La Escuela Sindical Mario Alerto Blanco Vado invita a toda nuestra a filiación a participar de este taller virtual, el próximo 26 de noviembre. Cupo limitado
Autor: ANEP
ANEP mantendrá apoyo, acompañamiento y asesoría jurídica a trabajadores de Alunasa despedidos
La ANEP mantendrá el acompañamiento y la asesoría jurídica a los 176 trabajadores de Alunasa que este martes, recibieron la carta de despido por parte de la empresa del gobierno Venezolano, ubicada en Juanilama de Esparza. Incluso mañana miércoles un equipo de nuestra organización viajara al cantón puntarenense para sostener una reunión con los afectados.
Sindicalismo rebelde: ética obrera (Parte II)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Tenemos plena conciencia de que la actual hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social.
La pandemia del covid-19 tan solo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo.
Por otra parte, tal y como lo documentan y lo afirman, en diversas partes del planeta, personas estudiosas de amplio prestigio académico, así como centros de pensamiento de diverso matiz filosófico y político-económico; estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. En Costa Rica, como ya es criterio generalizado, la desigualdad se apoderó de las relaciones socioeconómicas de nuestra vida como nación.
Es en tal contexto (como lo indicamos la semana pasada), que la corriente sindical en la cual militamos lanza su proclama de Sindicalismo Rebelde como motivación ética de nuestro accionar sociopolítico; el cual, ahora hemos decidido potenciarlo con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical, de la promoción y de la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), integralmente conceptuados.
Estimamos que los DD.HH. de un modo u otro, nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal, por una parte; y, por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la Democracia.
Pasamos, de seguido, a la exposición de los segundos cinco planteamientos fundamentales de la proclama de Sindicalismo Rebelde
6. Somos SINDICATO REBELDE porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de amplia diversidad, desde la sexual y de género, pasando por la religiosa y hasta la político-partidista; es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente lo que sueña. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
7. Somos SINDICATO REBELDE porque, como creyentes en la Democracia, no aceptamos que el Derecho Constitucional de Libertad Sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática; siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
8. Somos SINDICATO REBELDE porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante; por tanto, seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para profundizar nuestro camino propositivo (en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario-fiscal, salud-seguridad social, soberanía-seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, ecológico-ambiental, autonomía energética -entre otros-); coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
9. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patriotas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riquísima naturaleza verde que la Providencia nos dio; resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización-comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
10. Somos SINDICATO REBELDE porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
Concejo Municipal deja sin salario a trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Liberia
- Concejo Municipal no ha nombrado una Junta Directiva, lo que impide que se asuman los compromisos del Comité
La falta del nombramiento de una Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Liberia por parte del Concejo Municipal, mantiene en vilo a 25 personas trabajadoras quienes no recibieron el pago de su salario.
Karolina Obando Brenes, integrante de la Seccional ANEP-CCDR de Liberia explicó que la última Junta Directiva perdió vigencia el pasado 31 de octubre.
“Nos quedamos acéfalos. Lo que se ha acostumbrado es que tanto acá en Liberia y a nivel nacional es que la Municipalidad asume la administración del Comité. En este caso no fue la excepción, el Concejo Municipal dicta un acuerdo para que el alcalde asuma la administración y poder realizar todos los pagos referidos a los costos fijos en donde se incluye el pago de la panilla de los funcionarios”, indicó Obando.
Sin embargo, ante esta acción del Concejo Municipal, el alcalde Luis Gerardo Castañeda, realizó una consulta a la Contraloría General de la República sobre los alcances de esta medida y hasta tanto no tener respuesta por parte del ente contralor no ejecutará ninguno de los procesos que el Concejo le asignó.
Obando agregó que desde hace dos años se presentó la misma situación, pero en aquel momento el alcalde no tuvo ningún reparo en asumir las funciones de inmediato.
La ANEP solicitará una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo con los representantes del Concejo Municipal y el alcalde de la Municipalidad de Liberia.
