Limón: el fracaso más contundente de las políticas neoliberales

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ninguno sale bien librado: ni el Partido Liberación Nacional, ni el Partido Unidad Social Cristiana, ni el Partido Acción Ciudadana pueden mostrar que sus respectivas administraciones han realizado políticas públicas realmente con carácter de integración social en cuanto a la provincia de Limón; si se quiere, la región del país que más contundentemente refleja el fracaso de las políticas neoliberales que estos tres partidos, al renegar de sus principios y valores fundacionales, terminaron adoptando en sus correspondientes administraciones ejecutivas.

La verdad es que, en las tres provincias costeras del país, Limón, Guanacaste y Puntarenas, los indicadores socioeconómicos generalmente aceptados en nuestra sociedad, reflejan con crudo dramatismo los tres más grandes vicios contaminadores de la convivencia democrática que se nos impusieron, cuando los gobernantes y las sucesivas administraciones de esos tres partidos, definieron que la promoción del lucro privado fuera el eje “articulador” de la integración social.

Estos tres flagelos, en Limón (tanto como en Puntarenas y Guanacaste), consisten en: 1) desempleo abierto, subempleo y precarización laboral y salarial; 2) desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso vs. intenso proceso concentrador de riqueza; 3) alto índice de violencia en todas sus manifestaciones: económica, sociofamiliar, delincuencial, crimen organizado y narcotráfico.

Ahora Limón, tal vez como nunca antes se evidenció, muestra la dura realidad de que la entrada en operación de la transnacional de operación portuaria va ir en paralelo con el aumento de los impactos de esos tres flagelos; como si ya no fuese suficiente la cantidad de años que viene viviendo en rezago social integral, pese a que desde el punto de vista económico, todos los datos indican no solamente su potencial sino la enorme cantidad de recursos económico-financieros que se mueven con base en su estratégica ubicación geográfica.

Sin una agresiva política pública impulsada al más alto nivel político del Estado, Limón sucumbirá definitivamente.

Lo desesperanzador es que la actual administración gubernativa Piza-Alvarado, dado su carácter político-ideológico a favor del megacorporativismo de negocios, especialmente el de sesgo transnacional, no va a rectificar esa política de exclusión social y de expolio económico a Limón, si en sus pobladores y fuerzas vivas no media una especie de rebelión ciudadana.

La agresión política que, desde el Estado central, en este caso el MOPT y la Casa Presidencial, se da en contra de la institucionalidad pública representada en Japdeva, no deja lugar a dudas de que a esta entidad han decidido desaparecerla (o reducirla a una mínima expresión simbólica), pues la prioridad de la política pública es ahora, no sólo contundente, sino que profundamente ideológica en el caso del negocio portuario del país: todo mercado-nada Estado.

Creemos que nada bueno puede esperar el pueblo de Limón de parte de sus políticos del ahora tripartidismo hegemónicamente dominante: la tríada gobiernista PLUSC-PAC. Tampoco, aunque habrá excepciones de valor, la “nueva” clase política limonense parece estar a la altura del más grande desafío de inclusión social que tiene la provincia caribeña ante el expolio de los beneficios del negocio portuaria transnacional.

En nuestra modesta percepción de la realidad limonense actual, se debe impulsar la creación de un poderoso polo de poder, cívico-social, con vocación convocante para la movilización activa, para demandar de parte del Estado central (ahora volcado hacia el fomento del desarrollo de los mega-negocios como su prioridad), políticas de reactivación económica realmente efectivas y de promoción de contundentes acciones de inclusión social, mediando un gran papel inversor de parte del Estado que sí puede fomentarlo bajo la presión articulada de ese polo de poder cívico-social.

El sindicalismo nacional con propuesta-país, dentro del cual militan importantes agrupaciones laborales limonenses, cuenta con un amplio abanico de propuestas integradoras y de desarrollo económico-social que pueden ser consideradas por las fuerzas vivas de Limón, pero en articulación estratégica para un fuerte cambio de rumbo en lo que hasta ahora ha sido el ausente papel estatal en el fomento del crecimiento económico con inclusión social en la provincia caribeña.

La gravedad de la coyuntura, con lo poco activo de ese papel estatal que todavía queda en Limón, como lo es Japdeva, requiere la transformación cualitativa de las fuerzas vivas de la localidad (que son dignas de consideración), en un factor de poder desafiante de esa cruel hegemonía del capital, impulsada desde Zapote contra el pueblo caribeño.

