Autor: ANEP
Luego de movimiento laboral, trabajadores municipales de Nicoya llegan a acuerdos con la Alcaldía
Narcotráfico se expande y MSP debilita Policía de Control de Droga
• Policías han perdido a sus familias por extenuantes jornadas
• ANEP se ha acercado al MSP, pero no ha habido interés en solucionar el problema.
Como ha quedado en evidencia tras los diversos operativos, Costa Rica dejó de ser un lugar de bodegaje de droga y pasó a ser un centro logístico muy atractivo para las organizaciones de tráfico internacional.
A pesar de la gran labor que hace el personal operativo, sus esfuerzos son casi en vano, ante el debilitamiento constante de la Policía de Control de Drogas (PCD)
Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.
“O hay una falta de liderazgo o tienen más poder dentro de la institucionalidad las propias jefaturas de PCD o están protegiendo los intereses contrarios a los que la ciudadanía quiere. Es difícil no despertar ese morbo, ¿Para quién están trabajando?”, aseveró
Según datos otorgados por el MSP, desde el 2017 al 2020 participaron 2.900 personas por una plaza, pero solo se contrataron a 23.
La poca contratación de oficiales ha llevado a cabo un recargo de funciones importante, lo que le ha generado una afectación considerable a nivel de salud, familiar, entre otros factores para los policías.
“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.”
Por parte de la seccional, se quiera dejar claro que a pesar de los múltiples esfuerzos en los que se ha buscado la solución, no hay mayor interés por parte del MSP. Además, de que la opinión pública pida cuentas del porqué la Administración no subsana este tipo de acciones que debilitan este cuerpo de policía técnico y especializado en combatir este flagelo que cada vez más se acrecienta en el país.
Movimiento laboral en la Municipalidad de Nicoya
Miembros de la Seccional ANEP-Sinart representaran a trabajadores en Consejo Ejecutivo
La lógica de la Junta Directiva de la CCSS: fauleados 154,807 pensionados de IVM de pensiones bajas (I parte)
Por: Rodrigo Arias López. Actuario Matemático
Para quienes creen que la JD-CCSS se volvió cristalina y transparente como el agua de manantial solo por dar tres meses más de plazo para acordar elevar las edades de retiro, bajar beneficios y aumentar las cotizaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desafortunadamente sigo con malas noticias. Ya abordé el asunto por este mismo medio (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-vacilan-a-reymundo-y-a-todo-el-mundo-zancadillean-a-cotizantes-pensionados-y-mesa-de-dialogo-parte-iv/), ahora lo refresco y profundizo.
1) El artículo 29 del Reglamento de IVM dice: “La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”. Destacados míos. A este salario mínimo de contribución también se le llama Base Mínima Contributiva (BMC).
2) En el artículo 26 de la sesión N° 8682 del 28 /11/2013 la JD-CCSS, acordó el plan de relación entre la BMC y el Salario Mínimo Legal (SML) del cuadro siguiente. Esto significaba que a partir del 1/10/2019 la pensión mínima de IVM sería igual a un 50% del SML según el artículo 29 del reglamento de IVM.
3) Sin embargo, en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 del 27/9/2018 y el 25 de la sesión N° 9072 del 19/12/2019, la JD-CCSS se “arrepintió” y acordó que la BMC en IVM quedara en 87% del SML y en 92.95% del SML en el Seguro de Salud. Por lo tanto, topó la pensión mínima de IVM a un 43.5% del SML. Fue una zancadilla sin previo aviso, a escondidas y sin mesa de diálogo.
Así que, como desde enero de 2021 el SML es ₡319.574, el monto de la pensión mínima hoy hubiera sido ₡159.787 si la JD-CCSS no se hubiera arrepentido; pero gracias al arrepentimiento la topó en ₡139,015. ¿Será esto un favor al Estado-Gobierno? ¿O un desvío de fondos? Porque según el artículo 29 del Reglamento de IVM la CCSS le cobra al Estado -los contribuyentes- un 0.66% sobre los salarios de IVM para pagar esos beneficios.
