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Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Señora Rocío Aguilar Montoya: usted debe abandonar el Gobierno de la República, dejando cuanto antes el Ministerio de Hacienda.

Durante 4 años, de 2013 a 2017, usted formó parte del Comité de Inversiones de Aldesa, cuyo máximo jerarca financiero-empresarial, Javier Chaves Bolaños, al momento de escribir este artículo, estaba bajo rejas, detenido.

No sabemos si él tendrá la “suerte” del gran estafador, del mismo conglomerado empresarial, el señor Yankelewitz (Yanber), al que le dieron casa por cárcel.

Doña Rocío: Usted tiene información privilegiada de lo que pasó con la plata de los cientos de inversionistas de Aldesa; usted debe conocer adónde fueron a parar los 200 millones de dólares hoy “perdidos”.

Usted, doña Rocío, debe presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público luego de abandonar su cargo y declarar todo lo que sabe sobre las inversiones de Aldesa, durante esos 4-5 años de ejecución de las maniobras financieras que hacía el señor Chaves.

El principio constitucional de presunción de inocencia le asiste, pero su permanencia en este ya muy desprestigiado Gobierno la deslegitima en grado sumo.

Ya, de por sí, su conducta política deja mucho que desear, si consideramos su ilegal proceder al saltarse la Constitución, disponiendo recursos para pago de deuda pública al margen de la propia Asamblea Legislativa. 

Usted forma parte selecta de esos poderes fácticos, ideológico-hegemónicos que han venido controlando la política macroeconómica-fiscal de los últimos Gobiernos; y que se le impone a la gente pese a que esta votó por otra cosa radicalmente distinta. 

Doña Rocío: su fundamentalismo ideológico en materia fiscal está llegando a extremos intolerables, pues aparte del fracaso de su más preciada creación, el combo fiscal (ley 9635); usted insiste en extremizar el ataque salarial al empleo público con el Decreto Ejecutivo No. 41729-MIDEPLAN-H, firmado por usted junto a su lugarteniente ideológica, en su aversión patológica al empleo público, doña Pilar Garrido Gonzalo, la ministra del Mideplan. 

Sabemos del malestar de propios compañeros suyos, del Consejo de Gobierno, que refunfuñan y hablan a sus espaldas de sus draconianas medidas fiscales extremas y extremistas. 

Doña Rocío: Alvarado no la va a destituir. Él no manda en este ámbito de la política pública de lo macrofiscal de corte neoliberal. ¡Déjelo! Ya lo ha hundido lo suficiente.

Tal vez yéndose usted (y todo lo que usted representa), a lo mejor él decide “reconciliarse” con sus estafados políticos: por ejemplo, los miles de empleados públicos vilipendiados por usted y por sus congéneres ideológicos (como “los Aldesa”), que le creyeron a Alvarado y su cuento de evitarle al país “el reino de Satanás”.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

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Cada una de esas cantidades, representan el pago de intereses de usura que miles de costarricenses, personas y empresas, pagan constantemente, de manera inmisericorde; convirtiendo a los sectores económico-empresariales receptores de semejantes cantidades de dinero, en uno de los grupos más poderosos del país, con fuerte incidencia en la gestión gubernativa y con suficiente fuerza como para haber bloqueado, durante tantos años, que algo de control hubiese en esa materia del cobro de los intereses de usura.

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Se está hablando de una cantidad equivalente a 6.57 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, poco más de 5 veces el monto a recaudar por parte del fisco con el detestado paquetazo de impuestos, ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Es decir, otro tipo de política fiscal, más afín a la gente y al bien común, pudo haber establecido un impuesto de un 1%, o de un 1.20% al cobro de intereses de usura, poniendo fuertes frenos-límites al cobro de los mismos, de tal suerte que los emisores de tarjetas y los prestadores de plata, recibieran un 20% menos en sus ganancias y, pese a ello, éstas seguirían siendo astronómicas y hasta obscenas; y, por el contrario, la mayoría de la gente sería beneficiada y, por supuesto, las mismas finanzas públicas con impacto en la desaceleración del déficit fiscal.

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado Quesada y Fabricio Alvarado Muñoz), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

Vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561, que pretende poner algo de control y de razonabilidad al desenfreno que ha representado el cobro de intereses de usura.

