Costa Rica, ¿a merced del narcotráfico?

Mainor Anchía Angulo, Presidente Seccional ANEP- Fuerza Pública

Al escuchar las declaraciones de varios funcionarios, jerarcas o exjerarcas del Ministerio Público, quienes a viva voz, relatan que el sistema anti-lavado es incapaz de detectar capitales ilícitos, o sea, lavado de dinero; no me queda la menor duda de que nuestro país se encuentra a merced del crimen organizado. Extracto de una de las declaraciones: “Por eso señores diputados y señoras diputadas, comprenderán que en esta materia existen más sinsabores que alegrías (…)”.  

Para nadie es un secreto que el lavado de dinero tiene una estrecha relación con la producción, venta y distribución de drogas ilícitas (narcotráfico). Por ello, podríamos considerar, a partir de las declaraciones antes transcritas, que no hemos golpeado al narcotráfico como lo hace ver el actual Ministro de Seguridad Pública, con cada decomiso de drogas; por el contrario, vamos perdiendo por goleada y estamos sacando agua del bote.

Esa presunta incapacidad para detectar dinero de dudosa procedencia, podría estar relacionada con la falta de voluntad política tendiente a fortalecer los mecanismos de control; aunque surge la duda con relación a que pueda ser algo premeditado. Al menos, se deja ver con claridad la falta de interés.

Paralelamente, el desinterés por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se concatena con el desmejoramiento paulatino de las condiciones laborales de los cuerpos policiales. Entre otras cosas que muestran su deterioro, podemos citar, falta de calzado policial (vemos policías en tenis, zapatillas, o en botas de hule); es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, etc. Todo eso se ve agudizado con la regresividad salarial de los últimos años (los cuerpos policiales fueron incluidos en la Ley Fiscal; ahora están incluidos en la Ley Marco de Empleo Público, con lo cual verán también congelados sus paupérrimos salarios). Contrario sensu, el crimen organizado, tiene mucho dinero y todos los recursos a su disposición.

¡Sí!, el narcotráfico opera en todo el país. Ya, aquel discurso de que los problemas de inseguridad se encontraban focalizados en algunos sectores urbano-marginales, es cosa del pasado.

Lo mismo vemos homicidios, asaltos, narcotráfico, en Puntarenas, Limón, San José, o la Zona Sur. Hablando de la Zona Sur del país, Punta Burica es un sector utilizado por el crimen organizado para trasegar drogas. Nuestra frontera con Panamá no cuenta con la seguridad requerida, necesaria y pertinente; no tiene el recurso humano y logístico para operar con mayor efectividad.

Para el año 2019, según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Fronteras contaba con 390 funcionarios, los cuales se distribuyen en turnos, así como en distintas regiones del territorio nacional. Esa cantidad de funcionarios (390), debería ser mínimo el que atienda la Frontera Sur.

En ese mismo sentido, estrechamente ligado con el tema fronterizo, la Policía de Migración, como lo constatan varios reportajes del Diario Extra, muestra las paupérrimas condiciones que enfrenta dicho cuerpo policial. Al efecto, el funcionario y dirigente sindical, Gerardo Mora Ordoñez, clama, de manera incansable, por la inyección de recursos que les permita operar de una mejor manera; pero, una vez más, no parece haber voluntad política, en momentos en que, por cierto, vivimos una situación delicada con la constante llegada de población migrante a suelo nacional. 

El panorama luce oscuro, al menos, así lo vemos quienes nos movemos en la llanura. Al parecer, nuestros gobernantes tienen otra perspectiva. En más de una ocasión me he cuestionado: ¿será falta de voluntad política, o más bien es producto de una confabulación con algunos grupos que, de repente han apoyado campañas políticas con bolsas de dinero? Lo anterior se fundamenta en la falta de acciones concretas; la “sordera” de nuestros legisladores es pasmosa. En varias oportunidades les hemos señalado la necesidad de fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales, hemos advertido que no es oportuno afectar sus condiciones laborales, mucho menos provocar en las personas que los integran, una disminución en sus pocos ingresos.

