrece una gran posibilidad de aglutinamiento constructivo de amplia base.

Al ser Costa Rica un país que ha decidido adherirse a la comunidad continental y planetaria de los DD.HH., firmando, aprobando y ratificando la más amplia serie de tratados en la materia; el todo mercado-nada Estado ha de enfrentar un desafío imposible de superar pues su egoísmo glotón le ha de ganar la repulsa social más amplia… si trabajamos para ello.

En la corriente sindical en la cual militamos, y ante el ataque furioso del todo mercado-nada Estado, a las leyes laborales, a la Negociación Colectiva, al salario mínimo, a la seguridad social, al empleo público, al propio clima y a la preservación del ambiente que nos fuera heredado; creemos que en los diversos tratados de Derechos Humanos estamos encontrando nuevos contenidos, renovados bríos, argumentaciones sólidas, como para aportar a la derrota, ojalá definitiva, del todo mercado-nada Estado.

“Nuestro modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”. Este criterio no es de origen sindical; es de los obispos costarricenses integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Estamos hablando del documento eclesiástico Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria.

¡Descuiden, señores del Poder! No se trata de la abolición de la propiedad privada, ni nadie del capital sufrirá expolio alguno bajo ninguna circunstancia, aunque su enorme dimensión en ciertos ámbitos de la producción, de la economía y de las finanzas, ponen en entredicho su limpieza.

Lo que a nuestro juicio está indicando, de manera implícita, la CECOR, es que estamos necesitando de otro modelo de organización socioeconómica que sea estructuralmente capaz de superar la pobreza de modo significativo.

Además, agregamos nosotros, ese otro modelo de organización socioeconómica también debe ser capaz ya no solamente de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión, sino de devolvernos a la senda de la inclusión social y económica.

Como nuestro “modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”; entonces (a modo de ejemplo), es sumamente urgente que:

1. hay que proceder a la radical transformación del sistema tributario, que incluya una declaratoria de emergencia del sistema de aduanas;
2. hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública desde la Asamblea Legislativa pero con una comisión mixta que incluya a entidades ciudadanas;
3. hay que revisar, profundamente, el tema de las zonas francas y su orgiástico aquelarre de exenciones y de exoneraciones;
4. hay que contratar, al menos, a 20 mil personas jóvenes para los diversos cuerpos policiales del país;
5. hay que darle un giro de 180 grados a la gestión, ya casi inexistente, del MAG, para que se dedique a la soberanía y a la seguridad alimentarias;
6. hay que establecer un nuevo salario mínimo de fijación semestral, con limpieza y fortalecimiento de la inspección laboral;
7. hay que pagarle la deuda a la Caja;
8. hay que crear más empleo público gestor de empoderamiento para la movilidad social con carácter estructural;
9. hay que fomentar el cooperativismo de los micro y medianos emprendimientos conectados con las zonas de gran pobreza y de exclusión económica y de notorio desempleo juvenil;
10. hay que darles más potestades y más financiamiento a las municipalidades para una provisión de servicios públicos y de impulso a políticas públicas rompedoras de estereotipos institucionalizados que han colapsado en el seno del Estado central.

La incapacidad del actual modelo de organización económica para la integración social plena tiene también enormes consecuencias negativas en los ámbitos del empleo juvenil, de vivienda social, de los servicios educativos públicos, de nuestro sistema de salud y de seguridad social. En todos estos ámbitos la denuncia pública de su proceso de deterioro sistemático y acelerado es cosa de todos los días. 

El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria, merece que le demos gran atención.

Primero fue la señora diputada doña Gloria Navas Montero quien dio en el punto correcto: vamos directo hacia el narcoestado en la medida en que no se invierta, de manera estratégicamente fuerte, en materia de seguridad. Más leyes en este ámbito, por sí solas, de nada servirán. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.

Luego fue el señor diputado don Gilberto Campos Cruz quien planteó, de manera dura y directa, la misma tesis: sin más financiamiento en materia de cuerpos policiales, el narcoestado se impondrá, de manera definitiva. El colapso será total. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.

Muchísimos meses llevamos ya planteando esta circunstancia mediando las diferentes voces líderes de los cuerpos policiales organizados en la corriente sindical en la cual militamos.

