Autor: ANEP
Albino Vargas: «Políticos siguen endeudando a Costa Rica y responsabilizan a empleados públicos»
Trabajadores de plantaciones agrícolas recibirán capacitación sobre modificación de jornada laboral
Este domingo 25 de octubre a partir de las 8 de la mañana ,trabajadores de plantaciones agrícolas de la zona de Siquirres y Sarapiquí afiliados al SITRAP y la ANEP, recibirán una capacitación sobre las afectaciones que conlleva el proyecto de ley N 21182, que se discute en el plenario legislativo, el cual busca modificar la jornada laboral.
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Casi 22 millones de dólares diarios para atender la deuda pública en el 2022
• Urge una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública
• Grave situación totalmente ausente del debate electoral
La actual Asamblea Legislativa tramita lo que se conoce como el Presupuesto General “de la República” para el 2022; lo cual no es lo correcto pues solamente pasa por el parlamento, anualmente, el 40 % de toda la gestión presupuestaria financiera del Estado. El restante 60 % lo tramita la Contraloría General de la República (CGR).
11 billones 500 mil millones de colones (11.500.000.000.000), es la cantidad total del indicado presupuesto “de la República para el año entrante 2022.
De esa gigantesca cantidad, se deben destinar 5 billones de colones (5.000.000.000.000), para atender la monstruosa deuda pública y su pago abusivo de intereses; es decir, un 43 %.
Esos 5 billones de colones para atender la deuda pública significa, un pago promedio, al día, por el orden de los 13 mil 698 millones 630 mil 136 colones (13.698.630.136). Si los pasamos a dólar, con un tipo de cambio de 630 colones (a hoy), tenemos que, durante cada uno de los 365 días del año 2022, 21 millones 743 mil 857 dólares es la monstruosa cantidad que debe destinarse, cada 24 horas, para la deuda pública ($ 21.743.857); casi 22 millones de dólares.
Estamos hablando de cifras que escapan a la comprensión cabal de la generalidad de la población; pero que, a quienes medianamente tratamos de comprender la magnitud del problema, nos llevan a concluir que el Estado central costarricense va rumbo a la quiebra.
¡Casi 22 millones de dólares diarios para atender la deuda pública en el 2022!
De lo que queda del Presupuesto 2022, un 57 %, 6 billones 500 mil millones de colones (6.500.000.000.0000), es para atender (entre otras asignaciones) transferencias a las universidades públicas, pensiones de lujo, salarios de personas educadoras, policías, sistema penitenciario, atención primaria en salud, CEN-CINAI; PANI, IMAS, programas de otros ministerios, los poderes Legislativo y Judicial; transferencias como las de Fodesaf, municipalidades y otros organismos.
Las necesidades sociales son crecientes y presentan dramas sociofamiliares dolorosos.
De manera incansable, la ANEP ha venido planteando la urgentísima necesidad de que se efectúe una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Seguiremos insistiendo en ello. Se puede emitir una ley de la República al efecto.
Sin embargo, no hay el menor asomo de voluntad política de parte de quienes, de manera real, están hegemonizando la cosa pública en la Costa Rica actual. Preocupa muchísimo, además, que este asunto de la deuda pública no sea objeto del debate electoral (ni lo será), entre las 27 candidaturas presidenciales.
Hacemos un llamado vehemente a todas las personas trabajadoras asalariadas de las diversas entidades públicas del Estado central que, ante el avance del endeudamiento público, sus respectivos puestos de trabajo corren graven peligro; llamado que hacemos extensivo a las poblaciones usuarios de los servicios públicos en riesgo de quiebra, en conjunto con sus respectivas agrupaciones cívicas y sociales. La gente deberá defenderse a sí misma.
San José, miércoles 20 de octubre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Neoliberalismo aporofóbico
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Nos encontramos en la enciclopedia libre Wikipedia la definición de la palabra aporofobia: es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. También nos indica que la aporofobia es la animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos.
El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 90 del siglo pasado por la intelectual española Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. “La aporofobia consiste pues en un sentimiento de miedo y de rechazo al pobre, o sea, al desamparado, al que no tiene medios. Tal sentimiento y actitud son adquiridos.”, así se resume en la indicada enciclopedia.
