Elecciones 2022: pasar factura

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El domingo 6 de febrero de 2022, los y las costarricenses mayores de 18 años, estamos convocados para la elección de las personas que irían a gobernar el país durante el período constitucional 2022-2026. Estamos a 389 días para el día de las elecciones.

Se trata de la votación para la Presidencia de la República (tres personas); además de las 57 que conformarán la futura Asamblea Legislativa.

La institución sindical en la cual militamos ha decidido promover una campaña digital, por redes sociales (básicamente, aunque no de manera exclusiva), bajo el concepto PASAR FACTURA.

Se trata de fomentar una fuerte sensibilización política a fin de que quienes vayamos a votar en esas elecciones, hayamos realizado una especie de evaluación individual, familiar, sociolaboral, de cómo hemos sido tratados por los diversos partidos políticos que, en los últimos años, han estado en la Presidencia de la República, así como en el parlamento.

En este caso, Asamblea Legislativa, al menos, los partidos más connotados, tanto por ser gobierno y/o co-gobierno; como por ser de oposición de mentirillas, turecas, vendidos; o bien, con una trayectoria de real independencia y de lealtad a los valores comprometidos con las personas electoras a las cuales le pidieron el voto.

Tenemos que considerar que las amplias mayorías de la ciudadanía costarricense, especialmente el gran segmento de su clase trabajadora, ha sido víctima de reiterados engaños por parte de quienes le han venido pidiendo el voto, tanto en las pasadas administraciones gubernativas como en la presente. En ésta, la contundencia de la estafa política cometida es ya inobjetable.

Tales engaños, como indicamos, han representado verdaderas estafas electorales por cuanto quienes pasan a controlar, en la realidad política, tanto la Casa Presidencial como la Asamblea Legislativa, son integrantes “oscuros” de grupos económico-financieros; que no compitieron por votos, sino que se acercaron a las candidaturas diversas con posibilidades de ser electas para darles plata y para posicionar sus agendas particulares que, en términos generales, no son ni las del bien común ni las de la inclusión social y económica.

PASAR FACTURA significa hacer un balance de cuáles partidos, cuáles personajes gobernantes procedentes de los mismos, colocados en los poderes Ejecutivo y Legislativo; se han encargado de empobrecerle a usted y a su familia; le han rebajado-escamoteado su salario; le han arruinado su micro-pequeña y mediana empresa con impuestos abusivos y excesivos; le han dejado sin su terrenito o propiedad agrícola o se lo tienen a punto de perderlo ante la voracidad sin límite de los banqueros…

Se trata de PASAR FACTURA a quienes, le tienen sin empleo porque han sido incapaces de generar la reactivación económica urgente que necesita el mercado interno; especialmente, PASAR FACTURA a los partidos de esos gobernantes insensibles e incapaces de generar trabajo para las miles de personas jóvenes que, sin oportunidades de trabajo y salario decentes, van a parar en la delincuencia y/o en las garras del crimen organizado y del narcotráfico.

Particularmente a nivel del empleo público, las 330 mil personas trabajadoras asalariadas estatales, junto a las personas mayores de edad que integran sus correspondientes familias (alrededor de 1 millón 320 mil personas), deben disponerse a PASAR FACTURA a los gobernantes actuales y a las personas diputadas de la presente Asamblea Legislativas que han venido denigrándolas, calumniándolas, difamándolas, insultándolas, humillándolas, con la serie de comentarios, normas, decretos y legislación contraria a sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas; al punto de que están cayendo en violaciones a elementales Derechos Humanos, si nos atenemos a la serie de tratados internacionales que en la materia Costa Rica ha firmado y que son de obligado cumplimiento para el sistema jurídico-constitucional del país.

PASAR FACTURA, en el caso de quienes laboran para el sector Público, implica estar ya observando y anotando cómo se está dando y quiénes lo están ejecutando, el festín ideológico de los grupos de enorme poder económico-financiero que controlan la Casa Presidencial y el parlamento actual, mediando sus operadores políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo; desarrollando estos personajes de carne y hueso, un estrepitoso aquelarre fiscal, en conciliábulos carentes de toda ética y moral como los que han definido los recortes presupuestarios triple “i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables, que están ya golpeando, seriamente, programas sociales sensibles para los grupos de personas costarricenses en gran vulnerabilidad económica. Muchísimo más nos queda para comentar y PASAR FACTURA.

ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu

La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.

Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.

Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.  

Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.    

En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.

ANEP presenta inconstitucionalidad para evitar que trabajadores se queden sin salario por deudas

Esto se debe a que la asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Por considerar que su redacción atentaba contra el salario mínimo inembargable de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, así como pensionados. Al permitir al patrono y a las instituciones crediticias aplicar deducciones al salario que abarque la totalidad de la remuneración del trabajador.

Empleo Público: Trituran la Constitución, la ley y el derecho internacional

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, debe tener todas las atribuciones en última instancia, la teoría según la cual el Presidente debe ejercer la jerarquía única de la Administración, esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, la que busca evitar la concentración del poder, es la tesis democrática.” (Actas Asamblea Constituyente).

Estas sabias palabras fueron pronunciadas durante las discusiones parlamentarias de la asamblea constituyente que estableció la Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949; criterio que expresó al diputado constituyente Rodrigo Facio Brenes, figura muy reverenciada en los ámbitos de la socialdemocracia costarricense, cuando ésta animaba las acciones políticas del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional (PLN).

Las sabias palabras de don Rodrigo Facio Brenes nos la recuerda el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, quien estima que a él se le puede considerar como el constituyente más lúcido y de mayor convicción democrática de ese proceso histórico que nos diera lo que se conoce en la historia oficial como la Segunda República.

A 71 años de que don Rodrigo Facio Brenes emitiera tan sabio concepto, acerca de la organización de un Estado democrático, al país se le quiere imponer una legislación, la Ley Marco de Empleo Público, de corte totalitario-autoritario, verticalista y absolutista, que arrasa con las autonomías institucionales establecidas en la Carta Magna de 1949, precisamente para evitar la concentración del poder. El legado de ese ilustre ciudadano está en el cajón de la basura de alguna esquina sucia del Balcón Verde.

Estamos viviendo tiempos tormentosos dado que la plutocracia gobernante, ya no solamente controladora del poder hegemónicamente real que le permite hacer lo que le da la gana con la Casa Presidencial y con la Asamblea Legislativa; quiere la constitución legal-formal de ese Estado de corte totalitario-autoritario, para hacer triunfar su tesis liquidacionista de toda política pública que procure el bien común; dando paso a la dictadura ideológica, político y económica, del todo mercado-nada Estado. En su perverso afán, están triturando la Constitución y la Ley.

Pero, ¡van más lejos aún! Han decidido ignorar las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel de la comunidad mundial de naciones, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

La OIT se muestra alarmada con los contenidos autoritarios-totalitarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público. La importante instancia de OIT, conocida como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR-OIT), en su reunión del pasado diciembre 2020, misma que consideró reiteradas denuncias de sindicatos costarricenses sobre este tópico; nos lleva a determinar lo siguiente: A) El proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, violenta el Convenio No. 98-OIT. B) El esquema de salario único global quebranta este instrumento internacional de Derechos Humanos, porque impide la negociación colectiva de las remuneraciones. C) El proyecto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

Las personas y los sectores impulsores, ideológico-políticos, de la Ley Marco de Empleo Público, no solamente está triturando la Constitución y la Ley nacional, sino que también han decidido pasarle por encima a las obligaciones internacionales del país en la materia laboral-social y de Derechos Humanos.

Esta especie de coalición transgresora de los valores inmanentes a los postulados constitucionales de 1949, como nos lo dejó sentados el constituyente don Rodrigo Facio Brenes; así como también trasgresora de la vocación soberana del país para con el respeto pleno a los postulados contenidos en todos los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; posibilita que consideremos mecanismos democráticos de alta calidad conceptual en el plano político, como la Desobediencia Civil para la defensa popular.

Puede ser que esté llegando la hora de que este tipo de mecanismos de defensa popular merezcan debate activo, como para que en el seno de los sectores cívico-populares y socio-sindicales, no alineados con el totalitarismo-autoritario en proceso, pero sí con la real democracia, empecemos a hablar de ellos con fuerte convicción de su materialización concreta en el estado actual de situación que muestra una plutocracia desbocada, en carrera loca, contra toda racionalidad.