Consulte el índice de contenido del documento elaborado por ANEP, el cual contiene aportes propositivos generados por y desde la ANEP en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales.
Autor: ANEP
Histórico: Trabajadores de finca Las Chiras iniciaron el proceso de negociación de su Convención Colectiva
Cinco temas en busca de una candidatura presidencial
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
La Costa Rica de la actualidad, ubicada en la deshonrosa posición de ser uno de los diez países más desiguales del planeta, sigue avanzando en la peligrosa senda de la polarización social extrema, vista desde la concentración de la riqueza y de la exclusión social y económica.
El grupo de gobierno de Carlos Alvarado Quesada, con la estafa política cometida entregándose a la plutocracia reinante, solamente ha agravado tal situación. La circunstancia de la crisis sanitaria de la pandemia llegó en un momento en el cual tal polarización se había vuelto inobjetable.
Con ocasión de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero de 2022, vista esta circunstancia con lente obrero-social y sindical no alineado, surgen varios temas de gran profundidad para el impulso de políticas públicas en la dirección contraria que le ha impuesto al país esa plutocracia reinante, la alta tecnocracia de la institucionalidad que le es funcional, sus matrices mediáticas principales y las repetidoras sumisas; así como la acción ejecutiva del grupo gubernativo que encabeza Carlos Alvarado Quesada y los partidos representados en la actual Asamblea Legislativa: Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los “religiosos”.
De tales temas, hoy vamos a citar cinco (aunque hay más). El orden en que se exponen no indica prioridad de uno sobre otro; sino que, se conciben como articulaciones necesarias entre sí de política pública contrarias al orden ideológico-político y hegemónico que nos está imponiendo la plutocracia reinante.
Uno: Acabar con ese “sacrosanto” precepto neoliberal de la independencia del Banco Central. Hay que quitarle esa soberbia política de considerarse “república independiente”. Hasta un destacado economista que se define a sí mismo como socialdemócrata, don Guillermo Zúñiga Chaves, ligado al partido Liberación Nacional, es de la tesis de que al Banco Central se le deben dar estratégicas tareas como promocionar políticas de empleo.
Dos: Se requiere una revisión sustancial del concepto de salario mínimo, de forma tal que se introduzca en su fijación contenidos fundamentales que lo conciban como parte estratégica de una reactivación económica real; al tomar en cuenta que vivimos en un país cuyo costo de vida es altísimo, por un lado. Por otro, que la mayoría del parque productivo nacional está compuesto por micro-pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno. A éstas, en tal sentido, hay que darles un trato diferenciado en materia de responsabilidades tributarias y para con la Seguridad Social.
Tres: Proceder a impulsar transformaciones tributarias estructurales en dos sentidos. Atacando la naturaleza perversa del sistema tributario actual, el cual presenta dos problemas fundamentales: es regresivo y es corrupto. Se requieren impulsos desafiantes para que, en el seno de la plutocracia reinante, por ejemplo, se establezca un impuesto solidario a la riqueza exorbitante, un impuesto solidario a las zonas francas, así como un impuesto-tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias de diez o quince mil o más dólares, que no golpee a los sectores medios que todavía conservan cierto poder de ingreso. Además, hay que establecer la eliminación del secreto bancario y en sede administrativa, para combatir el delito del fraude tributario.
Cuatro: Atacar el obsceno y socialmente criminal pago diario de intereses de la deuda pública, el cual está ya en las escandalosas cantidades de 4 millones de colones por minuto, 242 millones de colones por hora; y, prácticamente, 6 mil millones de colones al día. Creemos que es imposible impulsar políticas públicas de reactivación económica con semejante carga fiscal. Pero, lo que es peor es que este pago diario está recayendo sobre las espaldas, mayoritariamente, de la gente que sí tributa pues no tiene “escapatoria” para no hacerlo: la clase trabajadora asalariada y no asalariada, tanto como el micro-pequeño y mediano empresariado (impuestos al valor agregado y rentas -especialmente, la salarial).
