Autor: ANEP
Municipalistas firmes en oponerse a nueva violación a su autonomía
- Personal municipal asume reto institucional histórico
- ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades
Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.
El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.
La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.
El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.
Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.
La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.
La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.
San José, lunes 25 de enero 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
197 millones de colones por hora: intereses de la deuda pública
Albino Vargas Barrantes Secretario General (ANEP)
El Ministerio de Hacienda acaba de dar a conocer las principales cifras macro-fiscales del recién pasado año 2020. Cada vez que su máximo jerarca político, con Elián Villegas Valverde abre la boca para hablar de todos estos temas y sus aspectos conexos, uno siente mucha desconfianza pues su credibilidad está muy mermada, a raíz de sus contradicciones públicas con otras personas integrantes del gabinete ministerial y su equipo económico.
De los datos que dio a conocer, queremos llamar la atención en uno de ellos: es el pago de los intereses de la deuda pública. El pasado año 2020, hubo que pagar a sus acreedores, solamente por concepto de intereses, una cantidad difícil de imaginar: 1 billón 700 mil millones de colones. Ni un cinco fue para amortizar al principal de esa deuda pública.
En números, esa gran cantidad se representa así: 1.700.000.000.000.
Esta espeluznante carga de fondos públicos, destinados solamente a pagar intereses de la deuda pública, se puede desglosar de la siguiente manera:
141 mil 666 millones, 666 mil 666 colones, POR MES (141.666.666.666).
4 mil setecientos veintidós millones, 222 mil 222 colones, POR DÍA (4.722.222.222).
196 millones 759 mil 259 colones, POR HORA (196.759.259).
3 millones 279 mil 320 colones, POR SEGUNDO (3.279.320).
En múltiples ocasiones y desde hace ya bastante tiempo, la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana, ha venido insistiendo en la brutalidad de la agresión a las finanzas públicas que representa el altísimo endeudamiento público y la terrible carga de su pago de intereses.
Lo que nos pasó en el 2020, según usted puede ver en el detalle de las cifras indicadas en el párrafo anterior de este comentario, es la constatación más dramática de esta especie de crimen contra toda la sociedad que significa esa deuda-país, cercana ya a los 40 mil millones de dólares.
1 billón 700 mil millones de colones en pago de intereses, solamente en el año 2020, equivale a la no menos gigantesca cantidad de 2 mil 764 millones 227 mil 642 dólares. Dicho de otra manera, 2 mil 765 millones de dólares en pago de intereses, es 1.85 superior a la cifra de 1.750 millones de dólares del ya polémico crédito que se le quiere imponer a la sociedad con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, el pago de intereses de la deuda pública el año pasado, es casi dos veces la cantidad solicitada por el gobierno al FMI.
No es el salario de las personas trabajadoras asalariadas lo que nos llevó hasta aquí. Gran parte de la responsabilidad del desastre fiscal que obliga a tan espantoso pago de intereses de la deuda pública, tiene que ver (entre otros aspectos), con la no menos corrupta evasión y elusión fiscales de la última década, anterior al año de la llegada de la pandemia al país.
Hablamos de que durante la década 2010-2019, se dio, en promedio anual, un fraude tributario del orden de los 3 mil 800 millones de dólares. En esos diez años, por coincidencia macabra, los depósitos del público en moneda extranjera, en los bancos públicos y privados, era de una cantidad muy cercana, a la suma de los recursos que el fisco nunca recibió en esa década 2010-2019. ¿Qué conexiones hubo? Sería muy interesante tener plena claridad en algún momento.
Hoy, ante el panorama fiscal y ante el riesgo para el país de quedar atrapado en las redes del FMI (por más que ahora intenten vendernos su nueva imagen), hemos llegado a la más fuerte convicción de que no habrá solución a la crisis fiscal nacional que está en desarrollo, sin atender, con bisturí político de fuerte consistencia, el tema de la deuda pública y de su pago de intereses estratosféricos.
Hay que hacer reingeniería financiera de esa deuda; reestructurarla de múltiples formas, pero no para su manejo gubernativo-circunstancial; sino para detener el estrangulamiento de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo. Hay que proceder a redefinir las tasas de interés que el Estado está pagando por esa deuda. En términos más integrales, el tema fiscal requiere de un real pacto fiscal.
