Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

1: Que la desigualdad ha venido creciendo, de manera sistemática y peligrosa… Es totalmente aceptado.

2: Que Costa Rica ocupa, para deshonra nacional, uno de los diez puestos de los países más desiguales del planeta. Ahí está documentado.

3: Que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), no tiene en la actualidad ni empleo formal ni salario fijo. ¿Quién lo desmiente? ¡Nadie!

4: Que el salario mínimo en Costa Rica es miserable mientras que somos un país sumamente caro para vivir en el cual el costo de la vida potencia la pobreza y la exclusión. Es cuestión de constatarlo visitando barriadas populares de la Gran Área Metropolitana y fuera de la misma.

5: Que quienes tienen suerte de tener empleo, digamos que estable y con salario fijo, éste está congelado y sufren de un altísimo endeudamiento que les da poca liquidez… ¡Sobran ejemplos!

6: Que la ley del combo fiscal, No. 9635, golpeó duramente, la estabilidad financiera de cientos de pequeños y de medianos emprendimientos empresariales. Muchísimos locales comerciales cerrados, con el rótulo “se alquila”, dan cuenta de ello.

7: Que la mitad del presupuesto, mal llamado de la República, el que pasa por la Asamblea Legislativa, es para atender la deuda pública. ¡Incuestionable realidad, completamente cruel!

8: Que la mortífera regla fiscal está empezando ya a golpear los presupuestos de entidades públicas que desarrollan programas sociales diversos para, precisamente, atajar el crecimiento de la exclusión económica y de la desigualdad social; así, como empieza ya a restringir acciones de inversión de entidades institucionales con suficiente dinero para hacerlo; ya se está sintiendo. El dramático caso de la Educación Pública apenas empieza a enseñarnos su colapso venidero.

9: Que hemos derrotado el discurso ideológicamente perverso de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. ¡Cierto! Ni siquiera el periodismo de odio se atreve a sostenerlo al día de hoy.

10: Que la seguridad ciudadana, a cargo de los diversos cuerpos policiales, retrocede en todos los órdenes; versus, el poder del narcotráfico y del crimen organizado que sí tiene suficientes recursos para burlar toda nuestra legislación diseñada para combatir el mal. Todos los días las noticias dan cuenta de esto.

De una manera u otra, en cada una de estas circunstancias, subyace el más profundo problema de la sociedad costarricense de la actualidad: tenemos un sistema tributario con dos perversidades intrínsecas: por un lado, es completamente injusto; por otro, está muy corrompido. Entonces, ¿cuál candidatura presidencial le pondrá el cascabel al gato?

Como electorado, parece que tendremos de 25 a 27 personas aspirando llegar a la Presidencia de la República; aunque, en realidad, buen número de éstas tienen doble aspiración pues, en el fondo de sus conciencias, saben que no lo lograrán. Y, por tanto, su verdadera intención es lograr una diputación en el próximo congreso.

Ahora bien, al momento de escribir este artículo, nota uno que las matrices mediáticas dominantes (especialmente, las que controla la plutocracia), así como las encuestas que se acomodan a las mismas, quieren hacernos creen que solamente hay 3 opciones (las coloco en orden alfabético por su nombre de pila): Fabricio Alvarado Muñoz, José María Figueres Olsen y Lineth Saborío Valverde. Seguramente, meterán a la del PAC, ahora que se supo que la persona ganadora es Welmer Ramos González. Las veintitantas restantes, según esa matriz mediático-plutocrática, no contarán. La gran masa del electorado será sometida al bombardeo según esta manipulada realidad.

Esperamos que haya cambios sustanciales en próximas semanas, ante el avance del electorado rebelde, dispuesto a PASAR FACTURA, de modo tal que, hasta las encuestadoras asalariadas del capital, se vean obligadas a reconocer procesos que se salen de la matriz que nos quieren imponer para un voto totalmente direccionado.

En todo caso, nuestro interés fundamental con este comentario es señalar que, según nuestra perspectiva de lucha social y sindical y nuestra propia experiencia en tal sentido, el problema número uno de la Costa Rica del Bicentenario, es su sistema tributario: completamente injusto y que está muy corrompido.

Lamentablemente, las candidaturas presidenciales que contarán con el beneplácito político y mediático de la plutocracia, no tocarán este punto. Eso creo. El orden macro-económico y fiscal tributario que se ha venido imponiendo está centrado en la potenciación al máximo de la concentración de la riqueza, por una parte; y, por otra, que sean los golpeados sectores medios y pobres los que sostengan los servicios públicos que ocupan para su propia sobrevivencia.

No vemos a la clase plutocrática controladora de las matrices mediáticas dominantes y sus diversas candidaturas presidenciales, aceptando reformas tributarias que les obligue a aportar más, por ejemplo, para: a) fortalecer las policías dedicadas a los diversos órdenes de la seguridad ciudadana; b) para potenciar más el impacto de los programas sociales (como el CEN-CINAI), en hogares sumidos en el desempleo y la precariedad en las barriadas urbano marginales y rurales; c) para fortalecer la vigilancia tributaria de manera estructural, sacando la corrupción de su seno; d) el fortaleciendo la institucionalidad pública dedicada al relanzamiento de la actividad productiva del agro nacional para garantizarnos una soberanía y una seguridad alimentaria nutritiva: e) impulsar una nueva política del salario mínimo para que éste incremente su poder de compra, ayude a la reactivación económica y desacelere la pauperización de las familias trabajadoras que dependen de él. Como ven ¿y con cuál cacao harán chocolate?