Posibilitar algo de freno a tal exceso de esa acumulación de capital desenfrenada, puede convertirse en uno de los factores que impacten un proceso, integral y articulado, de reactivación económica; pues significaría -entre otras posibilidades-, que familias altamente endeudadas y sacrificadas, financieramente hablando por esos intereses de usura, tendrían mayor liquidez para depositarla en el mercado interno de bienes y servicios, especialmente en compras a micro-pequeñas y medianas empresas.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60% y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.

Cualquier materialización concreta en torno a una especie de agenda-país, distinta a la que está carcomiendo el tejido socioeconómico de la Democracia en estos momentos, deberá incluir como uno de sus contenidos fundamentales, la regulación legal del cobro abusivo de intereses de usura.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Gracias a la acción más que oportuna del señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, hemos podido conocer otra de las facetas más vergonzosas y más injustas del no menos injusto sistema de impuestos de este país: las amnistías tributarias.

La más reciente regalía de los neoliberales en el poder, fue incluida en la detestada ley del combo fiscal, No. 9635, mal llamada Fortalecimiento de las finanzas públicas; dentro de la cual se incluyó una disposición para otorgarle amnistía tributaria a los evasores-elusores de impuestos.

Recordemos que el actual presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, ha sido acusado por varios sindicatos judiciales de que él mismo, destacado promotor de esa ley y que la misma se concretó con su propio voto, se habría beneficiado de la misma, pues habría sido uno de los amnistiados tributarios.

El despacho del indicado legislador nos compartió los datos que a regañadientes le entregó la neoliberal Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, en el sentido de que la amnistía tributaria, el perdón tributario a los deudores de impuestos, ascendió a la enorme suma de, prácticamente, los 195 mil millones de colones (195.000.000.000), equivalentes a 0.55% puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Este montón de plata que debió entrar a las debilitadas arcas públicas, es porque con esa amnistía tributaria, los evasores recibieron perdón de sanciones y perdón en cuanto a pago de intereses acumulados por esa mora tributaria.

Pero, lo más notorio de esa amnistía tributaria es que, pese a que hubo 14 mil beneficiarios de las mismas, solamente 25 de ellos concentraron el 90% del dinero que se dejó de recaudar por ese perdón tributario incluido en la ley del combo fiscal, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Los de arriba”, ¡perdonados! (amnistiados)… “Los de abajo”, ¡garroteados! Veamos estos datos que reflejan esta nueva injusticia con el tema de los impuestos en nuestro país:

A Durman Esquivel le perdonaron -amnistiaron-, 10 mil 313 millones de colones (10.313.000.000); a Florida Capitales S. A., casi 1.151 millones (1.151.000.000); a Productora La Florida, 1.119 millones de colones; al Banco BCT, 1.123 millones; a la Standard Fruit Company, 24 mil 521 millones; a Café Rey, 1.070 millones de colones; a Banco Promérica, 852 millones de colones…

¿Es esto justo? ¡Por supuesto que no! Si bien es cierto esos 14 mil contribuyentes tributarios amnistiados pagaron al fisco 207 mil millones de colones (0.59 puntos del PIB); el perdón tributario recibido de los casi 195 mil millones de colones, será repuesto mediante el impuesto al valor agregado (IVA), a la canasta básica durante seis años seguidos.

Es decir, y según los cálculos del diputado Villalta, las familias asalariadas, las familias desempleadas, las familias en pobreza extrema, las familias altamente endeudadas; deberán sacar, a partir de julio próximo, de sus raquíticos ingresos, 33 mil millones de colones anuales para reponer los 195 mil millones de colones amnistiados a, prácticamente, esos 25 contribuyentes como los que acabamos de citar. Por supuesto, que este dato es para efectos de ejemplificar cuán injusto es el sistema tributario costarricense.

¿Queda claro, entonces? En materia de impuestos, “los de arriba”, ¡perdonados!; “los de abajo”, ¡garroteados!

Y a propósito de este nuevo cuadro-escenario de lo perverso que es el actual sistema tributario nacional, debemos emplazar (nuevamente), al señor Carlos Alvarado Quesada, quien como cabeza principal del Poder Ejecutivo se presentó ante la Asamblea Legislativa, el pasado 2 de mayo y leyó el documento por él denominado Estado político de la República y los asuntos de la Administración; para indicar lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers, como lo referencia al secreto bancario”.

