PLN: Arismo sin Arias

Por Albino Vargas
Secretario General de la ANEP

Nadie duda de que el señor Óscar Arias Sánchez no podrá salir avante de lo que es ya la encrucijada más importante de toda su vida: las gravísimas acusaciones que le han estado lloviendo por estos días de ser un agresor sexual de mujeres no tienen parangón en la vida política del país de los últimos tiempos. ¡Su carrera política se acabó!

El pensamiento político del señor Óscar Arias Sánchez (y el de su hermano, Rodrigo), nutrió, intelectualmente, durante una buena parte de la historia nacional reciente a la clase más rica del país, la hegemónicamente dominante en los últimos tiempos; y más allá de la que se adueñó de las tiendas liberacionistas para castrarle al Partido Liberación Nacional (PLN), el producto original de su semilla socialdemócrata: su carácter de partido “policlasista”.

La intrusión del arismo en la vida interna del PLN como anatema al reformismo socialdemócrata del pensamiento figuerista (el de Don Pepe, el de don Rodrigo Facio, incluso el de Daniel Oduber), fue parte fundamental en la gestación de una sociedad que empezó a vivir con desigualdad y con exclusión, al punto de encontrarnos hoy en un punto de casi no retorno.

A la vez, el arismo liberacionista con sus sucesivas administraciones gubernativas, cuyo paroxismo llegó con el Premio Nobel de la Paz y que está en caída libre hacia el precipicio de la degeneración ético-moral jamás pensada; tiene enorme responsabilidad en cuanto a la realidad fiscal del país que nos tiene a las puertas de un default; ante lo que algunos entendidos califican como “misión imposible” obtener 6 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, para prolongar la vida macroeconómica nacional sin mayores tropiezos, hasta el año 2022.

Estamos hasta la coronilla de un endeudamiento público que nosotros pensamos que será imposible pagar; y que la sola honra de los intereses exigidos significará más dolores sociales de los que ya está sintiendo el país.

Así las cosas, considerando tal escenario y con base en nuestra visión de la sociedad costarricense de hoy, pensamos que resulta prácticamente imposible el renacimiento liberacionista con base en la recuperación estratégica de lo mejor de su legado sociopolítico y de la misma filosofía socialdemócrata que una vez perfiló el rumbo del país hacia la inclusión social y con notorios avances en la reducción de las desigualdades.

El arismo penetró mucho al PLN, se le metió en su ADN, lo transmutó; y cuando se dio “disidencia” interna fue con base en los personalismos en pugna protagónica, jamás en reconsideración por los desastres derivados de la adopción de postulados neoliberales que levantaron un altar al mercado, en la propia cuna de un partido que consideró como fundamental la intervención del Estado para regularle al mercado su desequilibrante papel en sociedades de clases confrontadas.

La Socialdemocracia seguirá huérfana. El PLN tendrá arismo sin Arias mientras tanto no ocurra en su interior un exorcismo político de alto calado, lo que no vemos factible.

El arismo liberacionista, hoy casado con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y ejerciendo un co-gobierno con éste, no va a renunciar con facilidad a la facilitación de más mega-negocios con la cosa pública para esa estructura electoral-arribista que le sirvió de armazón gubernativa en las últimas administraciones. Esto, por una parte.

Por otra, es prácticamente irreversible el desencuentro del PLN con aquellos sectores sociales (como el cooperativismo y como el sindicalismo), que en un entonces le dieron gran base social y que le daban ese carácter policlasista que exhibiera en sus épocas de esplendor.

Sabemos de la existencia de un buen grupo de ciudadanos y de ciudadanas que todavía enarbolan convicciones socialdemócratas verdaderas y que, pese a ello, siguen dentro de las filas del PLN.

Sin embargo, a pesar de que se podría suponer que la debacle de la “autoridad política superior”, generaría una nueva vía de acción política interna con buen augurio para conseguir el éxito; el germen arista ha mutado para superar el personalismo de su clásico dúo hegemónico de los últimos 30 años, reproduciéndose en especímenes políticos que hoy, por ejemplo, desde el actual parlamento, bregan para liquidar precisamente a uno de los sectores nutrientes del viejo liberacionista socialdemócrata: los sindicatos.

Precisamente, este es el rol político que está jugando el actual diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, junto con la otrora militante del PAC y hoy en las filas del arismo liberacionista, doña Yorleny León Marchena. Estamos convencidos que ni él ni ella son expresiones socialdemócratas auténticas; y, por el contrario, reflejan las visiones de mundo del arismo y su comportamiento político.

Aquí lo que sobra es plata…pero está pésimamente distribuida

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Piense en esta cantidad: 20 mil 468 millones, 800 mil dólares. En números, así: 20.468.800.000. Ahora, imagínesela en colones (a 615 por dólar): 12 billones, 588 mil 312 millones. En números, así: 12.588.000.000.000.

Ahora, piense en esta otra cantidad: 12 mil 351 millones, 200 mil dólares. En números, así: 12.351.200.000. Si la pasamos a colones, nos da esto: 7 billones, 595 mil 988 millones. En números, 7.595.988.000.000.

¿Verdad que son cantidades gigantescas, de difícil comprensión? ¡Pues sí! Es plata-platica y toda está en Costa Rica.

Los 20 mil 468 millones y resto de dólares (o los casi 13 billones de colones), son la “tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. Y, los 12 mil 351 millones y resto de dólares (o, los 7 y medio billones de colones), representan “depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”.

Tales datos nos los suministró don Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ante pregunta nuestra. Representan un corte a setiembre del año pasado 2018. El BCCR le llama a esta información “Depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”.

Al hablar de bancos comerciales, incluye a los privados y a los del Estado (éstos, ahora meramente comerciales pues hace tiempo dejaron de ser promotores del desarrollo para la inclusión social).

Si ya estos datos son impresionantemente conmovedores, desconocidos por toda la ciudadanía y, especialmente, por el pueblo trabajador, y si usted se impresionó al conocerlos; uno queda atónico al contrastarlos con los datos del año 2010, de hace sólo 8 años, también comprendidos en el informe que nos dio don Eduardo.

