Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Los graves hechos de corrupción que el país conoció el pasado lunes 14 de junio, con la impresionante cantidad de dinero involucrada de, al menos, 78 mil millones de colones (poco más de 125 millones de dólares estadounidenses) en presunto tráfico de influencias y sobornos de todo tipo, en materia de licitaciones para construir obra pública en infraestructura vial, altera la agenda-país que tramita la actual Asamblea Legislativa.

El golpe a la institucionalidad es demoledor si nos atenemos a que, por segunda vez, la Casa Presidencial, políticamente habitada por Carlos Alvarado Quesada, es allanada en una misma Administración gubernativa. Hecho inédito desde la fundación de la Segunda República, en 1949.

El proyecto-expediente legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, no debe ser votado ni ahora, ni pronto. Ha perdido toda legitimidad política, más allá de las aberraciones jurídico-constitucionales que contiene para todos los gustos.

Las dimensiones de este escándalo de los 78 mil millones de colones “desviados”, pulverizó la escasa credibilidad que le quedaba al Poder Ejecutivo para impulsar esta nefasta iniciativa de ley. 

Las actuales personas diputadas integrantes de la Asamblea Legislativa no se pueden sustraer a esta realidad política; no pueden fingir que nada está pasando y mirar para otro lado.

Por otra parte, nada ético es utilizar la pandemia para promover reformas estructurales de tanta profundidad como las pretendidas en el indicado proyecto de ley, que contiene transformaciones constitucionales de facto.

Es más, resulta inmoral actuar políticamente así, en las actuales condiciones sociopolíticas y sanitarias del país, impulsando medidas regresivas en materia de Derechos Humanos; un cuadro que, claramente, se dibuja en todos los extremos de ese expediente legislativo 21.336 que pretende ser votado, en primer debate, en próximas horas.

Tal proyecto de ley no es parejo. No se vale que un solo sector, como el del empleo público, asuma cargas desproporcionadas en nombre de la austeridad fiscal, cuando hoy nos enteramos que el gobierno es un reducto de actos de corrupción de carácter público-privado por medio de contrataciones públicas que afectan las finanzas públicas; cuando más recursos se necesitan para afrontar una pandemia cuyas dolorosas circunstancias provocan que, lo que más hace falta, son esos recursos para salvar vidas.

La presente Asamblea Legislativa, cada uno de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, deben ser drásticos en la exigencia de cuentas al Poder Ejecutivo; no aprobando leyes, además con gran cantidad de vicios de inconstitucionalidad anunciados, sino evitando allegarle más recursos que todavía no tienen garantía de un manejo adecuado ni transparente.

Pedimos y exigimos coherencia en el discurso y la narrativa legislativa en los momentos más aciagos que afronta el país. Coherencia no es aprobar leyes a golpe de tambor aprovechando la presión de una agenda del Ejecutivo que hoy ha quedado totalmente desacreditado. No merece este gobierno tanta pleitesía legislativa, sino un control institucional responsable y digno. Antes de aprobar la Ley Marco de Empleo Público, o cualquier otra ley que no cumpla con paridad en las cargas tributarias, no se puede legislar de espaldas a un sector de la población que ya no resiste más regresividades a sus Derechos Humanos.

La ecuación es sencilla: Cuando el Ejecutivo demuestre que es probo, que es eficiente en la recaudación de impuestos y, sobre todo, que puede evitar, preventivamente, escandalosas corruptelas como esta de los 78 mil millones de colones; es cuando ha de merecer la confianza del Legislativo para aprobar leyes con recursos sanos para enfrentar las crisis existentes.

Si nos atenemos a la tesis de que este Gobierno ha tratado de justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público generando indebida presión para cumplir con el “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues se trata casi de un compromiso político-personalísimo de la cabeza del Poder Ejecutivo, Carlos Alvarado Quesada, cuya credibilidad está irreparablemente lesionada; corresponde entonces invocar en sus curules las palabras de la Directora-Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, misma que, respecto a la crisis del covid 19 ha dicho: 

«Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad…». 