Corrupción en el Ministerio de Hacienda

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por supuesto que existe un importante grupo de personal en el Ministerio de Hacienda que desempeña su quehacer con gran honradez, con suma ética y honrando el real significado de la transparencia en la función pública.

Sin embargo, las manzanas podridas de la corrupción están ganando la partida en ese ministerio .

Siempre hemos estado afirmando que la corrupción con ropaje legal o sin él, está carcomiendo la institucionalidad pública.

Además, que la perversa alianza de lo que está torcido en lo público, al juntarse con lo no menos podrido de lo privado, en materia de negocios con la cosa pública, nos lleva al despeñadero como sociedad.

En menos de una semana, tres noticias surgidas de cosas malas que están sucediendo en el Ministerio de Hacienda, provocan fuerte conmoción ciudadana; al punto de que la transparencia del quehacer de esta institución sufra de manera casi que irreparable.

Impactados quedamos al recibir un escrito anónimo firmado bajo el notario concepto de “Funcionarios NO CORRUPTOS del Ministerio de Hacienda”; grupo que da una versión distinta acerca del caso de los varios miles de millones de colones que le “perdonaron” a la transnacional Standard Fruit Company, bajo la amnistía que impuso la ley 9635, el combo fiscal, la del “fallo constitucional de compadre hablado”.

En ese escrito se dan criterios para dudar de que esa multimillonaria amnistía fuese éticamente correcta, para decirlo de manera decente.

Que un grupo de funcionarios del Ministerio de Hacienda se catalogue a sí mismos como “NO CORRUPTOS”, expresa la cruel admisión de la existencia de un funcionariado corrupto en esta entidad conspirando contra toda la sociedad; en evidente asociación con ese importante segmento del corporativismo de los negocios privados que están inmersos en las sucias prácticas de la evasión tributaria; segmento al que estamos catalogando como “empresaurios”.

La segunda noticia de que el binomio corrupto público-privado está reinando en el Ministerio de Hacienda, es el impactante dato de la “desaparición” de 13.000 mil contenedores dado a conocer por parte del mismísimo Director General de Aduanas.

Para que sigamos estupefactos con esto de la corrupción en el Ministerio de Hacienda, agregamos la información de que varios funcionarios viajaron al extranjero con financiación de empresas privadas, las cuales pretendían -presuntamente-, algún tipo de trato “especial” en el ámbito tributario-Fiscal.

Parece que la sociedad está indefensa ante el desmadre que ocurre con la evasión fiscal y tributaria en Costa Rica.

El inventario de este desmadre fiscal-tributario que impera en el Ministerio de Hacienda no acaba aquí, con estos tres incidentes sucios de corruptelas en el Ministerio de Hacienda. Hay mucho más…

La responsabilidad política de la Ministra de Hacienda es inobjetable. La señora Rocio Aguilar Montoya debe dar la cara.

Aunque sabemos que la ideología que ella profesa es totalmente proclive a la hegemonía de lo privado, es innegable que frente a sus narices están ocurriendo graves fraudes ético-jurídicos tributarios descomunales, cuyo abordaje directo y contundente no puede eludir.

El neoliberalismo fracasa en todo lado… ¡y también aquí!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acaba de ser publicado un extraordinario informe por parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): una especie de diagnóstico fiscal de nuestro país.

Nos parece acertadísimo. No le conocemos nada parecido a las universidades públicas del país, todas encerradas en sus respectivas burbujas de cristal, alejadas de la calamitosa realidad nacional de fuertes contradicciones sociales y económicas.

Según su sitio web, www.icefi.org, consiste en: “…un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Ese informe, titulado “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, el Icefi sintetiza en 10 puntos lo que nosotros conceptuamos como el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por las últimas Administraciones gubernativas (incluida la actual), que no han podido frenar el crecimiento del desempleo; que no han podido frenar el crecimiento de la desigualdad; que no han podido parar/desacelerar el proceso de concentración de riqueza; que no han podido generar una reactivación económica realmente estructural; que no han podido parar el fraude fiscal en toda su amplia diversidad; que no han podido combatir el déficit fiscal con solidez sostenida; que no han podido evitar el crecimiento de la deuda pública y su obsceno pago de intereses; que no han podido frenar la corrupción de la colusión de los interés públicos con los privados; que no han podido evitar el crecimiento de la informalidad; que no han podido evitar la paulatina desaparición de la producción agropecuaria nacional; etc., etc., etc. 

