Nuestra organización atendió el llamado de trabajadores de la Municipalidad de Palmares preocupados ante una inminente restructuración planteada por la administración, la cual daría como resultado el despido de funcionarios y el cierre de algunos programas.
Autor: ANEP
Mas de medio millón de afectados dejará cierre de Patronato Nacional de Ciegos
-Proyecto de ley pretende cerrar institución que vela por los derechos de personas con discapacidad visual.
-Trabajadores de PANACI ven con incertidumbre sus derechos laborales en caso de aprobarse el proyecto.
El Patronato Nacional de Ciegos es la institución creada bajo el amparo de la ley 2171, su objetivo es de dar protección y defensa a las personas con discapacidad visual, y coordina la acción de los organismos y entidades relacionadas con el quehacer de esta población, contribuyendo a mejorar de su calidad de vida defendiendo, la autonomía personal.
Desafortunadamente, un proyecto el proyecto de Ley 22.315 que pretende fortalecer el CONAPDIS, generaría una afectación para más medio millón de personas que, históricamente, se han visto beneficiada por la operatividad del Patronato.
Álvaro Valverde Granados, asesor sindical de ANEP, fue enfático en afirmar que el CONAPDIS no tiene la estructura idónea para atender a esta población.
«El CONAPDIS ha quedado debiendo mucho. Recordemos que anteriormente fue cerrado el Patronato Nacional de Rehabilitación (Panare) y el CONAPDIS ha dejado en el aire a quienes eran beneficiados».
El Patronato Nacional de Ciegos es y ha sido la institución que por 64 años ha trabajado en atención, capacitación y acompañamiento para miles de personas que poseen discapacidad visual.
Mas de 10 organizaciones que han trabajado de la mano con PANACI, se suman al rechazo de la aprobación del proyecto, ya que consideran muy peligroso la desaparición del Patronato.
Tras el ingreso del proyecto a la Asamblea Legislativa en 2019, se ha venido dando un debilitamiento continuo al PANACI, pero a pesar de eso los trabajadores continúan esforzándose por dar el mejor servicio posible.
Asimismo, existen varios legisladores que, al conocer realmente el trasfondo del proyecto, se han opuesto rotundamente la aprobación dentro del plenario.
Cabe mencionar que esta institución, además de dar acompañamiento a más de medio millón de personas, trabaja con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la escritura braille en las cédulas; con el Banco Central (BCCR) con los billetes; la voz guía en diversos servicios, entre otros.
Por último, de parte de la población trabajadora del PANACI se hizo el siguiente llamado.
“Hoy en plena efervescencia social y política vemos disminuidos los derechos de las personas con discapacidad visual, un mes que se debería estar celebrando la asunción de los derechos; alzamos la voz de la bandera de la inclusión y un no rotundo al cierre de una institución como el Patronato Nacional de Ciegos. Señor presidente, señores diputados y señoras diputadas: la historia se mide según lo actuado. En este festejo del Bicentenario de nuestra Patria, demuestren que son un gobierno inclusivo: ¡no al cierre del Patronato Nacional de Ciegos!”.
¡Qué monstruosidad!: que la vejez sea considera una enfermedad
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Expresamos nuestro público reconocimiento al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), por alertarnos acerca de lo que en nuestro criterio debe ser catalogado como una monstruosidad, y planteado por una entidad internacional que, presuntamente, está dedicada a procurar el bienestar de salud de la población del planeta, de la Humanidad: la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en español).
El Consejo Universitario de la UCR, denuncia que esta entidad, parte fundamental del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “…ha manifestado su intención de incorporar a la vejez en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), undécima edición, la cual deberá publicarse en enero de 2022”. Así lo expresa el punto No. 8 del Considerando del Comunicado R-234-2021, fechado 24 de agosto de 2021, dado a conocer por la respetada y prestigiosa UCR y su Consejo Universitario.
Según datos de la UCR consignados en el documento en mención, Costa Rica tendrá, en menos de 30 años (2050), un 21% de su población total compuesta por personas mayores de 65 años; lo cual, demandará 5.9 millones de consultas médicas y 2 millones de urgencias por parte de las personas adultas mayores para ese entonces.