Los bancos aumentaron sus depósitos pasando de 10 mil 222 millones, 900 mil dólares, en 2010, a los indicados 20 mil 468 millones, 800 mil dólares (setiembre pasado). Es decir, en 8 años los banqueros aumentaron sus depósitos en moneda extranjera en un ¡100 por ciento!

En lo que respecta a los “depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”, en ese mismo período de 8 años, pasaron de 7 mil 711 millones de dólares, a los que arriba citamos 12 mil 351 millones, 200 mil dólares. O sea, hubo un incremento de un ¡60 por ciento!

Si ya había conciencia en la mayoría de la ciudadanía costarricense de que la desigualdad es un angustiante problema nacional, ¿puede alguien afirmar actualmente que no sea el número 1 ¡Por supuesto que sí es el número 1! Esta es nuestra convicción categórica.

¡Qué locura! Al sumar los “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera” y la “tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”, tenemos la no menos impresionante cifra de 32 mil 820 millones de dólares… ¡una cifra similar al monto total de la deuda pública nacional!

Definitivamente que ocupamos transformaciones estructurales desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y de la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

¿Cómo no va a ser real estar, con estos datos, en el top ten de los países más desiguales del mundo?

¿Cómo podemos ser, en tal caso, una nación tan políticamente hipócrita si nos convertimos en el primer país del mundo en firmar unpacto nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocida comúnmente como la Agenda 2030? Sucedió en el gobierno anterior y, ¿qué hay a hoy?…

Recordemos que los ODS son una agenda de 17 objetivos planetarios en salud, trabajo, educación, ambiente, paz, justicia, igualdad, equidad… adoptada en 2015 por los 193 estados miembros de Naciones Unidas y que deberá concretarse en resultados al año 2030.

“Reducción de las desigualdades” es el ODS número 10, que tiene, a su vez, entre sus metas, de aquí a 2030, “lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional” … “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”. ¡Ni lo uno ni lo otro se está haciendo! Más bien, todo lo contrario.

Acaba de ser firmado en el país, siguiendo el modelo del tripartidismo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el“Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para Costa Rica 2019-2023”; mismo que tiene como uno de sus resultados a lograr éste: “Las instancias de diálogo nacional…, con el apoyo de la OIT, mejoren su capacidad de llegar a acuerdos y a la efectiva implementación de su agenda, tomando en cuenta los ODS”.Recalcamos y subrayamos: …tomando en cuenta los ODS”. ¡Qué utopía!

En nuestro criterio y dada la actual situación sociopolítica y económica del país, con la desigualdad y la exclusión social avanzando de manera indetenible, con un mayor distanciamiento entre el gobernante y los gobernados, con el alto corporativismo megaempresarial controlando la hegemonía política ejecutivo-parlamentaria del país, así como con los impresionantes datos de la acumulación de capitales en moneda extranjera que reporta el Banco Central; para el sindicalismo nacional (el firmante de ese memorándum y para el que no lo hizo), no hay mayor reto (tanto en la mesa como en la calle), que el que señala ese ODN No. 10: “Reducción de las desigualdades”. Al menos, la corriente sindical en la cual militamos tendrá este desafío como una de sus máximas prioridades de nuestra lucha actual.

 

Alarma ciudadana: hacia la dictadura parlamentaria institucionalidad

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lo venimos planteando, lo reiteramos e insistiremos en ello: la distancia entre el gobernado y los gobernantes se hace cada día que pasa, más grande y profunda.

En las redes sociales hay un hervidero de comentarios fuertes que muestran distintas expresiones de un enojo ciudadano con eso que han dado en llamar la clase política, especialmente la de corte neoliberal y sus diferentes expresiones actuales a nivel de partidos: PLN, PUSC, PAC, el PLUSC-PAC.

“Desobediencia civil”, “golpe de Estado”, “lucha armada”, “insurrección popular” …, resumen sentires cargados de impotencia y de rabia, de iracundo enojo ante la percepción (más que justificada), de que no se están haciendo bien las cosas en este país y que quienes están perdiendo son las mayorías.

La última encuesta que acaba de salir a la luz pública es más que contundente: Alvarado resulta calificado como el peor mandatario de los últimos 40 años (desde Rodrigo Carazo Odio); entre el 70-75% de la gente que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), y cerca del 95% que habita las zonas costeras en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, consideran que Costa Rica va por un rumbo equivocado.

La gente está empezando a darse cuenta de que, si bien va a votar cada cuatro años, no elige. El rumbo que adoptan los gobernantes, no es el que la gente eligió cuando, ingenua y manipuladamente, fue a votar.

En el caso de las 57 personas diputadiles que conforman el parlamento, con destacables excepciones, notamos que la legitimidad formal que les llevó a ocupar una curul, no guarda relación con la legitimidad real que están ostentando en estos momentos.

Eso podría ser corregido al atender ya no sólo las necesidades de las personas que les eligieron, sino las del pueblo, en general; cada vez más estrujado por las derivaciones negativas de una sociedad que tiene en la desigualdad, en el desempleo y en la corrupción, su principal flagelo.

Se está gobernando-legislando para poderosos intereses del alto gremialismo corporativo-empresarial; se está protegiendo las enormes riquezas y fortunas concentradas (algunas mal habidas); tolerándose, de manera cómplice y hasta remunerada, que siga la evasión y la elusión tributario-fiscales, tanto en lo administrativo-gubernativo como en lo legislativo.

El creciente alejamiento entre el gobernante y el gobernado va de mal en peor. Ahora, la clase política tradicional, que responde a la élite económica que la nutre y la respalda, va a dar un paso peligrosísimo, provocador y hasta detonante, socialmente hablando:

Van a instaurar una especie de dictadura parlamentaria institucionalizada, con la anuencia del poder Ejecutivo, reformando el reglamento legislativo para impedir que ese alejamiento entre el gobernante y el gobernado, germine en adversa reacción popular de insospechadas consecuencias.

