Inicia debate Judicial por concesión portuaria en Limón

Hoy que inicia formalmente el debate legal en el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el contrato de concesión que el gobierno le está entregando a la APMT, hacemos formal solicitud al gobierno para que corrija o eche marcha atrás con este contrato. El Ex Ministro Jiménez que lo impulso ya no está. Fue uno de los ministros más cuestionados por la sociedad civil costarricense y Creemos que tenía al gobierno desinformado con respecto a la realidad de Limón. Un capricho o los intereses de unas personas no pueden estar por encima de la desgracia de todo un pueblo.

Muy sencillo, con la adquisición del equipo idóneo para MOIN; y la construcción de un puesto de atraque mas, JAPDEVA elevaría los rendimientos y se haría más eficiente, aumentaría la recaudación de ingresos por la venta de servicios. Un adicional a lo que ya genera, en unos 60 mil millones de colones, no necesitamos de las exigencias y mentiras de APMT para ser mejores, lo que pasa es que algunos de los malos ticos vieron un negocio con este proyecto.

Pese a no tener todas las herramientas que necesitamos, gracias al esfuerzo de los trabajadores hoy somos el puerto número 15 de 286 puertos de América Latina y el Caribe según datos de la CEPAL. No como mal intencionadamente se ha dicho, dando datos que no califican puertos.

Señores del gobierno, han habido muchos engaños en el interés de entregar nuestras riquezas a la APMT. Desde el soborno, hasta el golpe de estado a SINTRAJAP. Todo promovido por políticos sin escrupulos. Los Diputados han dicho que no se puede refrendar un contrato de menor rango brincándose la ley de JAPDEVA, vaciándole su contenido y entregándosela a intereses que no son los de nuestra patria, además se va a explotar mar y tierra patria; y esto solo lo puede autorizar el Primer Poder de la República, así se otorga en la Constitución Política. Así mismo, la Comisión Legislativa que investiga las concesiones tampoco aprobó esta concesión.

Estamos a tiempo de anular este contrato por las razones ya mencionadas, pedimos ese gesto a la presidenta en beneficio de la colectividad y por haber sido irregular este proceso desde un principio, La APMT ni siquiera quiere competir en igualdad de condiciones, ante este panorama los intereses de la patria son primero. A la APMT solo le interesa llevarse y explotar nuestra riqueza, a ellos no les interesa la sociedad civil, ni el ambiente.

Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud, la desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano. Gandhi

Liroy Perez Perez
Secretario de prensa
SINTRAJAP

Constenla debe irse del INS

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en su Seccional ANEP-INS hay gran consternación ante las revelaciones periodísticas de los últimos días, específicamente aparecidas en La Prensa Libre; con respecto al comportamiento del actual Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña, a partir de una denuncia que esta organización presentó en el seno de la Procuraduría de la Ética.

Tal denuncia indica que (entre otros aspectos que consideramos graves), dicho jerarca laboró estando incapacitado médicamente hablando y que durante tal lapso se le mintió a un juez para eludir una presencia física en un proceso laboral dada su condición de patrono, alegando enfermedad cuando, repetimos, estaba trabajando.

La Procuraduría de la Ética ha indicado que esta situación, trabajar estando incapacitado, es violatoria de la ley y desnaturaliza el derecho que le da nuestro sistema de Seguridad Social a una persona trabajadora para que, mediando incapacidad, recobre plenamente su salud y se reinserte a su trabajo en condiciones óptimas.

Aunado a lo anterior tenemos que la circunstancia de que dicho jerarca haya amenazado de muerte a colegas suyo de la directiva del INS, es un asunto de extrema gravedad; como también lo es el que una trabajadora de esta institución haya perdido su empleo por, precisamente, trabajar estando incapacitada.

Indigna, preocupa y consterna que la propia Presidenta de la República celebre que el señor Constela trabaje de manera incapacitada, en clara contravención a decisiones judiciales contundentes que lo prohíben y que dejan el despido como la sanción correspondiente.

De la misma forma, esta indignación, esta preocupación y esta consternación es la misma al enterarnos de la descalificación presidencial al informe de la Procuraduría de la Ética en los casos del Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; así como del Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo; altos personeros de gobierno a los que se les imputa haber infringido normas “_Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública_”, aprobada en el año 2004, contando con el voto de la hoy Presidenta que en ese entonces era diputada.

Por todo ello creemos que la Presidente debe ordenar la destitución del Presidente Ejecutivo del INS; o bien, pedirle que presente su renuncia; ó, que el señor Constela la presente él mismo por su propia decisión.

