El Banco Popular, ya fuerte, lo debe de ser más

Estamos comprometidos con la defensa de su institucionalidad y por eso tenemos que llamar la atención acerca del momento político que esta importante institución, el banco de la gente del trabajo, está viviendo.

Al vencer el período actual de su junta directiva, cobra notoriedad la elección de la próxima. Se trata de la designación de siete personas: tres que nombra el Poder Ejecutivo (Gobierno) y cuatro que salen de su asamblea de trabajadores y de trabajadoras (ATTBP). Ésta se compone de 290 personas provenientes de diversos sectores sociales: cooperativismo, sindicalismo, solidarismo, comunalismo, magisterio, profesionales, artesanos, independientes (cuentapropistas) y otros. Hablamos de la elección de la nueva directiva que regirá los destinos de Banco Popular del 2010 al 2014.

Estamos intentando llamar la atención de la señora Presidenta, doña Laura Chinchilla Miranda en tal sentido. El gobierno anterior emitió un arbitrario decreto violentando la autonomía de elección de las cuatro personas que debe nombrar la ATTBP. Los hermanos Arias pretendían hacerse con el control del Banco Popular, al que “tirios y troyanos” le reconocen su importancia, su solidez financiera, su prestigio y el muy honroso tercer lugar que ya ostenta en el “ranking” bancario nacional.

Ese arbitrario decreto le pasó por encima a directrices de la propia Contraloría General de la República (CGR), acerca de cómo había que hacer el proceso en los sectores para la elección de esas 290 personas de la ATTBP. Tal fue el abuso que obligó a que el asunto fuese llevado a la Sala IV, donde está para su resolución. Como si no fuera suficiente, la propia Procuraduría General de la República, ha fijado posición indicando lo abusivo y arbitrario del decreto interventor de los hermanos Arias en los asuntos internos del proceso de elección de las 290 personas delegadas de la ATTBP.

¿Primer caso en Costa Rica de un “exilio interior”?

Aquiles Rivera forma parte del Directorio Nacional de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Desde ya agradecemos a los diferentes medios de comunicación colectiva si nos colaboran atendiendo esta convocatoria para que esta denuncia se haga pública y así contribuir a preservar la vida del compañero Aquiles Rivera Arias, luchador social intachable.

Día: Miércoles 1º de Setiembre de 2010
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Casa Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” de ANEP
350 metros norte del Hospital Nacional de Niños

Expansión piñera en Costa Rica y amenazas de muerte

Acción antisindical y complacencia del Gobierno

Nuevas “joyas” a la “corona” empresarial costarricense, nuevas acciones de Práctica Laboral Desleal de empresarios en contra de la organización sindical de trabajadores y trabajadoras que se organizan para defender sus más elementales derechos humanos.

Agregamos al poco “ejemplar” expediente de violaciones a la Libertad Sindical por parte del empresariado y Gobierno costarricense los siguientes:

__________________________________

San José, 31 de agosto de 2010.
S.G. 09-11-0996-10
¡URGENTE!

Licenciada
Sandra Pizk Feinzilber
Ministra

Licenciado
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Sus despacho

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro:

Reciban sus dignas autoridades, el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

Recientemente compareció ante la cartera ministerial dignamente dirigida por sus autoridades, el señor trabajador Pablo López, dirigente sindical bananero SITRAP, formulando denuncia por violación a los derechos humanos laborales en la finca de la empresa ACON, establecida en La Roxana de Guápiles.

La respuesta inmediata de la empresa fue proceder con el despido del dirigente sindical, para que sirva de lección, al resto de trabajadores y trabajadoras, que se atrevan a organizarse en sindicato y defender sus derechos laborales.

Señora Ministra, señor Viceministro: Respetuosamente consideramos que estos hechos, de clara violación al ejercicio de la liberad sindical, no pueden pasar desapercibidos por su autoridad. No puede ser que estos delitos contra el derecho de sindicalización, queden impunes, o bien que el o la ofendida tengan que acudir a los tribunales de justicia, litigio que en el mejor de los casos se lleva cuatro años, a reparar su derecho.