Efectivamente, los proyectos de ley derivados de la investigación legislativa de los Papeles de Panamá, abren el camino para una ruta de transformación estructural de ese perverso sistema tributario; y, además, abren una seria oportunidad de considerar alternativas de reactivación económica que tanta urgencia representa en estos momentos, dado el mal estado de las cosas actuales en el país.

Entonces, ¿por qué no abre la discusión nacional al respecto?; ¿por qué no convocar a una mesa nacional, multisectorial, de trabajo al respecto?; ¿por qué no hablarle al país con claridad cuáles son esos proyectos de ley?

La respuesta es obvia: el verdadero real poder en estos momentos es, precisamente, el gran perjudicado con esos proyectos de ley si éstos llegaran a aprobarse. Entonces, ¿por qué el señor Alvarado habló de ellos en su mensaje del 2 de mayo al parlamento? ¡Vaya usted a saber!

No habrá forma de salir adelante en este país, si una transformación estructural como la tributaria no se emprende con toda la potencia política que requiere.

Ellos, “los de arriba”, los del real poder, seguirán robando impuestos, eludiéndolos, evadiéndolos, amnistiándose, perdonándose intereses y multas…; hasta que “los de abajo”, que también representan un real poder, se decidan actuar, articuladamente, para desplazarles del control de la hegemonía política que hoy les permite tanta impunidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cada joven costarricense que en estos momentos se encuentra en el desempleo, en la informalidad, en la delincuencia, es una muestra dolorosa del fracaso de las políticas económicas de los últimos gobiernos, incluidos -por supuesto-, los del Partido Acción Ciudadana (PAC).

No nos reponemos del impacto que nos ha generado el conocer, según la más reciente encuesta que acaba de salir a la luz pública, que el 60% de la muchachada entre los 18 y los 24 años de edad, desea irse de Costa Rica, desea migrar a países como Estados Unidos o Canadá.

Este tipo de sentimiento de las personas jóvenes, en cuanto a la desesperanza que les embarga acerca de su futuro en el suelo que les vio nacer, solamente se conocía en países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Que Costa Rica esté ya creando las condiciones para expulsar de su propio suelo a gran cantidad de personas jóvenes, no puede sino señalarlos con contundencia que el país va por un rumbo económico-social más que equivocado; que nos llevan al despeñadero, que vamos en caída libre hacia el abismo de la desigualdad.

Lo hemos, reiteradamente dicho; lo seguiremos diciendo.

Esta gente del poder real, mediante sus medios de comunicación, todos los días vive envenenando a la sociedad acerca de lo “pernicioso” que significa la acción directa de la política pública, la intervención abierta del Estado, para propiciar condiciones sólidas de tránsito de nuevas rutas para la inclusión social y para la promoción del bien común.

Pero si lo que están dejando en evidencia sus políticas económico-fiscales es que su apuesta por el “todo mercado-nada Estado”, ha fracasado; y que la satanización extremista de lo público se les ha convertido en un boomerang, por el abrumador repudio ciudadano que han concitado ante la imposición de ese rumbo equivocado.

Este doloroso dato de la alta cantidad de jóvenes que quieren irse del país, se une a una cadena de realidades socioeconómicas que nos gritan en la cara de que el modelo económico vigente debe cambiarse.

Ese modelo centrado en la priorización absoluta en el equilibrio macro-fiscal fanático, ideológicamente concebido como el único posible; ese modelo que está enfermizamente obsesionado con un pago a ciegas de la deuda pública y de sus obscenos intereses, sin cuestionarse si ello puede manejarse de otro modo; ese modelo centrando en la corrupta permisividad para que el megacorporativismo empresarial eluda, por todas las vías posibles, su responsabilidad tributaria para con la sociedad; ese modelo centrado un sistema tributario para castigar a los que sí, realmente pagan sus impuestos; repetimos, ese es el modelo fracasado que está ya creando las condiciones para la expulsión del país de toda esa juventud desalentada, decepcionada, desesperanzada.

Las alternativas están. Pero falta un poderoso músculo social y cívico-patriótico que le quite la hegemonía a esas políticas y a sus ejecutores. Todos esos jóvenes que se quieren ir del país, les están señalando con dedo acusador; y, a la vez, nos reclaman la inacción de quienes sí estamos en condiciones de hacer algo estratégico al respecto.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Les vamos a quedar debiendo nuestra cuarta entrega de la serie de artículos que venimos publicando bajo el título “Carlos Alvarado Quesada y Los Papeles de Panamá”. Pedimos disculpas por adelantado. Tenemos pensado hasta una quinta, pues el tema es fundamentalmente estratégico para quienes pensamos en la tesis de que Otra Costa Rica es posible.