Magistrada Nancy Hernández López ahora jueza Corte-IDH
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
01- La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), se muestra sumamente preocupada por la designación de la actual magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señora Nancy Hernández López, como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el período 2021-2026, tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección.
02- La preocupación que embarga a la ANEP, así como a miles de personas trabajadoras, públicas y privadas del país las cuales son representadas por esta organización sindical, estriba en el perfil de la persona que fue llamada a ocupar tan digno cargo en el más alto tribunal hemisférico, principal guardián y defensor de los Derechos Humanos de todas las personas, pero, principalmente, de las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) DE COSTA RICA, SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE PARA SUGERIR CANDIDATOS.
03- El pasado 13 de junio de 2021, ANEP publicó en su sitio web (www.anep.cr), su posición oficial sobre esta designación. En esa ocasión, se indicó, categóricamente, que Costa Rica carece de legitimidad moral para proponer y oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH.
04- Los argumentos vertidos en esa oportunidad para no apoyar esa candidatura, radican en que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido, con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que ha emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial.
05- De igual forma, la Corte Plena se negó a recibir al Relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán (Expresidente de la Corte Interamericana), quien -posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistradas y magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes.
06- También, el Estado de Costa Rica ha venido, simultáneamente, desconociendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
07- El Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen; han concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica; y, se han gravado varios productos de la canasta básica con efectos adversos para quienes menos tienen. Todo lo anterior, se ha justificado en la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
08- Adicional a lo anterior, recientemente se aprobó una ley que, irónicamente, se ha denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, la cual se pone en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
09- Esta normativa provoca un distanciamiento con respecto a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Esta medida gubernamental va en contra de pronunciamientos de la misma Corte Interamericana que señala que la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”.
10- Se argumentó que la línea del Estado costarricense se continúa marcando a futuro, y en la misma dirección regresiva respecto de los Derechos Humanos, al estarse gestionando una Ley de Empleo Público con las mismas características de limitación de derechos humanos y laborales, e inclusive con desconocimiento de la independencia de poderes públicos.
11- Finalmente, se concluye que no es consecuente una propuesta para candidatear a tan importante cargo, por parte de un Estado que colecciona abusos a los Derechos Humanos, tales como uso de sus fuerzas policiales para agredir a las y a los manifestantes en el contexto de protestas; que, además está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); o que tiene denunciados penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, entre otros.
POSICIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LA MAGISTRADA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELECTA JUEZA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH).
12- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica es sumamente respetuosa de las sentencias de la Sala Constitucional. También entiende que en un sistema democrático y en un Estado Social de Derecho, la Constitución, las leyes y, por ende, las sentencias, deben defender los Derechos Humanos de las personas y, principalmente, de los grupos sociales más vulnerables.
13- Siendo así, existen algunas dudas por sentencias de la Sala Constitucional en el pasado, incluido el voto de la señora Hernández López, las cuales nos permiten cuestionar su visión en la defensa específica de algunos Derechos Humanos de personas trabajadoras. Se citan sendos ejemplos:
14- El viernes 25 de octubre del 2019, la Sala Constitucional resolvió la Consulta Legislativa Facultativa, presentada por 23 diputados y diputadas, sobre el proyecto de ley N°21.049, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Posteriormente, el 21 de enero del 2020, se convirtió en Ley de la República. Esta Ley ha sido nefasta para las trabajadoras y para los trabajadores, para los sindicatos, es regresiva respecto de instrumentos como la huelga, que había sido un logro histórico y diferenciador de la defensa de los derechos laborales de los costarricenses. En los 4 vicios de procedimiento que se resolvieron, así como en los 12 vicios de fondo analizados por el alto Tribunal, se echó de menos una defensa progresiva de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, por parte de la candidata del Gobierno de la República, hoy jueza (lamentablemente) de la Corte IDH; sino más bien se denota un criterio estandarizado en una sentencia que se interpreta como altamente regresiva, y contraria a la normativa convencional, y principalmente a la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, ha generado que la ANEP haya tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad ante esa Ley.