Por tanto, formulamos solicitud oficial para que sean convocado de forma inmediata ante su despacho los personeros gerenciales, de la empresa ACON, el sindicato SITRAP y el señor Pablo López, con el objeto de buscar de forma armoniosa la restitución del dirigente sindical.

Sin más y agradeciendo su atención, aclarando que esta petición también la formulamos a nombre de la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), la cual honrosamente presidimos y a la cual está adscrito el sindicato SINTRAP.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
Presidente de la CSJMP

C.c.
Federación Sindical Mundial (FSM).
Confederación Sindical Internacional (CSI).
Confederación Sindical de las Américas (CSA).
Oficina Regional, OIT.
Junta Directiva SITRAP
Junta Directiva Nacional ANEP.
Directorio Nacional CSJMP.
Archivo.

__________________________________________

San José, 31 de agosto de 2010.
S.G. 09-11-0990-10
¡URGENTE!

Licenciada
Sandra Pizk Feinzilber
Ministra

Licenciado
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Sus despacho

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro:

Reciban sus dignas autoridades, el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

El pasado martes 24 de agosto se presentó en nuestra organización el señor trabajador don Ricardo Herrera Porras, cédula 6-105-752 y afiliado a nuestra organización sindical a manifestar lo siguiente:

“El jueves 12 del presente, entregué solicitud de empleo, como oficial de seguridad en la empresa Corporación González & Asociados Internacionales S. A. El sábado 14 de este mismo mes, me comuniqué con el señor Harold Rodríguez Coto, Supervisor de esta empresa, quien me manifestó que me presentara inmediatamente. Luego de entrevistarme, registrar huellas digitales, procedí a firmar el respectivo contrato de trabajo, del cual no me dieron copia.

Ese mismo día recibí el carné con el respectivo número de Código 12-230 y dos uniformes. Se me indicó que el lunes 16 a las seis horas me presentara a la central telefónica del ICE de Desamparados centro, para que conociera el puesto y a los funcionarios. El lunes 16 cumplí con el mandato recibido, estando en las instalaciones indicadas de las seis horas a las diez horas, pues recibí instrucciones de retirarme y de que me presentara, en ese mismo centro laboral a las dieciocho horas, con el objeto de iniciar mis labores ordinarias, con esa empresa.

Cumplí con mis obligaciones, laborando hasta las seis horas del martes 17. Esta noche me la cancelaron como extra, misma que fue depositada en mi cuenta por las suma de 12 mil colones. Ese día 17, nuevamente recibí instrucciones del señor Harold Rodríguez, quien me dijo que tenía que entrar a laborar el 19 a las Seis de la mañana. Instrucción que cumplí religiosamente. Ese mismo día se me indicó de parte del señor Harold Rodríguez que me presentara el viernes 20 a las seis horas en las oficinas de la empresa, ya que tenían que hablar con mi persona un asuntillo.

Me presenté el 20 a las seis horas, tal como se me había instruido. A eso de las diez horas fui entrevistado por el señor Germán Ángel, uno de los supuestos socios de la empresa, quien me indicó que mi curriculum y recomendaciones eran excelentes, pero que había un problemita, que pareciera que yo había estado metido en algún sindicato.

Asentí, ya que estar sindicalizado es un derecho y que lo había ejercido en la empresa de Seguridad Consorcios de Información y Seguridad y que por haber sido el presidente de la Seccional de ANEP, había sido despedido. Este señor me dijo que tenían un protocolo de contratación y que hablara con el señor Guido Aguilar Romero, supuesto apoderado generalísimo de esa empresa.

A eso de las once horas, fui atendido por este último señor, quien me dijo que a él le gustaba hablar con los oficiales de cara a cara, puesto que para eso tenía “los huevitos bien puestos”. Luego me preguntó que si yo era sindicalista, a lo que asentí. Este señor me preguntó que si conocía al señor Diney Mena Mena, asentí. Luego el señor mostrándome el celular, me indicó que tenía un mensaje donde le comunicaban que ambos eran oficiales conflictivos por sindicalistas.

