En aras de tener un excelente clima laboral y brindar un buen servicio la seccional de la Muni de Goicoechea lanzó una campaña denominada: «Con mi actitud hago la diferencia.»
Autor: ANEP
Reinstalación definitiva de chofer de Tapachula
El FMI y Óscar Arias Sánchez
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.
Fue éste uno de los principales “argumentos” de la demagogia de Óscar Arias Sánchez, cuando en el ejercicio de su segunda Presidencia de la República (2006-2010), se metió de lleno en la campaña a favor de que el país tuviera un tratado de “libre comercio” (TLC), con los Estados Unidos.
Los indicadores sociales y económicos que tenía el país a la llegada de la pandemia del covid-19, en marzo de 2020, daban cuenta de que el tal TLC no vino a contribuir, de manera sólida, a la inclusión económica y social.
A esa fecha, por ejemplo, el desempleo era ya altísimo, especialmente en el ámbito de la población joven; la informalidad se acercaba al 50% de la Población Económicamente Activa (PEA). ¡Y ni qué decir del alto déficit fiscal y el crecimiento fuerte de la deuda pública, sin que se hubiesen dado cambios profundos en el sistema tributario!
“Denme el TLC y yo les doy la reforma tributaria”, fue otra frase de campaña a favor de ese TLC que utilizó Óscar Arias Sánchez. La demagogia de la misma, así como las terribles consecuencias que implicó no hacer esa reforma tributaria, hoy, a 13 años de la aprobación (imposición de dicho tratado), nos tiene al borde de un colapso fiscal cercano al default.
Bien sabía el indicado político que, con ese tipo de TLC, el país perdería entre 2 puntos y 2.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), en impuestos que el fisco dejaría de percibir por el proceso de desgravación arancelaria (potenciado por el “clásico” desastre del Sistema Aduanero Nacional). Nunca se repuso ese faltante fiscal y nunca llegó la reforma tributaria que el país necesitaba… y sigue necesitando hoy más que nunca.
Don Óscar Arias Sánchez, los grupos económico-financiero de los cuales es él representante y vocero, así como los medios del negocio de las noticias practicantes del periodismo de odio que siempre le han respaldado; tienen una enorme responsabilidad por el grave proceso involutivo que sufre la sociedad costarricense de la actualidad, al punto de que estamos ubicados dentro del grupo de diez países más desiguales del planeta.
Él, que tiene una cuenta pendiente que saldar con los sectores pobres y desposeídos del país; e incluso, ahora podemos agregar a los sectores medios, tiene menos autoridad moral que nunca antes cuando está abogando porque el país se enjarane más todavía con el préstamo que se le quiere imponer a la población, del crédito de los 1.750 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», dice el señor Arias Sánchez. Y nosotros nos preguntamos: ¿A cuál país? ¿Al país de 8 puntos PIB de robo de impuestos? ¿El país de 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales abusivas? ¿Al que está en el Top 10 de los más desiguales del planeta?
“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», ¿A cuál país? ¿Al de las zonas francas con 379 mil millones de colones 17 en exenciones? ¿Al de los banqueros que multiplican hasta en un 168% sus ganancias mediando los intereses de la deuda pública?
Con un nivel de endeudamiento público imposible de pagar, al menos en la forma brutal en que lo vienen haciendo, con ese indescriptiblemente perverso pago diario de intereses (cerca de 5 mil millones de colones cada 24 horas); un ciudadano como Óscar Arias Sánchez, debería estar procurando un proceso nacional acercamiento entre los sectores sociales y políticos cada vez más confrontados entre sí; y no, atizar él la hoguera de la confrontación, agregando más leña al fuego de la confrontación, con la propuesta fondomonetarista que no vendrá a resolver el problema de fondo, sino que lo agravará.
La verdad es que no otra cosa se esperaría del señor Óscar Arias Sánchez, considerando que él es parte privilegiada en la Costa Rica atormentada por la exclusión y por la desigualdad. Él se siente “águila” y los caracoles que se caigan por el despeñadero.
Motos saturan patios municipales
Fuente: Diario Extra
Si se da un incendio o una situación en la que el edificio de la Policía Municipal y Control Vial de Alajuela deba desalojarse de forma rápida, los oficiales podrían correr el riesgo de sufrir lesiones y hasta de perder la vida.
Esto se debe a que todo el edificio y áreas alrededor está lleno de motocicletas que fueron decomisadas y no tienen lugar para almacenarlas.
Varios oficiales, quienes pidieron protección de su identidad, denunciaron la situación ante DIARIO EXTRA pues consideran que ya no cabe ninguna motocicleta más en el inmueble.
“Las zonas para evacuación están llenas de motos, atrás hay un charral, había una plaga de gatos, hay plaga de comején, la gasolina y el aceite de las motos cayeron sobre un tanque de agua, se filtró todo ese material de combustible y la grasa del aceite se mezclaron con el agua que lo jalan las bombas”, explicó uno de los denunciantes.
La situación les genera una incertidumbre pues desconocen si dicha filtración llega a los tanques del agua potable.
Incluso la acumulación de motocicletas impedía que se diera mantenimiento en aspectos como cortar el césped, explicaron que solo pudieron hacerlo hace poco debido a que se movieron algunos vehículos y, por ende, aprovecharon para estas labores.