Usando la planilla de IVM de noviembre de 2020 resultan 154,807 pensionados afectados, que representan la mitad del total de pensionados, según el detalle del cuadro siguiente:
Sumando la diferencia entre ₡159.787 y el monto de pensión pagado a esos 154,807 pensionados, considerando que son trece pagos al año, adicionando el costo diferencial de las pensiones nuevas del año 2021, un posible reajuste por inflación y el costo del seguro de salud, el ahorro estimado en 2021 que la JD-CC hizo a costa de las pensiones más bajas es de ₡42 mil millones (el faul o zancadilla).
Por otro lado, en el año 2021 el IVM dejaría de recibir unos ₡14 mil millones de colones de cuotas por tener una BMC de ₡278,030 en lugar del SML, mientras que el Seguro de Salud dejaría de recibir un monto similar por tener una BMC de ₡297,044 en lugar del SML. En adición, como la JD-CCSS usa la BMC para estimar el costo que le cobra al Estado por la atención de la salud de las personas de escasos recursos -Artículo 2 de Ley 5349- dicho fondo dejará de recibir del Estado unos ₡15 mil millones de colones en 2021.
Entonces restándole a la zancadilla que la JD-CCSS propinó a esos 154,807 pensionados, resulta un ahorro neto de ₡42 – ₡14 – ₡14 – ₡15 = -₡1 mil millones, un poco más, un poco menos, no importa, lo importante es que el “ahorro” más bien se traducirá en posibles pérdidas para la CCSS en 2021, como fue en 2020 y 2019; pero es castigo o garrote para la mitad de los pensionados que más necesitan de una pensión. Insisto: ¿Es o no es desvío de fondos? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Será otro maquillaje? ¿Habrá sanciones? ¿O la torta la pagarán solo los pensionados?
Sobre el asunto existe una denuncia en la Auditoría Interna de la CCSS desde el 14 de setiembre de 2020 que tiene el número DE-126-2020 (https://drive.google.com/file/d/183VhpSfKdtCt8EUAHZRJhskzJa8Ck1m-/view?usp=sharing), con el fin de descartar cualquier maquillaje, abultamiento de cifras y violación al principio de legalidad. Estoy a la espera de que me notifiquen el resultado de la investigación.
Mencioné que a partir de enero de 2021 la pensión arrepentida debería ser de ₡139,015. Sin embargo, mejor revisen sus billeteras, pues no se descartan otras zancadillas aún en época de pandemia.
Rodrigo Arias López
Actuario Matemático
32 mil 820 millones de dólares ($32.820.000.000)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000), es el dato que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), registra como “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), al 30 de setiembre de 2018.
Nos preguntamos: 32 meses después, al término de mayo 2021, ¿cuál será la cantidad en ese registro BCCR en estos momentos? ¿Habrá disminuido? ¡No lo creemos!…
32 mil 820 millones de dólares USA, si tomamos como tipo de cambio 620 colones, más o menos a hoy, en moneda nacional equivalen a 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).
¿De dónde tomamos semejante dato? A solicitud de la ANEP, el anterior Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Eduardo Prado Zúñiga, emitió el oficio GER 0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, respondiendo una serie de inquietudes que, con asesoría experta, le formulamos sobre varios aspectos delicados, estratégicos y relevantes del accionar del BCCR en el manejo de las responsabilidades que la ley le ha otorgado en el campo económico y fiscal-monetario.
Ese dato, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($32.820.000.000), se desagrega en dos segmentos:
12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000), catalogados como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”. En colones: 7 billones 657 mil 744 millones de colones (7.657.744.000.000).
20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000), catalogados como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. En colones: 12 billones 690 mil 656 millones de colones (12.690.656.000.000).