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vistas las cosas desde el escenario de la lucha social y sindical, tal y como éste se ha venido presentando en las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas de los últimos dos gobiernos a cargo del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con fuerte antecedente en las administraciones precedentes a éstos, a cargo de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); uno puede plantear varias consideraciones al momento de dar el voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, misma que funcionará en el nuevo período constitucional, a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026.

Primera: La Asamblea Legislativa actual, que terminará su (desafortunada) gestión el próximo 30 de abril de 2022, ha sido la más anti-obrera desde que rige la actual Constitución Política, misma que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949. Tanto por la conformación partidaria que ha tenido, como por la calidad de la legislación emitida, los sectores mayoritarios de la población costarricense, han sido las víctimas socioeconómicas del trabajo parlamentario del presente período constitucional, 2018-2022.

Segundo: Como nunca antes se había manifestado en el plano parlamentario, en los últimos 72 años de vida institucional del país, a partir de la imposición de la llamada “Segunda República”, en 1949; la mayoría de la actual integración de la Asamblea Legislativa en funciones todavía, actuó políticamente bajo el dictado de los denominados poderes fácticos; es decir, entregaron su soberanía autonómica-constitucional como representantes populares y se entregaron a promover medidas legislativas facilitadoras de la concentración del capital. La única ideología que imperó en el presente parlamento costarricense fue la de la plata, la del mercado total, la de la exclusión económica… en síntesis, la de la corrupción desenfrenada a partir de mantener y fortalecer la estructura perversa y corrupta de la fiscalidad tributaria del país.

Tercero: Efectivamente, nunca antes se vio la tendencia política de “legislar desde afuera” tan fuerte, clara y cínica como en el actual período parlamentario; es decir, diputados y diputadas que, congruentes con su docilidad entreguista al gran capital, actúan en el seno parlamentario según el titular de prensa, el comentario televisivo o la estridencia radiofónica de los medios de comunicación oficiales de la plutocracia.

Cuarto: La presente Asamblea Legislativa, anti-obrera y pro-capital, ha estado promoviendo legislación que cuestiona las piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como la división de poderes. Igualmente, han estado bajo ataque sagradas legislaciones conquistadas con sangre, como la jornada de ocho horas. Particularmente, el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, por su contenido de fondo vino a representar una especie de Golpe de Estado parlamentario. Éste, tan abiertamente detectable y por su tendencia de fuerte autoritarismo-totalitarismo fue, de alguna manera, frenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… por ahora.

Quinto: Dentro de las 57 diputaciones actuales, y como era de esperarse, ha habido algunas de enorme dignidad y de lealtad firme a los valores de la Constitución de 1949. Son la excepción, ¡la gran excepción! No llegan a diez las personas legisladoras que han tenido diversos comportamientos que merecen destacarse, frente al poder político de la plutocracia y sus medios que han venido “legislando desde afuera”. Sin embargo, a estas diputaciones les faltó una mayor articulación estratégica con los movimientos sociales y a éstos entre sí, como para haber establecido el contra-poder fáctico que requería la ofensiva de la plutocracia que, de una manera u otra, ha contado con unas 50 diputaciones fieles; sin hablar de lo que ha representado la acción ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada. Hubo intentos y no pueden menospreciarse; hubo acciones que respondían a la necesidad de esta articulación, intra y extra-muros parlamentarios, pero no fue suficiente. Gran autocrítica está pendiente para muchos de nosotros y de nosotras.

Sexto: A pocos días de que arranque la campaña electoral de manera oficial (pues ya todos los partidos están en campaña), ya han empezado a hacerse notar las personas aspirantes que pretenden darle continuidad a la nefasta gestión parlamentaria actual; tanto las que responden a los partidos de la plutocracia con representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa (Liberación, Unidad, PAC, Restauración, Nueva República); como otros que, también ideológicamente plutocráticos, buscan ansiosamente el “hueso” parlamentario para garantizarse un ingreso económico atractivo y la posibilidad de incrementarlo actuando a favor de intereses de alto corporativismo que suelen comprar votos diputadiles.

Sétimo: Así las cosas, el voto ciudadano para el próximo parlamento revista enorme importancia estratégica para la propia paz de la República, para la misma Democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad deteriorada, para el retorno del bien común a la cosa pública que no es más que la aplicación integral de los Derechos Humanos. Tenemos una gigantesca obligación ético-moral con Costa Rica, ahora que ha llegado al Bicentenario (y ya tenemos absoluta noción en qué condiciones están las mayorías ciudadanas de hoy), de que las próximas personas diputadas que vayamos a elegir, antes que todo, se le paren duro a la plutocracia y a su prensa de odio; por una parte; y, por otra, que conformen (o que ayuden a conformar), el necesario músculo social-popular, la fuerza cívico-patriótica que les ayude en el impulso de esa legislación multifactorial que requiere la introducción estratégica de la promoción del bien común en todas las líneas.