Una y otra vez, cientos de veces, se ha alertado desde el ámbito obrero-policial el paulatino y sistemático deterioro integral de la capacidad instalada en materia de seguridad ciudadana; conceptuada esta integralmente: Fuerza Pública propiamente dicha, policía antidrogas, migratoria, guardacostas, de fronteras, vigilancia aérea, penitenciaria, tránsito, judicial y fiscalía, tributario-fiscal, guardaparques y hasta de inteligencia.

Si los poderes políticos que manejan la sociedad costarricense, tanto los de carácter real como los de la formalidad republicano-institucional, no toman las decisiones estratégicas en la materia, es decir, generando una fuerte inyección de recursos públicos en cada una de esos cuerpos policiales, la batalla está perdida.

Los grupos narco-organizados están ya tomando debida cuenta de la debilitad estructural y estratégica que está mostrando el aparato público-institucional y muestran osadía sin límites como atacar frente a los propios edificios judiciales.

Se tienen que derribar tabúes y superar fanatismos ideológicos en la cuestión fiscal. Por ejemplo, urge subir el techo de la regla fiscal en, al menos, 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para destinar recursos frescos a mayor contratación de personal policial en todos esos cuerpos; para la más amplia modernización tecnológica y de inteligencia, vehicular y de avituallamiento; para construir más instalaciones policiales, para desplegar programas de asocio directo comunidad-policía en el nivel local, para elevar la calidad del control del flujo migratorio ilegal, etc.

Se debe establecer una política de empleo y salarial de nuevo tipo para el personal policial de Costa Rica, con nuevos estímulos, con salud ocupacional de primera y con posibilidad real de una jubilación especial.

Se debe desterrar ese fiscalismo fundamentalista, ortodoxo y extremista, de todo lo que tiene relación con el financiamiento de la política integral de seguridad nacional para cerrarle el paso, de manera efectiva, al avance del crimen organizado del narcotráfico.

Datos extraoficiales en nuestro poder indican que, por ejemplo, en la propia Fuerza Pública se necesitan 6.000 nuevos policías; 1.200 en la Policía de Tránsito; cerca de 700 en la Profesional de Migración; 1.200 en la Policía Penitenciaria; 500 en la PCD y 300 en el Servicio de Vigilancia Aérea y otros 300 en el de Guardacostas; más 500 en el OIJ y 500 en la Policía de Fronteras.

Solamente en estos cuerpos policiales estamos hablando de más de 11.000 personas jóvenes, las cuales insertas en este mercado laboral de la seguridad pública les serán arracadas a los tentáculos del narco que están asechando a nuestra juventud desempleada y sin esperanza.

Por Albino Vargas Barrantes

En reciente entrevista periodística radiofónica, el actual Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, formuló criterios acerca del problema fiscal-tributario del país que, sinceramente, nos sorprendieron.

No sabemos si fue un desliz, si fue un “safis”, si fue un cargo de conciencia que no pudo contener más, si fue una pose demagógica; o, en el mejor de los casos, fue una especie de confesión política con alta conciencia de que debía hacerlo pues no podía esperar más. Además, si lo que planteó es del conocimiento de su jefe máximo, el Presidente de la República; y, ambos, andan por ese lado ahora.

Saben nuestros lectores y nuestras lectoras de Diario Extra, que la corriente sindical que encabezamos tiene la cuestión tributario fiscal, primerísimo lugar en nuestra agenda estratégica de trabajo y de lucha.

Ello hizo que le pusiéramos bastante atención y cuidado a don Nogui en esta entrevista, la cual da mucho material para analizar y hasta para proponer; aunque no pase de ser tan solo una entrevista y de la misma no se derive ni la menor acción político-gubernativa con relación a sus contenidos. Nosotros sí la sabremos aprovechar y estamos empezando con las líneas que usted está leyendo.

Para los efectos del presente comentario, consideramos que la siguiente es la frase cardinal de los criterios emitidos por don Nogui en esa entrevista: “… somos una sociedad muy desigual, pero, además, cobramos de manera muy desigual los impuestos, y resulta que la gente que más recursos tiene no está pagando”.