Cinco: Rechazar el convenio que Carlos Alvarado Quesada y su plutocracia reinante le quiere imponer al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); convenio que Costa Rica no necesita y que, si se trata, en realidad, de ordenar las finanzas públicas, han surgido diversas alternativas, sólidamente fundamentadas. Otro economista, actualmente diputado oficialista pero que se define, también, como socialdemócrata, afirmó que “la agenda del FMI es una agenda injusta, inequitativa y recesiva desde la perspectiva económica». Aunque él, don Welmer Ramos González, lo indica de manera indirecta, es muy contundente que el costo del ajuste que impone ese convenio con FMI, no caerá sobre las espaldas de los sectores económicamente más fuertes que están ganando con la pandemia.
No vemos otra alternativa para que nuestro país restaure el imperio del bien común y de la inclusión social, en beneficio de la alicaída Democracia, que se desafíe el orden que la plutocracia reinante ha venido imponiendo mediando sus partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y los “religiosos”. A unos 256 días de las elecciones del 6 de febrero de 2002, estos temas buscan una candidatura presidencial que los asuma. En el entretanto, seguimos alentando nuestra campaña de PASAR FACTURA.
Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!
- No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal
- ¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.
- Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021
Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).
Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.
En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.
Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!
He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.
Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.
Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.
Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.
A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.
El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.
San José, viernes 9 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Agenda del FMI: “injusta, inequitativa y recesiva”
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El diputado don Welmer Ramos González, economista de profesión, quien integra la actual fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), nos está indicando que la agenda del convenio que Carlos Alvarado Quesada y la plutocracia reinante a la cual él le sirve le quieren imponer a la sociedad, una agenda, que es “injusta”, que es “inequitativa” y que es “recesiva” desde la perspectiva económica.
Don Welmer no es cualquier legislador. Se acaba de lanzar a la precandidatura presidencial por el partido PAC y en las elecciones pasadas, las del 2018, se la disputó al hoy más que desacreditado mandatario.
Don Welmer, como diputado gobiernista que ha sido la mayor parte de la gestión gubernativa de su anterior contendor (ahora aparece como opositor), no puede eludir las graves responsabilidades que le competen en la promulgación de diversa legislación anti-obrera en la actual Asamblea Legislativa, por demás el parlamento más anti-obrero (con algunas excepciones de rigor), de las últimas décadas.
Sin embargo, pensamos que el criterio que ha emitido con relación al convenio con el FMI y el contenido del mismo, no puede pasar desapercibido, aunque se podría decir que es una posición oportunista y de carácter electorero. No obstante, es muy importante el decir de don Welmer.
Su conocimiento de los temas económicos y, además, haber estado dentro de la gestión ejecutivo-institucional que sirve a los intereses de la plutocracia reinante, su criterio nos generó gran interés que hoy compartimos con usted, estimable persona que nos hace el honor de leernos.
En sus declaraciones para el medio de comunicación digital elmundo.cr, don Welmer dice que la “…agenda que está proponiendo el Gobierno tiene varios proyectos que hay que verla en la integralidad sobre quién que es el que va a pagar el ajuste o quién es el que va a recibir el costo del ajuste, ¿si son los sectores económicamente más fuertes que están ganando dentro de la pandemia? Porque aquí hay sectores que están ganando, o si las cargas se van a ponerse sobre el ciudadano, sobre las pymes y entonces haría más desigual la economía y en lugar de reactivar la economía, causaría más recesión».
Don Welmer: no hay ninguna duda de quiénes serán los sectores pagadores del ajuste FMI: se trata del pueblo trabajador, asalariado y no asalariado, el desempleado, tanto como el micro-pequeño y mediano empresariado. No dude un minuto al respecto pues usted mismo lo reconoce: “aquí hay sectores que están ganando” y son “los sectores económicamente más fuertes que están ganando dentro de la pandemia”.
Tales sectores ganadores dentro de la pandemia, los definimos como la plutocracia reinante. Ésta, inmersa en una concentración de riqueza jamás vista antes en la historia nacional, no concibe la existencia de un sistema económico como usted lo plantea: «una economía se reactiva entre más fuerza tenga el mercado, si al mercado lo mueve los 5 millones de consumidores que tenemos en el país, entre más fuerza tenga el mercado entre más poder adquisitivo tenga la gente, más demanda generan y más venden las empresas y si las empresas venden entonces van a contratar más insumos y más gente para trabajar y ese es el círculo virtuoso, fortalecer la demanda para que las empresas vendan y entonces se genere el crecimiento económico».