“La oficina está llena de motos, los pasillos a veces también, en las puertas muchas veces están las motos pegadas, están en el reloj marcador de entradas y salidas, y en el comedor y el patio también, uno no puede ni ir porque hasta con candado están los portones, en un incendio o terremoto y uno se muere uno ahí”, añadió otro denunciante.
Incluso les preocupa que las motocicletas estén cargadas con combustible, pues los vuelve más vulnerables a una emergencia.
La situación se estaría dando en este edificio en vista de que el plantel está lleno, hay motos encima de otras y hasta de carros.
Pese a lo que ocurre se siguen dando los decomisos, en un crítico escenario que se da desde hace varios años.
No obstante, las labores no pueden detenerse pues en muchos casos son motos robadas, utilizan placas que no corresponden, no están al día, eran conducidas por menores de edad o por personas sin licencia, personas bajo los efectos del licor.
“Tiene mucho tiempo de estar ahí”, reconocieron.
Los oficiales denunciantes aseguraron que la alcaldía de Alajuela conocía el tema, pero desconocen los oficios que se remitieron en torno a lo que ocurre, lo único que saben es que no les han dado una solución que mejore el espacio que comparten los miembros de la Policía Municipal y del personal de Control Vial.
Fotos:
Empresa Tapachula hace discriminación a trabajador reinstalado
Fotos: Funeral de la Democracia
Tribunal ordena reinstalación de trabajador despedido en Municipalidad de Dota
ANEP y Municipalidad de Guácimo renegocian Convención Colectiva
Las negociaciones dentro de la municipalidad de Guacimo van a paso firme, según detallaron los funcionarios de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) quienes trabajan junto a la administración.
Por este motivo ya se han desarrollado tres reuniones mediante las cuales se han presentado las solicitudes pertinentes y por parte del alcalde junto a su equipo legal se han recibido para analizarlas.
A pesar de las diferentes situaciones negativas por las que el país atraviesa, se ha manifestado una buena recepción por parte de máximo jerarca, pero aún no se ha cerrado la renegociación.
Seccional AyA no vislumbra cambio positivo con nuevo Presidente Ejecutivo
Empleo público: golpe de Estado parlamentario a la constitución
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con la tramitación del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Se trata de una agresión de carácter ideológico a la institucionalidad fundamental de los postulados fundacionales de lo que la historia oficial registra como la Segunda República.
Por una parte, tenemos que las personas diputadas conformantes de la Asamblea Constituyente que, en 1949, promulgaron la actual Carta Magna de la República, decidieron que no debería Costa Rica seguir teniendo un Estado central, vertical-autoritario, con una figura presidencial todopoderosa.
Se optó por distribuir el poder público, mismo que hasta la llegada del doloroso conflicto-guerra civil de 1948, tenía el control total “de vidas y haciendas”, hasta el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Tal estado centralista, verticalista-autoritario, tiene mucho que ver con la voladera de balazos entre compatriotas, ocurrida en ese año 1948.
Por tanto, establecieron que la administración pública del país dispersara su poder y se caracterizara por las autonomías; naciendo las autonomías de las universidades públicas, la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las propias instituciones autónomas y la del régimen municipal. Tales autonomías se caracterizaron por diversos grados de independencia con relación al poder central del Estado.
Lamentablemente, tales corrientes ideológico-políticas, de un Estado central, todopoderoso, han vuelto a tomar fuerza después de muchos intentos en estos años de lucha cívico-popular en defensa del Estado Social de Derecho. Esta denominación, Estado Social de Derecho, es el concepto filosófico, político y jurídico para calificar la institucionalidad republicana que nació el 7 de noviembre de 1949, cuando se promulgó, repetimos, la Constitución Política todavía vigente.
Con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, están impulsando este Golpe de Estado parlamentario al carácter del Estado que quedó plasmado en la Constitución Política de 1949.
Por otra parte, con la Ley Marco de Empleo Público se ataca el corazón del sistema democrático reconocido universalmente: la separación de poderes. “Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás”. Así consignado en su obra máxima El espíritu de las leyes. (https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-origen-y-la-evolucion-de-la-separacion-de-poderes).
Tal equilibrio y contrapeso entre los tres poderes supremos del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), es vulnerado, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será uno de ellos, el Ejecutivo, el que tenga el poder sobre los otros dos, el Legislativo y el Judicial, en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada, teniendo implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno (Poder Ejecutivo: Ministerio de Planificación y Política Económica -Mideplan- y Dirección General de Servicio Civil).
Este Golpe de Estado parlamentario, actualmente en desarrollo en el propio seno del primer poder de la República, el Legislativo, tiene mucho que ver con la acción política de gran agresividad que se ejecuta en el país en contra del bien común y en contra de la inclusión económica y social, por parte de las fuerzas del gran capital.
Éste se ha empoderado demasiado luego de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y la traición del Partido Acción Ciudadana (PAC) a sus postulados fundamentales fundacionales: enfrentar al neoliberalismo en la política pública, especialmente; e imponer la ética y la transparencia en la función pública atacando sin piedad a la corrupción. Hacia el término del segundo gobierno PAC, es contundente el juicio ciudadano de que se entregó al neoliberalismo y de que terminó coludido con la corrupción como sucedió con el PLN y con el PUSC.
La campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica desplegada en los últimos años en contra del empleo público, creó el escenario “ideal” que posibilita el trámite parlamentario del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público; notándose un comportamiento legislativo de rebaño en la mayoría de las actuales personas diputadas que, con gran desconocimiento de la historia Patria, mocionan y votan según un titular de periódico.
