Autor: ANEP
La lógica de la Junta Directiva de la CCSS: fauleados 154,807 pensionados de IVM de pensiones bajas (I parte)
Por: Rodrigo Arias López. Actuario Matemático
Para quienes creen que la JD-CCSS se volvió cristalina y transparente como el agua de manantial solo por dar tres meses más de plazo para acordar elevar las edades de retiro, bajar beneficios y aumentar las cotizaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desafortunadamente sigo con malas noticias. Ya abordé el asunto por este mismo medio (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-vacilan-a-reymundo-y-a-todo-el-mundo-zancadillean-a-cotizantes-pensionados-y-mesa-de-dialogo-parte-iv/), ahora lo refresco y profundizo.
1) El artículo 29 del Reglamento de IVM dice: “La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”. Destacados míos. A este salario mínimo de contribución también se le llama Base Mínima Contributiva (BMC).
2) En el artículo 26 de la sesión N° 8682 del 28 /11/2013 la JD-CCSS, acordó el plan de relación entre la BMC y el Salario Mínimo Legal (SML) del cuadro siguiente. Esto significaba que a partir del 1/10/2019 la pensión mínima de IVM sería igual a un 50% del SML según el artículo 29 del reglamento de IVM.
3) Sin embargo, en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 del 27/9/2018 y el 25 de la sesión N° 9072 del 19/12/2019, la JD-CCSS se “arrepintió” y acordó que la BMC en IVM quedara en 87% del SML y en 92.95% del SML en el Seguro de Salud. Por lo tanto, topó la pensión mínima de IVM a un 43.5% del SML. Fue una zancadilla sin previo aviso, a escondidas y sin mesa de diálogo.
Así que, como desde enero de 2021 el SML es ₡319.574, el monto de la pensión mínima hoy hubiera sido ₡159.787 si la JD-CCSS no se hubiera arrepentido; pero gracias al arrepentimiento la topó en ₡139,015. ¿Será esto un favor al Estado-Gobierno? ¿O un desvío de fondos? Porque según el artículo 29 del Reglamento de IVM la CCSS le cobra al Estado -los contribuyentes- un 0.66% sobre los salarios de IVM para pagar esos beneficios.
Usando la planilla de IVM de noviembre de 2020 resultan 154,807 pensionados afectados, que representan la mitad del total de pensionados, según el detalle del cuadro siguiente:
Sumando la diferencia entre ₡159.787 y el monto de pensión pagado a esos 154,807 pensionados, considerando que son trece pagos al año, adicionando el costo diferencial de las pensiones nuevas del año 2021, un posible reajuste por inflación y el costo del seguro de salud, el ahorro estimado en 2021 que la JD-CC hizo a costa de las pensiones más bajas es de ₡42 mil millones (el faul o zancadilla).
Por otro lado, en el año 2021 el IVM dejaría de recibir unos ₡14 mil millones de colones de cuotas por tener una BMC de ₡278,030 en lugar del SML, mientras que el Seguro de Salud dejaría de recibir un monto similar por tener una BMC de ₡297,044 en lugar del SML. En adición, como la JD-CCSS usa la BMC para estimar el costo que le cobra al Estado por la atención de la salud de las personas de escasos recursos -Artículo 2 de Ley 5349- dicho fondo dejará de recibir del Estado unos ₡15 mil millones de colones en 2021.
Entonces restándole a la zancadilla que la JD-CCSS propinó a esos 154,807 pensionados, resulta un ahorro neto de ₡42 – ₡14 – ₡14 – ₡15 = -₡1 mil millones, un poco más, un poco menos, no importa, lo importante es que el “ahorro” más bien se traducirá en posibles pérdidas para la CCSS en 2021, como fue en 2020 y 2019; pero es castigo o garrote para la mitad de los pensionados que más necesitan de una pensión. Insisto: ¿Es o no es desvío de fondos? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Será otro maquillaje? ¿Habrá sanciones? ¿O la torta la pagarán solo los pensionados?
Sobre el asunto existe una denuncia en la Auditoría Interna de la CCSS desde el 14 de setiembre de 2020 que tiene el número DE-126-2020 (https://drive.google.com/file/d/183VhpSfKdtCt8EUAHZRJhskzJa8Ck1m-/view?usp=sharing), con el fin de descartar cualquier maquillaje, abultamiento de cifras y violación al principio de legalidad. Estoy a la espera de que me notifiquen el resultado de la investigación.
