Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

1) Las personas trabajadoras asalariadas estatales no tienen ninguna responsabilidad en el déficit fiscal. Esto lo demostramos con una sólida fuerza argumental. El periodismo de odio, con su manipulación grotesca de la ciudadanía al respecto, quedó descalificado y completamente desenmascarado.

2) Las razones del déficit fiscal, básicamente, están centradas en lo siguiente: Costa Rica tiene un sistema tributario completamente injusto, por una parte; y, por otra, está corrompido. Es necesario recalcar que en nuestro país pagan más impuestos los que, proporcionalmente hablando, tienen menos; los que tienen más, pagan menos y/o no pagan del todo: eluden, evaden, disfrutan de exenciones-exoneraciones dispendiosas y ocultan plata en paraísos fiscales.

3) Los gobiernos de turno acudieron al endeudamiento (básicamente interno), para reponer lo que nunca se pudo recaudar dada la existencia de ese sistema tributario completamente injusto y corrupto. Se generó un enorme déficit y, por ende, un endeudamiento tan grande como una cantidad cercana a los 50 mil millones de dólares. Esta deuda demanda un pago de intereses a tasas elevadísimas que implica una erogación de, 240 millones de colones, ¡por hora! Así, el déficit fiscal, la deuda y su pago obsceno de intereses llegó a convertirse en un negocio para ciertos grupos de gran poder económico-financiero, los cuales tienen gran influencia en el tripartidismo gobiernista PLUSC-PAC.

4) Detrás del ataque al empleo público y a las personas trabajadoras asalariadas estatales, está una coalición ideológico-política y económicamente hegemónica, formada, básicamente, por: a) los grandes grupos corporativos de negocios mega-empresariales evasores-elusores de impuestos, receptores de escandalosas exenciones impositivas (como las de las zonas francas); b) corporaciones del negocio de las noticias, impulsoras del periodismo de odio; c) el sector financiero-bancario de gran influencia en la política hacendaria-tributaria del país. Enfrentamos, en consecuencia, una plutocracia reinante de gran influencia en la institucionalidad pública de toma de decisiones ejecutivas.

5) Esta plutocracia reinante ejerce su actividad cotidiana de control social a través de los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad (PLUSC-PAC) y el turequismo afín a los tres (como los cristianos). La disputa entre estos partidos es, fundamentalmente, por puestos claves en la Asamblea Legislativa, en el gobierno de turno. Los tres primeros renegaron de sus presuntas filosofías políticas originales y todos sirven, hoy, al neoliberalismo excluyente y depredador. El pueblo trabajador y las capas medias están, prácticamente, dejadas de la mano de Dios.

6) La plutocracia reinante y sus partidos políticos tienen, entre sus objetivos estratégicos todavía no alcanzados, lograr que se privaticen las empresas públicas que siguen siendo de propiedad estatal y que generan importantes rentas anuales, las cuales son un manjar apetecido por parte de los grupos económicos integrantes de esa plutocracia reinante. Son varios miles de millones de dólares al año que, según la lógica política dominante en estos momentos, no deberían ser de propiedad público sino para hacer crecer el capital privado… el de esos grupos, por supuesto.

7) Según la plutocracia reinante y sus partidos políticos (el PLUSC-PAC, básicamente), tales empresas públicas deben dejar de ser propiedad estatal y pasarse al capital privado (venta de activos, le llaman); por tanto, es mejor dejar que el déficit fiscal nunca se arregle por el lado de la justicia social; es mejor dejar que la deuda y su obsceno pago de intereses sigan estrangulando el presupuesto del Gobierno, para que esto llegue a un punto tal de desesperante asfixia de la economía, que se logre la justificación “moral” ante la sociedad de que se debe proceder con la venta de activos.

8) Por otra parte, hacer avanzar la tesis de la plutocracia reinante en cuanto a la venta de activos, implica el ataque sistemático al sector público, desprestigiándolo al máximo; Es en este marco en que debe verse la tramitación legislativa del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público, la cual es parte esencial de la tríada de legislación contra el sector público impulsada por el PLUSC-PAC. Ya se tramitaron, “exitosamente” las dos primeras: el combo fiscal (Ley 9635) la ley anti-huelgas (Ley 9808); esta última, aprobada con la venia legitimadora de varias personas integrantes de la actual dirigencia sindical del país.

9) El proyecto Ley Marco de Empleo Público busca, además, la transformación estructural-conceptual de las ideas fundamentales incluidas en la Constitución Política, todavía vigente en el país, del 7 de noviembre de 1949. Las diputaciones del tripartidismo gobernante (PLUSC-PAC y su turequismo funcional), están extralimitándose en sus potestades legislativas pues están, en la práctica, variando (peligrosamente), esa Carta Magna, transformándola de facto. Las consecuencias de estos violentos y aventureros actos legislativos están por verse. Al respecto, recomendamos la lectura del artículo escrito por el ciudadano Manuel Hernández, El asalto a la democracia y la ruptura del pacto social (https://semanariouniversidad.com/opinion/el-asalto-a-la-democracia-y-la-ruptura-del-pacto-social/).

