El trabajo de incidencia nacional, lucha social, denuncia, así como la defensa de los derechos laborales y humanos, tanto en el sector público como en el sector privado, por parte de nuestra organización da sus frutos, ya que es uno de los principales factores para que la afiliación de la ANEP continúe creciendo.
Autor: ANEP
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Sindicatos del Poder Judicial solicitan renuncia de la Fiscala General
Diversos gremios sindicales del Poder Judicial enviaron una nota a la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitando la renuncia a su cargo. Compartimos la solicitud enviada.
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Intervención de ANEP frena cambio de horario para trabajadores de parques de la Municipalidad de SJ
Votación de Empleo Público y corrupción de ¢78 mil mills.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Los graves hechos de corrupción que el país conoció el pasado lunes 14 de junio, con la impresionante cantidad de dinero involucrada de, al menos, 78 mil millones de colones (poco más de 125 millones de dólares estadounidenses) en presunto tráfico de influencias y sobornos de todo tipo, en materia de licitaciones para construir obra pública en infraestructura vial, altera la agenda-país que tramita la actual Asamblea Legislativa.
El golpe a la institucionalidad es demoledor si nos atenemos a que, por segunda vez, la Casa Presidencial, políticamente habitada por Carlos Alvarado Quesada, es allanada en una misma Administración gubernativa. Hecho inédito desde la fundación de la Segunda República, en 1949.
El proyecto-expediente legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, no debe ser votado ni ahora, ni pronto. Ha perdido toda legitimidad política, más allá de las aberraciones jurídico-constitucionales que contiene para todos los gustos.
Las dimensiones de este escándalo de los 78 mil millones de colones “desviados”, pulverizó la escasa credibilidad que le quedaba al Poder Ejecutivo para impulsar esta nefasta iniciativa de ley.
Las actuales personas diputadas integrantes de la Asamblea Legislativa no se pueden sustraer a esta realidad política; no pueden fingir que nada está pasando y mirar para otro lado.
Por otra parte, nada ético es utilizar la pandemia para promover reformas estructurales de tanta profundidad como las pretendidas en el indicado proyecto de ley, que contiene transformaciones constitucionales de facto.
Es más, resulta inmoral actuar políticamente así, en las actuales condiciones sociopolíticas y sanitarias del país, impulsando medidas regresivas en materia de Derechos Humanos; un cuadro que, claramente, se dibuja en todos los extremos de ese expediente legislativo 21.336 que pretende ser votado, en primer debate, en próximas horas.
Tal proyecto de ley no es parejo. No se vale que un solo sector, como el del empleo público, asuma cargas desproporcionadas en nombre de la austeridad fiscal, cuando hoy nos enteramos que el gobierno es un reducto de actos de corrupción de carácter público-privado por medio de contrataciones públicas que afectan las finanzas públicas; cuando más recursos se necesitan para afrontar una pandemia cuyas dolorosas circunstancias provocan que, lo que más hace falta, son esos recursos para salvar vidas.
La presente Asamblea Legislativa, cada uno de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, deben ser drásticos en la exigencia de cuentas al Poder Ejecutivo; no aprobando leyes, además con gran cantidad de vicios de inconstitucionalidad anunciados, sino evitando allegarle más recursos que todavía no tienen garantía de un manejo adecuado ni transparente.
Pedimos y exigimos coherencia en el discurso y la narrativa legislativa en los momentos más aciagos que afronta el país. Coherencia no es aprobar leyes a golpe de tambor aprovechando la presión de una agenda del Ejecutivo que hoy ha quedado totalmente desacreditado. No merece este gobierno tanta pleitesía legislativa, sino un control institucional responsable y digno. Antes de aprobar la Ley Marco de Empleo Público, o cualquier otra ley que no cumpla con paridad en las cargas tributarias, no se puede legislar de espaldas a un sector de la población que ya no resiste más regresividades a sus Derechos Humanos.
La ecuación es sencilla: Cuando el Ejecutivo demuestre que es probo, que es eficiente en la recaudación de impuestos y, sobre todo, que puede evitar, preventivamente, escandalosas corruptelas como esta de los 78 mil millones de colones; es cuando ha de merecer la confianza del Legislativo para aprobar leyes con recursos sanos para enfrentar las crisis existentes.
Si nos atenemos a la tesis de que este Gobierno ha tratado de justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público generando indebida presión para cumplir con el “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues se trata casi de un compromiso político-personalísimo de la cabeza del Poder Ejecutivo, Carlos Alvarado Quesada, cuya credibilidad está irreparablemente lesionada; corresponde entonces invocar en sus curules las palabras de la Directora-Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, misma que, respecto a la crisis del covid 19 ha dicho:
«Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad…».
Y respecto a los enfoques a seguir, nuestra Asamblea Legislativa, más que seguir reprimiendo con impuestos y cargas al empleo público, debiera enfocarse en proyectos para una senda hacia la recuperación basada, según el FMI, en las siguientes prioridades: Defender la salud de las personas; evitar la retirada prematura de las políticas de apoyo; aplicar una política fiscal flexible y orientada hacia el futuro; y, abordar el elevado nivel de la deuda pública y su pago abusivo diario de intereses.
Finalmente, cuando ustedes, como legisladores y legisladoras, quieran justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público con un discurso fácil y trasnochado de combate a supuestos privilegios y no a derechos; piensen primero si el frío está en las cobijas, o más bien en las inveteradas prácticas de corrupción que ahora delatan que el peor impuesto que tiene el pueblo es, precisamente, la corrupción.