15- La ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por considerar que su redacción atenta contra el salario mínimo inembargable de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, así como de las personas jubiladas y pensionadas. Lo anterior por cuanto la reforma permitía a los patronos y empresas crediticias aplicar rebajas sin límite (abarcando la totalidad de la remuneración percibida).
16- El argumento principal de la ANEP fue que, en medio de la mayor crisis de desempleo en la historia del país, así como de una pandemia mundial, se pidiese defender a las personas trabajadoras pobres (grupo vulnerable de la sociedad), evitando que se quedaran sin un porcentaje salarial mínimo, que les permita adquirir los servicios básicos para atender sus necesidades vitales.
17- La citada Acción de Inconstitucionalidad fue remitida por la Sala Constitucional a la Procuraduría General de la República, quien dio la razón a esta Asociación indicando:
“Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría sugiere a la Sala Constitucional anular el párrafo segundo del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, reformado por la Ley n°99-18 del 11 de noviembre del 2020, así como el transitorio adicionado a esa norma mediante la misma Ley n°99-18”
18- Sin embargo, la Sala Constitucional dio curso a la presente Acción de Inconstitucionalidad, en fecha del 7 de enero del 2021, y a través del expediente N°20-021844-0007-CO, el pasado miércoles 26 de mayo 2021, la Sala IV, mediante sentencia 2021-011996, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP contra la Ley 9918.
19- La señora Nancy Hernández López participó en esas decisiones sin identificar, cuestionar ni aplicar la interpretación más favorable a las personas afectadas (principio Pro Persona); principio que representa el norte interpretativo de la Corte Interamericana por aplicación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20- Preocupa a la ANEP que la señora Nancy Hernández López no haya demostrado durante su gestión como magistrada de la Sala Constitucional, la buena práctica de la procuración de justicia a través del control de convencionalidad.
CONSIDERACIONES FINALES DE LA ANEP SOBRE EL TEMA.
21- Se reitera que estos dos ejemplos citados, son una muestra de sentencias donde se habría pretendido una defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, en el mismo sentido en que la ANEP lo ha hecho, y donde no se ha denotado una posición progresiva de parte de la magistrada Hernández López; o bien, acorde con la normativa convencional, principalmente de la OIT y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre derechos laborales y sindicales.
22- Nos preocupó también que la magistrada Hernández López se haya presentado como candidata a la Corte Interamericana siendo aún magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica, puesto que representó un claro conflicto de intereses; y, además, un traslape de cargos ya que es lógico suponer que no pudo atender ambas funciones al mismo tiempo; debió estar solicitando permisos para ausentarse de su cargo de la Sala Constitucional donde tenía pendientes muchas decisiones como magistrada relatora y, de seguro, complicó votaciones que llevaron a la búsqueda magistraturas sustitutas, generando dificultades logísticas y retardación de justicia.
23- Por lo anterior, la ANEP lamenta la designación de la magistrada Nancy Hernández López como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y deja, con este pronunciamiento, clara advertencia a las señoras y a los señores jueces de ese alto tribunal internacional, que la persona que se ha designado en nuestro criterio no reúne los atestados, ni las condiciones para la real defensa de los Derechos Humanos; y, en especial, los Derechos Humanos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.
Pruebas Faro: una pifia más del Gobierno de Alvarado
•CUESTIONARIOS DE FACTORES “ASOCIADOS”: INFAME CONTRADICCIÓN PEDAGÓCIA DE LAS ACTUALES AUTORIDADES EDUCATIVAS
I. CONTEXTO:
01- Desde nuestra perspectiva, el actual Gobierno de Alvarado no sólo pasará a la historia por ser la peor Administración de la denominada Segunda República, llegando al poder a través de, quizás, la mayor estafa política de nuestra vida republicana; sino que, además, pasará a la historia por haber desplegado desde las jerarquías políticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), la peor gestión educativa de los tiempos contemporáneos. Esto bien lo saben las decenas de miles de personas trabajadoras docentes que ponen alma, vida y corazón en las aulas, a pesar de los desaciertos de las altas cúpulas político-educativas que Alvarado puso a dirigir los destinos del MEP.