10) ¿Qué hacer? En la corriente sindical que ocupa nuestra militancia cotidiana, al menos en el tema del proyecto Ley Marco de Empleo Público, las alternativas disponibles pasan por diversos escenarios jurídico-políticos que ya tenemos en elaboración. Sin embargo, la más importante y la más estratégica, frente a la plutocracia reinante, sin duda alguna, es la respuesta popular estructuralmente organizada. Tratamos de dar nuestro aporte multifacético, en tal sentido.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Los intentos políticos de alto nivel, fuertemente impulsados por estos días de agudización de la pandemia, para que se adopten nuevas disposiciones en torno al futuro de la sostenibilidad financiera del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS), deben ser detenidos.

Cualquier tipo de modificación a la estructura actual de IVM-CCSS, por mínima que sea, es irresponsable, pues estamos en tiempos atípicos, como resulta obvio constatar a todo nivel; especialmente, en el económico-social y en el de corte político-electoral.

Las personas abanderadas de que se impongan nuevas condiciones para tener derecho a pensionarse vía IVM-CCSS, por lo general serán las que menos necesidad tengan del mismo; ya sea por altos salarios, por salarios con actividades lucrativas paralelas, por ser poseedoras de medios de producción, por tener estándares de vida heredados que les permiten holgura financiera y poseen vocerías poderosas para impulsar políticas estatales que les favorezcan.

Las verdaderas personas trabajadoras asalariadas e independientes, las que están iniciando su vida laboral activa, o que están a mitad de ésta o a punto de concluirla, y que tienen ingresos medios, bajos y/o precarios, carecen de vocerías poderosas, realmente legítimas y sólidamente documentadas con profundidad, como para que sus intereses socioeconómicos, especialmente los de corte vital, tengan debida consideración a la hora de nuevas modificaciones al IVM-CCSS.

Por tal razón (amén de otras consideraciones), que haya que pensionarse a los 65 años, o más (indistintamente, de si se es hombre o se es mujer); que la cotización obrera podría subir hasta un 3% por ciento del salario nominal; que la cantidad a recibir una vez en estado de pensión, sea menos del 50% del salario que se percibía al momento de la misma; nos presenta un panorama lúgubre en cuanto a desigualdad económica y exclusión social, es decir, incremento sensible en ambos indicadores.

Difícilmente pueda darse una discusión, pausada y objetiva, si en la creación de la atmósfera para abordar las transformaciones de IVM-CCSS, han estado mediando e interviniendo fuentes de incidencia de clase que expresan visiones de mundo que, por lo general, no responden a intereses centrados en el bien común y en la movilidad social.

Un abordaje del tema, sin contaminaciones determinantes, debe considerar, para empezar, un entorno económico-social y fiscal-tributario post-pandémico, o bien, lo más responsablemente proyectado al mismo; debe incluir un saneamiento más que estratégico de la relación del Estado con la Seguridad Social; las previsiones demográficas y etáreas de, al menos, medio siglo hacia adelante; así como la naturaleza del aparato productivo en sus diversas modalidades y niveles.

Un abordaje completamente serio y responsable, debe incluir la consideración de fondo de la evolución en el tiempo del régimen a la llegada de la pandemia, de modo tal que su diagnóstico responda a realidades sociopolíticas imposibles de negar, rechazando las irresponsables muletillas de que “eso ya pasó” y que los problemas financieros y actuariales de IVM-CCSS se deben al “envejecimiento poblacional y reducción de las tasas de fecundidad y natalidad”.

La responsabilidad para con las generaciones actuales y futuras de personas a pensionarse por IVM-CCSS tienen que comprenderse como una tarea estructural del Estado en la promoción del bienestar de sus habitantes y, especialmente, de su clase trabajadora; es decir, no se trata de abordar un futuro a partir de una responsabilidad institucional determinada, sino cuál es el tipo de sociedad a la cual se ha de llevar a la presente y futuras generaciones que, cotizando activamente, aspiran a un nivel de calidad de vida digno en su retiro.

Prácticamente, no se puede negar que, en la actualidad, pensionarse vía IVM-CCSS es empobrecerse. Es más, ya la gran mayoría de las 300 mil y resto de personas pensionadas por este régimen de pensiones, se ha hecho más pobre de lo que era antes de pensionarse. No se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que esto sea así, como piedra arquitectónica del pasado piramidal de la Humanidad. Mucho menos puede aceptarse que la política oficial del Gobierno sea empobrecer aún más a los actuales y futuros pensionados de IVM-CCSS.