“Cuando el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley podrá optar para que su proyecto reciba mociones de modificación o bien, no aceptar ninguna, o aceptar solamente las que en su criterio tiendan a mejor el proyecto o garantizar su aprobación”.

Es ésta una moción de fondo presentada con relación al expediente legislativo No. 21.116, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa; modificando el artículo 123 del mismo, “Presentación de mociones en comisión”.

La dictadura parlamentaria institucionalizada operaría, de manera especial, durante los dos períodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (agosto y de diciembre a abril), en los cuales es el Poder Ejecutivo es el que indica qué proyectos de ley se deben tramitar; asegurándose que se aprueben tal y como los envía, a contrapelo de opiniones ciudadanas responsables, diputados y diputadas con real vinculo cívico y popular (no corporativo-empresarial), criterios especializados y legislaciones contrarias al bien común.

Considerando la naturaleza de corte neoliberal que controla la hegemonía política en el actual gobierno Alvarado Piza; considerando los intereses reales que se protegen desde la tríada gobiernista PLUSC-PAC y su mayoría parlamentaria de corte cuantitativo; agregándole la naturaleza de los intereses preponderantes que la misma promueve en conjunto con los fundamentales que se defienden desde Zapote; esta reforma al reglamento legislativo no tiene más propósito que el de instaurar una dictadura parlamentaria institucionalizada, a fin de pasar peligrosa legislación contraria al bien común.

La serie de tropelías que se vienen cometiendo desde la extremadamente sorda clase política tradicional (como el fallo constitucional de compadre hablado que impuso, como ley de la República, el combo fiscal -hoy ley de la República No. 9635-); tiene, lamentablemente, espacio abierto para esta abusiva reforma al reglamento legislativo… y, ¡para más!; pues el gobernado está disperso, desarticulado, excesivamente gremializado, con precariedad de visión, con no pocos oportunismos y arribismos en su interior, que le impiden presentarse ante el gobernante con altura cívica integradora de desafío estratégico. Pero no será así por siempre…

Lo que el Papa dijo y no nos lo dijeron

“Nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”. No recuerdo que en Costa Rica se haya reseñado, periodística y mediáticamente con la fuerza y la intensidad requerida, este pensamiento del papa Francisco manifestado por él con ocasión de pasada Jornada Mundial de la Juventud, acontecida en el pueblo hermano de Panamá.

En dos sitios de noticias por internet, nos encontramos la reseña completa del todo integral en que tal frase, “nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”, fue pronunciada por el máximo jerarca del catolicismo mundial.

Tales sitios son: www.annurtv.com y www.kontrainfo.com. Leamos, por favor, la nota de prensa en referencia:

“En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, organizada por la Iglesia en Panamá, el papa Francisco dedicó un extenso discurso a los obispos allí reunidos en el que los llamó a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo” y criticó especialmente al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común y que hizo de la especulación “su paraíso” desde donde seguir “engordando” sin importar a costa de quién.

Así nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador”, una frase de alta significación en Panamá dado su carácter de “paraíso fiscal”, pero relevante para toda América Latina, cuyos pueblos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”, en clara alusión a los EEUU, con un particular pasado de intervencionismo en todo el continente y especialmente en la actualidad en Venezuela.

Dado el estado actual de las cosas en este injusto momento histórico en que nos ha tocado vivir (por demás, la etapa más desigual de tota la historia de la Humanidad), los contenidos del mensaje del papa Francisco que por nuestro país no merecieron el realce necesario; sin que perdamos una sola neurona de nuestro cerebro para saber el por qué tal ocultamiento. Al respecto, tenemos que:

UNO: El papa Francisco formuló un severo llamado de atención a los obispos latinoamericanos al instarles a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo”. Al ser la América Latina la región más desigual del planeta, el clamor papal tiene gran sentido. La Iglesia Católica, como depositaria del mensaje más relevante de la historia humana, el de Nuestro Señor Jesucristo, no puede mirar para otro lado, cerrar sus ojos y acomodarse, para su propio confort y seguridad, al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común…”;  es decir, apuntamos nosotros, al perverso sistema económico neoliberal generador de los espantosos niveles de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, del cual también es víctima el pueblo costarricense.

Veamos la magnitud del jalón de orejas que el papa Francisco formula a obispos y sacerdotes católicos: “el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, percibir ‘el olor’ de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias (…) El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas”.

DOS: Efectivamente, el neoliberalismo y su sistema económico, como lo dice el papa Francisco, hizo de la especulación financiera “su paraíso” para seguir en el desenfrenado y criminal proceso concentrador de riqueza, “engordándolo”, “sin importar a costa de quién”.

El correcto sentir, más que oportuno, del jerarca vaticano se conecta con el más reciente informe de Oxfam International que acaba de ser publicado y que arroja datos espeluznantes como el de que 26 multimillonarios tienen tanta riqueza acumulada entre ellos, como la que tiene la mitad de toda la población del planeta junta. Tan solo dos años atrás, en el 2017, eran 43 multimillonarios los que acumulan riqueza del equivalente a 3 mil 500 millones de personas. Es decir, en dos años, la concentración de la riqueza avanzó a niveles inconmensurablemente obscenos.

TRES: Los pueblos latinoamericanos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”. Indudablemente que la actual situación que vive Venezuela debió haber estado en la mente del papa Francisco al haber pronunciado, públicamente, esa expresión; cargada de connotaciones políticas que no convenía resaltar en Costa Rica, donde vivimos una abusiva intoxicación mediática parcializada hacia un único lado del proceso que se da en ese hermano país latinoamericano.

El papa debió haber meditado acerca de que el concepto de la soberanía nacional de los pueblos y de los países, sigue siendo un pilar del Derecho Internacional, pese a tan devaluado que está tal concepto de cara a los intereses hegemonistas de las actuales potencias planetarias.

