La nueva junta directiva de la seccional Tapachula, compuesta por 5 choferes de autobús y un chequeador, iniciaron la capacitación pertinente a fin de ampliar sus conocimientos en la parte sindical.
Autor: ANEP
La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: celebración en América Latina teñida de tensión en Costa Rica
Fuente: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/
El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional adoptado en Costa Rica en el mes de marzo del 2018. Como bien se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de largas negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).
Se trata de un tratado que, desde el 2019, ha desatado una verdadera campaña de desinformación gestada desde algunos sectores y algunas cúpulas empresariales, ayudadas por algunos medios de prensa afines y sus repetidoras locales: ello explica, al menos en parte, que a tres años desde su adopción en Escazú, solamente haya sido ratificado por 12 Estados (de 33 posibles Estados Partes).
Para un lector poco familiarizado con los tratados internacionales en materia ambiental o en materia de derechos humanos, cabe advertirlo desde ya de la asombrosa creatividad de algunos sectores opuestos a la idea de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente: ello con la finalidad de hacerle decir a este tratado cosas que no son, ni se sostienen desde un estricto punto de vista jurídico. Por ejemplo, una de sus cláusulas (véase texto en esta nota publicada por CIARGlobal) sobre la solución de controversias entre Estados Partes (previendo el arbitraje o el recurso a una instancia judicial – Artículo 19) ha dado lugar a las interpretaciones más insólitas y fantasiosas para presentar el Acuerdo de Escazú como una verdadera «amenaza» ante el supuesto «riesgo» de demandas internacionales contra el Estado: un argumento, como muchos otros difundidos en contra del Acuerdo de Escazú, bastante fácil de refutar al no ajustarse en lo más mínimo a la práctica internacional (Nota 1).
Raramente se ha podido observar una campaña de desinformación tan intensa de algunas cúpulas empresariales de América Latina en contra de un tratado internacional, las cuales cuentan muchas veces con hacendosos operadores políticos. Una campaña que dista, y mucho, de la actitud de las cúpulas empresariales europeas cuando se adoptó, en 1998, un instrumento muy similar como lo es la Convención de Aarhus para el continente europeo (véase texto completo y estado oficial de firmas y ratificaciones): un tratado que se puede considerar como el hermano mayor europeo del Acuerdo de Escazú, que nunca se consideró como una amenaza para la seguridad jurídica o para la inversión extranjera y cuyo Artículo 16 sobre solución de controversias entre Estados Partes es idéntico al Artículo 19 del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú: un breve repaso
El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Al 1ero de mayo del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados. No obstante, la lista de quienes además de haberlo firmado, lo han ratificado se reduce a la mitad, con 12 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto.
En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta del mes de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véase texto que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa regional. Tuvimos la oportunidad, en el caso de Chile, de señalar su insólita ausencia en el acto protocolario en Nueva York organizado por la CEPAL en setiembre del 2018, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas:
«Lors de la session protocolaire aux Nations unies en septembre 2018 pour l’ouverture à la signature de l’Accord d’Escazú, la délégation chilienne a choisi au dernier moment de n’envoyer aucun représentant, à la surprise des autres délégations présentes. Un geste diplomatique rarement observé, et interprété par beaucoup d´observateurs comme suit : les nouvelles autorités du Chili ont définitivement choisi de tourner le dos à l’Accord d’Escazú» (Nota 2).
La determinación de la fecha de entrada en vigor
De manera general, se puede decir que mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado (Estados Partes), no hay cómo exigir aún su cumplimiento, ni tienen los Estados Partes cómo implementar los mecanismos internacionales o crear los órganos previstos dentro del tratado: dicho en otras palabras, está el tratado, están los Estados Partes que saben que el texto esta próximo a volverse vinculante para ellos, y esperan la fecha en que oficialmente ingresará el texto al mundo de lo jurídico.
En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.
¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.
Al respecto, merece una mención particular la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo trámite protocolario en una gran celebración tres meses después.
Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional, se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase programa), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
A su manera, cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa); y de paso, podemos preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto, ni tan siquiera un comunicado oficial o un modesto «tweet» enviado desde alguna autoridad estatal.
En el caso de Panamá por ejemplo, sus autoridades ambientales circularon un comunicado oficial (véase texto), al tiempo que en México se anunció la difusión mediante la red de estaciones radiofónicas locales del Acuerdo de Escazú en las 35 lenguas indígenas (véase nota de La Jornada).
Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General en persona (véase comunicado de prensa oficial).
Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.
Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.
Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato de discusión y análisis que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.
Merece igualmente una mención el anuncio oficial hecho por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú de un mecanismo de protección para los defensores del ambiente el pasado 22 de abril (véase nota de prensa y texto completo del decreto): un gesto ejemplar de un Estado que, pese a aún no haber ratificado el tratado, empieza desde ya a adoptar políticas públicas como las que sugiere este innovador instrumento regional.
Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: las iniciativas precitadas son solamente una pequeña muestra de las que dejaron algún rastro en la red.
El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica
En Costa Rica, la situación sumamente incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.
Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.
Tuvimos la oportunidad de reseñar, en febrero del 2021, la tramitación sumamente complicada por parte del mismo juez constitucional costarricense, al parecer poco anuente a ver Costa Rica ser pronto Estado Parte al Acuerdo de Escazú, con dos decisiones desafortunadas, objeto en ambos casos, de un único voto salvado del magistrado Paul Rueda (Nota 3).
A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana anterior al 22 de abril del 2021, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véase artículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia en la Asamblea Legislativa, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota con audios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).
La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 4).
Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video está disponible en este enlace.
Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú (véase videodisponible en YouTube). Por su parte, el Programa radial Desayunos de Radio Universidad dedicó su emisión al tema el pasado 30 de abril (véase podcast).
Es de notar que pese a una campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para intentar debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la influyente UCCAEP optaron finalmente por no participar (véase enlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).
Finalmente, quisiéramos recomendar la lectura de este artículo del medio costarricense Ojoalclima, el cual detalla los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones – y fantasías – creadas por algunos con relación a su contenido. Se lee en este muy completo reportaje que:
«/…/,la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto”, añadió Madrigal.»De igual manera, nos permitimos referir al lecto a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de la precitada cámara empresarial renuente a discutirlos públicamente (véase documento), en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«.
Al 1ero de mayo, la precitada nota se ha mantenido sin cambio alguno, por lo que cada uno de nuestros estimables lectores puede hacerse una pequeña idea al respecto.
El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas
No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 5), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).
En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).
Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos), es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible: a modo de ejemplo, podemos citar este comunicado suscrito por 86 asociaciones campesinas en República Dominicana (véase nota de prensa) y este artículo de opinión publicado en El Nacional de Venezuela.
Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado de la región en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registran).
En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 y que se plasmó en unas reflexiones nuestras anteriores (véase texto) al señalar que:
«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«
A modo de conclusión
El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida jurídica a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y más respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.
En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó sin lugar a dudas una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la extrema vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en el continente, y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o, al persistir en su lucha, asesinados. En este sentido, el precitado anuncio hecho por el Poder Ejecutivo peruano el pasado 22 de abril debiera de inspirar a muchas otras autoridades en el continente en aras de proteger a los defensores ambientales.
En cuanto al profundo malestar que está causando el hecho que Costa Rica no figura aún en la lista de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, nos permitimos citar al representante oficial costarricense durante una reunión celebrada en abril del 2019 en Santiago de Chile (véase texto completo de su intervención), en la que precisaba algo que, a abril del 2021, mantiene cierta actualidad dada la ausencia de Costa Rica:
«Quiero ser claro en que, así como nuestra región ha dado un ejemplo al mundo, avanzando en la construcción de la democracia ambiental, ahora el mundo nos está observando y atento a lo que podamos seguir construyendo de ahora en adelante«.