Solamente en estas pocas palabras, encontramos tres situaciones de altísimo contenido político-social para la causa que nosotros defendemos y por la cual luchamos a toda hora:

1. Somos una sociedad muy desigual. Ya nadie discute esto, independientemente de su posición político-partidista, socioeconómica, cultural-académica, etc. Costa Rica vive una época histórica de su desarrollo republicano que es la misma que se vive, prácticamente, en todo el orbe: estamos viviendo la actualidad histórica más desigual de toda la historia de la Humanidad.

• Cobramos de manera muy desigual los impuestos. Nosotros lo hemos definido de esta forma, cualquier cantidad de veces y de circunstancias por múltiples medios. El sistema tributario costarricense es doblemente perverso: es injusto y es corrupto.

• La gente que más recursos tiene no está pagando”. ¡Don Nogui descubrió el agua tibia! En nuestro país quienes pagan impuestos son “los y las de abajo”, así como los sectores medios. Proporcionalmente hablando, pagan más los que menos tienen. Los que tienen, los que verdaderamente tienen, pagan a medias, no pagan del todo, eluden, evaden, sacan la plata del país a paraísos fiscales; tienen bufetes y despachos de expertos tributarios que les ayudan a procesar el robo de impuestos en todas sus manifestaciones y con ropaje legal.

Don Nogui, también, trató un tema considerado “tabú” en los sectores hegemónico-políticos del real poder en nuestra sociedad: el de las exenciones y exoneraciones. ¿Qué le motivaría? Se dejó decir esto:

“El gasto tributario incorpora evasión, pero también exoneraciones, ¿y saben cuál es el peor problema del gasto tributario? Las exoneraciones. Son más o menos 4 puntos del PIB que tenemos en exoneraciones, esos 4 puntos del PIB nos darían un superávit financiero”. ¡4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), -son, al menos 6, según otras fuentes!

Siempre hemos tenido razón. Siempre hemos estado del lado correcto de la Historia: el de la justicia social. Siempre hemos afirmado que el problema más grave de nuestro país no es la violencia del crimen organizado ni el negocio sucio del narcotráfico. Es el de la desigualdad asentada en una profunda injusticia tributaria multi-causal y multi-factorial. La entrevista a don Nogui que comentamos en este artículo se localiza en el siguiente vínculo

@radiocolumbia

«La gente que más recursos tiene no está pagando». En Por Tres Razones de Noticias Columbia escuchamos al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Video Completo en YouTube: Columbia Digital.

♬ sonido original – Radio Columbia 98.7 FM

En el contexto de las elecciones municipales nacionales formulamos vehemente llamado de atención a cada uno de los conglomerados laborales de los 84 gobiernos locales, a cada persona trabajadora de los mismos y sus correspondientes familias; a fin de que el valioso voto se lo den a las mejores personas candidatas de cada localidad. En especial, pongámosle una lupa cívica a cada aspirante teniendo en nuestra mente lo siguiente:

1. Protección a los Derechos Laborales: Exijamos a nuestros líderes y lideresas municipales compromisos firmes para proteger nuestros derechos laborales, garantizando condiciones justas y decentes de empleo; respetando íntegramente las leyes labores y equitativas para la clase trabajadora municipal, pocas veces valorada en cuanto a su papel en el fortalecimiento y el desarrollo de la democracia local.

2. Votemos a dirigentes políticos que no sólo respeten, sino que celebren e involucren la participación sindical, reconociendo el papel fundamental de los sindicatos en la defensa de nuestros derechos y de la Democracia.

3. Diversidad e Igualdad: Apostemos por personas candidatas que abracen la inclusión en el trabajo municipal, donde cada uno y cada una tenga su lugar. La igualdad de género y las oportunidades deben ser para todas las personas candidatas un compromiso innegociable e irrenunciable, así como una firme convicción de combatir toda forma de discriminación.

4. Salud y seguridad primero: Votémosle a esas propuestas concretas para mejorar nuestra salud y seguridad en el trabajo. Un ambiente laboral seguro no es un lujo, es un derecho fundamental que merecemos.

5. Negociación colectiva en acción: Apoyemos a quienes valoren, respalden y respeten la negociación colectiva, como un Derecho Humano Fundamental.

6. Educación para el avance: Elijamos personas líderes comprometidas con la educación y formación continua. La inversión en nuestro desarrollo profesional nos empodera y fortalece el tejido laboral municipal.