Habría que proceder, para lo que usted apunta, con una ruptura o una disrupción que restaure el principio fundamental del Humanismo Cristiano cual es la centralidad de la política económica en la persona humana; y siendo usted persona de fe religiosa practicante, lo que está planteando ya no es viable, creemos nosotros, dentro de la colectividad partidista en la cual usted milita.
En todo caso, éste es un asunto que no nos concierne pues es de su soberana competencia. Sí conviene recordar que, en los inicios de su colectividad partidista, don Welmer, originales planteamientos de la misma tomaron en cuenta propuestas sindicales y sociales cuya centralidad se marcó en la persona humana.
Apunta usted que «entre más venden las empresas, más empleo habrá, y va a haber más recaudación de impuestos y si hay más recaudación de impuestos y más PIB, la relación deuda PIB, comienza a disminuir aceleradamente, por qué el PIB crece rápidamente y porque los ingresos del Gobierno también».
Al respecto pensamos, su criterio adolece (al menos en la publicación que comentamos), de dos elementos fundamentales: 1) Más recaudación de impuestos con el estado actual del sistema tributario del país, caracterizado por su regresividad y su corrupción; si no se transforma radicalmente, implicará más concentración de riqueza para los evasores tributarios. 2) La caída de los ingresos del Gobierno es dramática desde la perspectiva del pago diario de los obscenos intereses de la deuda; pues éstos tienden a crecer y se llevarían esos “nuevos” ingresos fiscales.
No obstante, ello que una persona de su posicionamiento político actual reconozca que el convenio con el FMI es una “agenda injusta, inequitativa y recesiva desde la perspectiva económica, y lo que se está tratando es de hacer un ajuste brutalmente injusto y un ajuste en contra del ciudadano», se le debe reconocer el valor que tiene, en la alimentación de la urgente y necesaria conducta cívica de resistencia militante que la Democracia costarricense requiere en estos momentos.
ANEP crea seccional de pensionados para defender régimen de IVM
Ante la preocupación latente de la situación actual del régimen de pensión de invalidez, vejez y muerte y su estado, así como su continuidad para generaciones futuras, es que la ANEP crea la seccional ANEP-Pensionados de IVM con la intención de velar y proteger este baluarte de la sociedad costarricense.
Aumento en la edad de jubilación, igual a “policías con bastón”
Por: Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional de ANEP
Al mismo tiempo que en la Seccional ANEP-Fuerza Púbica, le hemos solicitado a los señores diputados y a las señoras diputadas una reforma que permita la jubilación anticipada de las personas trabajadoras integrantes de los cuerpos policiales; la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), nos quiere aumentar la edad de retiro a los sesenta y cinco años (65), tanto hombres como mujeres. Se aduce problemas de sostenibilidad en el régimen de pensiones; lo que no se dice, es cuáles son las razones de esa dificultad.
En relación con la edad de jubilación, existen estudios técnicos que demuestran que el desgaste físico y emocional, así como el deterioro en la salud, en general, de las personas trabajadoras de cuerpos policiales, es mayor al que sufren las que se vinculan con otras labores. El trabajo del o de la policía es una ocupación de alta exigencia, responsabilidad y expectativa social con respecto a su servicio y rol, por tanto, se califica como una ocupación altamente estresante, así es, basta ponerse el uniforme para sentir esa presión que conlleva la función policial.
Criterios técnicos señalan que, “Es un proceso de desequilibrio entre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas, dado que entran en juego multitud de factores (personales, de la situación y de las relaciones interpersonales), entre los que destaca la percepción que la persona tenga sobre si sus recursos (personalidad, experiencia, capacidad, etc.) son suficientes o no para hacer frente a los requerimientos que se plantean.”
Estos estudios han demostrado que la edad de jubilación de un policía no debe exceder los cincuenta y cinco años de edad.
El INFORME TÉCNICO DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinó que la función policial es insalubre y peligrosa. Aunado a ello, entre los argumentos que se presentan en los estudios mencionados se rescatan los siguientes:
– La complicada trayectoria de la vida policial genera enfermedades que, por su naturaleza, repercuten fuertemente a determinada edad, lo cual atenta contra la eficiencia del servicio de seguridad ciudadana.
– El policía es especialmente propenso a desarrollar padecimientos tales como: hipertensión arterial derivada del frecuente estrés, estados de vigilia constantes, comidas rápidas ingeridas en su propio lugar de trabajo, falta de actividad física, etc.