Terminada la reunión se me indicó que me marchara, y que después me enviaban el rol. A eso de las cinco de la tarde de este mismo día, recibí llamada de don Jarol, donde se me indicaba que estaba despedido y que procediera a la entrega de los uniformes y el carné.

El lunes 23, me presenté a las oficinas de ANEP, en calidad de afiliado a recibir asesoría sobre el problema. Fui atendido por el compañero Edgar Morales Quesada, quien llamó a la empresa, siendo atendido por el señor Germán Ángel. El señor German Ángel le comenta al señor Morales que el despido no es un tema de persecución sindical, si no que la empresa debe cumplir con el procedimiento de contratación que se establece en el Protocolo de Contratación.

Se le indicó al compañero Morales que, además, esa empresa se lleva muy bien con el sindicato SITEPP, dirigido por el señor Luis Serrano Estrada, que por tanto el despido no es de carácter laboral, si no por normas establecidas en el Protocolo de Contratación”.

Estimada señora Ministra y estimado señor Viceministro: Tanto el señor Ricardo Herrera Porras, como el señor Disney Mena Mena, son miembros fundadores de la Seccional ANEP- Consorcios de Información y Seguridad. Es importante anotar que el señor Disney, era el Vicepresidente de nuestra Seccional. Toda la junta directiva de esta Seccional de la ANEP fue despedida esa empresa, con la excepción de dos personas que ya estaban muy cerca de pensionarse.

Para lo pertinente anotamos que el señor Disney también presentó credenciales ante la empresa Corporación González & Asociados Internacionales S. A. A este señor ni siquiera lo llamaron, aunque cumple con todos los requisitos para ser oficial, pues según lo dicho por el señor Herrera Porras, también lo tenían en la lista de sindicalistas.

En razón de lo anterior, de forma respetuosa, solicitamos a su autoridad, se llame a comparecer a las autoridades de esta empresa, ante su Despacho, a fin de buscar una conciliación entre ellos y nuestros representados. De tal suerte que el hecho de ser sindicalista no implique la violación al derecho del trabajo.

Rogamos también se llame a comparecer, en la misma audiencia al señor Luis Serrano Estrada, Secretario General del sindicato SITEPP, a fin de corroborar si es verdad o no, que él tiene muy buenas relaciones con esta empresa de seguridad.

De la misma manera rogamos que su autoridad le indique a los personeros responsables de la empresa, presentarse a ese despacho ministerial con el “Protocolo de Contratación” y con el contrato de trabajo que fuera firmado con el señor Herrera Porras.

Nosotros le solicitaremos a nuestros representados, traer su currículo y atestados, a ver si cumplen o no con el protocolo de marras. Sólo eso nos podrá dilucidar si estas personas no fueron contratadas por asuntos sindicales, o si tal situación obedece a que ellos no cumplen con lo establecidos en el “Protocolo de Contratación”.

Honorables autoridades ministeriales: Como es de su conocimiento, es repudiado por la legislación laboral e internacional la discriminación por razones de sindicalización, y mucho más en estos casos, cuando el Convenio 94 de la OIT y su Reglamento, señalan que el estado podrá rescindir contrato, con aquellas empresas que no cumplan con el Ejercicio de la Libertad Sindical y Laboral establecida en cada país.

Considérese que esta empresa tiene importantes contratos con el ICE, MOPT y CENAC.

Esperando se nos convoque a audiencia, atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Sr. Ricardo Herrera Porras, trabajador afiliado a la ANEP.
Sr. Luis Serrano Estrada, Secretario Genera, SITEPP.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP.
Archivo.

Ministerio de Salud: «Candil de la calle…»

Protesta frente al Ministerio de Salud

En protesta realizada frente al edificio central, trabajadores y trabajadoras de la institución exigieron la reapertura de los servicios médicos de odontología, psicología y salud, así como de la Comisión de Acoso Laboral, la Junta de Relaciones Laborales y la Comisión de Salud Ocupacional.

El documento entregado a la Ministra de Salud, María Luisa Avila, fue recibido por la secretaria ya que ni la Ministra ni los dos viceministros “estaban“en sus oficinas.