El excesivo fanatismo fiscalista del Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, con su cruzada fundamentalista para convertir el control enfermizo del déficit fiscal como el fin absoluto de toda la política pública del país, nos lleva a definirle como un neoliberal aporofóbico, puesto que ya está enfilando sus baterías contra los presupuestos de diversos programas sociales; programas sociales que, precisamente, están destinados para atender a las personas habitantes de nuestro país, abrumadoramente costarricenses, que están en diversos estados de pobreza y de vulnerabilidad social.
Aporobófico también es Carlos Alvarado Quesada, quien da la tutela presidencial que le permite al ministro Villegas Valverde y su grupo estar en ofensiva contra los recursos que se deben presupuestar para esos programas sociales y, paralelamente, para los recortes a estos; ejemplos ya sobran.
La aporofobia fiscalista neoliberal gubernamental tiene efectos gravísimos en la serie de recortes a servicios públicos ligados a la Educación, lo cual ha sido denunciado por los mismísimos y máximos jerarcas políticos del MEP. Leemos lo siguiente en la prensa digital SINART Costa Rica medios: “El recorte de unos ₡294.000 millones en el presupuesto de Educación planteado por el Ministerio de Hacienda para el año 2022 afectará de forma directa a los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).Con esto unos 850.000 estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad verán reducidos los servicios de alimentación, uno de los elementos clave para mantenerlos ligados al proceso educativo y que se ha convertido en retenedor clave en tiempos de pandemia. Otros servicios afectados serían el transporte, los subsidios para personas con discapacidad y las becas, en especial las de postsecundaria”. Es incuestionable: el brutal recorte presupuestario para el 2022 que sufrirá el MEP tiene un fuerte contenido de neoliberalismo aporofóbico.
Si nos vamos a lo que le sucederá al presupuesto destinado para vivienda, nada más elocuente que citar la denuncia pública del mismísimo Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el cual recientemente emitió un comunicado de prensa titulado así: “BANHVI solicita a diputados reconsiderar y no aprobar recorte desproporcionado a presupuesto para programa de vivienda de interés social”. Nos indica esta otra institución gubernamental lo siguiente: “El recorte planteado para el año 2022 es desproporcionado, al alcanzar al menos un 25% del presupuesto que por ley le corresponde al Banhvi.
“De aprobarse este recorte, y sumado a los de 2020 y 2021, se alcanzaría un recorte total de más de 64 mil millones de colones, y el país habrá dejado construir en ese periodo 6.200 viviendas para familias de escasos recursos, en medio de la pandemia”. El Banhvi sentencia: “Recortar en inversión social de esta naturaleza, es totalmente contrario a los objetivos de reactivación de la economía y de generación de empleo”. ¡Otra muestra más de neoliberalismo aporofóbico!
La aporofobia del ministro de Hacienda Elián Villegas Valverde, con el aval aporofóbico de Carlos Alvarado Quesada, está agrediendo, por una parte, a 850 mil estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, denunciado por el propio MEP. Por otra, este neoliberalismo aporofóbico dejará sin casita de interés social a 6.200 viviendas de familias de escasos recursos, así denunciado por el propio Banhvi.
Ni Alvarado Quesada ni su ministro de Hacienda están solos en su cruzada aporofóbica, materializada en recortes presupuestarios como los aquí comentados; sino que, han sido respaldados por las actuales diputaciones que le impusieron a la sociedad la perversa regla fiscal cuando aprobaron la detestada ley del combo fiscal, ley 9635, denominada Fortalecimiento de las finanzas públicas.
La regla fiscal tiene un inobjetable contenido de neoliberalismo aporofóbico dado que ataca los presupuestos y restringe la acción interventora de la política pública en cuanto a provisión de servicios para grandes segmentos de la población costarricense que se encuentran en situaciones de severo estrujamiento económico, en vulnerabilidad de pobreza y en pobreza misma.
Grave es la aplicación de esa regla fiscal aporofóbica, por ejemplo, al presupuesto para el Servicio de Emergencias 911. Igual de grave lo es el golpe financiero para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en lo que respecta al apoyo de recursos que esta entidad debe brindar a las Asadas.