- Un nuevo capítulo de lo anterior sucedió esta semana con la aplicación de las denominadas pruebas FARO. Dentro de este proceso, si bien una gran cantidad de personal docente puso sus esfuerzos como delegados y delegadas de aula, como personas tutoras especialistas, como delegadas asistentes y delegadas ejecutivas; al final, al conglomerado laboral docente y administrativo de los centros educativos involucrados, no le quedó más remedio que respetar las disposiciones de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y de las altas autoridades educativas (despacho de la Ministra de Educación Pública incluida), en lo relacionado con la aplicación de un proceso que, desde la perspectiva de ANEP, a todas luces careció de una planificación adecuada para dar validez a su aplicación y, por ende, a buena parte de la información recopilada.
03- Es que a pesar de múltiples opiniones de profesionales especialistas en la materia, que planteaban que lo más conveniente sería no aplicar las pruebas FARO como prueba estandarizada en 2021; las jerarquías administrativas del MEP decidieron aplicarlas a toda costa, en vez de recurrir a mecanismos o instrumentos más desconcentrados por zona o circuito escolar, en reconocimiento de las diferentes realidades en que se desenvuelven los diferentes centros educativos, así como la diversificación de aspectos sociales y culturales de las personas estudiantes.
04- Pese a ello, y a las particularidades propias de la actual pandemia, de la brecha digital que el Gobierno ha sido incapaz de cerrar con celeridad, y de la arbitraria pausa educativa dispuesta unilateralmente por la Ministra Cruz; el MEP insistió en implementar las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades de la Educación General Básica y Diversificada, conocidas por sus siglas FARO, y los inicialmente llamados cuestionarios de “contexto”, luego conocidos como “factores asociados”. Lo anterior con una serie de inconsistencias que pasamos a mencionar:
II. FARO: NOMBRE NUEVO PARA MOLDES VIEJOS
05- En cuanto a las pruebas de las tres asignaturas realizadas días atrás, a pesar del discurso de las altas autoridades educativas, al respecto de que las pruebas nacionales FARO son “nuevas herramientas de evaluación que miden “el dominio de habilidades”, evaluando mejoras en el aprendizaje con “preguntas de mayor aproximación a la realidad”; lo cierto es que a juzgar por la experiencia vivenciada en estos días por personas estudiantes, personas docentes, así como madres y padres de familia, más allá del discurso, las mismas no estaban en su totalidad exentas de evaluar currículo. Pareciera que los cambios en el nombre de la prueba no lograron disimular limitaciones relacionadas con un formato muy similar al de las anteriores Pruebas Nacionales de Sexto Grado o de Bachillerato.
06- Lo anterior, por no hablar de ambigüedades reportadas por personas docentes con respecto a que cada programa de estudio entiende desde su propia óptica, las llamadas “habilidades”.
07- Si de similitudes se trata, en general la aplicación de estas pruebas, desde la óptica de la ANEP, a la larga será un requisito de promoción de la persona estudiante para obtener el Certificado de Conclusión de la Educación General Básica de I y II Ciclo, el año entrante; esto por más que el discurso oficial busque formas de suavizar su perorata sobre el tema, o invente la posibilidad de repetirlas en busca de mejorar la nota de lo ya evaluado.
08- Además, aún el MEP no despeja la duda sobre cómo las célebres FARO lograrán medir habilidades importantes como la colaboración, la comunicación, la responsabilidad personal y social, entre otras.
III. FACTORES ASOCIADOS O “FACTORES DISFRAZADOS”
09- Junto a las asignaturas a evaluar, las autoridades ministeriales anunciaron con bombos y platillos, desde meses atrás, la realización (un cuarto día), de los inicialmente llamados cuestionarios de “contexto”, luego conocidos como “factores asociados”; y hoy, ante la creciente molestia, ya son conocidos popularmente con el nombre de “factores disfrazados”; y cuyo recabado de información sensible le está recordando a la ciudadanía, la tristemente célebre UPAD.