Notas—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «En respuesta a algunos argumentos en contra del Acuerdo de Escazú«, Ius360 (sitio jurídico peruano), edición del 2/11/2020, disponible en este enlace. En el caso específico de Costa Rica, en donde una serie de argumentos aparecieron a partir de octubre del 2020 circulados por diversas cámaras empresaiales (pero nunca se dieron a conocer cuando la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate este mismo texto en febrero del 2020 por unanimidad), remitimos al artículo de PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, Derechoaldia, edición del 26/11/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «A deux ans de l’ouverture à la signature de l’accord d’Escazú aux Nations Unies : bilan et perspectives«, Centre International de Droit Comparé de l´Environnement (CIDCE, Limoges), edición del 5/11/2020, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «¿Escazú sin Costa Rica? A propósito dle reciente depósito del instrumento de ratificación realizado por Argentina y México«, LaRevista.cr, edición del 7/02/2021, disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Nota 5: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace .
—
Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Parlamento echa marcha atrás y rectifica sobre brutales recortes presupuestarios “triple i:” irreflexivos, irracionales e irresponsables
– ANEP lo ha venido denunciando de manera reiterada
Celebramos que la denuncia constante de la ANEP acerca de los brutales recortes presupuestarios, haya aportado, en gran medida, a fin de que la actual Asamblea Legislativa corrija su grave error de aplicarlos, a mansalva, a estratégicos servicios públicos como los de Educación y de Seguridad.
Tiene ya la ANEP bastante tiempo, y con ocasión de la tramitación parlamentaria de los últimos presupuestos de la República que pasan por la Asamblea Legislativa, de denunciar esos recortes presupuestarios, tildándolos de recortes presupuestarios “triple i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables.
Efectivamente, con ocasión de la tramitación del presupuesto de la República para el actual ejercicio fiscal 2021, los diputados extremistas ideológicos anti-Estado, avanzaron peligrosamente en cuanto a su fundamentalismo recortista; al punto de dejar sin educadores a miles de niños y de jóvenes estudiantes provenientes de hogares con ingresos y bajos que no pueden pagar educación privada; negándoles así el Derecho Humano Fundamental a la educación, por demás, algo inconcebible a los ojos del mundo que siempre han considerado a Costa Rica como un país baluarte en políticas educativas públicas.
Por otra parte, ese enfermizo fanatismo fiscalista, cuyo fundamento ideológico riñe con la naturaleza del ser costarricense, ha puesto en peligro la propia seguridad del país, tanto en el plano nacional como en el ciudadano. El caso más dramático es el que está viviendo la Policía Profesional de Migración y Extranjería, dejándose al país en total ridículo internacional en cuanto a su política migratoria. No menos grave es el caso de la Fuerza Pública, cuyos oficiales no solamente han venido soportando condiciones salariales paupérrimas; sino que, han venido laborando en condiciones de salud ocupacional y de instalaciones físicas muy deterioradas, amén de serios problemas de avituallamiento y de logística técnica.
Felicitamos a las diversas organizaciones sindicales de la ANEP en los cuerpos policiales por su aporte fundamental a esta victoria civil-laboral y sindical-social; particularmente a las seccionales ANEP-Fuerza Pública y ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Felicitamos a cada compañero y compañera policía (especialmente, integrantes de la Fuerza Pública) que, en días pasados, concretamente, el martes 26 de enero, atendió la convocatoria de calle de ANEP, manifestándose contra las precarias condiciones de trabajo que están viviendo los cuerpos policiales de Costa Rica.
Seguiremos en esta senda de lucha contra las aberrantes políticas de corte neoliberal contrarias al bien común; contrarias a la inclusión social y económica; contrarias a la paz misma y contrarias a la propia Democracia; políticas muy posicionadas en el seno de los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo, con efectos nefastas para la convivencia civil, como lo demostraron estos recortes presupuestarios “triple i”, hoy revertidos, por irreflexivos, irracionales e irresponsables.