Hemos empezado a hablar de este informe del Icefi en otros espacios mediáticos y de otra naturaleza; y vamos a insistir mucho en este, por cuanto esos 10 puntos sintetizan el fracaso de las políticas macrofiscales, económico-financieras y tributarias de las sucesivas Administraciones que, sistemáticamente, cometen estafas electorales como la ocurrida en las elecciones del pasado año 2018; estafas electorales que han venido creciendo de elección en elección, en magnitud de engaño, al punto de que hoy en día el país tiene a la cabeza del Poder Ejecutivo a la persona peor calificada de los últimos 40 años en ese cargo presidencial.

¡Por favor, repare usted en estos 10 puntos!

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. Casi todo se va en pagar la deuda pública.

2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. La corrupción se ha llevado mucho dinero de la gente.

3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. El sistema financiero-bancario, público y privado, atesora más de 20 mil millones de dólares depositados… y no se pueden aprovechar.

4) La carga tributaria es rígida. No ha habido reformas tributarias estructurales profundas para llevar justicia al sistema.

5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. No hay voluntad política para atacar, con fuerza real, el fraude fiscal. El robo de impuestos en todas sus modalidades está sin control.

6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). El sistema financiero está inundado de dinero sucio, dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

7) Estructura tributaria regresiva. Pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos ganan; y los que ganan más, no pagan del todo o roban impuestos.

8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. El dinero público financia grandes actividades corporativo-empresariales, directa o indirectamente.

9) El déficit fiscal ha sido creciente. Va hacia el 7%. El combo fiscal (ley 9635), de nada sirvió y solo hizo daño a la gente trabajadora asalariada. Las calificadoras de riesgo de inversión, descalificaron esta ley, la que se impuso mediando el fallo constitucional de compadre hablado.

10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad. Se acerca al 60 por ciento del PIB y crecerá más si los diputados aprueban un endeudamiento adicional de 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, la clase políticamente hegemónica, su parlamentarismo afín, su jerarquía ejecutiva y su prensa ideologizada (la del periodismo del odio, por ejemplo), insisten en profundizar el fracaso que acertadamente diagnosticó el estudio del Icefi, aunque tengan que apelar a formas del ejercicio autoritario del poder atropellando normas elementales de la Democracia, como lo es propiciar legislación para la proscripción efectiva de la actividad sindical.

La verdad de su fracaso se les volvió amenazante para su supremacía política, tramposamente impuesta… hasta ahora.

13 mil contenedores «desaparecidos»

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuando la gente trabajadora asalariada de todos los niveles, tanto la que labora para el sector público como las que lo hacen para el privado, empieza a percatarse de la realidad y de la profundidad de la agresión económico-financiera que significa la ley del combo fiscal, No. 9635, se agiganta el valor de la lucha sindical y social del año pasado en contra de esta legislación.

Quienes no creyeron, empiezan a creer; quienes creyeron desde un inicio y lucharon, acrecientan su autoridad moral para reclamar. Y, colectivamente, unos y otros, se percatan de la naturaleza de clase del presente Gobierno Alvarado-Piza, cuya gestión no es a favor de las mayorías.

Cuando hablamos de la naturaleza de clase de la presente Administración gubernativa, lo que queremos indicar es que esta vuelca todos sus esfuerzos en propiciar medidas de política pública a favor de los mega-negocios; a favor de mantener y reforzar el actual statu quo de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de precariedad salarial, de reversión de derechos laborales, de conducta antisindical; de procesos de negociación que resultan falsos, espurios y manipuladores con las organizaciones legítimas de la clase trabajadora: los sindicatos; aunque -dolorosamente- algunos, en función de una desesperada legitimación procedente desde arriba, aceptan el juego.

Adicionalmente, si hay un ámbito en el cual la desnudez de clase de la presente Administración se aprecia en toda su dimensión, es el tributario-fiscal.

Creíamos que, en este sentido, todo lo habíamos visto y escuchado en tal sentido. ¡No era así!

El mismísimo Director General de Aduanas, figura hegemónicamente dominante dentro del conglomerado que maneja la política hacendario-tributaria del país, se rajó de lo lindo y sin asco, sin pizca de pena, sin asomo de dignidad, sin mayor emoción que el frío relato, para venirnos a decir que se “desaparecieron” 13 mil contenedores y que nadie sabe adónde se encuentran.