Según dijo la secretaria incluirían “en la agenda” de la Ministra una solicitud de audiencia para otro día.

El documento entregado plantea lo siguiente:

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San José, 30 de agosto de 2010

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su despacho

Estimada señora Ministra:

Reciba nuestro más atento saludo.

Con honda preocupación y respondiendo a una serie de inquietudes planteadas por el personal de este ministerio, en temas como el cierre del consultorio médico, tiempo atrás del consultorio de odontología y psicológico y, más recientemente, el casi nulo apoyo a las comisiones y oficina de salud ocupacional, todo lo cual va en beneficio de la buena salud de todo el personal, aparte de problemas en materia de escasez de recursos humanos, falta de información sobre los planes de ubicación del personal por remodelaciones, quejas de los usuarios por la fragmentación de competencias en diferentes direcciones, entre otros, nos dirigimos a usted para expresar lo siguiente:

A. La decisión de cerrar el consultorio médico, no beneficia ni a los trabajadores y trabajadoras ni a la institución, toda vez que la institución perdería varias horas laborales, o incluso un día completo, y el personal carecería de un pronto acceso a la atención, pues actualmente, debe desplazarse a recibir la atención médica al centro de salud que le corresponde, con el consabido atraso que esto representa en un sistema ya de por sí saturado como todos y todas conocemos cuando vamos a recibir atención a los EBAIS, Clínicas u hospitales de la CCSS. Más grave aún cuando se conoce como buena parte de los funcionarios y las funcionarias tienen enfermedades crónicas y como las emergencias de cualquier tipo se atendían de manera expedita.

B. En el consultorio médico, estas personas contaban con un control de sus padecimientos y les entregaban los medicamentos en la institución, lo cual también trae consigo beneficios para ambas partes. Ahora estas personas tienen que empezar a tramitar en el centro correspondiente su atención médica, lo cual agrega mayores dificultades a las mujeres trabajadoras con hijos o hijas, pues deben estar a las 5 de la mañana en los servicios públicos de salud para obtener una cita que no siempre se logra.

C. En cuanto al consultorio de odontología se indicó que sería temporal, sin embargo, luego de más de un año, no se ha reestablecido dicho servicio, tampoco el de consulta psicológica, y el personal se pregunta cuándo se abrirán nuevamente.

D. Consideramos también que debe rehabilitarse la Comisión de Acoso Laboral, comisión que era ejemplo para muchas instituciones y que de la noche a la mañana también se cerró, quedando pendientes varios casos, además, la amplia mayoría del personal está de acuerdo que siga existiendo.

E. El importante esfuerzo realizado por la Administración y por los compañeros y compañeras que eligieron e integran las Comisiones de Salud Ocupacional, y la formalización de la Oficina de Salud Ocupacional, prácticamente desaparecerá si no se provee de recursos humanos a esta oficina y de recursos materiales a las comisiones, incluso esta Oficina debe estar adscrita a una dirección superior tal como lo indica la reglamentación vigente, y no un simple proceso de una unidad administrativa.

F. Hay que retomar la Junta de Relaciones Laborales y darle nuevamente el posicionamiento que se merece, pues mediante esta instancia tanto el personal como la Administración pueden armonizar las relaciones laborales, y evitar consecuencias nocivas en el bienestar de las personas trabajadoras por decisiones unilaterales en materias que les afectan directamente.

En resumen, señora ministra, solicitamos:

1. Apertura inmediata de los consultorios médico, odontológico y psicológico.

2. Dar los recursos humanos y materiales a la Oficina de Salud Ocupacional y a las Comisiones de Salud Ocupacional ubicando esta oficina en una instancia superior.

3. Instaurar la Comisión de Acoso Laboral.

4. Convocar a la Junta de Relaciones Laborales con la mayor brevedad posible.

Esta es la oportunidad para que la Administración demuestre con hechos su compromiso con LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL INTELIGENTE, respetando los valores que se pregonan en la papelería institucional en particular “SALUD COMO CULTURA DE VIDA Y TRABAJO”.