Contrario a la monstruosidad pretendida por la OMS, la UCR nos indica esta vital consideración: “La edad constituye un factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades y debe ser tomada siempre en consideración. Cabe acotar que, aún cuando no se puede modificar esta condición humana (edad), con una adecuada promoción de la salud y las medidas preventivas pertinentes se logra un envejecimiento saludable”.
Es imposible no tomar en cuenta que el perverso rumbo actual de la globalización neoliberal, excluyente y criminal, tiene que estar detrás de esta monstruosidad pretendida por la OMS. Dado que estamos viviendo la etapa más crítica de la historia de la Humanidad en cuanto a la concentración de la riqueza, por un lado; y, por otro, el riesgo más grave jamás vivido en cuanto a la existencia del mismo planeta (cambio climático, por ejemplo); nada raro sería que algunas mentes científicas estén pensando en que tanta gente adulta mayor es un “problema” para la convivencia humana en tan crítico escenario.
Nos hacer ver la UCR que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, mediante su Resolución No. 66/127, estableció el día 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
También, esta alta casa de estudios superiores costarricense, resalta la existencia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que data desde el año 2015; pretendiendo este importante instrumento del Derecho Internacional, dándole gran preponderancia a la promoción, aseguramiento y protección de “los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor para lograr un envejecimiento saludable, activo y digno, contribuyendo de esta manera a su integración, inclusión y participación plena en la sociedad.”
Considerar que la persona adulta mayor por llegar a la edad que le da tal categoría, ya es una persona enferma, es una aberración que es imposible aceptar y, por tanto, todas las personas luchadoras sociales, especialmente las que se inspiran en los Derechos Humanos, debemos ya no solamente rechazar enfáticamente la monstruosa pretensión de la OMS, sino luchar para evitar que la misma se concrete. Por esta vía, hacemos un llamado en tal sentido.
Por otra parte, no tenemos conocimiento de que este delicado asunto esté ocupando la atención del actual Gobierno de la República, en los diferentes niveles de política pública que tienen relación con la situación integral de las personas adultas mayores; gran parte de las cuales y dada la precariedad del mayor sistema jubilatorio del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuestionadamente administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), han mermado su calidad de vida pues la pensión que reciben está muy alejada del salario que percibían en su vida laboral activa. Bien sabemos que pensionarse por IVM-CCSS es empobrecerse.
En tal caso, debe haber un fuerte emplazamiento público al actual Poder Ejecutivo pues sus jerarcas todavía estarán al mando del país para enero de 2022, fecha en la cual la OMS pretende que la vejez ingrese en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
De la misma forma, la misma Asamblea Legislativa del país debe pronunciarse al respecto y desde esta columna, exhortamos a las diputaciones que la integran a interesarse en el tema.
Debemos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR); pues este pronunciamiento-denuncia, como indica el mismo, hace gran honor su Estatuto Orgánico, el cual en su artículo 3 estableció: “La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.
En nuestro caso y desde la corriente sindical en la cual militamos, procederemos a gestionar lo que nos compete, ya no solamente desde la perspectiva de los Derechos Humanos; sino porque, recientemente, un grupo de personas trabajadoras pensionadas de IVM-CCSS, han decidido agruparse para defender sus derechos. Ahora esta malsana y monstruosa pretensión de la OMS, es un poderoso estímulo para potenciar más su organización.
ANEP busca que nuevas concesiones de autobuses contengan normas que garanticen derechos laborales
Debido a las constantes denuncias de choferes integrantes de nuestras seccionales en el sector autobusero y las solicitudes de intervenciones al Ministerio de Trabajo por el irrespeto a los derechos laborales, la ANEP se ha dado a la tareas de buscar que las nuevas concesiones de rutas de autobuses, que se entregarán a partir del 31 de septiembre del presente año, contengan normas que garanticen el respeto a los derechos laborales de los choferes.
Ley de usura agobia cada vez más a policías: «He dejado de comer para alimentar a mi familia»
Invitación: inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado»
Invitamos a la familia Anepista a la inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado», el próximo lunes 6 de setiembre a las 5:00 p.m.