¡Y aquí no pasa nada! Como no está pasando nada con las listas que, forzosamente, han salido a la luz pública acerca de las grandes firmas corporativas que no declaran ganancias, que declaran pérdidas; como no pasa nada con relación a los enormes consorcios empresariales territoriales con comportamientos tributarios fraudulentos; como tampoco pasa nada con las 96 mega-entidades de negocios privados que le adeudan al fisco unos 560 mil millones de colones; con la postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas; con los 28 proyectos de ley en línea con la transparencia y la justicia fiscal-tributaria que no avanzan en trámite parlamentario; etc., etc., etc.

Es definitivo que, sino todos, gran parte de los 13 mil contenedores “desaparecidos”, pertenecen al gremio corporativo que hemos dado en denominar “empresaurio”; cuyos tentáculos de poder en el seno de la actual gestión ejecutiva (y la parlamentaria también), resultan impresionantes.

Tengamos presente que por esta categoría de “empresaurio”, entendemos al empresario evasor de impuestos, declarante de cero ganancias y solo pérdidas; con redes de poder corruptas de alto nivel gubernativo; buscador de amnistías tributarias al amparo de políticos de indescriptible caracterización. Rabiosamente antisindical.

Como sociedad estamos ya pisando arenas movedizas que puedan hundirnos de manera definitiva.

Todas las modalidades de fraude fiscal-tributario, entre ellas esta “novedosa” de “desaparición” de contenedores, sigue aumentando la magnitud la cuantía del robo de impuestos; por un lado; y, por otro, también aumenta peligrosamente el endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, la carga de la misma sobre el presupuesto de la República.

Ambos factores se coluden para el perjuicio de la mayoría, con la connivencia de los detentadores reales de poder (los “empresaurios”), servidos por el funcionariado político-tecnócrata ubicado en zonas de confort para el servicio de ese contenido de clase de la presente administración gubernativa.

Para fortuna de la Democracia, cada día crece el sentimiento cívico de que este estado de cosas puede ser transformado radicalmente.

Dinero sucio-dinero narco: Registro de accionistas

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.

El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.

Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.

El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?

Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.

Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!

Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.

Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.

Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.

Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)leemos lo siguiente:

“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.

La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.

La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.

Los desatinos antisindicales de la Procuraduría General de la República

Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP

La posición asumida por la Procuraduría General de la Repúblico (PGR), respecto al proyecto de ley (de corte neoliberal, antidemocrático y antisindical) que pretende regular la huelga en los servicios públicos esenciales, así como la descalificación que para ese propósito ha hecho del valor que tienen los criterios vertidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esta materia para defender la propuesta de ley que pretende prohibir la huelga, es inaceptable.

Se trata de una posición en exceso simplista, que deja entrever mucho desconocimiento en la materia, y muy poca fundamentación jurídica. 

Al parecer, la PGR desconoce que, tratándose de Derechos Humanos -así, en mayúsculas-, reconocidos en instrumentos internacionales, los criterios que emitan los órganos oficiales encargados de la interpretación de esos instrumentos tienen el mismo valor normativo que el propio instrumento interpretado. 

Esta idea progresista ha sido defendida en nuestro medio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha hecho ver que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido, tesis que está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7.l.)”. (Voto 2313-1995).

Es lamentable que las autoridades de la PGR desconozcan que, en opinión también de la Sala Constitucional, los criterios interpretativos de los convenios internacionales de la OIT que dictan los órganos de control de dicha organización, “son auténtica jurisprudencia en la materia” y, por lo tanto, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, lo que los convierte en fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. (Voto 10832-2011).

Precisamente por el valor normativo que tienen los criterios dados por el Comité de Libertad Sindical, la propia Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha acudido a ellos para resolver asuntos relativos a la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y de huelga; y ha ordenado también, de manera expresa, a los jueces de trabajo aplicar dichos criterios de manera directa en la resolución de los asuntos sometidos a su competencia. 

Cosa parecida ha hecho con los legisladores, a quienes les señala de manera puntual que a la hora de promulgar la legislación respectiva en materia de huelga deben tomar en consideración las recomendaciones que al efecto hace la OIT.

Por otro lado, resulta preocupante y lamentable ver al Estado costarricense promoviendo desde sus propias instituciones posturas ambiguas en materia de Derechos Humanos. 