San José, miércoles 10 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP pide la renuncia del diputado Gustavo Viales Villegas a su curul legislativo
Movimiento Rescate Nacional: 15 razones para volver a las calles
Albino Vargas Barrantes. Secretario General (ANEP)
Aprovechamos el valioso espacio que nos concede El Guardián para expresar una opinión semanal acerca de la realidad político-económica y social del país, desde la perspectiva del concepto de Sindicalismo Sociopolítico, en el cual creemos y en cuyo seno militamos; para compartirles las 15 razones que motivan al Movimiento Rescate Nacional a volver a la protesta social, el próximo 15 de febrero en curso y según lo han dado conocer sus representantes. Se citan esas 15 razones copiadas de un folleto impreso que ya están circulando en sus bases. Tal documento contiene esta significativa frase final: “Porque el pueblo es el Soberano y debe ser escuchado”.
1. Porque es un derecho constitucional en ejercicio ante un gobierno insensible, represivo, incapaz, teñido de corrupción y que gobierna para las clases económicamente poderosas.
2. Porque el Gobierno y la Asamblea Legislativa se empeñan en imponer la agenda complementaria con el Fondo Monetario Internacional, que generará más endeudamiento, aumento de impuestos, desempleo, más pobreza y mayor desigualdad; iniciativa que fue rechazada en las calles por el Movimiento Rescate Nacional en el 2020, ya que existen otras alternativas para resolver el déficit fiscal.
3. Porque lejos de atacar la evasión, la elusión fiscal, el contrabando aduanero y la corrupción, el gobierno se ensaña contra el pueblo trabajador, el sector productivo y nuestro Estado de Derecho.
4. Porque los partidos políticos, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, Restauración Nacional y otros, avanzan con proyectos para gravar a la clase media y baja con más impuestos y con el aumento del IVA; mientras grandes empresas declaran cero ganancias o gozan de exoneraciones como las zonas francas que deben pagar impuestos de forma solidaria.
5. Porque el país requiere de un verdadero plan de reactivación económica.
6. Porque el impuesto a bienes inmuebles, disfrazado para casa de lujo, recaerá sobre las propiedades, incluyendo los terrenos o fincas de la mayoría de los costarricenses, ya que el valor fiscal lo establecerá Hacienda de manera antojadiza y no ajustado al valor real de la adquisición del bien, lo que hará que muchos costarricenses vean sus propiedades rematadas.
7. Porque el proyecto de renta global que grava los ingresos a trabajadores del sector privado y público, generará más recesión económica al congelar salarios; mientras los bienes y servicios como canasta básica, electricidad, combustibles y otros aumentan día con día y se pierde el valor adquisitivo del salario.
8. Porque la reducción del gasto público no se aplica a contrataciones de obra pública, asesorías, altos salarios de jerarcas, pensiones de lujo, alquiler de edificios, dietas de juntas directivas, gastos de representación; sino al recorte de programas sociales.
9. Porque la venta de la cartera de CONAPE elimina la posibilidad de financiamiento de carreras a estudiantes de escasos recursos a intereses accesibles.
10. Porque los ricos deben pagar impuestos como ricos y los pobres como pobres; las cooperativas y las asociaciones solidaristas no se deben gravar porque ahí ahorra la clase obrera media y baja y eso significa un impuesto indirecto más al salario de la clase trabajadora.
11. Porque este gobierno insiste en desaparecer la clase media y gobernar para el empresariado de las grandes riquezas.
12. Porque no aceptamos la venta de activos del Estado, la privatización del agua, o la aprobación de una nueva ley de semillas que acabaría con la producción de semillas criollas.
13. Porque el sector agropecuario, pesquero, turismo, transporte y comercio en general, urgen de refinanciamiento y de una moratoria de pagos y de medidas que limpien su record crediticio para acceder a crédito.