Mencioné que a partir de enero de 2021 la pensión arrepentida debería ser de ₡139,015. Sin embargo, mejor revisen sus billeteras, pues no se descartan otras zancadillas aún en época de pandemia.
Rodrigo Arias López
Actuario Matemático
32 mil 820 millones de dólares ($32.820.000.000)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000), es el dato que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), registra como “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), al 30 de setiembre de 2018.
Nos preguntamos: 32 meses después, al término de mayo 2021, ¿cuál será la cantidad en ese registro BCCR en estos momentos? ¿Habrá disminuido? ¡No lo creemos!…
32 mil 820 millones de dólares USA, si tomamos como tipo de cambio 620 colones, más o menos a hoy, en moneda nacional equivalen a 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).
¿De dónde tomamos semejante dato? A solicitud de la ANEP, el anterior Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Eduardo Prado Zúñiga, emitió el oficio GER 0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, respondiendo una serie de inquietudes que, con asesoría experta, le formulamos sobre varios aspectos delicados, estratégicos y relevantes del accionar del BCCR en el manejo de las responsabilidades que la ley le ha otorgado en el campo económico y fiscal-monetario.
Ese dato, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($32.820.000.000), se desagrega en dos segmentos:
12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000), catalogados como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”. En colones: 7 billones 657 mil 744 millones de colones (7.657.744.000.000).
20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000), catalogados como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. En colones: 12 billones 690 mil 656 millones de colones (12.690.656.000.000).
Esta danza de miles de millones de dólares en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, que nos reportó el BCCR, como dato oficial al 30 de setiembre de 2018, causó nuestra profunda estupefacción al darnos cuenta de la existencia de tantísima plata en el país. ¿Quién o quiénes la tienen?
Tal estupefacción es más fuerte todavía, si hacemos la comparación de esos mismos datos, pero al 31 de diciembre de 2010, según la información en nuestro poder extractada del mismo oficio. Veamos:
Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 7 mil 711 millones de dólares y al 30 de setiembre de 2018, en 12 mil 351 millones 200 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 4 mil 640 millones de dólares. Dicho de otra forma, este rubro creció en 580 millones de dólares, cada uno de esos 8 años.
“Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 10 mil 222 millones 900 mil dólares y al 30 de setiembre 2018, en 20 mil 468 millones 800 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 10 mil 245 millones 900 mil dólares. En cada uno de esos 8 años, este rubro creció en 1.280 millones 737 mil 500 dólares.
Para no “intoxicarnos” con tantos números, lo que nos interesa resaltar es lo siguiente:
a) Al 30 de setiembre de 2018 (a 18 meses antes de la llegada de la pandemia), el sistema financiero-bancario costarricense tenía “embodegados”, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000). En colones: 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).
b) 8 años antes, diciembre de 2010, la cantidad “embodegada” era 17 mil 933 millones 900 mil dólares ($17.933.900.000). Es decir, entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de setiembre de 2018, se dio un crecimiento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares ($14.886.100.000), por concepto de “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”, en el sistema financiero-bancario costarricense.
c) En el período comprendido entre 31 diciembre 2010-30 setiembre 2018 (a 18 meses de la llegada del covid-19 al país), estos capitales, “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), crecieron en un ¡83%! Sencillamente espectacular y espeluznante. Cada uno de esos 8 años, el promedio anual de aumento en este rubro fue de mil 869 millones, 750 mil dólares ($1.869.750.000).
Conclusión: la pandemia llegó en un momento en que el sistema bancario-financiero del país estaba inundado de plata, según este rubro: “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. Prácticamente, una gigantesca e incomprensible cantidad de 34 mil 680 millones 750 mil dólares ($ 34.680.750.000); agregando para el año 2019, la cifra promedio anual de crecimiento entre 2010-2018.
Tal cifra, 34 mil 680 millones 750 mil dólares, viene a ser, en colones (620 promedio, tipo de cambio), 21 billones 502 mil 065 millones de colones (21.502.065.000.000). ¿Verdad que son cifras sumamente difíciles de creer y de comprender?
Que sepamos nosotros, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos difícilmente tenga “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. La clase media, ¡tampoco! Y si hay sectores medios (¡que los hay!), con plata como para tenerla depositada en el sistema financiero-bancario del país, no creemos que sea en las escandalosísimas cifras que nos dio el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la carta dirigida a la ANEP que hemos comentado (usted la puede tener visitando www.anep.cr). La concentración del capital en el país es inconmensurablemente inobjetable. ¿Quiénes son los ricos y los súper-ricos ticos? ¿Será producto, tanta plata, del dinero narco? ¿Quién puede explicar de dónde vino la cantidad de $1.869.750.000 (casi mil 900 millones de dólares), por cada uno de los años comprendidos entre 2010-2019? El poderío político que genera esta plata nos ayuda a explicarnos bastantes situaciones de la Costa Rica actual.