Lo expresado por la PGR ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, a favor de que se legisle para prohibir el ejercicio del derecho fundamental de la huelga, pone al descubierto el antisindicalismo oficial que promueven las autoridades de este Gobierno; y manda a la OIT un mensaje en el que, con elocuencia, le expresan el poco respeto que se le tiene a sus criterios.

Por lo demás, la posición que ahora defiende la PGR, abiertamente alineada con la política antisindical de este Gobierno Alvarado-Piza, se contradice, de cabo a rabo, con la posición que había venido prevaleciendo desde décadas atrás, según la cual, “el Constituyente no tuvo la intención de prohibir el derecho de huelga en los servicios públicos, sino regularlo en determinados servicios, posición que se desprende tanto de las técnicas de interpretación más modernas -que recogen el principio básico de interpretación de eficacia o efectividad de las normas constitucionales-, así como de la doctrina nacional y del análisis de las actas de la Constitución de 1949”. (Así consta en el voto de la Sala Constitucional número 1317-1998).

De igual forma, en la Opinión Jurídica OJ-125-2007, la PGR sostiene entre otras cosas que: “La prohibición total de la huelga en aquellos servicios públicos cuya paralización pueda causar grave daño a la economía nacional, a los bienes públicos o a los derechos de los consumidores, podría implicar una restricción excesiva e ilegítima”; y hace ver que: “Las limitaciones que se impongan al derecho de huelga en determinados servicios públicos, deben ser conformes con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad”.

Este criterio concluye afirmando que: “La obligación de la Administración de mantener la continuidad de los servicios públicos, no puede erigirse, sin más, en un impedimento absoluto para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos”. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios expuestos aquí con la asesoría experta del doctor en Derecho Laboral, don Esteban Calvo Rodríguez, nos preguntamos: ¿cómo entender ahora el giro copernicano que han dado los representantes de la PGR para sostener la tesis prohibicionista de la huelga? 

¿Será acaso que la Procuraduría General de la República ha dejado de ser el órgano técnico de asesoría legal del Estado, para convertirse en una oficina de difusión de los intereses políticos del actual Gobierno? ¡Parece que sí…!

Desobediencia civil: legitimidad formal vs. legitimidad real

Carlos Alvarado Quesada es el mandatario ejecutivo peor calificado en los últimos cuarenta años.

El 70% de las personas habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), y el 95% de quienes viven en las regiones costeras del país, las más pobres (provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón), coinciden de manera contundente en lo siguiente: el país va por rumbo equivocado.

El desempleo abierto y oficial ya superó el 12%, no hay reactivación económica, se castigó con pauperización y reducción de derechos salariales a la población trabajadora del sector Público.

La mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de productiva, no tiene empleo fijo con salario formal y mucha no cuenta con cobertura de Seguridad Social.

Cerca del 20% de la población juvenil está fuera del mercado laboral formal y mucha de ella anda en lucha por sobrevivir, pero inserta en la ilegalidad perversamente diversa.

Se le impuso al pueblo plan de impuestos regresivo que fue descalificado, ahora, por las tres calificadoras de riesgo de inversión más importantes del planeta, pues en nada contribuye a una solución integral del problema del déficit fiscal.

Tan grave es la situación que ahora, desesperadamente, buscan endeudarnos más con 6 mil millones de dólares cuando en este país sobra la plata. Ostentamos dos vergonzosos records: estamos en el top ten de los países más desiguales del planeta y somos el tercero de la región latinoamericana en cuanto a endeudamiento/PIB.

El flujo de dinero sucio, producto del crimen organizado y del narcotráfico sigue reinando en el sistema financiero y económico nacional, pues “la estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital” (lapidaria conclusión del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).

48 expedientes legislativos relacionados con justicia tributaria real, ya elaborados y que son necesarios para empezar a combatir, con seriedad, la exclusión y la desigualdad sociales, así como la abusiva concentración de la riqueza están durmiendo el sueño de los justos en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; pues el Poder Ejecutivo le ha dado prioridad a proyectos de ley para exterminar los sindicatos, reducirlos a su mínima expresión, criminalizar la protesta social, ilegalizando las huelgas y quitándoles su naturaleza de derecho humano-constitucional, disolviendo a los gremios laborales y violentando su gobierno interno, imponiéndoles modificaciones estatutarias para dejarlos pintados en la pared.