10- El discurso oficial hablaba de que los llamados “factores asociados” no eran sino consultas que se aplicarían en conjunto con las Pruebas Nacionales FARO de las asignaturas de Ciencias, Español y Matemática, “en busca de entender o explicar los factores que se asocian con los resultados obtenidos, así como identificar variables que contribuyan con la mejora de la educación”; pero los mismos fueron mucho más allá de eso. Esto ya que estudiantes, docentes, madres y padres de familia reportan lo siguiente:
· Primero: Porque al parecer, a través de varios cuestionarios, pero especialmente el llamado “tronco común”, se les preguntaba a menores de edad (estudiantes en edad escolar), información sensible, tanto socioeconómica (el tipo de vivienda, si en la casa había vehículos, de cuáles tipos, el material del techo de la casa, etc.); como intrafamiliar (si madres y padres lo motivaban, alentaban, escuchaban, acompañaban, etc.).
Lo anterior, si bien se decía era información anónima, lo cierto es que cada folleto y cada hoja de respuestas tenía consignado el nombre y número de identificación del estudiante menor de edad. Ello no sólo contradice toda lógica de anonimato, sino que, además, genera la pregunta, de qué tipo de autorización o consentimiento informado, solicitó el MEP a los encargados legales de personas menores de edad, para consultarles ese tipo de información ajena a la famosa “medición de habilidades”. Información que, por demás, de resultar de interés para algún caso, debería ser tratada con la particularidad del mismo, a la luz de profesionales en psicología, trabajo social u orientación, que sepan separar toda respuesta basada en deseabilidad social, y consignarlas en su debido contexto y dimensión.
· Segundo: Porque solicitaban a los y a las estudiantes información acerca de su docente de cada materia, sobre temas tan subjetivos como “su maestra lo motiva o no lo motiva”; además de otra serie de averiguaciones que bien podrían ser más propias de un interrogatorio de capital humano, que sobre la experiencia mismas de la evaluación.
11- Y es que los grandes ausentes de los “factores asociados” fueron, justamente, temas relacionados con la experiencia de la persona estudiante en cuanto a su vivencia con la aplicación propia de las pruebas FARO (¿cuánto tiempo estudió?, ¿estaba nervioso?, ¿vino desayunado?, ¿entendió el nivel de lenguaje con el que se le preguntaba?, ¿se sentía preparado para enfrentarse a las pruebas?, etc.); o, con carencias de infraestructura (las aulas tienen iluminación, los servicios sanitarios en su escuela cómo son, si tienen alcohol en gel, jabón, toallas o papel higiénico en su escuela para enfrentar la pandemia, etc.).
12- Desde luego, el gran ausente de toda evaluación estandarizada sigue siendo, preguntar la percepción sobre la gestión educativa de las altas jerarquías de la actual Administración del MEP y sus decisiones (ministra, viceministros, Consejo Superior de Educación, jefaturas, mandos medios y directores-directoras regionales).
IV. LA CONTRADICCIÓN PEDAGÓGICA DE LA DÉCADA:
13- Otro aspecto destacado con los llamados “factores asociados”, es que su aplicación bien puede ser la contradicción pedagógica de la década. Pretendieron, entre otros propósitos ya expuestos, indagar sobre la realidad del o de la estudiante y del aula, sin comprender la realidad de la persona estudiante y la dinámica del aula. Pretender que, en tres horas, un estudiante de edad escolar, sin pausa alguna, consigne más de 600 respuestas relacionadas con la aplicación de tres cuestionarios seguidos, desconociendo el nivel de estrés que supone para los educandos unas pruebas nacionales, no es otra cosa que un absurdo pedagógico y educativo.
14- Tal falta de planificación y de visión pedagógica de las altas jerarquías que, desconociendo la realidad del salón de clases, pretendieron, como si fuese normal, hacer que estudiantes en edad escolar contestaran más de 90 preguntas, seguidas y sin pausa, para completar cuatro encuestas, teniendo que completar cerca de 620 círculos en la hoja de respuestas. Los efectos anímicos que ello tuvo en estudiantes, el día viernes 12 de noviembre de 2021, tiene en justa indignación a cada vez más docentes, madres y padres de familia.