ANEP cuestiona nuevos contratos laborales en la Cruz Roja
La ANEP, por intermedio de su seccional en la Cruz Roja Costarricense y con el acompañamiento legal de la Unidad de Asesoría Jurídica, presentaron una serie de cuestionamiento por los nuevos contratos laborales ante el departamento de Talento Humano de la Cruz Roja Costarricense, por considerar que contiene vicios de nulidad e irrespeta los derechos de los trabajadores.
La destrucción logístico-operativa y estratégica de la seguridad ciudadana
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El máximo jerarca institucional del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito de Costa Rica manifestó, en recientes declaraciones de prensa, que se ocupan de, al menos 600 y hasta 1.200, personas nuevas que ingresen a laborar en este importante servicio de la Seguridad Ciudadana que es la Policía de Tránsito. Dio a entender que ejecutan su estratégica labor en medio de gran precariedad y con muchas dificultades, apelando a forzadas (diríamos nosotros), maniobras y coordinaciones inter-institucionales para la delicada tarea de velar por la vida de las personas en las carreteras del país.
Su dramático llamado que, por cierto, nada nuevo es, se hace eco de una reiterada labor de denuncia responsable que, desde hace ya bastante tiempo, se formula con la voz gremial, policial-institucional en tal sentido, en cada uno de los cuerpos policiales nacionales.
Notorio resulta aprovechar el reclamo del indicado jerarca, para resaltar la intensa labor de denuncia que, acerca del debilitamiento paulatino y sostenido de los diferentes cuerpos policiales del país, vienen desplegando destacados líderes sindicales de base ubicados en los mismos y/o con responsabilidad en la materia; especialmente personas dirigentes que destacan en la corriente sindical en la cual militamos.
Las seccionales sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en Fuerza Pública, en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en la Policía Penitenciaria, en la de Tránsito, en la de Control de Drogas (PCD), en la Aeronáutica y en la de Fronteras; tanto en la Ecológica (que es como nos gusta llamar al personal de guardaparques), como en la Fiscal; llevan muchísimo tiempo alertando al país, a las autoridades gubernativas actuales (y a las anteriores), de una especie de conjura política tácita tendiente a la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana.
El clamor incesante, constante, documentado, sólidamente argumentado de estas personas valientes, dirigentes sindicales policiales, se estrella contra el muro del fanatismo fiscalista; contra el muro del recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable y hasta irracional, registrándose ya dos vergonzosos episodios en los cuales es la propia Asamblea Legislativa (por falta de conocimiento, de estudio y también por fundamentalismo fiscalista), la que se ve obligada a corregir gravedades de recorte presupuestario-policial, pues las autoridades fiscales centrales del Ejecutivo caen en extremismos ilógicos y peligrosos.
Esta especie de operación encubierta que nos conduce hacia la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana; se manifiesta en momentos en los cuales la ciudadanía contempla estupefacta, ya no solamente el avance del poder del narcotráfico y del crimen organizado, sino el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia criminal delincuencial común, sin hablar de los delitos de cuello blanco que se siguen cometiendo en los gobiernos del partido político de la transparencia.
Como si ello no bastase, nuestros cuerpos policiales, subvalorados profesional y salarialmente, se enfrentan a las consecuencias negativas del crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. En su diario quehacer, las personas con las cuales tienen relaciones de conflicto son, precisamente, las caras o los rostros de esa desigualdad y de esa exclusión. Sin duda alguna, hay factores psicoemocionales en las tareas policiales que no han sido debidamente ponderados.
A esta altura de las muestras contundentes del avance de la criminalidad y del crimen organizado; de las muestras contundentes del estado precario multidimensional de los cuerpos policiales del país (empezando por su faltante de personal en cada uno); del crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de la exclusión social y de la desigualdad económica, uno podría concluir que mientras la ley y la justicia retroceden, el crimen y la corrupción es lo que avanza.
Corresponde, en tal sentido, que de cara al proceso electoral nacional ya en desarrollo, las fuerzas gremiales policiales se aglutinen y potencien sus más que autorizadas y calificadas voces gremiales de denuncia, de propuesta y de lucha. Como ya lo hemos vivido, las ofertas electorales en torno a los temas de Seguridad Ciudadana, no dejarán de presentarse, con su carga de demagogia y de nueva estafa electoral. Es el momento, en consecuencia, para que emerja la voz policial unidad y articulada. Es la policía la que le pone el pecho a las balas… no son los políticos.