Valga recordar que el ataque antisindical más violento desde la fundación de la Segunda República en 1949 (en realidad la dictadura política de José Figueres Olsen, Don Pepe); lo ejecuta en estos momentos el ahora alicaído Partido Liberación Nacional (PLN), el cual es hoy co-gobierno, mediando el sicariato político ejercido por el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez y por la señora legisladora pro-empresarial, doña Yorleny León Marchena (ex PAC).

Por otra parte, cientos de compatriotas dedicados al cultivo de diverso tipo de producción agropecuaria viven sus últimos días de existencia económico-social, agobiados por problemas de seguridad jurídica de su finca, lote o parcela; por deudas y por embargos, a punto del desalojo; mientras, en el otro extremo tenemos que el sistema financiero público-privado del país acumula, en depósitos, más de 20 mil millones de dólares, reproduciéndose alocadamente; sin hablar de los más de 10 mil millones de dólares del público colocados en dicho sistema.

Esas cifras se quedan cortas pues, según un notable legislador integrante de la hegemonía gobiernista actual, el sistema financiero del país acumula unos 65 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil y resto de millones de dólares transitan el mercado negro de la economía del país (¿dinero sucio?, ¿dinero narco? …).

Podríamos seguir citando más ejemplos y situaciones del estado actual de nuestra sociedad, reflejo fiel de que la polarización desde la perspectiva de la concentración de la riqueza se sigue agudizando; reflejo fiel de que todos los días la distancia entre el gobernante y los gobernados crece y crece; reflejo fiel de que la legitimidad formal del gobernante no necesariamente es legitimidad real.

Efectivamente, si la abrumadora mayoría de la población percibe que el país va por un rumbo equivocado; si las últimas elecciones (presidenciales y legislativas) dejaron planteado con contundencia irrefutable que una cosa es votar y otra, muy distinta, es elegir; entonces, ¿no corresponderá impulsar un ejercicio de carácter ciudadano y de real esencia democrática para descubrir la conducta sociopolítica de la desobediencia civil, si la voluntad de El Soberano, El Pueblo, se sigue violentando en el seno de los mecanismos institucionales de la legitimidad formal?

Si la Democracia formal y sus principales instrumentos de decisión política han sido copados por la minoría plutocrática, excluyente y sectaria; ni no se trata de Golpe de Estado puesto que no estamos con cosas de este tipo; ¿cómo le hacemos entender al gobernante que va por el rumbo contrario al sentir de la gente, por cuanto lo único que le queda es legitimidad formal dado que la real la perdió en tiempo record?

Este es el dilema cívico que espera ser atendido con el desprendimiento humilde de la organización popular para la movilización participativa con carácter de desafío estratégico, juntándose todas las diversidades. En el entretanto, ellos seguirán con sus tropelías a favor de las minorías que representan, el real objeto de su desvelo político.

Debacle fiscal: fracaso rotundo de los gobiernos PLUSC-PAC

Por Albino Vargas, Secretario General ANEP

“Juzgados y sentenciados”, fiscal y tributariamente hablando. Así interpretamos nosotros la publicación del documento “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”,elaborado por el ICEFI.

Según su sitio web, www.icefi.org, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, “…es un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el ICEFI promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Tanto tiempo de nuestra parte; tantos comentarios, artículos y declaraciones periodísticas; tanto esfuerzo político-social y sindical (junto otros valiosísimos aportes académicos y partidarios en la línea de la promoción del bien común y de la noble lucha contra la desigualdad y contra la exclusión sociales), se recompensan, mediando con gran autoridad profesional e intelectual en este documento, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”.

Hace tiempo habíamos acuñado la expresión Transformación Tributaria Estructural para denominar la gigantesca tarea cívico-patriótica y sociopolítica con miras a cambiar la profunda naturaleza perversa de la situación impositiva-fiscal del país, misma que está en la base de los graves desequilibrios que vienen amenazando a la Democracia misma; y, que, por otra parte, dejan en contundente evidencia el fracaso de las últimas administraciones gubernativas de la hoy tríada gobiernista PLUSC-PAC.

Efectivamente, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana nunca quisieron enfrentar el real poder hegemónico político-económico que ha contralado las sucesivas administraciones gubernativas de cada uno (incluida la actual); y, por tanto, en conjunto, son responsables de la actual debacle fiscal del país, por un lado.

Por otro, se han hecho acreedoras al descrédito ciudadano, a la deslegitimación política y al desprestigio total, al punto de que Carlos Alvarado Quesada esté en esto momentos calificado como el peor gobernante presidencial de las últimas cuatro décadas.