Inscripciones con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) al correo: marialaura@anep.or.crLa actividad es dirigida para personas afiliadas a nuestra organización.
Cierre de inscripciones domingo 5 de setiembre
ANEP suma Opinión Consultiva de la Corte IDH a la Acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley antihuelgas
– La Opinión Consultiva de la Corte es vinculante y de acatamiento obligatorio para los países.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Opinión Consultiva sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como un hecho nuevo a la Acción de Inconstitucionalidad presentada, desde marzo anterior, contra la Ley No. 9808, Para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos.
La acción de la ANEP se da luego de analizar en profundidad la Opinión Consultiva de la Corte IDH, la cual es clara en su postura con respeto al derecho de huelga y, se presenta como un hecho nuevo, debido a que ésta no existía al momento de interponer la indicada Acción de Inconstitucionalidad. Esta última ha sido admitida por el alto tribunal constitucional para su estudio desde abril del presente año.
Karen Carvajal Loaiza, Subcoordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP), detalló la relevancia de la Opinión Consultiva de la Corte IDH y el impacto sobre el análisis e interpretación que deberán realizar los magistrados y las magistradas ante este nuevo hecho.
“La Opinión Consultiva de la Corte IDH es vinculante y de acatamiento obligatorio de los países, entre estos Costa Rica. En esta se señala que, la huelga es un derecho fundamental y no puede limitarse de forma irracional, especificando claramente el tema de limitación temporal, esto último incorporado en la Ley 9808. La opinión de la Corte IDH claramente reitera como deben interpretarse el tema de servicios esenciales, mientras que en la ley se amplía este apartado incumpliendo los supuestos internacionales”, detalló Carvajal.
Precisamente, la Opinión Consultiva de la Corte IDH reivindica el derecho de huelga como un derecho humano, y como un componente indispensable del Derecho a la Libertad sindical, señalando concretamente que no es posible concebir la libertad sindical, sin un efectivo ejercicio del Derecho de huelga, y reconociendo su naturaleza como un medio de presión sobre el empleador en la búsqueda de la solución de los conflictos, “así como un medio legítimo de defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales”.
Dentro de la obligación de los Estados de permitir el ejercicio pleno de un Derecho Fundamental, como lo es la huelga, señala la Corte IDH que, dicho derecho no puede estar limitado de previo a una duración determinada: “No ocurre lo mismo con el requerimiento de poner un límite a la duración de la medida puesto que, por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no puede predeterminarse.”
La opinión consultiva de la Corte IDH, nace luego de varias denuncias debido a que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe una sistemática política de desestimulo y criminalización de la huelga y demás derechos laborales, que viene sucediendo en América Latina y otros varios países del mundo. Así se recibieron informes: “sobre restricciones al ejercicio de la libertad sindical, [el] derecho de manifestación y [el] derecho de huelga y la criminalización de la protesta en el continente americano, con enfoque en Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Argentina y Costa Rica….si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a regímenes de abuso y a unas prácticas laborales injustas. Asimismo, se registran 8 países del continente donde se violarían sistemáticamente tales derechos.”
“Si la Sala Constitucional se separa de la opinión vendrán las demandas internacionales como las que ya conocemos, y por las cuales se sancionó al país y se obligó acatar los dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó la subcoordinadora de la Unidad Jurídica de la ANEP.
La Acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP, impugna cerca de 18 artículos de la Ley denominada como anti huelgas y la Opinión Consultiva de la Corte IDH, viene a darle un mayor sustento a los argumentos planteados.
Compartimos el documento presentado ante la Sala Constitucional
ANEP y SITET presentan propuesta para la negociación de la Convención Colectiva en Correos
Trabajadores de plantaciones bananeras y piñeras dicen ¡NO! al aumento de edad para pensionarse
No es que el “sistema esté roto”… ¡Es que ya no funciona!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
¡Por favor! Lea cuidadosamente las siguientes frases: 1) 71% piensa que la economía está amañada en favor de los ricos y poderosos. 2) 68% piensa que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común. 3) 65% piensa que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora. 4) 64% quiere a “un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos”. 5) 44% quiere a “un líder fuerte dispuesto a romper las reglas”.