Si la señora Presidenta ha decidido ya convivir, tolerar, avalar las transgresiones a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública de parte de su equipo de Gobierno al más alto nivel, las consecuencias pueden ser gravísimas. Desde la sociedad civil debemos decir lo contrario, manifestarlo una y otra vez, aunque nada pase.

El deterioro de la credibilidad de la Presidenta de la República asume características peligrosas para la institucionalidad democrática.

La Caja es de Pueblo, no de los dirigentes sindicales

“Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a su mesa; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir.”
José Martí

Wálter Quesada Fernández
Rafael Ángel Mora Solano
Giovanny Ramírez Guerrero

Nos referimos al artículo titulado “_Undeca firme y consecuente en la defensa de la salud del pueblo_”, publicado en la sección de opinión del Diario Extra, el pasado 22 de junio y firmado por Martha Rodríguez, Secretaria General Adjunta de esa organización, en donde con enojo desmedido desenfunda su pluma (suponemos que lo escrito es de su autoría), como si se tratara de un duelo contra el compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

El pecado de Albino Vargas fue haber hecho un llamado de autocrítica y autorreflexión a toda la dirigencia sindical de la Caja Costarricense del Seguro Social, incluida la misma ANEP, en su columna del miércoles 30 de mayo último, y titulada “_La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo privado_”; en vista de la grave crisis que afecta a esta institución y enfocada en tres aspectos que en nuestro criterio carcomen a la Caja, a saber: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Al parecer es en el punto tres en donde doña Martha no está de acuerdo, por lo que suponemos que sí avala el enfoque del resto de lo escrito, lo cual ya es muy bueno. Pero, doña Martha se rasga las vestiduras y llama al compañero Albino Vargas “_traidor_”, por haber escrito el siguiente párrafo:

“_Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “suavemente” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “estamentos reales” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales_”.

¿Qué tiene de injurioso, de afrenta, o de traicionero ese párrafo?, ¿Por qué no se sintió usted doña Martha o los compañeros de Undeca más bien identificados con la segunda parte de ese párrafo, es decir, dentro de las organizaciones que han decidido asumir su responsabilidad histórica proponiendo medidas correctivas para afrontar esta crisis, y denunciando anomalías y corrupción, como dice usted lo han hecho desde UNDECA?
En verdad nos parece que las motivaciones de su escrito no tienen que ver estrictamente con la columna de don Albino, sino más bien, con una estrategia inducida por otros de confrontar y por qué no decirlo hasta declarar la guerra a una organización sindical que como la ANEP, siempre ha caminado a la par de UNDECA, como organizaciones hermanas de clase y en defensa de la seguridad social; llegando a un nivel de empatía política tal que tanto la misión como la visión estratégica que la ANEP ha definido para sí misma, UNDECA la adoptó y hasta un banner tiene en su sede central señalando la coincidencia de ideas estratégicas.

En la ANEP no nos estamos autonombrando los “_salvadores_” de la Caja y aunque tenemos una menor afiliación que UNDECA, la nuestra es representativa y eso nos da el derecho a opinar y a crear dentro de nuestra afiliación una sensibilización social de profundo rostro humano con relación a la grave crisis de la seguridad social en nuestro país.

Priva en este momento un llamado al diálogo, al respeto mutuo entre dos organizaciones que como UNDECA y ANEP, tienen una gran responsabilidad sobre el futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Vendedores de lotería protestan frente a la JPS

Un importante grupo representativo de vendores de lotería se manifestaría este lunes 2 de julio, a partir de las 8 de la mañana en las afueras de la sede central de la Junta Protección Social (JPS), para protestar por la próxima entrada en vigencia de la lotería electrónica, luego de un cuestionado refrrendo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), había indicado que este tipo de juegos de azar no debia salir del control directo de la JPS.

Los vendedores de lotería se sienten amenzados con su exclusión definitiva de esta actividad, dado que el contrato que la JPS ha firmado con la trasnacional que manejará la lotería electrónica, habla de que esta es una primera etapa, generándose así sentimientos de miedo de que una “segunda“ etapa sea la entrega de la lotería en papel,

Como bien sabemos la JPS juega un estratégico papel para combatir la exclusión social de gtrupos vulnerables de la población y la introducción de la lógica mercantil en lo que debe ser sus ámbitos de promoción del juego de azar con fines sociales, provoca protestas y movimientos como éstos.

La ANEP ha decido respaldar a los vendedores de loteríaen su protesta de este lunes 2 e insta a todo el personal de la JPS a sumarse a la actividad durante el rato que esta protesta ha de durar.