Y respecto a los enfoques a seguir, nuestra Asamblea Legislativa, más que seguir reprimiendo con impuestos y cargas al empleo público, debiera enfocarse en proyectos para una senda hacia la recuperación basada, según el FMI, en las siguientes prioridades: Defender la salud de las personas; evitar la retirada prematura de las políticas de apoyo; aplicar una política fiscal flexible y orientada hacia el futuro; y, abordar el elevado nivel de la deuda pública y su pago abusivo diario de intereses.

Finalmente, cuando ustedes, como legisladores y legisladoras, quieran justificar la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público con un discurso fácil y trasnochado de combate a supuestos privilegios y no a derechos; piensen primero si el frío está en las cobijas, o más bien en las inveteradas prácticas de corrupción que ahora delatan que el peor impuesto que tiene el pueblo es, precisamente, la corrupción.

No sean cómplices legislativos para quitarles salarios y derechos a los empleados públicos para trasladarlos a escandalosas contrataciones a duopolios privados y a algunos funcionarios corruptos. Hoy, nuevamente, se demuestra que no son las personas trabajadoras asalariadas del empleo público, las enemigas del pueblo. Su abrumadora mayoría trabaja dentro del margen de la ley.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Vamos a cerrar el CONAVI y sus hermanitas perversas”, fue un mensaje escrito por el entonces candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís Rivera, en su cuenta de twitter, el 13 de diciembre de 2013; compromiso de campaña que, por supuesto, y siendo Presidente de la República (2014-2018) no honró… como suele suceder.

Don Luis Guillermo escribió, además, lo siguiente: “Propongo decretar emergencia nacional para intervenir adecuadamente la red vial nacional. Lo haremos con los recursos que el país tiene y son suficientes, en un ejercicio riguroso para no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza. ¡Es posible hacer infraestructura sin corrupción!”.

Sin duda alguna, le corresponde al Partido Acción Ciudadana (PAC), con dos gobiernos seguidos uno del otro, la responsabilidad política fundamental por el escándalo de corrupción que salió a flote este pasado lunes 14 de junio, con las “espectaculares” acciones y detenciones que efectuó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a raíz del presunto tráfico de influencias y otorgamiento de sobornos por parte de las mega-empresas constructoras MECO y H Solís; indicando el máximo jerarca policial, don Wálter Espinoza Espinoza, que se podría estar hablando de un “desvío” de dineros por el orden de, al menos, 78 mil millones de colones.

El CONAVI sufre el más duro golpe a su credibilidad y a su transparencia y bien podría indicarse que ha quedado “listo” para su liquidación institucional. Entendemos, aunque nunca fue claro, que las “hermanitas perversas” del CONAVI, según lo planteara el hoy expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, lo son el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).

Sobre el CTP, desde hace tiempo, pesan graves cuestionamientos, especialmente porque se considera que el empresariado autobusero del país ejerce una gran influencia política en su seno, contrastando con la situación de total indefensión que tienen las personas usuarias de los servicios públicos modalidad autobús.

Lo que aflora con gran potencia, aunque estemos a primeras horas del destape del escándalo con licitaciones para construcción de grandes obras viales, es la imperiosa necesidad de una revisión estructural del modelo de concesión de obra pública; el ejercicio ciudadano de una gran auditoría sobre los miles y miles y miles de millones de colones de fondos estatales que las mega-empresas constructoras cuestionadas han recibido durante un período de 20 años, a partir del año 2002, al menos; la naturaleza de los controles y de las autorizaciones de parte de la Contraloría General de la República (CGR); entre otros aspectos con la privatización de la construcción de infraestructura vial.

Y no hay duda de que, si del CONAVI se trata, sus “hermanitas perversas” merecen un profundo abordaje auscultador, también. Porque vale preguntarse, en qué medida en ellas se ha dado una desnaturalización perversa de su finalidad objetiva de servicio público para dar paso a, por una parte, al desarrollo de ente “facilitador” de lucro mercantil privado, en esencia; y, por otra, cuántas prácticas indebidas, por no decir corruptas, podrían estarse manifestando en las narices de la propia ciudadanía y de sus altos responsables políticos.

El señor Expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, constatamos hoy, se equivocó de cabo a rabo, cuando habló de “no repetir nunca más los horrores de la Trocha fronteriza”. Con lo del CONAVI tales horrores se superaron cualitativa y cuantitativamente en grado sumo.