Ocurre que es de tal gravedad el deterioro de los espacios democráticos e institucionales para la acción civil (particularmente, la de los sindicatos), lo cual estamos ya enfrentando, vimos como gran necesidad compartirle nuestra lectura de este peligroso proceso de confrontación entre el autoritarismo y la Democracia.

Los signos están más que claros. La hegemonía del capital neoliberal tiene el control, casi que absoluto, de la dirección político-estratégica del país. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa está marcando dos líneas fundamentales, primordiales, de transformación estructural del Estado, alejándolo de cómo fue su naturaleza originaria a partir de la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

Por un lado, están ocurriendo modificaciones estructurales a esa carta magna, sin pasar por los procedimientos que la misma estableció para ser modificada ella misma. Es decir, se están haciendo reformas constitucionales de facto.

El establecimiento de una presidencia de la República, imperial y autoritaria, con dos superministerios (Hacienda y Planificación), controlando todo el aparato del Estado en materia macroeconómica-fiscal y de gestión del recurso humano, respectivamente; así como la violentación de la autonomía del régimen municipal; son dos ejemplos más que contundentes de una modificación sustancial de la concepción republicana de la acción pública-estatal, a partir de una diversidad de responsabilidades compartidas en el aparato público, según lo definió la carta magna de 1949. ¡Ahora no! Se va en camino de la entronización de un fuerte Estado central controlador absoluto.

Estas dos modificaciones constitucionales de facto ocurrieron con ocasión de la imposición legislativa de la hoy ley de la República, Fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635, fuertemente resistida en las calles de este país; legislación que se verá complementada con el proyecto, ya en trámite acelerado, de la Ley Marco de Empleo Público.  

La otra línea fundamental en la ruta hacia la instauración de esa institucionalidad autoritaria, es la ofensiva político-ideológica en desarrollo contra el Movimiento Sindical y contra el derecho constitucional de huelga, el ataque más reaccionario y violento desde la implantación de la denominada Segunda Pública.

Los proyectos de ley para declarar que son esenciales la práctica totalidad de los servicios públicos para impedir toda forma de huelga en ellos; para una regulación castrante, per se, del ejercicio de la huelga reconocido internacionalmente como Derecho Humano, desconstitucionalizándolo; para viabilizar en sede judicial la disolución-anulación de la organización sindical; así como para impedir que éstas elijan, autónoma y democráticamente, sus dirigencias, impidiendo la reelección de las mismas; son elementos de indicación contundente de la instauración-imposición de esa nueva institucionalidad republicana de corte autoritario.

Algunos pensamos que, dada esta situación contra la organización popular-sindical, se está manifestando una especie de terrorismo de Estado pues, por ejemplo, medidas tan drásticas, autoritarias y dictatoriales de tal calibre, fueron impuestas en las dictaduras del cono sur latinoamericano, en los años 60’s y 70’s del pasado siglo XX.

Ahora bien, ambas medidas estratégicas que impulsa la fracción parlamentaria (y, por ahora, mayoritaria), multipartidista del capital neoliberal (la imposición del Estado central-autoritario y la aniquilación de la organización sindical-popular), adicionalmente expresan que el deterioro macro-fiscal y económico-social de la situación del país, estaría exigiendo la adopción de fuertes medidas de “ajuste estructural” en el corto-mediano plazo.

En tal sentido, se requiere de una intervención político-ideológica preventiva, para evitar reacciones populares y ciudadanas de envergadura desafiante, como podrían ser aquellas de un calibre tal que podría poner en riesgo de desestabilización a ese orden institucional autoritario, ya en proceso de instalarse.

La contracara de esta realidad, es la intensa manifestación de repudio, de enojo, de indignación y de rabia que se está mostrando en amplios sectores de la ciudadanía; pero, sin embargo, no encuentra un camino sólido, unificado, de articulación para la acción.

Quienes impulsan la implantación de esa institucionalidad republicana autoritaria, la proscripción en la práctica de la organización popular-sindical, así como la criminalización de la protesta social; tienen -por ahora-, la posición ventajosa que les da esa desarticulación de la indignación popular.