ANEP insiste en que hay grupos salarialmente discriminados

La discusión que ha de venir en próximos días, acerca del monto en que se tendrá que ajustar los salarios base de las personas trabajadoras del sector Público, a partir de este 1 de julio (segundo semestre del año 2012), será aprovechada por la ANEP para insistir en la precariedad laboral de varios grupos laborales del Gobierno Central; los cuales, de manera acelerada, ven deteriorarse el poder de compra de sus salarios y, por ende, su situación sociofamiliar. Veamos:

El personal de base, el personal raso de la Fuerza Pública: los y las policías “_de a pie_”. Los mandos medios y altos del cuerpo policial más grande del país ya reciben salarios justos y dignos. Pero la “_otra_” Fuerza Pública, “la de abajo”, que es la inmensa mayoría, sigue estando pésimamente mal pagada, en espera de un nuevo Manuel de Puestos que les haría justicia pero que no se ve por ningún lado.

Las trabajadoras, personal técnico y de cocina de los CEN-CINAI. Hablamos de un grupo laboral totalmente invisibilizado, mucho del cual está compuesto de señoras adultas que deben realizar su trabajo mediando gran esfuerzo físico. Por otro lado, mucha de las mujeres trabajadoras de los CEN-CINAI pese a tener ya grado profesional, se les sigue pagando como técnicas, en el mejor de los casos. La sobreexplotación laboral y la precariedad salarial son las dos características fundamentales para quienes trabajan en este importante servicio público.

El personal oficinista y secretarial del Gobierno Central también sufre una gran precariedad salarial. Hemos de insistir en que se haga bien visible su situación para encontrar caminos de justicia tanto tiempo postergada en este grupo laboral.

Sabemos que a nivel general como en lo que respecta a los indicados grupos específicos, el “_no hay plata_” será la respuesta oficial y cansina del Gobierno.

Sin embargo, la ANEP está suficientemente preparada para demostrar que el “_no hay plata_” no tiene sustento alguno pues reiteraremos, una a una, nuestras propuestas de ingresos fiscales y tributarios frescos para el Estado sin nuevos impuestos.

Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa interpuso recurso de amparo contra Gobierno

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) con el apoyo de organizaciones civiles, presentó un recurso de amparo contra el Gobierno por la exclusión de la sociedad civil en la “Comisión Especial Mixta“ que analizará la digitalización de la Radio.

Al conocer que la Comisión propuesta por el Gobierno en octubre de 2011 excluía a la sociedad civil y medios alternativos, la Red solicitó un espacio en dicha comisión. En mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la conformación definitiva de la misma, ignorando la solicitud de la Red.

Seis meses después de la solicitud, una vez publicado el Decreto, el Viceministerio de Telecomunicaciones del MINAET, respondió a la Red la decisión tomada sin dar ninguna explicación.

La Comisión quedó conformada únicamente por representantes del Gobierno y del sector privado. Eso significa que la discusión acerca del proceso de digitalización de la Radio y el acceso a las frecuencias se está ejecutando sin la participación de la sociedad civil, ni medios de comunicación alternativos.

La RedMICA pide a la Sala Constitucional que se le brinde un espacio dentro de la Comisión Especial Mixta como representantes de la sociedad civil en la discusión de la transición de la radio digital. Asi mismo, solicita que se le ordenen al Poder Ejecutivo tomar en cuenta el principio democrático a la hora de conformar comisiones en las que se encuentre en juego intereses de sectores determinantes de la población o de la propia institucionalidad pública.

Tradicionalmente, las frecuencias han estado en manos de pocos grupos empresariales, por lo que en sus actividades y contenidos han prevalecido siempre intereses comerciales. De continuar excluyéndose a la sociedad civil en la toma de decisiones, se perpetuaría la distribución desigual y excluyente de las frecuencias.

La RedMICA hace un llamado a la ciudadanía para que apoye esta acción. Las personas interesadas en conocer y firmar este recurso de amparo pueden acercarse a la recepción de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, al Centro de Comunicación Voces Nuestras,Centro de Comunicación COPADEH y Onda UNED, ubicado en el Paraninfo de la Sede Central de la UNED.

Para más información comunicarse con Sandra Salazar al teléfono 8995-2295, 2283-2105 o con Marvin Amador al teléfono 8335-3070.

La Presidenta debe destituir al Director Ejecutivo del Conavi

Nuevas revelaciones periodísticas indican de una estrategia delictiva
para asaltar la hacienda pública.

La señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, debe actuar ya, hoy mismo, con celeridad y contundencia, ante la desafortunada e inapropiada circular de carácter intimidatorio que emitió el señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); advirtiendo a su personal subalterno de un supuesto “_deber de confidencialidad_” sobre todos los hechos e informaciones que por el ejercicio de sus respectivas funciones tengan conocimiento; intimidación de tal gravedad que le lleva a generar amenazas de sanciones, llegando incluso al despido, al personal de tal entidad.