Esta danza de miles de millones de dólares en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, que nos reportó el BCCR, como dato oficial al 30 de setiembre de 2018, causó nuestra profunda estupefacción al darnos cuenta de la existencia de tantísima plata en el país. ¿Quién o quiénes la tienen?
Tal estupefacción es más fuerte todavía, si hacemos la comparación de esos mismos datos, pero al 31 de diciembre de 2010, según la información en nuestro poder extractada del mismo oficio. Veamos:
Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 7 mil 711 millones de dólares y al 30 de setiembre de 2018, en 12 mil 351 millones 200 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 4 mil 640 millones de dólares. Dicho de otra forma, este rubro creció en 580 millones de dólares, cada uno de esos 8 años.
“Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”: Al 31 de diciembre de 2010, estaba en 10 mil 222 millones 900 mil dólares y al 30 de setiembre 2018, en 20 mil 468 millones 800 mil dólares. Es decir, en 8 años (poco menos), este rubro tuvo un salto de 10 mil 245 millones 900 mil dólares. En cada uno de esos 8 años, este rubro creció en 1.280 millones 737 mil 500 dólares.
Para no “intoxicarnos” con tantos números, lo que nos interesa resaltar es lo siguiente:
a) Al 30 de setiembre de 2018 (a 18 meses antes de la llegada de la pandemia), el sistema financiero-bancario costarricense tenía “embodegados”, 32 mil 820 millones de dólares estadounidenses ($ 32.820.000.000). En colones: 20 billones 348 mil 400 millones de colones (20.348.400.000.000).
b) 8 años antes, diciembre de 2010, la cantidad “embodegada” era 17 mil 933 millones 900 mil dólares ($17.933.900.000). Es decir, entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de setiembre de 2018, se dio un crecimiento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares ($14.886.100.000), por concepto de “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera”, en el sistema financiero-bancario costarricense.
c) En el período comprendido entre 31 diciembre 2010-30 setiembre 2018 (a 18 meses de la llegada del covid-19 al país), estos capitales, “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”), crecieron en un ¡83%! Sencillamente espectacular y espeluznante. Cada uno de esos 8 años, el promedio anual de aumento en este rubro fue de mil 869 millones, 750 mil dólares ($1.869.750.000).
Conclusión: la pandemia llegó en un momento en que el sistema bancario-financiero del país estaba inundado de plata, según este rubro: “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. Prácticamente, una gigantesca e incomprensible cantidad de 34 mil 680 millones 750 mil dólares ($ 34.680.750.000); agregando para el año 2019, la cifra promedio anual de crecimiento entre 2010-2018.
Tal cifra, 34 mil 680 millones 750 mil dólares, viene a ser, en colones (620 promedio, tipo de cambio), 21 billones 502 mil 065 millones de colones (21.502.065.000.000). ¿Verdad que son cifras sumamente difíciles de creer y de comprender?
Que sepamos nosotros, la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos difícilmente tenga “depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera-en millones de dólares”. La clase media, ¡tampoco! Y si hay sectores medios (¡que los hay!), con plata como para tenerla depositada en el sistema financiero-bancario del país, no creemos que sea en las escandalosísimas cifras que nos dio el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la carta dirigida a la ANEP que hemos comentado (usted la puede tener visitando www.anep.cr). La concentración del capital en el país es inconmensurablemente inobjetable. ¿Quiénes son los ricos y los súper-ricos ticos? ¿Será producto, tanta plata, del dinero narco? ¿Quién puede explicar de dónde vino la cantidad de $1.869.750.000 (casi mil 900 millones de dólares), por cada uno de los años comprendidos entre 2010-2019? El poderío político que genera esta plata nos ayuda a explicarnos bastantes situaciones de la Costa Rica actual.
ANEP cuestiona nuevos contratos laborales en la Cruz Roja
La ANEP, por intermedio de su seccional en la Cruz Roja Costarricense y con el acompañamiento legal de la Unidad de Asesoría Jurídica, presentaron una serie de cuestionamiento por los nuevos contratos laborales ante el departamento de Talento Humano de la Cruz Roja Costarricense, por considerar que contiene vicios de nulidad e irrespeta los derechos de los trabajadores.