Las personas trabajadoras actualmente pensionadas por IVM-CCSS, y las que pretenden estarlo en el corto, mediano y largo plazo, son seres humanos integrantes de una Comunidad-Estado cuyas responsabilidades nadie puede eludir, ni aún sumido en la más profunda bajeza del egoísmo.

Con esta visión, ha venido trabajando un estimable grupo de costarricenses quienes aspiran, en el corto plazo, compartir con la sociedad sus conclusiones, libres del determinismo oficialista legitimado desde el lado obrero como incontrovertible.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A pesar de que su techo de vidrio en materia de Derechos Humanos es más delegado que el ala de la mariposa más frágil, el informe del gobierno de los Estados Unidos acerca de la situación de los Derechos Humanos en Costa Rica, no solamente le resta autoridad moral al país para seguir señalando con el dedo acusador a otros Estados que según la visión de mundo dominante estarían incumpliendo esos Derechos Humanos; sino que, por primera vez, la imagen internacional del país en tal aspecto, recibe un golpe durísimo y la mancha con fuerza.

La ironía más grande es que es en el gobierno del partido político que proclamó para sí mismo el monopolio de la ética y de la transparencia en la acción pública, bajo el cual Costa Rica sufre su golpe más duro en cuanto a su proclamada y cacareada política de Derechos Humanos, urbi et orbe, arrogándose una superioridad moral que, es bueno decirlo con fuerza, ¡no va más!

Empecemos. El gobierno gringo dice que el gobierno PAC de Carlos Alvarado Quesada ocultó información en cuanto la entrega pública de material relacionado con la pandemia del covid-19, resaltándose que, según nos lo cuenta Diario Extra, fue este medio el que tuvo que acudir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en demanda de tal información, cuya naturaleza de interés de la gente no resiste el menor cuestionamiento. En tal sentido, las libertades civiles sufrieron una grave lesión; específicamente, la libertad de expresión.

Tenemos que citar, necesariamente, haciendo conexión, el intrincado caso de la UPAD y la grave presunción ciudadana de espionaje político-civil a personas y a organizaciones, como tendencia oculta y nefasta de control político-policial desde el aparato estatal. Cuando todo esto salga a la luz, a plenitud, probablemente la imagen de país sufrirá más deterioro.

El hacinamiento carcelario, merece la atención del gobierno gringo en este informe de Derechos Humanos. Nosotros pensamos que el Sistema Penitenciario Nacional hace tiempo debió declararse en estado de emergencia, pues no solamente hay un deterioro marcado de las condiciones de vida para las personas privadas de libertad; sino que el mismo personal (de servicio, administrativo, técnico, profesional y policial), sufre tal hacinamiento, multidimensionalmente; especialmente, sobrecargas de trabajo, carencia grave de recurso humano, deterioro psicoemocional y aumento de riesgo de pérdida de la vida.

Otro ámbito que se destaca en el indicado reporte, es el señalamiento de procesos de detenciones ilegales. Además, de la tendencia gubernativa a ignorar las instituciones de los pueblos indígenas, el desconocimiento de sus autoridades y la violencia contra estas comunidades de compatriotas. Debe indicarse que, sin duda alguna, hay aquí expresiones intolerables de racismo.

Por otra parte, es necesario señalar que continúan impunes los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.

Es este sensible tema de los Derechos Humanos, los de carácter económico-social, si bien no están muy bien abordados en la recopilación pública del informe gringo (y no sabemos en estos momentos, si fueron debidamente considerados), es claro que, para el caso costarricense, la pandemia lo que hizo fue agravar la situación de miles de personas integrantes de las familias de la clase trabajadora, las cuales, ya antes de la llegada de la misma al país, sufrían duros golpes a sus propios derechos humanos en ese plano, es decir, el económico-social.

Por otra parte, si es evidente que el establecimiento pleno en el país del matrimonio igualitario y de la fertilización in vitro, pueden considerarse avances en materia de Derechos Humanos de las personas habitantes integrantes de estos segmentos de convivencia social; lo real es que no fue por propia voluntad del sistema republicano-institucional costarricense; sino por la pertenencia del país a mecanismos jurídicos de orden internacional y de obligado cumplimiento. Al respecto, la orden vino de afuera y nunca fue por voluntad política interna.

Más allá del escueto informe gringo, aunque con señalamientos importantes; lo real es que el ámbito de acción para un movimiento sindical que pretenda renovarse, relanzarse, repotenciarse, reestructurarse, que éste se decida a incursionar en práctica militante cotidiana de su observancia, los Derechos Humanos, concebidos integralmente, ofrecen todo un nuevo campo de posibilidades de acción de defensa obrera insospechadas.