Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con Dios (autonomías constitucionales ratificadas como parte esencial del Estado de Derecho); y con el Diablo (apoyo ideológico a un enfoque fiscal neoliberal, extremista y fundamentalista): así percibimos nosotros el fallo emitido cerca de la medianoche del sábado 31 de julio, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativa No. 21.336. Por ello, hemos titulado este artículo “Sala IV y Empleo Público: Con Dios y con el Diablo”.

Sin duda alguna, no podemos aquilatar la dimensión correcta, en uno u otro sentido, de este fallo, sin conocer la redacción final de ese pronunciamiento; aunque sí es de destacar que se haya ya evidenciado que ese proyecto contiene, al menos, 35 inconstitucionalidades. No pareciera ser algo fácil superar esas 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Cuarta con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público. Sin embargo, en la actual Asamblea Legislativa las decisiones estratégicas de este calibre vienen siendo tomadas en otra parte y no en su seno.

Como no podía ser de otra manera y más que lógica reacción, la plutocracia reinante mediante su “oficina ejecutiva”, la Casa Presidencial, así como vía su medio periodístico oficial, “celebran” que la máxima magistratura judicial del país, la Sala IV, les haya avalado su proyecto ideológico-económico de reorganización del aparato estatal: el enfoque neoliberal extremista y fundamentalista que parte de la falsa premisa, muy desacreditada ya, de que el problema de las finanzas públicas del país son los salarios estatales, por una parte; y, por otra, que esto es agravado por la existencia de las convenciones colectiva de Trabajo. Esto es una completa falacia.

Cientos de veces lo hemos estado afirmando y cientos de veces más lo tendremos que decir: la crisis de las finanzas públicas tiene tres problemas fundamentales. 1) La naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, que es injusto y que es corrupto. 2) La impagable deuda pública que demanda un pago diario, cada 24 horas, de obscenos intereses de usura, de entre 5 y 6 mil millones de colones. 3) La corrupción con fondos públicos mediante la alianza público-privada, con ropaje legal o sin él (el caso Cochinilla es emblemático al respecto).

A la plutocracia reinante y sus sucesivos gobiernos (de Liberación, de la Unidad y del PAC), no les interesa resolver, con drasticidad y efectividad, tales problemas. Por eso, atacan los salarios de la clase trabajadora, le quieren cercenar a esta las vías jurídicas nacionales para defenderse de su empobrecimiento, así como promueven paquetes de impuestos que agravan su situación financiero-económica.

Según entendemos nosotros, la tendencia mayoritaria imperante en el seno de la Sala IV en los últimos años, ha sido la de matricularse, ideológicamente, con esto del control del déficit fiscal, pero del lado incorrecto: la magistratura constitucional no ha abordado, por ejemplo, ni el abusivo y obsceno pago de intereses de la deuda pública ni, mucho menos, la naturaleza injusta y corrupta del sistema tributario. Tal vez porque nadie la ha desafiado a pronunciarse en tal sentido.

Pero nosotros lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo, con recursos constitucionales que exige debate profundo sobre los verdaderos problemas estructurales, tanto dentro como fuera del derecho nacional. Nosotros nos negamos a seguir escuchando al Presidente de la Sala Cuarta decir, como lo hizo cuando anunció la “constitucionalidad” del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: “hay algunas violaciones de derechos humanos, pero hay una grave crisis financiera…”.

Si bien celebramos con nuestra presencia física, el pasado domingo 1 de agosto, en las afueras de la sede de la Sala Cuarta que esta se definiera a favor de las autonomías constitucionales y en contra de la tesis del Estado autoritario de sesgo totalitario (Mideplan: rector absoluto de todo el empleo público del aparato estatal); fuimos claros, al mismo tiempo, indicando que los contenidos de ese fallo avalando en materia de empleo público ese enfoque fiscal neoliberal, extremista y fundamentalista, tendrá que ser discutido en sede internacional, gracias a la pertenencia del país y del obligado sometimiento a sus dictados, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En tal sentido, ha sido oportunísimo y, realmente, un elemento fundamental en este asunto, que tengamos a nuestra disposición la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género, emitida por este tribunal jurídico-continental el pasado 5 de mayo.

Una combinación atinada de movimientos, articulados, desde este lado de la acera, pueden cerrarle el paso a la ofensiva político-mediática de la plutocracia reinante que esperan viabilizar, con su “peonada” diputadil y su oficina ejecutiva: la Casa Presidencial, lo más rápidamente posible esa nefasta legislación. Tenemos elementos a nuestro favor como el proceso electoral nacional que ya está encima y la campaña PASAR FACTURA; el mismo proceso interno legislativo; nuevas acciones de inconstitucionalidad y, como novedad jurídica de mucho futuro prometedor, los tribunales internacionales de Derechos Humanos (la Corte IDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Y, por supuesto: La Calle. No hay duda, tenían razón nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando nos decían que “no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo”.

32 personas diputadas votaron de manera afirmativa, en primer debate, el proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo No. 21.336, mismo que contiene 35 vicios de inconstitucionalidad, según fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitido casi a la medianoche del pasado sábado 31 de julio de 2021.

Siempre afirmamos que, por las pretensiones estratégicas contenidas en este proyecto, así como por la posición político-ideológica de sus principales personas defensoras, tanto a lo interno del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa; se trataba de dar un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

Es más, este proyecto ha estado representando el más serio ataque que nunca antes se había dado en contra de la Carta Magna que, todavía, aunque maltrecha por tanta burla, sigue plenamente vigente; aún más, para estas épocas de exclusión social, de desigualdad estructural e institucionalizada, y del desarrollo de poderes fácticos que pretenden gobernar el país sin participar en elecciones.