Por otra parte, tengamos presente la nacionalidad argentina del papa Francisco y que la última dictadura militar que sufrió el pueblo rioplatense, en los años 70’s del siglo pasado, con sus 30 mil desaparecidos, sus miles de torturados y exiliados; fue un régimen militar cruelmente dictatorial engendrado y apadrinado por los Estados Unidos, cuyo concepto geopolítico de “patio trasero” con respecto a la América Latina, incluía como una de sus mejores joyas a la Argentina.

Resulta más que obvio que lo que dijo el papa Francisco, en Panamá, no nos lo dijeron en Costa Rica, con la amplitud, objetividad, intensidad que merecíamos; habida cuenta que los tres aspectos que acabamos de comentar de lo que él dijo en Panamá y no nos lo dijeron a nosotros, en Costa Rica; expresan sentimientos y preocupaciones que, de un modo u otro, están relacionados con la supervivencia misma de la Humanidad y de su convivencia en real y justa Democracia.

¿Es que acaso nos recetarán otro fallo constitucional de compadre hablado?

Como lo hemos venido denunciando de diversas formas y en varios espacios, el gobierno Alvarado-Piza y la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se coludieron políticamente hablando y, mediando el fallo constitucional de compadre hablado, le impusieron al pueblo costarricense la que ahora es Ley de la República No. 9635.

Recordemos que esta ley se origina en el detestado y repudiado expediente legislativo 20.580, llamado por la gente “combo fiscal” pero que, en el lenguaje orwelliano del sistema político tradicional, denominaron como Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

¿Por qué decimos que, para imponer el combo fiscal, la hegemonía político-mediática que está controlando la institucionalidad republicana en estos momentos, tuvo que recurrir al fallo constitucional de compadre hablado?

Porque desde las entrañas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala Cuarta, se ha estado admitiendo que la visión macroeconómica del actual problema fiscal del país, defendida por el tripartidismo PLUSC-PAC, se impuso a los fundamentos pilares de las normas constitucionales; que, con ocasión de un proyecto de ley de tal calibre como el 20.580 y en la lógica objetiva de tramitación parlamentaria, exigía 38 votos.

Sin embargo, en el fallo constitucional de compadre hablado se dijo lo contrario; es decir, que no eran necesarios 38 votos con lo cual se facilitó la aprobación truculenta de esta Ley 9635; causando ésta ya estragos en miles de hogares de clase trabajadora, sin contar lo que viene a mediados de año producto de tal legislación.

Además, y más grave todavía a juicio de opiniones altamente calificadas y especializadas, la Sala Cuarta confrontó a la propia Corte Plena (de la cual se deriva), al descalificar a la misma, la cual había dictaminado que el combo fiscal sí afectaba la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

La Sala Cuarta golpeó la mesa, mandó al cajón de la basura el dictamen de Corte Plena y emitió ese fallo constitucional de compadre hablado, con una sentencia que dejó a más de un abogado cuestionándose si valió la pena tantos años estudiando para ello. El tribunal constitucional dijo que el combo fiscal no afecta ni el funcionamiento ni la organización del sistema judicial del país.

Traemos lo anterior a colación a propósito de un nuevo pronunciamiento de Corte Plena, acabadito de salir del horno del olimpo jurídico, en el cual afirma que, nuevamente, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial será afectada si el tripartidismo PLUSC-PAC impone otra legislación de corte antidemocrático; esta vez de ataque político a mansalva contra los sindicatos y contra el derecho constitucional de huelga.

Estamos hablando del proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado, según el arriba indicado lenguaje orwelliano “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”; aunque su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.

Fíjense ustedes que leímos la siguiente información de prensa: “La corte resolvió este lunes que el proyecto que pretende reformar el Código de Trabajo en específico los artículos donde se califica la huelga, sí afecta al Poder Judicial por el cambio en las funciones de los juzgadores. La Corte Plena brindó el criterio sobre el proyecto que pretende modificar la actual Reforma Procesal Laboral en específico la calificación de la huelga. Los magistrados resolvieron que este sí afectaría la funcionalidad del Poder Judicial porque hace cambios en las competencias de los despachos judiciales encargados. Según el magistrado que realizó el informe, Porfirio Sánchez, pretenden centralizar las solicitudes de calificación únicamente en el juzgado de trabajo de San José. Otro aspecto por lo que consideran que sí afecta, es que, si el juzgado de trabajo de San José no puede recibir la solicitud la calificación porque también estén huelga, el tribunal de apelación lo recibiría, después seguirá la Sala Segunda y si en primera instancia llega hasta ese punto, la apelación la debería resolver la Corte Plena”.

Es decir que, al igual que sucedió con el combo fiscal-expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635; estamos en presencia de otro expediente legislativo, el 21.049, también criticado por Corte Plena en cuanto a que sus contenidos, también, sí afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial; y, por tanto, se requiere mayoría calificada de votos, 38; amén de que nunca puede tramitarse así un proyecto por vía rápida, como le está sucediendo al expediente 21.049; expediente que nosotros bautizamos como “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva” (el proyecto del diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez).

Gigante pregunta surge ya en muchísimas conciencias ciudadanas: si la tríada gobiernista PLUSC-PAC lograra imponer la aprobación del proyecto 21.049 (tal y como lo hizo con el 20.580); pese a que Corte Plena indica que sí afecta al Poder Judicial (como también lo dijo en el caso de ese expediente 20.580); ¿cuál será el pronunciamiento de la Sala Cuarta cuando le preguntasen si ese 21.049 está siendo tramitado correctamente? ¿Nos impondrán otro fallo constitucional de compadre hablado?

El IVM-CCSS pierde plata… pero la clase trabajadora paga

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En pocos días empezará a regir un aumento en la cotización obrera, medida adelantada que imponen las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la clase trabajadora cotizante que sostiene el sistema de pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Lo anterior, pese a que se había fijado fecha muy posterior para dicha medida, señalada en principio para el año 2020. La adelantaron unos doce meses y a mediados de este año 2018 el salario de las personas trabajadoras que cotizan para IVM-CCSS se reducirá en un 0.50%, que es el monto del aumento en la cuota obrera para dicho régimen.