De ello se colige que no hay mayor reto para las fuerzas y sectores democráticos, civilmente patrióticos y herederos de una institucionalidad republicana pensada para la inclusión social (pese a todas sus perversiones, desviaciones y corrupciones); que aprestarnos con urgencia a la construcción de esa nueva articulación para esta nueva coyuntura. Si no somos capaces de pasar del enojo a la articulación para la acción, entonces tenemos que aceptar que nuestro clásico derecho al berreo se hizo ahora más sofisticado: lo ejercemos por las redes sociales.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Aunque no lo admitan, ellos lo saben. El combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, solamente sirvió para hacerle daño a la mayoría de la población del país; especialmente a la clase trabajadora asalariada y a la de la informalidad, así como a las micro-pequeñas y medianas empresas.

Además, una fuerte carga ideológica en contra del sector Público, en contra del empleo público, estuvo en la consideración política fundamental de los grupos dominantes para meterle, con forceps, a la gente esta ley que, como reiteradamente hemos apuntado, se impuso haciendo varias trampas políticas, tema éste que abordaremos en próxima entrega.

Lo que nos interesa ahora es insistir en que esta gente del gobierno del tripartidismo PLUSC-PAC ha fracasado en cuanto a su política económico-fiscal: alto desempleo (llegando al 20%); no hay reactivación económica, los salarios están deprimidos y congelados (exceptos los de la cúpula política de alto nivel, las burocracias doradas); la informalidad es ya la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA); el alto endeudamiento público y los intereses obscenos de la deuda pública están estrangulando la economía, el agro está abandonado y en proceso de extinción, la mega-corrupción tributario-fiscal del empresauriado está sin control, etc., etc. ¡Fracasaron! La sociedad es más desigualdad que nunca.

Por eso conviene poner en la mesa que existen otras posibilidades de una nueva política económico-fiscal, distinta a la implantada por los grupos económicos del alto corporativismo empresarial instalados en Zapote en los últimos gobiernos y no solamente en el actual. ¡Son los mismos!

A juicio de la opinión de los expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Costa Rica tiene diez desafíos fiscales estructurales, más agudos todavía, luego de la fracasada apuesta neoliberal por el combo fiscal-ley 9635.

Son éstos: 1) Gasto público insuficiente y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 4) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital (FIC), es decir, el dinero sucio producto del negocio criminal del narcotráfico y del crimen organizado. 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de esos diez aspectos abre la posibilidad de la construcción de un enorme conjunto de disposiciones políticas, legales y administrativas, para darle un nuevo rumbo al país, un cambio estratégico ante la constatación de que los controladores de la cuestión macro-fiscal y tributaria del país en los gobiernos del PLN, de PUSC y del PAC han, repetimos, fracasado estrepitosamente.

Este dato es realmente impactante. Las arcas públicas dejan de recibir, ¡por mes!, unos 425 mil millones de colones; gigantesca cantidad que equivale a 1.21% del Producto Interno Bruto (PIB). El combo fiscal-ley 9635, la ley que está causando tanto daño a la mayoría de la población, apenas recaudará, ¡en un año!, unos 440 mil millones de colones, equivalentes a 1.25 puntos PIB.

¿Y por qué esta grave situación? Pues los mega-intereses del gran corporativismo empresarial del país no permiten ningún tipo de transformaciones profundas en materia de evasión fiscal-fraude tributario (8.5 puntos PIB), ni tampoco en exenciones-exoneraciones (6 puntos PIB).

Además, es más que un crimen social seguir sacándole recursos a los que menos tienen y a los que sí tributan y tributan más, proporcionalmente hablando; para destinar recursos a una deuda pública que es impagable, al menos en su estado actual de condiciones de pago de intereses, por ejemplo. Hay que auditar esa deuda con urgencia.

Como bien ha indicado el papa Francisco, el gran desafío para la Costa Rica actual es éste: “Una economía que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja”. Dice el papa Francisco que “hay que cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana”.

Ni Alvarado, ni Piza creen en esto. Ni André Garnier, ni Edna Camacho, ni Rocío Aguilar creen en esto. Ni Carlos Ricardo Benavides, ni Paola Vega, ni Yorleny León creen en esto. Ni los latifundistas mediáticos practicantes del periodismo de odio, creen en esto. Ni las burocracias doradas de salarios multimillonarios creen en esto. Ni el histrionismo radiofónico gobiernista, cree en esto. Ni sus respectivos adláteres, amanuenses, escribanos, aduladores, condescendientes obreros por oportunismo y similares, creen en esto. Y, sin embargo, ¡hay esperanza!