Ya podemos hablar de intentona golpista pues, en este punto, el del pleno respeto a las autonomías constitucionales establecidas con base en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, la Sala Cuarta los frenó.

Los y las golpistas integrantes del actual parlamento, junto a Alvarado Quesada y su grupo plutocrático-mediático de poder, soñaban con un poderoso ministerio, un súper-ministerio, controlador (“rector”, eufemísticamente le llamaban), de todo el empleo público estatal y todo lo que se deriva de ese control en su dinámica cotidiana.

Soñaron que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), hasta hoy debilucho y deslucido, pasase a ser una monstruosa entidad de poder real, absoluto, de corte autoritario-totalitario y con tendencias a lo dictatorial; totalizante, a tono con los contenidos del modelo ideológico y político-económico del todo mercado-nada Estado.

Las pretensiones totalitarias de control gubernamental-central absoluto del aparato estatal, se estrellaron contra el fallo constitucional y si bien éste puede presentar ranuras y rendijas como para que estos afanes de dictadorzuelo tercermundista, sigan intentando imponer su afán totalizante a toda la sociedad, recibieron contundente rechazo del guardián jurídico de la Constitución: la Sala IV.

¡Bueno! La Sala IV se vio entre la espada y la pared. La contundencia de las argumentaciones de toda naturaleza y procedencia a favor de la naturaleza originaria, constitucionalmente hablando, de las autonomías, fueron inobjetables al punto de que no quedaba más remedio que declarar inconstitucionales las pretensiones del golpismo parlamentario en contra de las autonomías establecidas en la Carta Magna de 1949.

La Sala IV se jugaba su credibilidad y su legitimidad. La salvó a medias quedando bastante maltrecha pues la cohonestación ideológica de que la situación fiscal del país puede “tolerar” violaciones a los Derechos Humanos, como ya lo dijo antes, está latente en este pronunciamiento.

Los y las golpistas pretendieron el control del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), del régimen municipal, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como de las universidades público-estatales.

Copiado del resumen-comunicado de prensa que emitió la Sala Cuarta sobre su fallo con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público, en lo que interesa, tenemos:

• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 2 inciso a) no es por sí mismo inconstitucional, en cuanto incluye al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí lo es por sus efectos, porque algunas de sus normas vacían de contenido el principio de separación de poderes.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las universidades públicas a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional, en cuanto somete a la CCSS a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
• Por unanimidad se evacua la consulta, en el sentido de que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las municipalidades a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo.

Desde una perspectiva cívico-patriótica y de lucha social, esta intentona del golpismo parlamentario, con apoyo de Alvarado Quesada y su grupo plutocrático-mediático de poder, no debe quedar impune.

Y si no es factible entablar un proceso judicial para pedirles cuentas a los y a las golpistas diputadiles que dieron su voto al proyecto de ley más peligroso jamás tramitado contra la Constitución de 1949, debemos citar sus nombres para los registros históricos. Los y las golpistas fueron:

DEL PLN: 12 GOLPISTAS. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Silvia Hernández Sánchez, Wagner Zúñiga Jiménez, Karine Niño Gutiérrez, Roberto Thompson Chacón, María José Corrales Chacón, Luis Fernando Chacón Monge, Ana Lucía Delgado Orozco, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Aida Montiel Héctor, Gustavo Viales Villegas, Yorleny León Marchena.

DE RESTAURACIÓN: 5 GOLPISTAS. Carlos Avendaño Calvo, Xiomara Rodríguez Hernández, Mileydy Alvarado Arias, Eduardo Cruickshank Smith, Giovanny Gómez Obando.

DE NUEVA REPÚBLICA: 5 GOLPISTAS. Harllan Hoepelman Páez, Ignacio Alpízar Castro, Jonathan Prendas Rodríguez, Carmen Chan Mora, Marulin Azofeifa Trejos,

DEL PAC: 8 GOLPISTAS: Nielsen Pérez Pérez, Víctor Morales Mora, Enrique Sánchez Carballo, Carolina Hidalgo Herrera, Luis Ramón Carranza Cascante, Mario Castillo Méndez, Laura Guido Pérez, Catalina Montero Gómez.

DEL PUSC: 1 GOLPISTA. María Vita Monge Granados.

INDEPENDIENTE: 1 GOLPISTA. Zoila Rosa Volio Pacheco.

A estas 32 personas diputadas golpistas, se les debería abrir un juicio político-jurídico. De parte de las corrientes sanas de la lucha social, debemos señalarles con el dedo acusador y denominarlos GOLPISTAS.

Menospreciaron, se burlaron, pactaron a escondidas de los procedimientos parlamentarios; invisibilizaron gran cantidad de sólidas argumentaciones que les advertían de los graves atentados a la Constitución que tenía ese proyecto de ley.

Además, traicionaron su juramento constitucional y se entregaron a las órdenes políticas de un poder político-mediático fáctico que nunca ha participado en una elección. Los y las golpistas, las diputaciones golpistas merecen el deshonor de la Patria.

De los temas macro-fiscales y de los atentados a los derechos laborales internacionales que tal fallo constitucional contiene, eso es para otros escritos, también igual de relevantes. Lo que nos interesa a partir de ahora, es poner la palabra-concepto golpista antes del nombre de cada una de esas personas diputadas a las cuales debamos citar o nombrar por diversas razones.

Tres ejemplos: el golpista diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, la golpista diputada Yorleny León Marchena, el golpista diputado Víctor Morales Mora.