Nuestro territorio viene siendo “tomado” por el narcotráfico, y el crimen organizado, mientras tanto, seguimos careciendo de una verdadera estrategia nacional sobre drogas, así como de una Política de Estado que procure articular acciones, mitigar o dar contención al ilícito negocio de los estupefacientes.

Extrañamente, la policía especializada, la Policía de Control de Drogas (PCD), sigue trabajando con las uñas, continua sin incrementar el recurso humano, de manera tal que pueda fortalecer sus investigaciones y, por ende, la lucha contra el flagelo que carcome nuestras comunidades. Para el año 2019, la PCD contaba con 169 funcionarios, siendo el segundo cuerpo policial con más bajas por renuncia, superado únicamente por la Fuerza Pública.

Nuestros gobernantes parecen desconocer, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país. Inexcusablemente, para mejorar el combate a la criminalidad, es preciso dignificar su trabajo; así mismo, urge robustecer su capacidad operativa. Pero, para ello, se requiere voluntad política, una que hasta ahora parece inexistente.

Pensión IVM-CCSS: la más reciente agresión antiobrera de Alvarado Quesada

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Carlos Alvarado Quesada, como cabeza del Poder Ejecutivo, dio luz verde para la irresponsable y aventurera decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de modificar el actual sistema de otorgamiento de pensiones por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aumentando la edad (tanto para hombres como para mujeres), para tener derecho a recibir del mismo una asignación mensual determinada, luego de una vida laboral activa; suma de dinero con la cual se presumiría el acceso a una vejez digna y decente.

Es irresponsable por cuanto nunca consideraron las buenas y sanas propuestas formuladas por diversos sectores que atendieron el llamado que se hizo al efecto. Hoy constatamos que todo fue una burla. Aventurera, porque no resuelve la gravedad del problema de IVM. Por el contrario, tal aventurerismo es para fomentar su privatización.

Además de aumentar la edad para pensionarse, la modificación en el sistema de cálculo de esa suma de dinero a recibir como pensión, hace que esta se reduzca en porcentajes de hasta el 15%, según las circunstancias.

También, Alvarado Quesada y la directiva de la CCSS la emprendieron contra el derecho de recibir una pensión anticipada en el caso de los hombres; y en el caso de las mujeres, sí quedará tal derecho, pero burlado, puesto que se podría tener acceso al mismo hasta que la trabajadora llegue a los 63 años de edad. En realidad, en esencia, es que hombres y mujeres (con excepciones), tendrán que pensionarse hasta los 65 años.

Alvarado Quesada y la directiva de la Caja han generado así, la más reciente agresión anti-obrera que se viene presentando desde el 8 de mayo de 2018. Se manifiesta de esta forma, adicionalmente, un elemento más para calificar la actual gestión gubernativa (con parlamento incluido), como la más nefasta para el mundo laboral y social desde la fundación de la denominada Segunda República, en el año 1949.

La corriente sindical en la cual militamos ha decidido enfrentar la más reciente agresión antiobrera de Alvarado Quesada acudiendo a diversos mecanismos jurídicos disponibles en nuestra democracia; misma que, aunque maltrecha, todavía posibilita reacción obrero-social consistente, si esta muestra una preparación profesional sólida; más allá de la reacción panfletaria de corte testimonial que no puede ocultar, por más que se diga lo contrario, una aceptación tácita del nuevo golpe a la clase trabajadora que representa esta irresponsable y aventurera decisión de la directiva de la Caja, con el beneplácito político de Alvarado Quesada.

Desde el punto de vista jurídico-legal, estamos preparando una acción en sede contencioso administrativa para pedir la paralización de los efectos de ese nefasto acuerdo. Las personas especialistas tienen ya su propio análisis y técnicas para entrarle a este injusto asunto por esta vía.