En espera de su pronta respuesta, apegados al artículo 27 de nuestra Constitución Política y el artículo 32 de la ley de jurisdicción constitucional.

Atentamente,

FRENTE SINDICAL
MINISTERIO DE SALUD

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Rocío Mora Vargas
Secretaria General
SINAESPA

Rosi Carballo Picado
Secretaria General
SINPROSA

C.c.
Junta Directivas de ANEP, SINAESPA SINPROSA, ANPE, UNIÓN MÉDICA.
Trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud.
Licda. Sandra Pisk. Ministra de Trabajo.
Archivo.

Apoyo legislativo a Sintrajap


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El apoyo a la Junta Directiva Legítima de Sintrajap, liderada por Ronaldo Blear Blear, por parte de múltiples sectores es cada vez mayor. Las jefaturas de fracción de la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Acción Ciudadana, Accesibilidad sin Exclusión, Restauración Nacional y Renovación Costarricense celebraron los dos fallos a favor de sendos recursos de amparo que pedían determinar la ilegalidad de las acciones tomadas en contra de la dirigencia sindical en los puertos de Limón y de Moín.

En conferencia de prensa, junto a los diputados, estuvieron Albino Vargas de la ANEP, Sergio Saborio de la Rerum Novarum y José Luis Castillo de Sintrajap.

El proceso de fiscalización de todos los proyectos de consesión de obra pública se dará con el aporte de los sindicatos.

Propuesta de la ANEP sobre el Banco Popular es escuchada

Albino Vargas Barrantes sobre la reunión con el Vicepresidente

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En una conferencia de prensa repentina, en el vestíbulo del edificio central del Banco Popular, el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes, conversó con la prensa sobre los alcances de la reunión que se sostuvo con el Vicepresidente don Luis Libermann, sobre el futuro de la Junta Directiva del BPDC, y las preocupaciones de los sectores sociales que forman parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco.

El señor Libermann fue enfático en que el Gobierno de Laura Chinchilla no ha tomado una decisión respecto a los representantes que va a nombrar para los 3 puestos que tiene derecho el Ejecutivo de nombrar en esta Junta Directiva. Y, lo más importante, es que dio señales de que va a seguir la recomendación de la ANEP en prolongar el mandato de la actual Junta Directiva hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el decreto emitido el año pasado por Oscar Arias Sánchez, cuando era Presidente, sobre la intervención del Ejecutivo sobre la dirección del Banco Popular, dejando de lado a la ATTBPDC.

Presupuesto para educación superior en Costa Rica: Un acuerdo aceptable

Lea también:
Presupuesto universitario, La propuesta gubernamental
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En ese contexto se sitúa el compromiso específico atinente a una tasa mínima garantizada de crecimiento del FEES en términos reales (o sea descontada la inflación). Esa tasa garantizada será del 7% en los primeros dos años (2011 y 2012) y 4,5% en los años siguientes hasta 2015.

Llevar, al final del período, la proporción FEES/PIB al 1,5% implica tasas de crecimiento del FEES que excederían ampliamente del crecimiento del PIB, o sea, del crecimiento de la economía en general y las cuales, además, seguramente superarían las mencionadas tasas mínimas garantizadas.

Si ese crecimiento económico nacional fuese muy bajo –un 3 o 4% anual, inferior, pues, a los estándares históricos- el crecimiento del FEES excedería en más del doble el de la economía nacional en su conjunto. Por ejemplo, si el PIB creciera 3% promedio anual durante el período 2011-2015, el FEES lo haría en 7% promedio anual. Si creciera 4% promedio, el Fondo lo haría a algo más del 8% promedio.

Si las tasas de aumento del PIB fuesen relativamente elevadas, la relación no sería de tan marcada desproporción, pero aún así el crecimiento del FEES seguiría siendo muy superior. Con un PIB creciendo al 6% promedio anual, tendríamos un FEES que lo haría a más del 10%. Si fuese 7%, el FEES aumentaría a más del 11% promedio anual.