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

A pocos meses de las elecciones municipales de febrero del año entrante, 2020, la preocupación político-laboral que expresamos con relación al futuro de la institucionalidad del régimen municipal costarricense, es enorme.

Desde la promulgación de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949, la autonomía que la misma le otorgó al régimen municipal, no había sido tan groseramente violentada, como ocurrió recientemente, con la aprobación de la ley denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, de amplio repudio y resistencia popular.

Estamos pensando que cada persona que se va a postular para lograr alcanzar cada una de las 82 alcaldías y cada uno de los puestos de igual número de concejos municipales, estará animada de nobles propósitos; y que es la buena fe, la que le motiva en aras del bienestar de quienes serán sus propios electorales y luego sus representados.

Que el Ministerio de Hacienda esté, ya, dictando-imponiendo pautas en cuanto a política de gasto y de inversión para las municipalidades, invocando esa ley 9635, nos parece un adefesio jurídico y un atentado a la concepción democrática de los gobiernos locales; los cuales, por su dinámica de estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía, no compatibilizarán su quehacer con los lineamientos de dicha cartera ministerial; lineamientos que, es mejor decir, saldrán de la propia Casa Presidencial.

Diversos especialistas en Derecho Constitucional, cuya opinión acertada hemos consultado, están consternados por el cercenamiento, la amputación, la violación que se cometió en la actual Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuando se votó el indicado proyecto de ley conocido por el pueblo como combo fiscal.

Se considera que, en estricto apego a la aplicación de un régimen de derecho transparente, correspondía primero discutir si esa autonomía constitucional del régimen municipal debía, valga el concepto, desconstitucionalizarse; para luego si y si ello se lograba, imponerles a las municipalidades políticas fiscales propias de una concepción macroeconómica, muy ideológica, centrada en la obtención de resultados cuantitativos, más no logros de orden social para el desarrollo integral de las personas, especialmente las más vulnerables sociológica y económicamente hablando.

Como ya es de amplio conocimiento público, esta correcta apreciación estuvo en la mente de cada una de las actuales personas regidoras de los diferentes municipios del país, cuando tres cuartas partes de los mismos se pronunciaron contra dicha legislación, en su momento. De nada valió.

En la Costa Rica de ahora, la acción gubernativa fundamental está inspirada en valores nada afines a la democracia y sí proclives al autoritarismo; especialmente aquel fundado en la ignorancia, el clientelismo electoral de corto plazo y el ventajismo oportunista de sesgo personal.

Muchos pensamos en que las municipalidades, dado su carácter de gobierno de más cercanía a la ciudadanía y más allá de sus dificultades y desaciertos; están destinadas a incrementar su papel en el plano local-comunal, al acrecentarse la desigualdad social y la exclusión económica; perverso camino que está muy potenciado desde la hegemonía gubernamental dominante, la que se ve y la que no se ve.

En tal sentido, son muchas las personas que, ya repuestas de la conmoción político-social que les generó la abrupta aprobación-imposición legislativa de la ley 9635; hoy con más claridad del grave golpe sufrido a la Democracia en materia de la autonomía municipal, se aprestan a nuevas acciones de lucha cívica para la recuperación plena de la misma.

Desde la corriente sindical en la cual desplegamos nuestro accionar todos los días, y como garantes de la estabilidad socioeconómica y laboral de una abrumadora mayoría del personal municipal del país; impulsamos nuestro aporte para que sea la Constitución la que vuelva a normar la vida institucional municipal; y no, el autoritarismo de un Estado central que se viene delineando con contenidos ideológicos radicalmente distintos a los principios y valores de la Carta Magna de 1949.

El personal que actualmente labora en los municipios del país, en enorme mayoría, ya se ha concientizado acerca de la herencia que les fue depositada por, al menos, dos generaciones de costarricenses nacidas luego de la promulgación de la Constitución Política de 1949.

Este personal, sus propias familias y su conglomerado social ciudadano de mayor cercanía en cada municipio, constituye un fuerte soporte para la actual lucha, ya en desarrollo, a fin de que vuelvan los municipios a ser gobiernos locales; no dependencias políticas del Estado central y capturados por un tipo de gestión presidencial de corte autoritario que es la que está desarrollándose en este momento. Con enorme esperanza y con gran civismo.