14. Porque el Gobierno debe dar cuentas en qué se gastaron los 504 millones de dólares del primer desembolso del FMI y quiénes son los beneficiarios o tenedores de deuda de los 196 millones de colones por hora, o sea, casi 5 mil millones de colones diarios que se pagan por intereses de la deuda pública.
15. Porque los delitos contra la hacienda pública no deben prescribir y se deben pagar con cárcel y con el patrimonio.
La corriente sindical en la cual militamos ha expresado, de manera oficial, su identificación y su convergencia con la agenda de lucha del Movimiento Rescate Nacional.
Seccional ANEP-Fuerza Pública inicia campaña de recolección de firmas para mejorar condiciones laborles de policías
Decálogo sindical del Bicentenario ANEP-ASDEICE
Al pie del monumento al Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, con ocasión de la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, las organizaciones sindicales Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Telecomunicaciones (ASDEICE), en este día sábado 1 de mayo de 2021 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; dieron a conocer el DECÁLOGO SINDICAL DEL BICENTENARIO ANEP-ASDEICE:
- Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
- Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.
- Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.
- Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.
- Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.
- Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.
- Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.
- Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.
- Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.
- Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.
Carta abierta de la ANEP para el Banco Central y para el Ministerio de Hacienda
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Atención señores Rodrigo Cubero Brealey y Elián Villegas Valverde.
1) Desde el año 2016 (este año incluido), los pagos por intereses de la deuda pública nacional, han pasado a ser el componente principal del déficit fiscal, por encima del monto correspondiente al llamado déficit primario. Al concluir el 2020, y por quinto año consecutivo, ese patrón se reitera.
2) Al momento de escribir esta nota, y según las cifras disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda, en el año pasado 2020, los pagos por intereses representaron un 4,8% como proporción del PIB (Producto Interno Bruto (PIB); mientras el déficit primario ascendía a un 3,5% PIB.
3) Si consideramos un punto PIB en la cantidad de 350 mil millones de colones tenemos que ese pago de intereses en el 2020, representó lo siguiente: 1 billón 441 mil 804 millones 600 mil colones (1.441.804.600.000), en intereses de la deuda pública interna. Si agregamos lo que se pagó de intereses por deuda externa, tenemos en total, 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000). Entonces tenemos que el pueblo costarricense pagó el año pasado, solamente en intereses de la deuda pública total del país, 4 mil millones 670 mil 300 colones, ¡al día! Y, escandalosamente se pagó por hora, 194 millones 595 mil 879 colones; en cifras cerradas, 195 millones de colones cada 60 minutos.
4) 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000), representa en moneda estadounidense, 2 mil 733 millones 834 mil 796 dólares (2.733.834.796). Esta cifra es superior, en 1.56, a la cantidad del préstamo en controversia, de los 1.750 millones $, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
5) La diferencia entre ambos datos (PIB déficit primario vs. PIB déficit intereses), resulta mucho más significativa, dado el contexto de pandemia y crisis económica, con altísimo desempleo, entre otros graves problemas socioeconómicos, que enfrentamos
6) El incremento sustancial en las demandas y necesidades que el sector Público debía atender, derivadas de tan adversas condiciones, justificaría, de sobra, un déficit primario más elevado. Y, sin embargo, lo que hemos presenciado es, no sólo que los pagos por intereses exceden ampliamente de ese déficit primario; sino que los esfuerzos de contención se concentran en reducir este último, mientras persiste una actitud de total pasividad frente a los abusivos pagos por intereses. Esto pone de manifiesto un peligroso sesgo ideológico en el manejo de la política económica por parte de las autoridades económicas de este gobierno, del cual sus despachos son componentes más que estratégicos.
7) Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de 200.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 mil 800 millones de colones, ¡al día! (4.800.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!
8) Las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.
9) En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5%, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75% ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?
10) Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.
11) Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?