Alcanzar la meta del 13% que algunos sectores dentro de las universidades consideran irrenunciable solo sería posible con un crecimiento promedio anual del PIB ligeramente mayor al 8,5% promedio anual, lo cual es –vista nuestra experiencia histórica- simplemente impensable.

Un elemento, sin embargo, introduce en todo esto un cierto grado de incertidumbre: el hecho de que ese aumento al 1,5% como proporción del PIB está condicionado al aumento de la recaudación tributaria, de forma que la carga tributaria (relación porcentual entre ingresos tributarios y PIB) aumente del 13,4% actual al 15,9% en 2015. En caso de que esta última meta no se cumpliera, ello daría razón para que el gobierno se niegue a satisfacer –al menos a satisfacer plenamente- el compromiso del 1,5% del PIB como monto asignado vía FEES.

De forma indirecta, esto nos convierte a las universidades en agentes militantes a favor de una reforma tributaria, aunque también en militantes a favor de un mayor y más eficaz control de la evasión tributaria. Siendo, además, que esto se da en los marcos de un compromiso gubernamental –que también es parte del acuerdo firmado- en el sentido de que se “…establecerá [por parte del gobierno] una estrategia de política fiscal que permita una mayor progresividad y justicia tributaria”.

Interpreto que esto último entraña tanto un desafío como una oportunidad para las universidades. Particularmente en el sentido de convertirse en activas impulsoras de una reforma tributaria que, efectivamente, eleve la carga tributaria –ojalá más allá de la meta fijada (al menos al 17%)- y la cual debe ser diseñada según contundentes criterios de justicia tributaria y equidad social. Parte de esa reforma debe ser, por supuesto, el control y drástica reducción de la evasión, especialmente en los rubros de impuesto sobre las ventas e impuestos sobre ganancias empresariales y altos ingresos.

Es, pues, el desafío de contribuir a que se cumplan las metas propuestas –tanto en relación con la carga tributaria como respecto del FEES- y lograrlo de forma tal que, en el proceso, se corrijan los rasgos de injusticia y regresividad que hoy día dominan el sistema tributario de Costa Rica. Ello también abre una oportunidad para que las universidades jueguen un papel progresista y de construcción democrática, como gestoras de propuestas, rigurosas y fundamentadas, que alimenten el debate sobre política fiscal y propicien una reforma tributaria realmente justa y progresiva. Ojalá los rectores y rectoras se tomen muy en serio este cometido.

Cierto que inicialmente CONARE solicitó un crecimiento del 13% en el FEES. Siempre supuse que ése era un punto de partida para entrar a negociar, y lo creí así sobre todo por una razón que siempre creí obvia: ese índice de crecimiento hasta en el mejor de los casos estaría situado muy por encima del desempeño general de la economía, por lo que resultaría difícilmente justificable ante el pueblo costarricense. Cuando luego CONARE redujo su propuesta al 11% de crecimiento, interpreté que ese era un gesto que invitaba a la negociación, en vista de la total intransigencia e inflexibilidad que manifestaba el bando gubernamental. Pero incluso ese 11% resultaba difícilmente sostenible ante las realidades sociales y políticas del país.

La posición dura que algunos sectores universitarios sostienen, en el sentido de no aceptar nada como no sea el 13% inicialmente propuesto, conduciría a las universidades a un callejón sin salida. Supondría un enfrentamiento con el gobierno, desgastante y prolongado, donde la guerra sicológica y de opinión pública conduciría a la derrota de las universidades. Es simplemente impensable que pudiera justificarse ante el pueblo costarricense, el privilegio de índices de crecimiento tan elevados, mucho menos en épocas de penuria e incertidumbre económica. A la larga, la pérdida de legitimidad y el deterioro de la imagen de las universidades ni siquiera sería compensado por el mágico 13%. Simplemente las universidades no podríamos haber sostenido políticamente una lucha que, no lo dudo, habría sido muy impopular.