La destrucción logístico-operativa y estratégica de la seguridad ciudadana
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El máximo jerarca institucional del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito de Costa Rica manifestó, en recientes declaraciones de prensa, que se ocupan de, al menos 600 y hasta 1.200, personas nuevas que ingresen a laborar en este importante servicio de la Seguridad Ciudadana que es la Policía de Tránsito. Dio a entender que ejecutan su estratégica labor en medio de gran precariedad y con muchas dificultades, apelando a forzadas (diríamos nosotros), maniobras y coordinaciones inter-institucionales para la delicada tarea de velar por la vida de las personas en las carreteras del país.
Su dramático llamado que, por cierto, nada nuevo es, se hace eco de una reiterada labor de denuncia responsable que, desde hace ya bastante tiempo, se formula con la voz gremial, policial-institucional en tal sentido, en cada uno de los cuerpos policiales nacionales.
Notorio resulta aprovechar el reclamo del indicado jerarca, para resaltar la intensa labor de denuncia que, acerca del debilitamiento paulatino y sostenido de los diferentes cuerpos policiales del país, vienen desplegando destacados líderes sindicales de base ubicados en los mismos y/o con responsabilidad en la materia; especialmente personas dirigentes que destacan en la corriente sindical en la cual militamos.
Las seccionales sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en Fuerza Pública, en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en la Policía Penitenciaria, en la de Tránsito, en la de Control de Drogas (PCD), en la Aeronáutica y en la de Fronteras; tanto en la Ecológica (que es como nos gusta llamar al personal de guardaparques), como en la Fiscal; llevan muchísimo tiempo alertando al país, a las autoridades gubernativas actuales (y a las anteriores), de una especie de conjura política tácita tendiente a la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana.
El clamor incesante, constante, documentado, sólidamente argumentado de estas personas valientes, dirigentes sindicales policiales, se estrella contra el muro del fanatismo fiscalista; contra el muro del recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable y hasta irracional, registrándose ya dos vergonzosos episodios en los cuales es la propia Asamblea Legislativa (por falta de conocimiento, de estudio y también por fundamentalismo fiscalista), la que se ve obligada a corregir gravedades de recorte presupuestario-policial, pues las autoridades fiscales centrales del Ejecutivo caen en extremismos ilógicos y peligrosos.
Esta especie de operación encubierta que nos conduce hacia la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana; se manifiesta en momentos en los cuales la ciudadanía contempla estupefacta, ya no solamente el avance del poder del narcotráfico y del crimen organizado, sino el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia criminal delincuencial común, sin hablar de los delitos de cuello blanco que se siguen cometiendo en los gobiernos del partido político de la transparencia.
Como si ello no bastase, nuestros cuerpos policiales, subvalorados profesional y salarialmente, se enfrentan a las consecuencias negativas del crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. En su diario quehacer, las personas con las cuales tienen relaciones de conflicto son, precisamente, las caras o los rostros de esa desigualdad y de esa exclusión. Sin duda alguna, hay factores psicoemocionales en las tareas policiales que no han sido debidamente ponderados.
A esta altura de las muestras contundentes del avance de la criminalidad y del crimen organizado; de las muestras contundentes del estado precario multidimensional de los cuerpos policiales del país (empezando por su faltante de personal en cada uno); del crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de la exclusión social y de la desigualdad económica, uno podría concluir que mientras la ley y la justicia retroceden, el crimen y la corrupción es lo que avanza.