Adicionalmente a tan injusta medida, las mismas autoridades de la Gerencia de Pensiones de la CCSS advierten sobre estudios que realizan para disminuir el monto del porcentaje que recibe el trabajador jubilado en 4%; o sea, pasar de un 60% a un 54%, lo que eventualmente significaría un crudo golpe para aquellas personas que durante muchos años han procurado con sus aportes la sostenibilidad del régimen de pensiones solidario de IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La práctica de cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora cotizante del mayor sistema de pensiones del país, se ha vuelto la receta, por excelencia, para subsanar los problemas financieros que viene enfrentando desde los años 90 el sistema como producto de su “envejecimiento” desde su creación hace más de 70 años.

Hay algo claro de manera contundente: es que el sistema de IVM se mantiene gracias al aporte obrero. El Estado ha sido moroso durante décadas y no son poco los patronos que evaden y/o subdeclaran.

Adicionalmente, pese a que la institución goza de una autonomía constitucional, la práctica de colocar presidencias ejecutivas afines al gobierno de turno ofrece a cada gobierno la excelente posibilidad de meter mano en los fondos del sistema. Así lo confirma el dato de que hasta un 75% se invierte en títulos valores del Ministerio de Hacienda, lo que hace al IVM, ser algo así como “la caja chica” del Estado, sea cual sea el gobierno de turno que se instale. Nuestro compañero de causa, don Giovanny Ramírez Guerrero, con su especialidad en el tema, nos dio muy importantísimo aporte para el presente comentario.

Desde el año 2005 se viene hablando de diversificar la cartera de inversión de los fondos de IVM, pero la verdad es que poco se ha hecho al respecto. Acaba de salir a la luz pública una presunta pérdida de fondos de IVM-CCSS de muchos millones de colones, llevándonos a presumir de la presencia de una actitud indolente de quienes administran esos fondos.

La pérdida de 850 millones de colones, según nota de prensa, reflejaría la falta de planificación, así como la falta de rigurosidad técnica que conlleve a buenas inversiones que produzcan ganancias al sistema. Si la pérdida en mención corresponde al 1% de inversión, ¿qué estará sucediendo con el restante 99%?

La auditoría institucional detecta riesgos e inconsistencias en la rentabilidad de las colocaciones, y otros aspectos al parecer elementales de medición del riesgo de inversión de los fondos de IVM.

Saltan obligadas preguntas como las siguientes: ¿cuáles serán las consecuencias para los responsables por su mala lectura del mercado para la inversión? ¿Cambiarán en el corto plazo las estrategias de inversión de los fondos de IVM? ¿Será necesario revisar el papel del comité de inversiones pasando hasta por sus integrantes?

El presidente ejecutivo de la institución ha afirmado que, si se tuviera una excelente lectura del mercado, “…seríamos millonarios”. ¡Vaya afirmación de quien se encuentra al frente de la institución!

¿Será que durante lo que le resta de gestión al frente de la Caja tendrá como propósito dar un golpe de timón en esa dirección y que con ello se acaben los problemas financieros que enfrenta el sistema de jubilaciones de IVM?

¿Tendrá el carácter suficiente la junta directiva institucional para enmendar el error y responsabilizar a los responsables de pérdidas millonarias?

Lo dicho por el presidente de la Caja nos pone a pensar en aquellas personas que deben sobrevivir con pensiones de hambre como la  del régimen no contributivo, mismas que deben elevarse; nos pone a pensar en que deben ser mayores las cifras de los porcentajes de pensión de los trabajadores como los municipales, o de las señoras que atienden los comedores escolares, quienes jubilados deben buscar otra forma de ingreso para resolver sus más básicas necesidades; o de buen número de trabajadores de la salud que, a pesar de laborar en contacto permanente con enfermedades contagiosas, muchas veces no logran alcanzar su anhelada pensión y sus bien ganadas cesantías…

Si la intención de la máxima y actual jerarquía política de la Caja es en tal dirección, es decir, atacar la situación de precariedad del grueso de las pensiones actuales del IVM, de seguro tendrá un gran apoyo popular. No podemos resignarnos a lo que parece vislumbrarse en un horizonte de corto plazo: pensionarse bajo el sistema IVM-CCSS es empobrecerse.

 

Colombia: la matanza de los líderes sociales

Esto no está en la matriz mediática de los emporios corporativos de noticias a favor de la globalización neoliberal: la cotidiana matanza de líderes y lideresas que luchan por la justicia social y por los Derechos Humanos en la hermana república latinoamericana de Colombia.

Las cifras son espeluznantes. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, el pasado año 2018 dejó 164 asesinatos de hombres y mujeres que en sus respectivas comunidades luchaban por mejores condiciones de vida para sus semejantes.

Sin embargo, la entidad independiente Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirma que son 266 los asesinatos de personas luchadoras sociales colombianas los que se dieron el año pasado.

En Colombia hubo un rimbombante acuerdo de paz, de altísima controversia interna y que generó una fuerte polarización social. Esto fue en el mes de noviembre del año 2016.

Leímos que los registros de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en Colombia luego de esos acuerdos y desde esa fecha, nos habla de 454 casos de personas luchadoras sociales que perdieron la vida por tal circunstancia.

Para el Indepaz, son 566 los líderes, lideresas y personas luchadoras defensoras de los Derechos Humanos quienes han sido asesinadas en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de enero de 2019.

Según leemos, es de tal gravedad la situación que el propio señor Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha referido a este grave asunto, expresando su “preocupación”. Pero la matanza sigue…

Por su parte, el sitio de noticias por internet denominado NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), nos dio otro dato no menos cruel e indignante a la vez: en Colombia el año 2019 empezó con un asesinado por día de estos seres humanos que pierden la vida por la lucha por un mejor bienestar de otros seres humanos, específicamente sus semejantes de clase.