7. No a la privatización, sí a la eficiencia: ¡Defendamos nuestro trabajo! Rechacemos la privatización de servicios municipales en cualesquiera de sus formas. Recuperar los servicios que antes fueron privatizados y exijamos medidas para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, porque el servicio al pueblo es nuestro compromiso. No le votemos a ninguna propuesta privatizadora.

8. Bienestar social en nuestras manos: Votemos por propuestas que den prioridad a la agenda de bienestar social. Con programas sociales que abracen la salud, vivienda, educación y deporte. Particularmente, elijamos papeletas que tengan verdadera vocación de considerar a la juventud como parte activa de la democracia en el gobierno local.

9. Defensa de la Autonomía Municipal: Para el resguardo y atención cercana de las necesidades comunales, debemos elegir a las personas que defiendan y fortalezcan la Autonomía Municipal con rango constitucional, fundamental para la estabilidad de nuestra Democracia.

10. Compromiso ecológico-ambiental: Apoyemos a quienes integren políticas ecológicas y ambientales en la gestión municipal. La sostenibilidad es la clave para el bienestar de nuestras comunidades y el legado que dejaremos a futuras generaciones.

11. Transparencia y Participación Ciudadana: Demandemos transparencia en la gestión municipal y promovamos la participación ciudadana. Nuestra voz debe ser escuchada en la toma de decisiones que afectan nuestras vidas.

12. El dinero sucio producto del crimen organizado y del narcotráfico no tiene cabida en la política municipal. Debemos cerrarle el paso y no dar el voto a candidaturas que, abierta o solapadamente, son proclives de vender su alma al diablo.

¡El poder está en las personas que defienden sus derechos y toman las mejores decisiones para su presente! Recordemos que las personas trabajadoras organizadas somos la mayor fuerza política.

El siguiente criterio no es nuestro, pero, prácticamente, lo suscribimos pues es acertado para los actuales momentos que vive Costa Rica: “Hay que reducir las desigualdades en educación, salud, empleo, vivienda y servicios básicos”.

Y este otro criterio no pudimos nosotros haberlo planteado de mejor manera: “No podemos sentirnos satisfechos con el crecimiento macro de la economía, lo fundamental es que el crecimiento tenga un efecto multiplicador para todos, en la totalidad de los rincones de Costa Rica”.

 Y, finalmente, repare usted en lo siguiente: “El gobierno controló la inflación y los números macro se ven bien, pero ahora debemos trabajar como sociedad para fortalecer los programas sociales y, primordialmente, la educación.

Las frases entrecomilladas del primer párrafo están incluidas en un artículo titulado Desarrollo desequilibrado, aparecido en prensa nacional en estos días, cuyo autor, el señor Jorge Woodbridge, es un notable integrante de los sectores hegemónico-económicos más relevantes del país, quien tiene importantes vínculos con la clase poderosa que ha controlado los últimos gobiernos, en especial con el sector financiero de la misma. ¡Pues claro! La gente no come macroeconomía y la desigualdad asumió el poder.

Luego de tanto y tanto tiempo de una denuncia y de una lucha constantes por parte de los sectores sociales y, específicamente, los sindicales con sensibilidad sociopolítica, va tomando perfil de consenso nacional de que se les fue la mano en la imposición de la concepción del dogma que la persona debe estar al servicio de la economía.

¡Sí! se les fue la mano al punto de que en lado de los sectores del capital se afirma, tajantemente, que “las bandas del narcotráfico se alimentan de estudiantes que no terminan su formación y han perdido la esperanza”.

Ya no solamente es una sabiduría popular de sentido común que desde hace bastante tiempo está en las mentes de la gente. Ahora, en el seno de los sectores acaudalados en los cuales se mueve el Sr. Woodbridge, es verdad de imperio.

Él mismo acepta que hay más de 400 mil hogares en pobreza y que hay 1.4 millones de pobres. La pobreza no cede ante la falta de educación y de trabajo, dice; y afirma que la inversión social no debe reducirse y, todo lo contrario, el gobierno debe fortalecerla.

Y es en este punto donde el planteo de don Jorge llega a una encrucijada pues no nos dice cómo conseguir el cacao para hacer más y buen chocolate.

Son estos temas lo que, como dardos punzantes, están agobiando a la misma Democracia, desestabilizándola; por cuanto el desarrollo desequilibrado que preocupa a don Jorge tiene una contracara: el acelerado y desequilibrado proceso de concentración de la riqueza.