– Insuficiencias y enfermedades cardíacas, trastornos vasculares periféricos causados por las extensas jornadas en las que debe permanecer de pie.
– Perturbaciones digestivas y enfermedades respiratorias derivadas de sus largas horas a la intemperie.
– Accidentes laborales producto del quehacer preventivo o represivo.
– Deterioro de la columna vertebral, motivado por osteoporosis propia de la edad o por la portación cotidiana del equipo de protección (chalecos antibalas, armas de reglamento, vara policial, botas, radio de comunicación y otros).
– El nivel de tensión emocional que la persona policía maneja acelera el quebranto de su estado de salud en general, y es propenso a desarrollar patologías psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento físico, y separación familiar en muchos casos.
– Desde la óptica psicológica, el policía sufre un desgaste gradual por la exposición a eventos extremos, fatiga mental acumulada por los pesados horarios de trabajo, sensación de inseguridad constante en el policía y sus familiares directos ante probables represalias y acciones de venganza por parte de la delincuencia, etc.
En Colombia, por ejemplo, las y los oficiales, así como los miembros del nivel ejecutivo se pueden retirar por solicitud propia, siempre y cuando tengan 20 años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido 55 años de edad los hombres y 50 años de edad, las mujeres.
La función policial se relaciona estrechamente con la vida. Las personas que trabajan como guardianes del orden, se saben expuestas a enfrentarse, en cualquier momento, con un criminal, teniendo que jugarse el físico, ya sea para repeler una agresión ilegitima o para evitar la comisión de un delito.
Para nadie es un secreto que la criminalidad cada día es más sofisticada, más preparada, más atrevida; por ello, resulta un riesgo para la seguridad común mantener a personas de más de sesenta años en labores de seguridad ciudadana. Eso, amén, de la injusticia que representa para quienes exponen su vida constantemente y ven pasar los años lejos de sus hijos e hijas, perdiéndose de graduaciones, cumpleaños, navidades, etcétera.
En momentos de mayor criminalidad, sabidos de la penetración del crimen organizado en nuestro país, resultaría peligroso, grosero y hasta inhumano, retardar la jubilación de nuestros y de nuestras policías. De ser así, la delincuencia posiblemente sacará provecho, al enfrentarse con personas adultas mayores, en algunos casos; a policías que, por su edad y el desgaste que provoca la función policial, se harán acompañar de un “bastón”.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Abogado
Directivo Nacional de ANEP
Policías solicitan a diputados mejoras en sus condiciones laborales
Seccionales de ANEP en la Municipalidad de Cartago y Osa logran importantes acuerdos
En ANEP Rechazamos y Condenamos el no pago de Excedentes de las Cooperativas y cualquier responsabilidad que se le quiera Endilgar a nuestra Organización Sindical
La actuación de las cooperativas de ahorro y crédito de negarse a entregar excedentes o dividendo para el año 2021 debe ser calificada de ilegal.
No existe ningún fundamento legal para que dichas entidades se nieguen a entregar dineros que son de sus afiliados, cuando, por el contrario, la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 establece en su artículo 3 inciso c), que es el deber de dichas entidades la «Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común».
Resulta altamente cuestionable que se justifique la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una «medida preventiva» en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.
En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.
Pero dicha acción, no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.
El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.
Para las entidades cooperativas, el rebajo automático de planilla a los salarios mínimos ha sido una mera facilidad para asegurar pagos más ágiles, pues igualmente tienen acceso a las correspondientes gestiones de cobro como cualquier entidad financiera.
Sin embargo, ante la posibilidad de que se elimine dicho recurso, la defensa cobarde de dichas entidades ha sido otra ilegalidad como la retención de dividendo o excedentes a sus usuarios.
La ANEP condena esta actuación por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito, fomentada por la misma SUGEF y su jerarca Rocío Aguilar, y las insta a respetar el ordenamiento jurídico costarricense, pues de lo contrario se exponen a acciones legales directas por el atropello a los derechos económicos fundamentales de los trabajadores.
Igualmente se invita a todas las personas que se estén viendo afectadas por esta medida ilegal, a acercarse a la ANEP para realizar las gestiones legales correspondientes para luchar por la restitución de sus derechos económicos y sociales.