La nota de NODAL nos cuenta el caso de la luchadora social Maritza Quiroz Leyva y nos narra, con dramatismo, lo siguiente: “Al observar que unos hombres sospechosos arribaron a su casa ubicada en la vereda San Isidro, del sector de Bonda, de Santa Marta, Maritza Quiroz Leyva emprendió la huida. Corrió lo más rápido que pudo, pero su esfuerzo fue insuficiente, pues sus agresores lograron darle alcance y sin contemplación le dispararon en varias oportunidades con una pistola calibre 9 milímetros. Quiroz no pudo huirle a la muerte y falleció de inmediato la madrugada de este domingo. El asesinato de la líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, se suma a los crímenes de otros cinco líderes sociales en los primeros seis días del 2019. Quiroz deja cuatro hijos huérfanos y sin hogar, pues su esposo también había sido asesinado y producto de la violencia se vio obligada a desplazarse desde el corregimiento de Palmor”.

¿Sabía usted de esto? Posiblemente no. Vivimos en una intoxicación informativa inducida de parte de los poderes mediático-hegemónicos, para los cuales los Derechos Humanos tienen una connotación muy estrecha, desde el punto de vista de que los mismos no pueden concebirse si a partir de su estudio, defensa y prédica se invocan para proponer un reordenamiento del injusto estado de situación de la perversa desigualdad y su más impacto inmediato: la concentración de la riqueza y la sumisión en la pobreza y en la exclusión a cada vez un mayor número de seres humanos.

Ningún gobierno democrático de la región, ni tampoco ningún diplomático de las entidades del sistema interamericano, tiene en sus agendas de denuncia política el tema del asesinato sistemático de luchadores por los Derechos Humanos colombianos.

Los tiempos de la globalización neoliberal en su fase más cruel y criminal, que es la actual, son los tiempos donde los Derechos Humanos solamente se admiten cuando se trata de la defensa de ese orden global cruel y criminal. Ir más allá de ello, es subversión en contra de la misma Democracia, según ese orden.

En Colombia, el poder real no se anda con rodeos. Se asesina a quienes osan levantar la bandera de los Derechos Humanos, real e integralmente conceptuados.

En otros países, como el nuestro, parece ser que la muerte civil es una opción para quienes se atrevan a plantear la práctica de los Derechos Humanos como un todo integral, y no segmentándolos para una tergiversación ideológica de lo que se esencia significa. Puede ser subversivo si se levanta la bandera de su implementación total.

Respeto profundo y homenaje eterno a Maritza Quiroz Leyva y a sus 565 compatriotas colombianos asesinados por su lucha en defensa de los Derechos Humanos, según directrices emanadas de los agentes del perverso capital criminal-neoliberal.

El Papa Francisco y la tríada del mal

Hoy, miércoles 23 de enero de 2019, da inicio la histórica visita del Papa Francisco a Panamá, hermana república de Costa Rica.

Saludamos con perspectiva obrero-social y sindical su presencia por esta tierra centroamericana, tierra de las desigualdades; tierra latinoamericana que es la zona del planeta más desigual del orbe.

Costa Rica, lastimosamente, no escapa a esta realidad pues ahora estamos en el ranking, el top ten, de la desigualdad a nivel global. ¡Qué vergüenza! ¡Qué injusticia!

Llega el pontífice romano con su mensaje pastoral, inherente a la esencia del humanismo cristiano. Pero llega, también, con su mensaje social de tanta relevancia; mensaje muy ocultado por las matrices mediáticas dominantes, las del capital; y, también, débilmente divulgado y predicado en Costa Rica por sus sacerdotes y obispos.

Según diversas notas de prensa internacional, el mensaje papal a la juventud congregada para escucharle, en Panamá, se centrará en instarles a “cambiar el mundo ante la pobreza, la violencia y el drama de la migración”.

Nosotros esperamos que les aconseje, a la vez, practicar una militancia activa, profundamente solidaria y cuestionadora de este (des-)orden global tan criminalmente perverso por su desigualdad.

¡Exacto! Vivimos en la época del más injusto reparto de la riqueza que registra la historia de la especie humana. El Papa Francisco lo sabe y sus discípulos eclesiásticos deben denunciarlo. Él ha dicho:

“El clamor de los pobres cada día se hace más fuerte, pero se escucha menos, ahogado por el ruido de los pocos ricos, que crecen cada vez menos y más ricos”, ha sentenciado el Papa Francisco.

“Es el grito de todos aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares y sus tierras nativas por un futuro incierto. Es el grito de pueblos enteros, privados incluso de los grandes recursos naturales a su disposición… mientras que los pocos ricos se deleitan con lo que, en justicia, pertenece a todos”.

“…los cristianos no pueden quedarse de brazos cruzados ante la indiferencia o con los brazos extendidos ante la indefensión, sino que deben actuar para ayudar”.

Así lo dijo durante la segunda Jornada Mundial de los Pobres, el pasado noviembre, en el Vaticano, en misa en la Basílica de San Pedro.

Llega el máximo jerarca de la Iglesia Católica universal, en momentos en los cuales la más prestigiosa entidad mundial que analiza este tema de la desigualdad y de la concentración de la riqueza nos da a conocer los más actualizados y escalofriantes datos al respecto, como estos:

“26 multimillonarios concentran tanta riqueza como la mitad de la humanidad. La riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó 900.000 millones de dólares el año pasado, a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día, mientras los ingresos de la mitad más pobre de la población del planeta cayeron un 11%, reveló el informe anual de la ONG Oxfam Internacional”.

“La concentración de la riqueza se acentuó a tal punto en 2018 en el mundo que 26 multimillonarios poseen más dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del planeta, según un informe de la ONG Oxfam Internacional publicado el lunes. ‘El abismo que aumenta entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia en el mundo’, afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, citada en un comunicado.