La estructura tributaria costarricense, su misma administración y su régimen de exenciones y de exoneraciones; la política salarial tanto a nivel privado como público, el salario mínimo; la deuda pública y su estructura actual de pago de intereses, el régimen de zonas francas y la transformación que sufre; la producción agropecuaria nacional, el empleo juvenil, la protección ecológica y la estrategia para potenciar emprendimientos micro-pequeños y medianos; son parte consustancial para alcanzar un desarrollo equilibrado.

Notará usted que solamente hicimos mención de esos puntos-temas y que no les pusimos adjetivos calificativos para no etiquetarlos con contaminación ideológica per se. Pero sin considerarlos, junto a los temas de don Jorge, jamás hallaremos, por lo menos, una tenue senda para un desarrollo con equidad. La gente no come macroeconomía y la desigualdad asumió el poder.

Por:Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Disminuir los intereses de la deuda pública…”, planteó el actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuando era candidato en el documento Plan de Gobierno 2022 – Progreso Social Democrático, incluyendo el lema “Con valentía para el progreso de Costa Rica”. ¿Cuál es la situación real al respecto a 20 meses de que llegó él a la Casa Presidencial?

Empezamos el año 2024 y el servicio de la deuda pública del país, promedialmente hablando, está demandando la espantosa cantidad diaria, cada 24 horas, en colones, de prácticamente 16 mil millones (₡16.000.000.000).

Ese “servicio” indica que la cuantía abrumadoramente mayor de esa suma es por el pago de los intereses más que obscenos y vulgares que demanda la deuda pública. Y si lo convertimos a dólares estadounidenses, hablamos de 30 millones de dólares cada 24 horas.

Tome nota usted que al día de hoy, miércoles 17 de enero, llevamos 48 días de este 2024; entonces estamos hablando de que ya han salido de las arcas públicas mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares ($1.440.000.000). En colones, casi 750 mil millones de colones (₡750.000.000.000). Noten ustedes cuál es la cuota de sacrificio que está pagando el pueblo trabajador y la clase media (en proceso de extinción) por esta barbaridad.

¿Cuál ha sido, entonces, la “labor” presidencial para “disminuir los intereses de la deuda pública”? Creemos que ninguna. Como tecnócrata-banquero que pasó tres décadas fuera del país, Chaves debe tener un panorama muy amplio de lo que representa para países con economías como la nuestra la carga de deuda pública tan monstruosa como la que está sufriendo el pueblo costarricense. ¿Qué ha hecho, entonces, para disminuir el pago de los intereses de la deuda pública?

¡Sí! Es el pueblo costarricense el principal pagador de la misma dado que, como es bien sabido, el gran capital tiene cualquier cantidad de protecciones, de regalías y de artimañas para burlar sus responsabilidades tributarias para con el país.

La actual Asamblea Legislativa aprobó, a ciegas, una partida para este 2024 de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000), dentro de lo que denominan Presupuesto General de la República para el tal servicio de la deuda pública; poco más de 11 millones de dólares estadounidenses.

Creemos que esto nos lleva a un colapso social más profundo del que ya estamos presenciando y, por tanto, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no vamos a desistir de nuestro empeño en denunciar esta barbaridad.

Hay que admitir que cuando llegó a la Presidencia, el señor Chaves se encontró con esta realidad tan trágica de las finanzas públicas costarricenses. Y hay que señalar con el dedo acusador a varias fuerzas político-partidarias que fueron gobierno antes de mayo de 2022.

Especialmente, hay que apuntar al Partido Liberación Nacional (PLN), como el más grande responsable del estado calamitoso del fisco costarricense pues nunca quisieron modificar, estructuralmente hablando, el sistema tributario costarricense y sus sucesivos gobiernos prefirieron pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado…

Pongámosles rostro a las víctimas de este desastre. Reparemos en estos dos ejemplos: el o la policía de su localidad; el personal educador del Magisterio Nacional de la escuela/colegio a donde usted lleva a sus hijos o hijas próximamente. Están ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total y les adeudan la misma cantidad de años por un reajuste por costo de vida que no les quiere pagar el Presidente Chaves. ¿Y si hay un estallido social, ¿qué va a decir? Que fue producto de una célula terrorista de otro país. ¡Por favor!…