Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al pie del monumento al Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, con ocasión de la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, las organizaciones sindicales Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Telecomunicaciones (ASDEICE), en este día sábado 1 de mayo de 2021 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; dieron a conocer el DECÁLOGO SINDICAL DEL BICENTENARIO ANEP-ASDEICE:

1. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

• Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

• Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

• Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

• Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

• Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

• Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

• Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

1. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

Cada uno de estos diez enunciados ofrece grandes posibilidades de aporte para su enriquecimiento de contenido y, por ende, para compartirlo con otros esfuerzos de generación de pensamiento distinto del autoritariamente hegemónico que se le ha venido imponiendo a la sociedad costarricense.

Como bien sabemos el avance de consolidación del esquema ideológico-político y hegemónico de la plutocracia reinante, está en “vía libre” ante la ausencia de un esfuerzo contrario de, al menos, de pensamiento y de propuestas compartidas; previo al adorado sueño de la construcción del urgente muro de contención que la misma Democracia pide a gritos, ante las intentonas, que parecen sólidas, de consolidación de un modelo autoritario con ropaje de democracia formal.

El Decálogo Sindical del Bicentenario ANEP-ASDEICE tiene las puertas abiertas.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En el arranque de la campaña propagandística con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero de 2022, hay un tema de trascendencia histórica que, con toda seguridad, no será abordado por ninguna de las personas aspirantes a los cargos públicos en disputa; y, si fuera abordado, jamás lo será con la contundencia que se necesita.

Nos referimos al desafío que el país ocupa para abrir el camino más que estratégico hacia una Transformación Tributaria Estructural, planteada por nosotros en este y en otros espacios, durante ya bastante tiempo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo en ello, especialmente en las actuales condiciones históricas, sociales y económicas que estamos viviendo producto de la pandemia.

A la llegada de la misma, dos características fundamentales venían caracterizando el carácter del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción. Así de simple pero profundo.

¿Por qué la injusticia? Porque, en términos generales, quien paga más tributos es quien, proporcionalmente hablando, tiene menos. Y quien más tiene hace malabares jurídicos y acude a triquiñuelas legales para: a) tratar de pagar lo menos posible de lo que le corresponde; b) burlar la débil legislación tributaria para no pagar, del todo, nada; c) sacar la plata ganada en el país hacia otros países, por lo general, catalogados como paraísos fiscales.

¿Por qué la corrupción? Las autoridades políticas de máximo poder en los últimos gobiernos, poco o nada han hecho para cambiar la situación anteriormente descrita, por una parte; por otra, el control estratégico de la gestión tributaria responde a una ideología hegemónica en materia de política fiscal, que no es la del bien común ni es la de la inclusión social y económica. Además, los operadores político-ejecutivos de la gestión tributaria, constituyen una misma élite tecnocrático-burocrática que, alternativamente, se mueve en la esfera de lo público para luego pasar a la privada y, viceversa. Se garantiza así, pese al cambio ejecutivo de administración gubernamental, el control estratégico de la operatividad de la gestión tributaria para que ésta siga en el mismo plano: el de la corrupción y el de la injusticia. La evasión y la elusión fiscales-tributarias sigue siendo monstruosa.

Si bien es cierto la situación que vivimos producto de la pandemia está generando demasiados problemas político-sociales y económicos, no por ello debemos renunciar a considerar que el haber tolerado por tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto, ha agravado el diario vivir de la mayoría de la población costarricense en estos tiempos pandémicos.

Además, es imposible seguir tolerando que las principales figuras de la denominada clase política tradicional, especialmente las que aspiran a ser electas en los cargos en disputa, miren para otro lado y no se refieran a esta situación de la imperiosa transformación tributaria estructural y la pandemia.

Como si todo esto no fuese más que necesario y de alto contenido estratégico, está el tema del altísimo endeudamiento público y su pago de intereses, exageradamente usureros. ¿Cómo puede ser posible que si de las arcas públicas, muy debilitadas por todas las razones expuestas, se estén sacando, diariamente, unos 7 mil millones de colones para el pago de esos intereses, ninguna persona precandidata presidencial esté refiriéndose al punto?

Desde el campo popular nos corresponde, creemos nosotros, intensificar el clamor de que estos temas se consideren en el marco de la campaña electoral, aunque no encontremos receptividad alguna. Particularmente, debemos desempolvar el documento-informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, generado por la comisión parlamentaria que investigó las derivaciones en Costa Rica del escándalo financiero internacional muy sonado a nivel planetario, en el año 2016.

Parece que podemos encontrar un nuevo escenario para considerar el debate público sobre los contenidos del informe legislativo costarricense Los papeles de Panamá, en el marco de lo que se está planteando en los centros hegemónicos del poder político-económico del capitalismo mundial, hablándose de nuevos criterios de tributación a nivel de empresas multinacionales, pero, indudablemente, con repercusiones en los planos nacionales en los cuales éstas operan.