Como creyentes, con militancia social, estos datos que Oxfam International nos da, nos mueve a pensar que la perversidad maléfica del capital concentrado se expresa en una especie de tríada diabólica contra la Humanidad misma: desigualdad-concentración de la riqueza-injusticia fiscal.

Veamos cómo se entrelazan estos tres aspectos de la tríada del mal:

Nos dice Oxfam Internacional que “los ricos se benefician no solo de una fortuna en plena expansión, sino, también, de los niveles impositivos menos elevados desde hace décadas”. “Si la tendencia fuese contraria, la mayoría de los Gobiernos tendrían suficientes recursos para financiar los servicios públicos”… “la riqueza está particularmente infragravada”.

Este otro dato es contundente: Oxfam precisa que, de un dólar de impuestos a los ingresos, solo cuatro céntimos provienen del impuesto a la riqueza.

La tríada del mal: desigualdad, concentración de la riqueza y la defraudación fiscal-tributaria, amenaza con acabar con la especie humana.

En el marco de la visita papal a Panamá, pensamos que, para la realidad actual de nuestro país, organizarnos y articularnos desde todas las formas de agrupamientos sociales y cívico-patrióticos honestos, es la máxima tarea histórica de nuestro tiempo; pues tanto la desigualdad, como la concentración de la riqueza y el inconmensurable fraude fiscal-tributario, constituyen la más dramática tortura civil y económica que miles de compatriotas sufren todos los días.

¡Bienvenido Papa Francisco a la tierra centroamericana!

Fallo constitucional de compadre hablado

Por Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público ya han empezado a sentir en sus bolsillos salariales (o están próximos a ello), los efectos perniciosos de la ya (lamentablemente), Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; misma que el pueblo en lucha contra ella bautizó como combo fiscal, convirtiéndose en el proyecto de ley más detestado, popularmente hablando, desde la ley del combo ICE, del año 2000.

La misma situación de afectación a las finanzas familiares del resto del pueblo trabajador de este país, por la entrada en vigencia de dicha legislación, se sentirá en las próximas semanas y meses.

Todo el conjunto de circunstancias político-mediáticas y económico-sociales que rodearon el proceso de tramitación de esta Ley 9635, dentro y fuera del parlamento, no solamente está por escribirse y analizarse como fenómeno sociohistórico; sino que, la herida abierta en la sociedad por tal circunstancia sigue abierta; amén de que producto de toda esta circunstancia, la distancia entre el gobernante y los gobernados no solamente ahora es más larga que antes, sino que más profunda.

En el marco de este complejo estado social confrontativo, todos los especialistas coinciden en el papel más que crucial jugado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, al emitir un fallo unánime (sus siete integrantes) que a más de uno dejó perplejo; por cuanto el enfoque oficialista, hegemónico-mediático y político, privó por encima de la solidez pétrea que supone la Constitución Política de la República, como el conjunto de normas fundamentales angulares de la convivencia civilizada de los y de las costarricenses y del resto de las personas habitantes de nuestro país.

¡No fue así! Desde la perspectiva con la cual nosotros interpretamos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la lucha sindical y social, hemos estado hablando y planteando sobre la polémica decisión de la Sala Cuarta que ésta emitió el fallo constitucional de compadre hablado; viabilizando así de manera política y jurídico-formal la aprobación legislativa truculenta del combo fiscal, según nuestra visión.

Se le pasó por encima a la Constitución Política en aras de una visión macroeconómico-fiscal de una parte de la sociedad (la mediático-minoritaria, la que controla y hegemoniza el aparato republicano institucional esencial); más no la de las amplias mayorías ciudadanas y trabajadoras que han venido siendo golpeadas por un proceso sostenido de desigualdad económica y de exclusión social.

Recientemente, dos distinguidos costarricenses del campo del pensamiento político-social de la actualidad; académicos que pueden exhibir una solidez en su formación intelectual, se refirieron a la cuestionada decisión constitucional que, repetimos, nosotros conceptuamos como el fallo constitucional de compadre hablado. Dado que son criterios sumamente calificados hemos querido compartirlos con usted.

Por un lado, don Pablo Barahona Kruger, abogado constitucionalista y profesor universitario, quien fue embajador de Costa Rica ante la OEA, escribió este artículo: “Defender la independencia judicial es defender la Constitución”. Leemos en el mismo:

Fallo. Es en ese marco que debe dimensionarse la sentencia de la Sala Constitucional. Un fallo(nazo) que no resiste el análisis como yerro histórico cuyas consecuencias perniciosas para la independencia judicial serán patentes tarde o temprano. Una falla inocultable desde que el propio presidente a.í. de la Sala Constitucional reconoció, al publicar la sentencia y tratar de justificarla, que primó en ellos la consideración política de lo fiscal, desplazando insoslayablemente la criba jurídica, que es a la deberían limitarse como magistrados, y aún más, como juristas, según el principio de legalidad que les alcanza. Ninguna crisis económica -por más “asustante” que se haya propagandeado desde la oficialía que fue acompasada por los grupos de presión interesados en esta reforma –y no en otra más progresiva- valen nuestra Constitución Política. ¡Ninguna! El Estado de Derecho se defiende jurídicamente, no se discute politiqueramente”.

Otro distinguido ciudadano costarricense, don Carlos Araya Guillén, doctor en Filosofía, apuntó lo siguiente en su artículo titulado “Politización de la Sala IV”.

“Cuando el ejercicio de la justicia comienza a servir a los políticos de turno la democracia está en peligro. El control político por parte del gobierno sobre el Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley, acaba con el principio de la independencia absoluta entre ellos…  En este año (2018) otro fallo es objeto de críticas por su parcialidad gubernamental. El Viernes 23 de noviembre dio luz verde al trámite de la Reforma Fiscal subrayando que no encontró vicios de inconstitucionalidad de procedimiento y de forma en el proyecto expediente 20580, lo que le permitió al gobierno aprobarlo por 34 votos en la Asamblea legislativa. Nuevamente la Sala Cuarta fue criticada manchando una vez más su credibilidad porque hasta la misma Corte Plena había señalado que el proyecto afectaba su organización y funcionamiento de tal manera que requería 38 votos. La intromisión de la Presidencia de la República en la decisión de la Sala Cuarta es grave para nuestras libertades democráticas. Una Sala Constitucional pro-gobierno nos llevaría a un sentimiento de pérdida de dignidad nacional en la majestad y pureza de la justicia”.