15- El acabose es que en varios lugares no se pudieron completar los cuestionarios, por lo que en los próximos días se citará de nuevo a los estudiantes para terminarlos. ¿Cómo evitar que el estudiante responda con “deseabilidad social” ante sus preocupaciones de lo que consigne, sin saber, por ejemplo, si eso a futuro evitará que su mamá siga recibiendo apoyo económico de determinada instancia? ¿Habrase visto tal falta de previsión y planificación?
V. EN SÍNTESIS:
1- Las pruebas FARO aplicadas de las asignaturas de Ciencias, Español y Matemática, pese al cambio del nombre, no escaparon de limitaciones relacionadas con un formato muy similar al de las anteriores Pruebas Nacionales de Sexto Grado o de Bachillerato.
2- El recorte de presupuesto de juntas escolares contrasta con la insistencia en la aplicación de dichas pruebas, que en las circunstancias dadas ha sido un gasto económico excesivo, para obtener insumos poco relevantes en unos casos y carentes de validez en otros.
3- La falta de previsión, y demás inconsistencias en la aplicación y diseño de las consultas de “factores asociados”, despojan el proceso de toda validez estandarizada.
4- Los procesos de estrés a los que el viernes 12 de noviembre de 2021 fueron sometidas las personas estudiantes en edad escolar que debieron aplicarlo, es la infame contradicción pedagógica de la década. Por otra parte, las evidentes limitaciones en la aplicación de la prueba de “factores asociados”, es una muestra más de la falta de planificación que ha caracterizado la gestión de las actuales autoridades educativas.
5- A juzgar por el contenido, las autoridades educativas, más que información relevante sobre la aplicación misma de las pruebas, con las consultas de “factores asociados”, parecían más bien interesadas en dar apoyo a la construcción de su discurso de cierre de administración; en el cual (nada nuevo bajo el sol) culparán al honorable cuerpo docente nacional de las limitaciones que el proceso educativo ha tenido a raíz de las directrices y limitaciones de gestión de las altas autoridades educativas. Esto a pesar de que, en realidad, decenas de miles de personas docentes a lo largo y ancho del país, con esfuerzo y dedicación afrontan de su propio bolsillo la carencia de materiales que siguen sin solventar las autoridades educativas del MEP.
6- Desde ANEP lanzamos el reto a la Ministra de Educación Pública para que, antes de culminar su administración, aplique una prueba estandarizada a personal docente y administrativo, en la cual se recolecte la información anónima que consigne su opinión acerca de aspectos relacionados con la inexperiencia y falta de liderazgo de autoridades educativas, los recortes presupuestarios de las juntas de educación, la falta de materiales a docentes para hacer su trabajo, las contradicciones en directrices, la improvisación de la pausa educativa, la falta de acompañamiento, la crisis de recursos, etc. Los resultados podrían escandalizar los despachos ministeriales, pero no así a la comunidad educativa que los ha experimentado.
7- A la fecha ni el MEP ni el Gobierno de Alvarado han sabido explicar, claramente, el porqué de la insistencia de estas pruebas. Sea que se pretenda tratar de posicionar a lo externo del país (OCDE u otros espacios), la idea de un mejoramiento de la Educación, sea que se esté buscando respaldar el discurso de cierre de administración que justifique las carencias de la gestión de las autoridades educativas; lo cierto es que desde la perspectiva de la ANEP la alta jerarquía del MEP no asumió con la suficiente sensibilidad, responsabilidad y compromiso, la planificación de las Pruebas Nacionales FARO, con el fin de certificar al país la validez y confiablidad de sus resultados.
8- Los procesos evaluativos que busquen mayores índices de calidad, deben entender el proceso de enseñanza-aprendizaje del que forman parte, como un proceso pensado para el bienestar integral de la persona estudiante, capaz de acercarle, motivarle y comprometerle con su propio aprendizaje en vez de contribuir con experiencias displacenteras, a la creación de aversión por el proceso educativo y las evaluaciones.