Pregunta: ¿No le parece a usted que las anteriores cinco afirmaciones son ya, en estos momentos, criterios muy generalizados entre la población costarricense integrante de la clase trabajadora en todas sus clasificaciones (empleada con salario fijo y trabajo formal, la que está en la informalidad, la que está desempleada, la que está pensionada por la Caja, por ejemplo); y, en general, entre los diferentes grupos de las capas medidas?
Ahora, lea las siguientes afirmaciones: 6) 81% piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios. 7) 72% piensa que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras. 8) 70% piensa que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica. 9) 62% cree que los políticos deberían poder decir lo que piensan independiente de lo que opine el resto. 10) 60% dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente a través de referéndums, no por quienes tienen cargos electos. Al leer las 10 afirmaciones anteriores, muy probablemente se sienta usted identificado con todas o con la casi totalidad de ellas. Pues eso le pasó a quien esto escribe.
La firma de consultoría y encuestas de carácter internacional Ipsos, fundada en Francia, en 1975, afirma ser “la tercera empresa de Insights and Analytics más grande del mundo”, con presencia en 90 mercados y que emplea a más de 18.000 personas; acaba de dar a conocer los resultados de una encuesta que efectuó en 25 países, Ipsos Global Advisor, entrevistando a varios miles de personas. La investigación se denomina Sentimiento de Sistema Roto en 2021 (Populismo, Anti-elitismo, y Navitismo).
Esta firma transnacional de datos, de investigaciones de mercado y de encuestas, indica, con respecto a su investigación periódica en la materia lo siguiente: “El Índice Ipsos de Sistema Roto está altamente correlacionado con los índices de corrupción y de progreso social de la organización Transparencia Internacional”.
Sin duda alguna, esta firma es de prestigio y tiene credibilidad; sin embargo, ideológicamente está matriculada con el neoliberalismo y la matriz política del todo mercado.
A pesar de ello, los Hallazgos Clave de tal investigación (de los cuales, citamos diez líneas arriba de este artículo), para quienes estamos y luchamos desde este lado de la acera (Ipsos, obviamente, está en la acera de enfrente), son determinantes para concluir con contundencia que el neoliberalismo ha fracasado, con base en los postulados fundamentales de la justicia social, de los Derechos Humanos (DD.HH.) y del humanismo (incluyendo el de inspiración cristiana).
La investigación de Ipsos, realizada en 25 países, no incluyó a Costa Rica. Sin embargo, resulta impresionante constatar que varios de los más impactantes Hallazgos Clave de la misma, están calzando como anillo al dedo, a la realidad sociopolítica y económica de la Costa Rica del Bicentenario.
Efectivamente, es innegable que una gran cantidad de la población tica de la actualidad piensa que: a) la economía está amañada a favor de los ricos y poderosos; b) que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común; c) que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora; d) que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios; e) que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras; f) que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica.
La encuesta de Ipsos con sus Hallazgos Clave nos aporta un nuevo arsenal de argumentos potenciadores de la campaña PASAR FACTURA, la cual, desde la corriente sindical en la cual militamos pretende que la persona ciudadana votante de las elecciones del domingo 6 de febrero de 2022 y que se decidió a emitir el sufragio para la designación presidencial y diputadil del período constitucional 2022-2026 tenga presente, por lo menos, lo siguiente:
¿Cuál o cuáles partidos políticos, con las decisiones impulsadas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, le arruinaron su negocito; le congelaron y/o le rebajaron el salario; le han amenazado su empleo; o, peor aún, le hicieron perder su trabajito; le han incrementado su nivel de endeudamiento; le han dejado sin liquidez salarial alguna; le tienen con hambre en su hogar; le hicieron perder su cosecha y su siembra; le tienen a sus hijos o hijas jóvenes sin empleo?
El sistema está “roto”, dice Ipsos; entonces, ¿será cuestión de “repararlo”? Sin embargo, nosotros y nosotras creemos es que el sistema ya “no funciona”, por tanto, necesitamos una nueva Democracia con plena justicia social, respeto absoluto de los DD.HH. y un Humanismo real.