12) ¿Por qué el Banco Central se niega a utilizar las herramientas de política a su disposición para hacer bajar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública? La ley lo faculta, en su artículo 52), inciso f), para intervenir en los mercados secundarios de deuda… ¿por qué no lo hace? Si la respuesta es que no debe hacerse porque ello podría implicar emisión de dinero que provoque inflación, nos veríamos en el deber de hacer ver que, desde abril de 2015, la inflación interanual se han mantenido la mayor parte del tiempo por debajo del 2%, y por momentos incluso en terreno negativo.
13) Es decir, ni siquiera alcanza el límite inferior de las metas de inflación definidas por el propio Banco Central. Es obvio que la inflación NO es un problema. Los problemas son otros: el desempleo, en primera instancia, como también estos pavorosos pagos por intereses ¿Por qué el Banco Central no se enfoca en los problemas reales, en vez de seguir perdiendo el tiempo en problemas inexistentes?
14) Si la inacción del Banco Central se justifica apelando a limitaciones que presuntamente la ley le impone, lo que corresponde es que el propio Banco Central promueva un cambio de las leyes ¿Por qué no lo ha hecho? Recordemos que las leyes deben estar al servicio de las personas y de la sociedad, y que, por ello mismo, si una ley causa daño, lo que corresponde es cambiarla. Dicho de otra forma: las leyes deben satisfacer las necesidades de la vida de la gente de carne y hueso, no las veleidades ideológicas de alguna gente. De nada nos sirve una ley que impone inmovilismo e inacción frente a situaciones tan manifiestamente dañinas como esta.
15) Es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.
16) Si el Banco Central ha sido capaz de poner a disposición de los bancos comerciales, inclusive los bancos privados, un fondo por ₡ 700 mil millones, ¿qué le impide hacer algo similar para respaldar el normal funcionamiento de la institucionalidad pública, de forma que ésta pueda atender, como es su deber y obligación, las acuciantes necesidades derivadas de la situación de crisis que enfrentamos? Negarse a hacerlo, cuando de previo se hizo para apoyar a la banca comercial, sólo se podría interpretar como una muy cuestionable opción ideológica.
17) Nos parece desatinada la idea de destinar los fondos provenientes del exterior, a la refinanciación de la deuda interna, apelando al pretexto de que ello permite cambiar “deuda cara” por “deuda barata”.
18) En primer lugar, como ya dijimos, es deber del Banco Central hacer que esa deuda cara, deje de serlo y se abarate. En segundo lugar, los recursos externos deben aplicarse a usos que reactiven la economía, generen muchos empleos y eleven la productividad. Eso es lo realmente importante, pero, además, es necesario para crear la capacidad de pago que nos permita en el futuro pagar esa deuda en moneda extranjera. Recordemos que, en el mediano y largo plazo, la deuda externa agrava la fragilidad y vulnerabilidad de la economía. La única manera de impedir que ello ocurra, es dándole un uso altamente productivo, no destinándola a la simple e improductiva refinanciación de la deuda interna.
19) Considerando la magnitud del pago de intereses de la deuda pública, cuyo carácter abusivo ya nadie puede negar en este país, es menester que sus autoridades nos brinden información acerca de la deuda pública según nuestra petición siguiente:
- Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.
- Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.
- Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.
- Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.
- Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.
- Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.
- Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.
- Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.
- Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.
- Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.
- Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.
- Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.
- Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.
- Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en párrafos anteriores y que aparecen subrayadas.
20) Han podido constatar sus dignas autoridades, que la información aquí peticionada es de extraordinario e inobjetable interés público; así como que las circunstancias político-económicas y sociales que vive el país en estos momentos, indican que la totalidad de la población costarricense tiene que ver, de un modo u otro, con las respuestas a nuestras interrogantes.
21) Esta solicitud de información la amparamos al Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; amén de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación al derecho ciudadano de acceso a este tipo de información.
In-seguridad ciudadana
Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP
En vísperas de un nuevo proceso de elecciones nacionales, volveremos a escuchar a los “expertos” hablar de las soluciones para mejorar en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. No faltara el que diga que, “en los gobiernos de su partido político hicieron las cosas bien”. Sin embargo, considera el suscrito en función de la experiencia, así como del análisis que he venido haciendo del tema, que la (in)-seguridad ciudadana ha venido sufriendo en el tiempo de un desmejoramiento paulatino que se refleja en todo el país.