Recurso de Amparo contra subasta de espectro radio eléctrico

Resumen:

– Cinco Diputados de distintos partidos políticos, en conjunto con el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE), presentaron el miércoles 25 de agosto una Acción de Inconstitucionalidad contra la subasta de Espectro Radioeléctrico en los términos que se viene intentando por parte del Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

– El motivo fundamental de la Acción es que se sustrajo inconstitucionalmente el Espectro Radioeléctrico concesionado al ICE desde hace varias décadas por medio de un simple acuerdo de partes.

Los Diputados del Partido Frente Amplio, el PASE y el SIICE, quienes presentaron la Acción de Inconstitucionalidad, cuestionan el procedimiento seguido por el Ejecutivo para alcanzar el _“Acuerdo mutuo suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la extinción parcial de concesiones para el uso del Espectro Radioeléctrico otorgadas al ICE_”, de las diez horas del 18 de diciembre del 2009.

Específicamente combaten el referido_ “Acuerdo”_ por carecer de fundamento legal, por violentarse el principio de proporcionalidad constitucional al escogerse el peor camino para recuperar Espectro Radioeléctrico que posibilite la apertura, y muy particularmente, por violentar la soberanía popular y el principio de división de poderes, al pretenderse que mediante un simple acto administrativo se reforme la Ley. La acción se fundamentó en otros importantes principios y derechos fundamentales que se consideran violentados flagrantemente.

En la Acción se solicita que se suspenda el proceso de subasta del Espectro Radioeléctrico hasta que se declare inconstitucional el “Acuerdo Mutuo” suscrito entre el Ejecutivo y el Consejo Directivo del ICE y se restablezca a la Institución el Espectro Radioeléctrico al que tanto por Ley como por Constitución tiene derecho; todo en defensa del interés de los costarricenses usuarios de servicios de telecomunicaciones, que son los dueños del Espectro y en defensa del interés colectivo de los trabajadores del ICE.

Alegan que el ICE quedó seriamente debilitado a partir de la sustracción del Espectro Radioeléctrico y que ello afectará el buen servicio, e incluso las tarifas, todo lo cual no solo afectará a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, actuales y potenciales, sino a los propios trabajadores de la Institución que podrían sufrir políticas de recortes de personal, entre otros, en un futuro no muy lejano por la reducción de ingresos que sufrirá el ICE debido a esa acción.

Finalmente, alegan que era innecesario debilitar al ICE siendo que existían medios menos gravosos para alcanzar el mismo fin, como el haber considerado frecuencias privadas en desuso o subutilizadas, en vez de las que el ICE requiere para seguir creciendo y operando adecuadamente.

Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, Racsa, Filial CNFL y Proyectos
SIICE

Gobierno mete mano: ¡Banco Popular en peligro!

Fondos de Capitalización Laboral FCL en la mira: Intervención gubernamental estaría en función del faltante fiscal

Sectores sociales alertan a la clase trabajadora que tiene fondos de pensiones con en el Popular

Día: Próximo lunes 30 de agosto de 2010
Hora: 2 de la tarde
Lugar: Primer piso del Banco Popular (sede central)

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Las acciones del gobierno y los empresarios en contra del Banco Popular no son nuevas, ya han venido intentando tomar la Junta Directiva del Banco.

Lea:
¡Quieren hacer con el Banco Popular lo mismo que con el Anglo!

Gran ataque al Fondo de Capitalización Laboral

Video de ANEPtv sobre el intento de los empresarios de tomar la Junta Directiva

Marcha y concierto internacional contra la minería

Acto anterior frente a Casa Presidencial

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Este domingo 29 de agosto, en La Sabana, a partir de las 9:00 a.m se realizará una concentración (en la Estatua León Cortés) en donde serán recibidos los caminantes que vienen desde Crucitas en la 2da Caminata contra la Minería.

Desde este punto se marchará hacia la Plaza de las Garantías Sociales, detrás de la Caja.

Ahí disfrutaremos de un concierto con Carlos Mejía Godoy de Nicaragua y los nacionales Cantoamérica, Peregrino Gris, Sonámbulo, Dionisio Cabal y Ghandi.

Todos a manifestarnos en contra de la Minería a cielo abierto.

Ven con tu familia y disfruta de un gran concierto haciendo Patria!!!!