La debacle fiscal en la que está el país, por tanto, no es más que los resultados del fracaso total de los gobiernos PLUSC-PAC; debacle y fracaso que el objetivo, profesional y serio documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, sintetiza en estos 10 aspectos:

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de estos diez aspectos que, de manera elegante y diplomáticamente el ICEFI denomina “desafíos fiscales estructurales de Costa Rica”, y que nosotros puntualizamos como los elementos más notables de la debacle-fracaso de los gobiernos Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada (todavía en desarrollo); caracterizan la situación socioeconómica del país con estos comentarios formulados por el estudio del ICEFI y que resultan de obligada atención para todas las personas habitantes de nuestro país:

El ritmo de crecimiento de Costa Rica se desaceleró después de la crisis financiera de 2009; Costa Rica ha ido perdiendo relevancia como destino para la inversión extranjera; la infraestructura vial es inferior en calidad al respecto de Centroamérica; 2 de cada 10 costarricenses continúan viviendo en condiciones de pobreza (ya casi 3, decimos nosotros); Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI; el desempleo afecta la economía y el bienestar (el oficial, indicamos nosotros, ya está superando el 12 %); los indicadores de inseguridad han crecido en los últimos años; persisten desafíos en la cobertura de la educación preescolar y secundaria II; …´

Para los movimientos sociales costarricenses, especialmente los sindicales, el documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, representa una excelente guía de acción para los próximos meses; especialmente para organizaciones sindicales que tenemos en nuestras plataformas de lucha este tipo de temas-país, más allá de la necesaria atención de las tareas cotidianas corporativo-gremiales.

Derechos humanos: subversión en la globalización neoliberal

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como nunca antes, la lucha por la justicia social real y por la democracia verdadera pasa, necesaria e imprescindiblemente, por la lucha por el imperio pleno de los Derechos Humanos (DD.HH.). 

Estamos viviendo en la etapa más desigual de toda la historia de la Humanidad; sufriendo la época de la dictadura hegemónica político-mediática del capital neoliberal y su brazo armado: el capital financiero-bancario.

Los extremistas políticos de la derecha ideológica, aún en sus más suaves versiones, siguen siendo seguidores del significado del concepto sociopolítico concretado en la expresión en idioma inglés There is no alternative -TINA- (en español: “No hay alternativa” o “No hay elección”); eslogan político corrientemente atribuido a Margaret Thatcher, cuando ella era Primera Ministra del Reino Unido. Este eslogan puede interpretarse como que el mercado, el capitalismo y la mundialización, son fenómenos necesarios y beneficiosos, y que cualquier otra orientación está destinada al fracaso (tomado de Wikipedia).

Pese a ello, miles de personas alrededor del planeta piensan y luchan en la dirección contraria. El TINA podemos contraponerlo, como antípoda política, a los DD.HH. Nosotros gritamos: ¡Sí hay alternativa! Es la lucha por el respeto pleno a los Derechos Humanos. 

Los DD.HH. representan la respuesta civil, social, política y hasta ideológica al maléfico objetivo de la entronización definitiva en el planeta del gobierno mundial del capital; algo por lo cual vienen luchando poderosísimos grupos de los cuales apenas tenemos ideas superficiales.

En tal sentido es necesario tener presente la amplia gama de los DD.HH., empezando por los de Primera Generación, o derechos civiles y políticos: 1) Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. 2) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 3) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 4) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 5) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 6) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 7) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 8) En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 9) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. 10) Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 11) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 12) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Ahora reparemos en las Derechos Humanos de Segunda Generación, o derechos económicos, sociales y culturales: 1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 2) Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 3) Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 4) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 5) Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 6) Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 7) Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 7) La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

Impresionante resulta conocer los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación: 1) Derecho al desarrollo sostenido: modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. 2) Derecho a la autodeterminación de los pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. 3) Derecho a la paz: entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. 4) Derecho a la protección de los datos personales: llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de informatización. 5) Derecho al patrimonio común de la humanidad: alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. 6) Derecho a gozar de un medioambiente sano: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.

¡Increíble! Se ha hablado ya de los Derechos Humanos de Cuarta Generación que incluirían: 1) El derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación. 2) Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable. 3) El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. 4) El derecho a la autodeterminación informativa. 5) El derecho al Hábeas Data y a la seguridad digital.

¡Es definitivo! Tenemos que volver sobre este tema. ¡Analice bien! ¿Acaso los DD.HH., conceptualmente integrados, no representan una subversión del injusto y criminal orden que nos está imponiendo la globalización neoliberal…?

El abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es absolutamente necesario tener que insistir en el tema del injusto orden económico macrofiscal que nos agobia, el cual continuará afectando, seriamente, a las mayorías ciudadanas de nuestro país; precisamente por cuanto las correcciones estratégicas necesarias no se toman, habida cuenta que son las minorías pudientes, financiera y políticamente hablando, las que se benefician, de manera directa o indirecta, de tal orden.

Discute la Asamblea Legislativa en estos momentos acerca del proyecto de ley-expediente legislativo No. 21.201, Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito; pretendida legislación para que el país se endeude, más todavía, en unos 6 mil millones de dólares en eurobonos por los próximos 6 años.

Como no hay la más mínima voluntad política para que no sea la deuda pública lo que solvente el problema fiscal del país, el camino fácil es aumentar la misma y su carga en pago de intereses, llevándonos por el abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin.

La carga integral de la deuda pública (amortización al principal y pago de intereses), tiene para este año 2019 las siguientes impresionantes cifras: 4.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para el pago de intereses; y 6.8 puntos PIB para amortizaciones.

Un importante grupo de personas de la parte más consciente de nuestra sociedad viene abogando, con sistemática insistencia, en que el país ocupa una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Nosotros apoyamos tal esfuerzo y creemos que más personas deben hacer lo mismo.

Desmenucemos esos dos datos, correspondientes al presente año 2019, para que comprendamos cuánta razón lleva la realización de esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Necesariamente, debemos acudir a los números.

¿Qué significa que tan solo en el año que acaba de empezar, 2019, se destinen 4.1 puntos PIB al pago de intereses de la deuda pública? ¿De cuánta plata estamos hablando?

Veamos: Se acepta que un punto de PIB equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); entonces, 4.1 equivalen a 1 billón 435 mil millones de colones (1.435.000.000.000).

Prácticamente, este pago de intereses de la deuda pública del país en este año 2019, cuesta unos 3 mil 931 millones de colones, ¡por día!

Con relación a los 6.8 puntos PIB: ¿cuánto significa en colones amortizar créditos de deuda pública en este año 2019? Tenemos que habrá que destinar del presupuesto, 2 billones 380 mil millones de colones. Al día, ¡unos 6 mil 520 millones!

¡Sumemos! 3 mil 931 millones de colones, al día, en pago de intereses; más 6 mil 520 millones, también al día, amortizando deuda pública vieja. Entonces, cada 24 horas de cada uno de los días de este año 2019, salen del erario público, ¡10 mil 451 millones de colones por la carga de ese grave endeudamiento público que ha de crecer si se aprueban los 6 mil millones de dólares en trámite legislativo en estos momentos!

Repetimos: 10 mil 451 millones de colones (10.451.000.000.000), cada 24 horas de este 2019, representan la salida de recursos públicos del erario fiscal central como producto de la carga de la deuda pública que, insistimos nosotros, nos lleva por un abismal e infernal camino como sociedad.

¿Qué entidades, qué personas, qué bufetes, qué fondos recibirán, por concepto de intereses, esos casi 4 mil millones de colones diarios por concepto de pago de intereses de préstamos de deuda pública?

¿Cuáles son los préstamos de endeudamiento público que recibirán amortización producto de la erogación de esos 6.8 puntos PIB en este año 2019? ¿Cuáles créditos se estarán abonando con esos 6 mil 520 millones de colones por día que salen de las arcas del presupuesto nacional? ¿A qué entidades se les está pagando esa enorme cantidad de plata?

Esta ecuación fiscal del endeudamiento público sigue siendo un enigma para al común de la gente. La cuestión macroeconómica fiscal-tributaria y el tema de la deuda pública siguen en la atmósfera de opacidad en que la gente del real poder decide por las mayorías pese a su deslegitimación creciente.

La distancia entre el gobernante y los gobernados, aspecto que venimos señalando últimamente en diversos foros y circunstancias, tiene un fuerte potencial de agudización con este tema del endeudamiento público.

Debemos confesarlo: nos sentimos indefensos ante tanto número apabullante; pero, de algo sí estamos seguros: los 6 mil millones de dólares tramitándose en el presente Parlamento, nada bueno representarán para el pueblo, especialmente su segmento trabajador castigado con las consecuencias de un problema que nunca generó: ese endeudamiento público.