No le queda más opción a la mandataria que ordenar la destitución de dicho jerarca, procediendo con similar “_dureza_” a la que desplegó con ocasión de la salida del anterior Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el señor Francisco Jiménez Reyes, cuya destitución se dio poco antes de que empezaran a salir a la luz pública las situaciones acaecidas con la construcción de la trocha norte, mal llamada ruta “_Juan Rafael Mora Porras_”, y que ha llegado a convertirse, ya, en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicos de la historia nacional.

Pública y vehememente, atónitos ante las nuevas revelaciones periodísticas sobre la naturaleza perversa de esta “_piñata regalona_” de la trocha norte, con visos de presentar una especie de estrategia delictiva para asaltar la hacienda pública; exhortamos a la Presidenta Chinchilla a que proceda en tal sentido: ordenar la destitución del señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Conavi.

Si no lo hace, su propia imagen se deteriorará más y podría colegirse que desde la propia Presidencia de la República se cohonesta, se avala, se tolera y hasta se aplaudiría, la intentona del jerarca del Conavi para pretender que la opinión pública no sepa más sobre el escándalo de la trocha.

Por demás, tan aberrante pretensión para ocultarle a la ciudadanía información del Conavi, contradice todas las normas legales, jurídicas y éticas anticorrupción que, tanto a nivel de decretos por parte del Poder Ejecutivo, como de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, se han emitido en los últimos años.

ANEP solicita información sobre nueva evaluación en Fuerza Pública

Honorable señora
MBA Ruth López Herrera
Coordinadora Evaluación y Desempeño
Sección Control y Documentación
Ministerio de Seguridad Pública

Estimada señora:

Primeramente, le hacemos llegar atento y respetuoso saludo.

En atención a consultas de nuestros afiliados y del personal en general, sobre el nuevo modelo de evaluación solicitamos, respetuosamente, se nos informe de forma detallada y por escrito los alcances de este nuevo modelo, los presuntos beneficios que de éste se derivan en favor de la base trabajadora de la Fuerza Pública.

Nos preocupa que en algunas unidades policiales los mandos medios giren instrucciones de evaluar a todo el personal con nota de 75 y máximo la calificación de “bueno”; aduciendo que “_por instrucciones recibidas_” en la capacitación que se ha venido dando. También se nos informa de jefaturas que le indican al personal que “_no tienen derecho_” de apelar la calificación obtenida.

Entendemos que la idea del nuevo modelo de evaluación es favorecer la objetividad y valoración de los buenos funcionarios que muchas veces están en desventaja por los criterios subjetivos; sin embargo, nos parece importante la clarificación de los procesos, aunado a que conocemos la falta de una actitud asertiva de parte de algunas jefaturas en reconocer los buenos desempeños.

En espera de su oportuna atención y pronta respuesta, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Máinor Anchía Angulo
Directivo Nacional ANEP
Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública

ANEP se pronuncia contra la privatización de la electricidad

Con respeto y admiración hemos tomado nota del nacimiento del “_Movimiento por el derecho a la luz_”, según ha sido anunciado por las organizaciones laborales del ICE, agrupadas en el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE); en conjunto con las organizaciones cooperativas de electrificación rural y de las otras entidades de servicio público que nos brindan los servicios de electricidad.

ANEP, que tiene una largo historial político-sindical en defensa del ICE (tanto como lo ostentan miles de ciudadanos y cientos de organizaciones populares de toda naturaleza), y que hemos luchado de muchas formas contra el neoliberalismo que siempre lo ha querido destruir; nos ponemos a las órdenes de las entidades promotoras del “Movimiento por el derecho a la luz” para aportar en lo que podamos y más todavía.

Es absolutamente falso que la política pública en la generación de electricidad (a cargo del mismo ICE, de las cooperativas eléctricas y de otras empresas públicas como la JASEC, la ESPH y la propia Compañía Nacional de Fuerza y Luz), sea insuficiente para suplir las necesidades futuras, inmediatas y mediatas del país en materia de demanda eléctrica.

Solamente la insaciable voracidad de una cúpula político-empresarial de enorme poder a lo interno de sectores gestores de la misma al interior del sistema político dominante, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el parlamento; explican que se intente forzar la aprobación del expediente legislativo No. 17.811, “_Ley General de Electricidad_”.

La ANEP, tal y como lo hizo con ocasión del combo ICE y con ocasión del No al TLC, invertirá sus más grandes esfuerzos político-sindicales, de concientización para la organización y para la movilización, a fin de que la privatización eléctrica sea derrotada por la ciudadanía activa a través de diversas formas de lucha; bajo la conducción del “_Movimiento por el derecho a la luz_”.