Zonas francas: ANEP aplaude acción jurídica de inconstitucionalidad emprendida por alcalde de Alajuela
– Zonas francas: les sobra protección jurídica y respaldo político
Expresamos nuestra más efusiva y sincera felicitación al señor Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, don Humberto Soto Herrera, por la valiente y políticamente necesaria decisión de interponer una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9851; legislación que golpea duramente a aquellos gobiernos locales en cuyos territorios están instaladas empresas bajo el régimen de Zona Franca, pues obliga a esos municipios a la devolución de dineros cobrados por concepto de impuesto a bienes inmuebles.
La legislación cuestionada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alajuela es, además, sumamente necesaria pues sería nefasto para las arcas municipales devolución de dineros ya cobrados e incorporados al giro financiero ordinario de los correspondientes presupuestos; amén de que los tiempos de pandemia también han golpeado a los gobiernos locales.
Mientras en las comunidades, todas las personas propietarias honran el pago del impuesto a los bienes inmuebles, pese a la severidad de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo; de manera cínica las empresas de zonas francas pretenden la devolución de lo que han pagado por tal impuesto, sin mostrar ni la menor pizca de solidaridad activa con el sufrimiento y la angustia de miles de compatriotas.
Debemos rechazar, con especial énfasis, la manipuladora tesis política de los jerarcas ejecutivos de que tal acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, trae “inseguridad jurídica” a los grupos inversionistas; cuando éstos ya cuentan con tan amplia, diversa y sólida protección que, por el contrario, el régimen de zonas francas parece pretender que se le considere una “república independiente”.
Mal hicieron las señoras diputadas y los señores diputados que, de manera irresponsable y precipitada aprobaron tal ley 9851 (“Interpretación auténtica del inciso 4), del artículo 20 de la Ley No. 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”). Probablemente, la “orden” de legislar así fue dada desde Casa Presidencial y en los tiempos del “superministro” André Garnier Kruze.
Se legisló, en tal sentido, retroactivamente, a contrapelo del principio constitucional respectivo; además, se legisló en contra de los intereses de las comunidades que tales personas diputadas dicen representar en el actual parlamento, por demás, el más anti-obrero de la época de la Segunda República.
El régimen de Zonas Francas ha gozado, durante sus más de tres décadas de existencia en el país, de una protección jurídica en exceso, sin hablar del poderoso respaldo político al más alto nivel de parte de los partidos coludidos en la promoción del neoliberalismo excluyente y depredador: Liberación, Unidad y PAC, básicamente.
Es así que la alta cúpula ejecutivo-macroempresarial de las empresas de las zonas francas se puede considerar parte importante dentro del conglomerado de la plutocracia gobernante de la actualidad.
El dispendioso sistema de exenciones tributario-fiscales muestra lo grotesco de su situación archi-privilegiada, comparada con la situación socioeconómica de miles de personas trabajadoras desempleadas y de salarios precarizados; además de las decenas de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, tratadas de manera inmisericorde con relación a un sistema tributario que, aparte de su perversa naturaleza regresiva, está corrupto.
En algún momento habrá que realizar una profusa investigación ante sospechas crecientes de la gran manipulación jurídico-legal del régimen de Zonas Francas, de cara a eventuales maniobras de cierto empresariado tico para realizar sus correspondientes actividades productivas engañando al fisco para ser cubierto por tan dispendioso sistema de exenciones que tiene tal régimen.
ANEP hace formal instancia al personal trabajador de la Municipalidad de Alajuela para que promueve diversas acciones de apoyo a su alcalde, don Humberto Soto Herrera.
San José, domingo 11 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
A propósito de la campaña electoral 2022: 20 años de propuestas
Histórico: Trabajadores de finca Las Chiras iniciaron el proceso de negociación de su Convención Colectiva
Cinco temas en busca de una candidatura presidencial
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
La Costa Rica de la actualidad, ubicada en la deshonrosa posición de ser uno de los diez países más desiguales del planeta, sigue avanzando en la peligrosa senda de la polarización social extrema, vista desde la concentración de la riqueza y de la exclusión social y económica.
El grupo de gobierno de Carlos Alvarado Quesada, con la estafa política cometida entregándose a la plutocracia reinante, solamente ha agravado tal situación. La circunstancia de la crisis sanitaria de la pandemia llegó en un momento en el cual tal polarización se había vuelto inobjetable.