Creemos relevante que la ciudadanía obrero-social del país, la gran sacrificada por esta irresponsable y aventurera decisión de Alvarado Quesada y de la directiva de la Caja, ponga mucho cuidado cuando hablamos de que hacen falta de las arcas del IVM unos 49 millones de millones de colones; o, dicho de esta forma, 49 billones de colones; y, escrito en números, es el número 49 más 12 ceros: 49.000.000.000.000.

¡Gigantesca cantidad imposible de ser asimilada por nuestras mentes de clase trabajadora! Véalo de esta forma. Imagine que, de la noche a la mañana, le dan a usted 9 millones 800 mil colones. Ese es el per cápita, sea por cada una de las 5 millones de personas costarricenses y las que comparten nuestro territorio.

¿Adónde fueron a dar esos 49 billones de colones? De eso se trata una parte esencial de la propuesta que presentó la corriente sindical ANEP-FECTSALUD, a fin de que, a usted, persona trabajadora asalariada en este momento, no le subieran ni la edad para pensionarse, ni le redujeran la cantidad a recibir; ni, mucho menos, aumentarle lo que usted cotiza para IVM. Ni tampoco que a la parte patronal le aumentaran su obligado aporte.

Los sucesivos gobiernos y direcciones político-administrativas de la Caja estuvieron, a lo largo de los últimos años, cogiendo la plata de IVM para otras cosas. Esta cultura de desviar fondos de IVM tiene responsables de carne y hueso y, por ende, pretendemos que esta barbaridad no quede impune. Intentarlo en sede judicial es otra vía que hemos escogido para defender su derecho a pensionarse en condiciones dignas y decentes.

Esta cultura de desviar los fondos de IVM, que debieron capitalizarse desde un principio y jamás repartirse como se ha hecho hasta hoy, es una de las causas fundamentales de la triste realidad socioeconómica de que, en estos momentos, de todas las personas que ya reciben pensión de IVM, al 64% de ellas, se les asigna una cantidad de 200 mil colones o menos.

Hace un tiempo habíamos estado pregonando que pensionarse por IVM es empobrecerse. ¡Cruda y dura realidad! ¿Por qué? Entre otras causas, por la falta de esos 49 millones de millones de colones que fueron desviados a lo largo de los últimos tiempos, descapitalizando a IVM al punto de que está al borde de la quiebra.

También, ante la crisis en desarrollo de IVM, es necesario que nos cuestionemos el exagerado y concentrado poder depositado en 9 personas, como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS, para tomar decisiones sobre la vida de miles y de miles de personas trabajadoras; las cuales, por su vida laboral activa y pasiva, tienen que ver con este sistema de pensiones.

Sin atentar contra la autonomía constitucional de la Caja que defendemos a rajatabla, debemos diseñar otro sistema de toma de decisiones en materia de IVM, pues la política de “alfombramiento” que actualmente hemos visto y experimentando, de la doblez de esa directiva ante el presidente de turno, solamente ha representado sufrimiento económico-social para miles de familias de la clase trabajadora costarricense.

Hablemos del IVM: Serie de 10 artículos elaborador por el M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático

Compartimos la serie de artículos publicados por el M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático en el medio digital Surcos, donde deja en evidencias las malas gestiones y decisiones financieras a través de los años que han tomado directivos de la CCSS, provocando el estado actual del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Invitación a la charla para bibliotecólogos

La Junta Directiva Seccional ANEP-Bibliotecología le invita a reunión informativa sobre nuestro quehacer sindical.


Hora: miércoles 25 de agosto de 2021

Hora: de 4:30 p. m.


Vínculo: https://us06web.zoom.us/j/81936618590?pwd=d3R0MzN6OE4vdEg3VDBwWGExMjdaZz09

Identificación: 819 3661 8590

Contraseña: 750042

Seccional extiende demanda sobre plantas potabilizadores y de bombeo en AyA

Así lo acordaron representantes del Sindicato ANEP-AyA, junto a jerarcas del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), luego de la reunión sostenida el pasado viernes 20 de agosto, donde se definió que todo el personal de Plantas Potabilizadoras y de Estaciones de Bombeo que dejo de percibir el pago de horas extra entre 2010 y 2019, serán remunerados.