No sean cómplices legislativos para quitarles salarios y derechos a los empleados públicos para trasladarlos a escandalosas contrataciones a duopolios privados y a algunos funcionarios corruptos. Hoy, nuevamente, se demuestra que no son las personas trabajadoras asalariadas del empleo público, las enemigas del pueblo. Su abrumadora mayoría trabaja dentro del margen de la ley.
“Vamos a cerrar el CONAVI y sus hermanitas”
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
“Vamos a cerrar el CONAVI y sus hermanitas perversas”, fue un mensaje escrito por el entonces candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís Rivera, en su cuenta de twitter, el 13 de diciembre de 2013; compromiso de campaña que, por supuesto, y siendo Presidente de la República (2014-2018) no honró… como suele suceder.
Don Luis Guillermo escribió, además, lo siguiente: “Propongo decretar emergencia nacional para intervenir adecuadamente la red vial nacional. Lo haremos con los recursos que el país tiene y son suficientes, en un ejercicio riguroso para no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza. ¡Es posible hacer infraestructura sin corrupción!”.
Sin duda alguna, le corresponde al Partido Acción Ciudadana (PAC), con dos gobiernos seguidos uno del otro, la responsabilidad política fundamental por el escándalo de corrupción que salió a flote este pasado lunes 14 de junio, con las “espectaculares” acciones y detenciones que efectuó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a raíz del presunto tráfico de influencias y otorgamiento de sobornos por parte de las mega-empresas constructoras MECO y H Solís; indicando el máximo jerarca policial, don Wálter Espinoza Espinoza, que se podría estar hablando de un “desvío” de dineros por el orden de, al menos, 78 mil millones de colones.
El CONAVI sufre el más duro golpe a su credibilidad y a su transparencia y bien podría indicarse que ha quedado “listo” para su liquidación institucional. Entendemos, aunque nunca fue claro, que las “hermanitas perversas” del CONAVI, según lo planteara el hoy expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, lo son el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
Sobre el CTP, desde hace tiempo, pesan graves cuestionamientos, especialmente porque se considera que el empresariado autobusero del país ejerce una gran influencia política en su seno, contrastando con la situación de total indefensión que tienen las personas usuarias de los servicios públicos modalidad autobús.
Lo que aflora con gran potencia, aunque estemos a primeras horas del destape del escándalo con licitaciones para construcción de grandes obras viales, es la imperiosa necesidad de una revisión estructural del modelo de concesión de obra pública; el ejercicio ciudadano de una gran auditoría sobre los miles y miles y miles de millones de colones de fondos estatales que las mega-empresas constructoras cuestionadas han recibido durante un período de 20 años, a partir del año 2002, al menos; la naturaleza de los controles y de las autorizaciones de parte de la Contraloría General de la República (CGR); entre otros aspectos con la privatización de la construcción de infraestructura vial.
Y no hay duda de que, si del CONAVI se trata, sus “hermanitas perversas” merecen un profundo abordaje auscultador, también. Porque vale preguntarse, en qué medida en ellas se ha dado una desnaturalización perversa de su finalidad objetiva de servicio público para dar paso a, por una parte, al desarrollo de ente “facilitador” de lucro mercantil privado, en esencia; y, por otra, cuántas prácticas indebidas, por no decir corruptas, podrían estarse manifestando en las narices de la propia ciudadanía y de sus altos responsables políticos.
El señor Expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, constatamos hoy, se equivocó de cabo a rabo, cuando habló de “no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza”. Con lo del CONAVI tales horrores se superaron cualitativa y cuantitativamente en grado sumo.
Choferes de bus reclaman pago de prestaciones
Remodelan bodega del Hospital San Juan de Dios luego de intervención de ANEP
Costa Rica en este momento no tiene legitimidad moral para oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH
Creemos firmemente que Costa Rica tuvo un pasado y liderazgo honroso en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos.
Contaba con instituciones sólidas, con una democracia envidiable y unos programas sociales que se exhibían en el concierto de las naciones como ejemplo de progreso, de seguridad y de bienestar.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos luchábamos por acercarnos al concepto, a veces claro y en otras abstracto, de bien común. La dignidad humana era el tema central de la mayoría de las políticas públicas; y, siguiendo esta lógica, fue que se logró firmar y ratificar casi todos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
La inmensa mayoría de las personas costarricenses aún conservamos esa tradición de paz, de libertad y de fraternidad. Sin embargo, en este momento, el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los Derechos Humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En este contexto, preocupa que a pesar del fallido intento pasado por lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alarma también que el gobierno actual haya propuesto la candidatura de la Magistrada Nancy Hernández López como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.
Una muestra de ese doble estándar, es que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que han emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial. ¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?
Siguiendo este orden, el gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
Recientemente, se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
ANEP considera que el Estado de Costa Rica, con esta acción, toma distancia de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.
En repetidas ocasiones, el Estado ignora conscientemente que “las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.”
Es más, la propia “Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”
Como si lo señalado fuera poco, el Estado de Costa Rica, en este momento, gestiona un proyecto de empleo público que desconoce la independencia de poderes y las autonomías constitucionales.
ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.
Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH
De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.
Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz.
Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
San José, viernes 11 de junio de 2021
_________________________
[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 23 de mayo de 2011, A/HRC/17/28, párr. 31.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.