Con ocasión de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero de 2022, vista esta circunstancia con lente obrero-social y sindical no alineado, surgen varios temas de gran profundidad para el impulso de políticas públicas en la dirección contraria que le ha impuesto al país esa plutocracia reinante, la alta tecnocracia de la institucionalidad que le es funcional, sus matrices mediáticas principales y las repetidoras sumisas; así como la acción ejecutiva del grupo gubernativo que encabeza Carlos Alvarado Quesada y los partidos representados en la actual Asamblea Legislativa: Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los “religiosos”.
De tales temas, hoy vamos a citar cinco (aunque hay más). El orden en que se exponen no indica prioridad de uno sobre otro; sino que, se conciben como articulaciones necesarias entre sí de política pública contrarias al orden ideológico-político y hegemónico que nos está imponiendo la plutocracia reinante.
Uno: Acabar con ese “sacrosanto” precepto neoliberal de la independencia del Banco Central. Hay que quitarle esa soberbia política de considerarse “república independiente”. Hasta un destacado economista que se define a sí mismo como socialdemócrata, don Guillermo Zúñiga Chaves, ligado al partido Liberación Nacional, es de la tesis de que al Banco Central se le deben dar estratégicas tareas como promocionar políticas de empleo.
Dos: Se requiere una revisión sustancial del concepto de salario mínimo, de forma tal que se introduzca en su fijación contenidos fundamentales que lo conciban como parte estratégica de una reactivación económica real; al tomar en cuenta que vivimos en un país cuyo costo de vida es altísimo, por un lado. Por otro, que la mayoría del parque productivo nacional está compuesto por micro-pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno. A éstas, en tal sentido, hay que darles un trato diferenciado en materia de responsabilidades tributarias y para con la Seguridad Social.
Tres: Proceder a impulsar transformaciones tributarias estructurales en dos sentidos. Atacando la naturaleza perversa del sistema tributario actual, el cual presenta dos problemas fundamentales: es regresivo y es corrupto. Se requieren impulsos desafiantes para que, en el seno de la plutocracia reinante, por ejemplo, se establezca un impuesto solidario a la riqueza exorbitante, un impuesto solidario a las zonas francas, así como un impuesto-tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias de diez o quince mil o más dólares, que no golpee a los sectores medios que todavía conservan cierto poder de ingreso. Además, hay que establecer la eliminación del secreto bancario y en sede administrativa, para combatir el delito del fraude tributario.
Cuatro: Atacar el obsceno y socialmente criminal pago diario de intereses de la deuda pública, el cual está ya en las escandalosas cantidades de 4 millones de colones por minuto, 242 millones de colones por hora; y, prácticamente, 6 mil millones de colones al día. Creemos que es imposible impulsar políticas públicas de reactivación económica con semejante carga fiscal. Pero, lo que es peor es que este pago diario está recayendo sobre las espaldas, mayoritariamente, de la gente que sí tributa pues no tiene “escapatoria” para no hacerlo: la clase trabajadora asalariada y no asalariada, tanto como el micro-pequeño y mediano empresariado (impuestos al valor agregado y rentas -especialmente, la salarial).
Cinco: Rechazar el convenio que Carlos Alvarado Quesada y su plutocracia reinante le quiere imponer al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); convenio que Costa Rica no necesita y que, si se trata, en realidad, de ordenar las finanzas públicas, han surgido diversas alternativas, sólidamente fundamentadas. Otro economista, actualmente diputado oficialista pero que se define, también, como socialdemócrata, afirmó que “la agenda del FMI es una agenda injusta, inequitativa y recesiva desde la perspectiva económica». Aunque él, don Welmer Ramos González, lo indica de manera indirecta, es muy contundente que el costo del ajuste que impone ese convenio con FMI, no caerá sobre las espaldas de los sectores económicamente más fuertes que están ganando con la pandemia.
No vemos otra alternativa para que nuestro país restaure el imperio del bien común y de la inclusión social, en beneficio de la alicaída Democracia, que se desafíe el orden que la plutocracia reinante ha venido imponiendo mediando sus partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y los “religiosos”. A unos 256 días de las elecciones del 6 de febrero de 2002, estos temas buscan una candidatura presidencial que los asuma. En el entretanto, seguimos alentando nuestra campaña de PASAR FACTURA.
Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!
- No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal
- ¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.
- Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021
Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).
Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.
En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.
Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!
He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.
Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.
Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.
Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.
A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.
El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.
San José, viernes 9 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