9- Demandamos al Gobierno de la República, a la Ministra de Educación y a las altas autoridades político-educativas, a tomar medias, completamente serias y transparentes, para que el caos de lo acontecido al cierre de aplicación FARO en educación primaria, no se repita próximamente en educación secundaria exponiendo, innecesariamente, a los jóvenes estudiantes a las crueles dinámicas ya descritas.
10- Queda pendiente que las autoridades del MEP, tan preocupadas por el recorte del gasto público, den cuenta del costo integral que el diseño, confección y aplicación de estas pruebas ha tenido. Esas cuentas serán pedidas por ANEP a fin de ser transparentadas ante la comunidad educativa nacional y ante la opinión pública costarricense.
San José, sábado 13 de noviembre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Ante el nombramiento de Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH
Ante el nombramiento de Nancy Hernández López, actual magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica, como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP) hace del conocimiento de la opinión pública nacional y continental lo siguiente:
01- La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), se muestra sumamente preocupada por la designación de la actual magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señora Nancy Hernández López, como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el período 2021-2026, tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección.
02- La preocupación que embarga a la ANEP, así como a miles de personas trabajadores, públicas y privadas del país las cuales son representadas por esta organización sindical, estriba en el perfil de la persona que fue llamada a ocupar tan digno cargo en el más alto tribunal hemisférico, principal guardián y defensor de los Derechos Humanos de todas las personas, pero, principalmente, de las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) DE COSTA RICA, SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE PARA SUGERIR CANDIDATOS.
03- El pasado 13 de junio de 2021, ANEP publicó en su sitio web (www.anep.cr), su posición oficial sobre esta designación. En esa ocasión, se indicó, categóricamente, que Costa Rica carece de legitimidad moral para proponer y oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH.
04- Los argumentos vertidos en esa oportunidad para no apoyar esa candidatura, radican en que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido, con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que ha emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial.
05- De igual forma, la Corte Plena se negó a recibir al Relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán (Expresidente de la Corte Interamericana), quien -posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistradas y magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes.
06- También, el Estado de Costa Rica ha venido, simultáneamente, desconociendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
07- El Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen; han concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica; y, se han gravado varios productos de la canasta básica con efectos adversos para quienes menos tienen. Todo lo anterior, se ha justificado en la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
08- Adicional a lo anterior, recientemente se aprobó una ley que, irónicamente, se ha denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, la cual se pone en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
09- Esta normativa provoca un distanciamiento con respecto a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Esta medida gubernamental va en contra de pronunciamientos de la misma Corte Interamericana que señala la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”.
10- Se argumentó que la línea del Estado costarricense se continúa marcando a futuro, y en la misma dirección regresiva respecto de los Derechos Humanos, al estarse gestionando una Ley de Empleo Público con las mismas características de limitación de derechos humanos y laborales, e inclusive con desconocimiento de la independencia de poderes públicos.
11- Finalmente, se concluye que no es consecuente una propuesta para candidatear a tan importante cargo, por parte de un Estado que colecciona abusos a los Derechos Humanos, tales como uso de sus fuerzas policiales para agredir a las y a los manifestantes en el contexto de protestas; que, además está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); o que tiene denunciados penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, entre otros.
POSICIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LA MAGISTRADA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELECTA JUEZA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH).
12- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica es sumamente respetuosa de las sentencias de la Sala Constitucional. También entiende que en un sistema democrático y en un Estado Social de Derecho, la Constitución, las leyes y, por ende, las sentencias, deben defender los Derechos Humanos de las personas y, principalmente, de los grupos sociales más vulnerables.