Se habla mucho en medios de comunicación sobre las diversas operaciones que ejecutan los distintos cuerpos policiales del país, entre ellos, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Migración, Policía Fiscal, Policía de Tránsito, PCD, SVA y Fuerza Pública. Sin embargo, de todos ellos, el único que cuenta con una cantidad considerable de funcionarios es la Fuerza Pública. Por ejemplo, la Policía Profesional de Migración ronda los quinientos miembros, lo cual a todas luces resulta insuficiente para atender la demanda que se presenta en razón de sus competencias, ni que decir de la Policía de Control Fiscal con 150, la de Control de Drogas (PCD) y de la Policía de Fronteras. Encomiables esfuerzos hacen las personas que integran los cuerpos policiales con escaso recurso humano y logístico.
Históricamente el faltante de recursos se ha recargado sobre la “espalda” de los hombres y mujeres que se disponen a servir al país desde alguno de los cuerpos policiales citados, ello, violentando muchas veces sus Derechos Humanos y laborales; en el pasado no muy lejano, se nos hacía trabajar jornadas superiores a las doce horas diarias, sin que mediara para los efectos alguna emergencia nacional. En días recientes, presentamos una gestión de traslado para una funcionaria de la Policía de Tránsito, la cual se encuentra destaca en San José, al momento que su familia y su hijo de siete años se mantienen en Puerto Jiménez de Golfito; en menos de dos horas teníamos respuesta por parte del Sub Director de la Policía de Tránsito, indicando que no se podía conceder lo peticionado, hasta tanto se hiciera la contratación de 200 nuevos oficiales. No le dio importancia al interés superior del menor, que según la Convención Sobre Derechos del Niño y la jurisprudencia constitucional prevalece por sobre el interés público. Aunque es cierto, la Policía de Tránsito carece de personal en todo el país, así como de delegaciones dignas para el desempeño de sus labores. Situación similar se vive en la Policía de Fronteras, con poco personal y en delegaciones insalubres, podemos citar, por ejemplo: Punta Burica, Crucitas, Sixaola, que no reúnen condiciones idóneas para la permanencia de personas y, por ende, para el resguardo de la seguridad ciudadana.
Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, de la falta de oportunidades, se afectó el salario de nuestros policías con la entrada en vigencia de la Ley 9635, pero, tras cuernos palos, se les incluye también en la Ley Marco de Empleo Público. Al efecto, de materializarse dicha ley, los policías, en unos casos verán congelados sus salarios, en otros seguirán “creciendo” a cuenta gotas hasta alcanzar a los que quedaron “congelados”. Además, la Ley Marco de Empleo Público contiene varios capítulos que se deberían aplicar a los cuerpos policiales, por ejemplo, un modelo de evaluación por objetivos ¿qué se pedirá a nuestros oficiales? ¿Acaso se les pedirá que detengan vehículos y personas sin que existan los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal? Peligroso, porque la evaluación podría constituirse en una herramienta para amedrentar, acosar y afectar los derechos laborales de nuestros uniformados.
Por cierto, se plantea dicha ley como la tabla de salvación contra el déficit fiscal, al mismo tiempo que pululan los contrabandos y los evasores siguen haciendo de las suyas, ante una Policía Fiscal raquítica, con apenas 150 personas. No tengo la menor duda, de que la decisión y las ideologías políticas de los últimos años, tienen una relación directa con la incursión del crimen organizado y el empoderamiento del narcotráfico en nuestro país. Lo que no me queda claro, aun, es si esas decisiones han sido circunstanciales o motivadas en favorecer dicha situación. Porque, si algo tengo bien claro, es que, para favorecer la seguridad común, es primordial establecer políticas públicas que vengan a generar oportunidades, paralelamente, dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación, salario justo, certeza jurídica, y, en general mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.