Al vincular la doble naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción que le carcome; agregando el asfixiante, exorbitante y aplastante pago diario de los intereses de la deuda pública (sin dejar de lado la carga que la misma, en cuanto tal, representa para el país en estos momentos); además, poniendo en la mesa el informe legislativo Los papeles de Panamá, adicionándole lo que podría ser la apertura de un nuevo espacio político global para plantear transformaciones estructurales por el lado de la progresividad; tendremos en Costa Rica la posibilidad de construir y relanzar, con nuevos bríos y renovados argumentos, desde el campo de lo social-popular, el tema tributario con fuerte contenido de justicia social y real equidad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Consideramos de gran relevancia una respuesta pública por parte de la señora Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), acerca de cómo votó, en el seno de la directiva de la CCSS, de la cual ahora forma parte, en el caso del polémico nombramiento del señor Gustavo Picado Chacón, en el altísimo y sensible cargo de Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Doña Martha, recientemente, fue nombrada por Carlos Alvarado Quesada como integrante de la Junta Directiva de la CCSS para ocupar el escaño sindical disponible en el seno de la misma, luego del sensible fallecimiento del legendario luchador social, don Mario Devandas Brenes.

La designación presidencial de doña Martha para que ocupe el cargo dejado por don Mario (q.d.D.g), ha sido sumamente controvertida, con problemas de transparencia, especialmente en cuanto a la veloz transición de ella como funcionaria asalariada de la Caja, hacia la categoría de persona trabajadora pensionada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); pues siendo empleada tenía prohibición para llegar al mencionado cargo directivo. Se presume que podría haber ocurrido un tráfico de influencias al más alto nivel al respecto. Sobre este particular, la discusión no está terminada.

A don Gustavo Picado Chacón le nombraron por seis años en ese altísimo cargo, mismo que conlleva enormes sensibilidades, objetivas y subjetivas, a raíz del impacto financiero para la CCSS que ha venido generando la atención de la pandemia; y, porque, además, él fue protagonista de primer orden en un pasado reciente en el cual las finanzas de la Caja sufrieron un duro golpe negativo, según lo investigara el Ministerio Público, para el cual se tomaron decisiones erróneas y controversiales que habrían dejado a la institución pérdidas de, al menos, 217 mil millones de colones.

Otras personas especialistas de altísimo nivel y de gran rigurosidad técnico-profesional, conocedores de estos temas, han hablado de una suma extraordinariamente mayor.

Ante consulta de prensa, y sobre la inclusión de don Gustavo Picado Chacón en el grupo demandado ante el Ministerio Público, éste respondió lo siguiente: “Respecto a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que, desde el 13 de marzo del 2020, envió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una acusación dentro de la causa 12-000046-0615-PE, contra 16 personas, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública; además de solicitud de sobreseimiento en relación con tres personas más. La Fapta indicó que, actualmente, está a la espera de que el Juzgado programe la fecha en la que se realizará la audiencia preliminar”.

Don Gustavo es una de esas 16 personas y jamás estaríamos de acuerdo en que ni a él, ni a ninguna otra persona, se le violara el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, si él y las otras quince personas serán llevadas a juicio no está definido, pues eso será resuelto en una audiencia preliminar que todavía no tiene fecha; pero lo real es que la acusación del Ministerio Público, según tenemos entendido pues estuvimos muy cerca del proceso que derivó en ello, es muy sólida.

Entendemos que la lista de personas candidatas profesionales a ese cargo superó las veinte; entonces, no entendemos las razones de peso para que la directiva de la Caja nombrara a don Gustavo que, si bien no ha sido sentenciado a nada, creemos que dado su paso controversial anterior por la gestión financiera ameritaba no reposicionarlo en este mismo ámbito.

Es en tal sentido que, repetimos, doña Martha Rodríguez González no debería permanecer más en silencio. Su designación presidencial para ocupar un puesto directivo en la Caja, autoproclamada por la corriente sindical a la que pertenece, como representación de toda la clase trabajadora, le impone un imperativo obrero-ético y moral para actuar con toda transparencia en la toma de decisiones a nivel de tal condición.

Sobran razones para que, en este caso, doña Martha nos cuente cómo votó ella misma: si la decisión fue unánime por parte de las nueve personas integrantes de esa directiva; si fue votación dividida, quiénes fueron mayoría y quiénes fueron minoría; quién presentó el nombre de don Gustavo y si podemos conocer el informe de sustentación de su nominación; qué otras personas candidatas se consideraron y sus atestados; etc.

Doña Martha: como podrá apreciar, la transparencia en estas y en otras decisiones a nivel de la Junta Directiva de la Caja, se impone como nunca antes por las condiciones que representa la realidad costarricense y, especialmente, por la realidad de la clase trabajadora en todas sus denominaciones. Su respuesta será muy apreciada. Su silencio, de persistir, también puede ser considerado respuesta.