Corresponde, en tal sentido, que de cara al proceso electoral nacional ya en desarrollo, las fuerzas gremiales policiales se aglutinen y potencien sus más que autorizadas y calificadas voces gremiales de denuncia, de propuesta y de lucha. Como ya lo hemos vivido, las ofertas electorales en torno a los temas de Seguridad Ciudadana, no dejarán de presentarse, con su carga de demagogia y de nueva estafa electoral. Es el momento, en consecuencia, para que emerja la voz policial unidad y articulada. Es la policía la que le pone el pecho a las balas… no son los políticos.
Zonas francas: ANEP aplaude acción jurídica de inconstitucionalidad emprendida por alcalde de Alajuela
– Zonas francas: les sobra protección jurídica y respaldo político
Expresamos nuestra más efusiva y sincera felicitación al señor Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, don Humberto Soto Herrera, por la valiente y políticamente necesaria decisión de interponer una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9851; legislación que golpea duramente a aquellos gobiernos locales en cuyos territorios están instaladas empresas bajo el régimen de Zona Franca, pues obliga a esos municipios a la devolución de dineros cobrados por concepto de impuesto a bienes inmuebles.
La legislación cuestionada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alajuela es, además, sumamente necesaria pues sería nefasto para las arcas municipales devolución de dineros ya cobrados e incorporados al giro financiero ordinario de los correspondientes presupuestos; amén de que los tiempos de pandemia también han golpeado a los gobiernos locales.
Mientras en las comunidades, todas las personas propietarias honran el pago del impuesto a los bienes inmuebles, pese a la severidad de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo; de manera cínica las empresas de zonas francas pretenden la devolución de lo que han pagado por tal impuesto, sin mostrar ni la menor pizca de solidaridad activa con el sufrimiento y la angustia de miles de compatriotas.
Debemos rechazar, con especial énfasis, la manipuladora tesis política de los jerarcas ejecutivos de que tal acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, trae “inseguridad jurídica” a los grupos inversionistas; cuando éstos ya cuentan con tan amplia, diversa y sólida protección que, por el contrario, el régimen de zonas francas parece pretender que se le considere una “república independiente”.
Mal hicieron las señoras diputadas y los señores diputados que, de manera irresponsable y precipitada aprobaron tal ley 9851 (“Interpretación auténtica del inciso 4), del artículo 20 de la Ley No. 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”). Probablemente, la “orden” de legislar así fue dada desde Casa Presidencial y en los tiempos del “superministro” André Garnier Kruze.
Se legisló, en tal sentido, retroactivamente, a contrapelo del principio constitucional respectivo; además, se legisló en contra de los intereses de las comunidades que tales personas diputadas dicen representar en el actual parlamento, por demás, el más anti-obrero de la época de la Segunda República.
El régimen de Zonas Francas ha gozado, durante sus más de tres décadas de existencia en el país, de una protección jurídica en exceso, sin hablar del poderoso respaldo político al más alto nivel de parte de los partidos coludidos en la promoción del neoliberalismo excluyente y depredador: Liberación, Unidad y PAC, básicamente.
Es así que la alta cúpula ejecutivo-macroempresarial de las empresas de las zonas francas se puede considerar parte importante dentro del conglomerado de la plutocracia gobernante de la actualidad.
El dispendioso sistema de exenciones tributario-fiscales muestra lo grotesco de su situación archi-privilegiada, comparada con la situación socioeconómica de miles de personas trabajadoras desempleadas y de salarios precarizados; además de las decenas de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, tratadas de manera inmisericorde con relación a un sistema tributario que, aparte de su perversa naturaleza regresiva, está corrupto.
En algún momento habrá que realizar una profusa investigación ante sospechas crecientes de la gran manipulación jurídico-legal del régimen de Zonas Francas, de cara a eventuales maniobras de cierto empresariado tico para realizar sus correspondientes actividades productivas engañando al fisco para ser cubierto por tan dispendioso sistema de exenciones que tiene tal régimen.
ANEP hace formal instancia al personal trabajador de la Municipalidad de Alajuela para que promueve diversas acciones de apoyo a su alcalde, don Humberto Soto Herrera.
San José, domingo 11 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