El golpe socioeconómico a la situación financiera de las mayorías ciudadanas del país; y, particularmente, la vulneración de la dignidad laboral de miles de personas trabajadoras asalariadas, fue facilitado por una descarada violación a la Constitución Política generada desde el supuesto santuario del Derecho que la debe proteger: la Sala IV. Más allá de la esfera sindical, como habrá usted notado, en otros ámbitos de la cultura y del pensamiento, se tiene la misma conclusión, la cual dicha con lenguaje nuestro es ésta: se dio un fallo constitucional de compadre hablado.

Esperanza obrera en crecimiento: la asamblea del Sitrap

Tuvimos el honor de ser testigos de un gran acontecimiento que marca, de manera relevante, la naturaleza del desafío actual de la clase trabajadora de nuestro país, cual es el de la preservación de los derechos democráticos de organización sindical y de negociación colectiva; por demás, ambos consagrados por la legislación obrera internacional y, adicionalmente, conceptuados como Derechos Humanos.

Adicionalmente, este gran acontecimiento expresa la magnitud de la importancia para la Democracia costarricense que implica la aplicación, en desarrollo, de la histórica legislación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), hoy ley de la República No. 9343; misma que está mostrando, con su vigencia práctica, sus potencialidades para convertir en derechos reales de la vida obrera cotidiana, la libre sindicalización, la negociación colectiva, el debido proceso y el mismo derecho de huelga.

¿Por qué hablamos de preservación de tales derechos? Porque fuerzas retrógradas y antidemocráticas se están moviendo, en los actuales momentos, en los espacios formales de la institucionalidad republicana del país, como la Asamblea Legislativa, para que se restrinja (al máximo posible), los espacios políticos-legales de la acción obrera y laboral organizada en sindicatos.

Este domingo 20 de enero, en el salón de eventos de la Expo-Pococí, en Guápiles, zona atlántica de nuestro país, el ya legendario sindicato obrero bananero SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas), alcanzó su objetivo de posicionarse como la agrupación vanguardia del país, que marco rumbo en el campo de la reivindicación plena de los derechos reivindicativos económico-salariales y sociales de toda esa fuerza laboral que, de sol a sol, trabajan en la producción de banano y de piña; explotaciones agrícolas que están en los primeros lugares del ranking de las exportaciones costarricenses.

Aunque el ámbito cotidiano de la lucha sindical del SITRAP son los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, el impacto de su quehacer ha repercutido en otras zonas del país que tienen cultivos de banano y de piña, en las cuales ya está desarrollándose esa esperanza obrera, ahora en crecimiento, a partir de la persistente lucha del SITRAP.

Hablamos de actividad sindical en los cantones de Sarapiquí, Buenos Aires, San Carlos y Río Cuarto, con colectivos laborales que valoran la importancia de organizarse en sindicatos, pese a formas de represión como el despido abierto, o como las campañas psicológicas de infundir miedo.

El SITRAP, fundado en el año 1972 y que tuvo que sufrir el largo y sinuoso camino de un tránsito duro y doloroso en medio de las más grandes adversidades, luego de la feroz ofensiva del capital a partir de los hechos de la histórica huelga bananera de 1984; repunta en estos momentos como la agrupación sindical más relevante en el plano internacional en cuanto a un estatus de organización obrera referente para los consumidores de banano y de piña costarricenses, los cuales, en los mercados de la Unión Europea (UE) y estadounidenses, toman en cuenta las condiciones de empleo, de trabajo y socioambientales en que se dan tales producciones en suelo tico.

Por decirlo de alguna manera, el visto bueno del SITRAP en tal sentido, determina (en buena medida), el éxito (o fracaso), de inserción de banano y piña ticos en los supermercados británicos, alemanes y franceses, por ejemplo.

La Asamblea General del SITRAP de este domingo 20 de enero adquirió relevancia histórica pues, según registros, tal congregación obrero-bananera, especialmente, en el marco de un evento de carácter sindical, no ocurría desde el año 1981; es decir, tuvieron que transcurrir 38 años para que pudiésemos ser testigos de un evento sindical-asambleario como el indicado.
Y como si ello no fuese ya suficiente para darle carácter histórico a la asamblea general del SITRAP de este domingo 20 de enero, dentro de la rendición de cuentas que la directiva saliente presentó, informó de la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo en la finca Duacarí 04 suscrita con la empresa Corporación Agrícola del Monte, S. A.; que es la primera en su género en casi 40 años. Innegable hito histórico-obrero en este campo de la actividad productiva del país.

Realmente fue reconfortante constatar que el ideal sindical no solamente es legítimamente válido, sino que imprescindiblemente necesario en momentos de crecimiento de la desigualdad y de la marginación social. Tantos trabajadores y tantas trabajadoras del banano y de la piña congregados por la asamblea general del SITRAP, así lo formularon con contundente evidencia.

La incansable, ejemplarizante y hasta heroica laboral de organización sindical que promueve el SITRAP nutre, desde el campo agrícola bananero-piñero, el desarrollo mismo de la Democracia; así como la naturaleza imprescindible de la fuerza obrera sin la cual tal producción resultaría imposible.

Por tanto, que tal fuerza obrera sea realmente valorada, justamente pagada, dignamente tratada es lo que motiva no solamente el crecimiento y la consolidación del SITRAP; sino el desarrollo de la organización sindical obrero-piñera en las otras zonas del país, como hemos reseñado. Lo que SITRAP ha logrado, inobjetablemente representa una esperanza obrera en sólido crecimiento.