13- Siendo así, existen algunas dudas por sentencias de la Sala Constitucional en el pasado, incluido el voto de la señora Hernández López, las cuales nos permiten cuestionar su visión en la defensa específica de algunos Derechos Humanos de personas trabajadoras. Se citan sendos ejemplos:
14- El viernes 25 de octubre del 2019, la Sala Constitucional resolvió la Consulta Legislativa Facultativa, presentada por 23 diputados y diputadas, sobre el proyecto de ley N°21.049, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Posteriormente, el 21 de enero del 2020, se convirtió en Ley de la República. Esta Ley ha sido nefasta para las trabajadoras y para los trabajadores, para los sindicatos, es regresiva respecto de instrumentos como la huelga, que había sido un logro histórico y diferenciador de la defensa de los derechos laborales de los costarricenses. En los 4 vicios de procedimiento que se resolvieron, así como en los 12 vicios de fondo analizados por el alto Tribunal, se echó de menos una defensa progresiva de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, por parte de la candidata del Gobierno de la República, hoy jueza (lamentablemente) de la Corte IDH; sino más bien se denota un criterio estandarizado en una sentencia que se interpreta como altamente regresiva, y contraria a la normativa convencional, y principalmente a la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo anterior, ha generado que la ANEP haya tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad ante esa Ley.
15- La ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por considerar que su redacción atenta contra el salario mínimo inembargable de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, así como de las personas jubiladas y pensionadas. Lo anterior por cuanto la reforma permitía a los patronos y empresas crediticias aplicar rebajas sin límite (abarcando la totalidad de la remuneración percibida).
16- El argumento principal de la ANEP fue que, en medio de la mayor crisis de desempleo en la historia del país, así como de una pandemia mundial, se pidiese defender a las personas trabajadoras pobres (grupo vulnerable de la sociedad), evitando que se quedaran sin un porcentaje salarial mínimo, que les permita adquirir los servicios básicos para atender sus necesidades vitales.
17- La citada Acción de Inconstitucionalidad fue remitida por la Sala Constitucional a la Procuraduría General de la República, quien dio la razón a esta Asociación indicando:
“Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría sugiere a la Sala Constitucional anular el párrafo segundo del artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, reformado por la Ley n°99-18 del 11 de noviembre del 2020, así como el transitorio adicionado a esa norma mediante la misma Ley n°99-18”
18- Sin embargo, la Sala Constitucional dio curso a la presente Acción de Inconstitucionalidad, en fecha del 7 de enero del 2021, y a través del expediente N°20-021844-0007-CO, el pasado miércoles 26 de mayo 2021, la Sala IV, mediante sentencia 2021-011996, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP contra la Ley 9918.
19- La señora Nancy Hernández López participó en esas decisiones sin identificar, cuestionar ni aplicar la interpretación más favorable a las personas afectadas (principio Pro Persona); principio que representa el norte interpretativo de la Corte Interamericana por aplicación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20- Preocupa a la ANEP que la señora Nancy Hernández López no haya demostrado durante su gestión como magistrada de la Sala Constitucional, la buena práctica de la procuración de justicia a través del control de convencionalidad.
CONSIDERACIONES FINALES DE LA ANEP SOBRE EL TEMA.
21- Se reitera que estos dos ejemplos citados, son una muestra de sentencias donde se habría pretendido una defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, en el mismo sentido en que la ANEP lo ha hecho, y donde no se ha denotado una posición progresiva de parte de la magistrada Hernández López; o bien, acorde con la normativa convencional, principalmente de la OIT y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre derechos laborales y sindicales.
22- Nos preocupó también que la magistrada Hernández se haya presentado como candidata a la Corte Interamericana siendo aún magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica, puesto que representó un claro conflicto de intereses; y, además, un traslape de cargos ya que es lógico suponer que no pudo atender ambas funciones al mismo tiempo; debió estar solicitando permisos para ausentarse de su cargo de la Sala Constitucional donde tenía pendientes muchas decisiones como magistrada relatora y, de seguro, complicó votaciones que llevaron a la búsqueda magistraturas sustitutas, generando dificultades logísticas y retardación de justicia.
23- Por lo anterior, la ANEP lamenta la designación de la magistrada Nancy Hernandez López como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y deja, con este pronunciamiento, clara advertencia a las señoras y a los señores jueces de ese alto tribunal internacional, que la persona que se ha designado en nuestro criterio no reúne los atestados, ni las condiciones para la real defensa de los Derechos Humanos; y, en especial, los Derechos Humanos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.
San José, viernes 12 de noviembre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