No se vale seguir sacrificando “a los y a las de abajo”, llevándose ya, también, hacia el despeñadero a “los y a las de en medio”; en aras de seguir preservando un perverso y catastrófico “status quo” de la deuda pública con esa carga de intereses imposibles de seguir pagando a las tasas actuales, por una parte; y por otra, sin modificar para nada el fraude tributario estructural. La discusión y la solución debe ser integral.
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Intereses: Ahora son 230 millones de colones por hora
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Durante cada hora de cada uno de los 365 días del pasado año 2020, los intereses de la deuda pública del país, obligaron al Gobierno Central-Ministerio de Hacienda, a erogar la gigantesca cantidad de 195 millones de colones cada 60 minutos. El impacto negativo en los más diversos programas gubernamentales del Estado central, especialmente los más sensibles como Seguridad, Educación y Salud, tiene ya manifestaciones claras.
La línea ideológica principal de la clase plutocrática gobernante es, primero que todo, pagar intereses de la deuda. Todo lo demás es secundario; incluyendo las necesidades más apremiantes de las personas ya excluidas o en proceso de serlo, de la exitosa integración social y económica que el país tuvo antes de que el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal empezara a envenenar las acciones de política pública basadas en la búsqueda y en la promoción del bien común.
Para este año 2021, el año del Bicentenario, el pago por hora de intereses de la deuda pública es de 230 millones de colones por hora; calculados con base en que esa erogación representará 5.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); y que cada punto porcentual del PIB representó, en el 2020, una cantidad de 359.800.000.000 millones de colones, según dato que nos proporcionara el doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, prestigioso académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Se dio a conocer en pasadas horas que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le otorgó a Costa Rica un nuevo préstamo, por la cantidad 1.778 millones de dólares, lo cual implica dos cosas: crecerá la deuda pública del país y crecerá la carga de intereses de la misma. Por cierto, siempre estuvimos convencidos de que tal préstamo no era necesario, que acudir al FMI no se necesitaba. Connotadas personalidades también lo estuvieron planteando.
Debemos hacer un esfuerzo para comprender qué persigue la clase plutocrática gobernante y sus personajes operadores políticos instalados en la Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa, con esta carrera loca en estar propiciando más endeudamiento público.
Lo primero que tenemos que tener presente es que este asunto de la deuda pública, del brutal pago de intereses que la misma exige, ahora a razón de 230 millones de colones cada 24 horas, es un gran negocio en el seno de los sectores oligárquico-financieros de la plutocracia gobernante. Las operaciones de bolsa, mediando firmas de valores y bufetes “selectos”, dejan jugosísimas ganancias para pequeños grupos de poder con conexiones políticas al más alto nivel.
Por tanto, no hay interés objetivo alguno en que el problema fiscal del país se arregle; por el contrario, lo que se busca es que el mismo esté dentro de parámetros controlables para evitar que a esos sectores oligárquico-financieros se le salga de control. Garantizar esto, es tener la seguridad de que el flujo de recursos a esos sectores pudientes se mantenga y se acreciente.
Lo segundo que tenemos que tener en mente es que, de conformidad con la ideología de la clase plutocrática gobernante, esa que podemos resumir en la frase-concepto todo mercado-nada Estado, no es concebible que todavía existan como propiedad pública una serie de instituciones estatales que generan altas rentas. Hablamos del ICE, del INS, de AyA, de los bancos públicos (de Costa Rica y Nacional, especialmente), de Correos, de FANAL, de Recope y, por supuesto, de la Caja.
Según la Contraloría General de la República (CGR), cuya jerarquía política máxima trabaja, de manera ideológica, al servicio de la clase plutocrática gobernante, varias de estas empresas públicas generaron, de manera conjunta, al 30 de octubre recién pasado, un superávit de 7 mil millones de dólares; suma está más que apetecida por esos sectores plutocráticos, hoy en el control total de la hegemonía política de la institucionalidad funcional de la República.
Así las cosas, no es nada descabellado pensar que existe una articulación ideológicamente diseñada, materializada en una estrategia política operativizada mediando el control de los poderes formal del Estado (especialmente, el Ejecutivo y el Legislativo), e impulsada a través de la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del sector Público (a partir del tema del empleo público); para llevar al país al borde de una deuda pública imposible de pagar y de una amortización de intereses más que explosiva de las debilitadas finanzas públicas del Estado central, a fin de decirle a la ciudadanía que la única forma de evitar el “cataclismo apocalíptico del fin de los tiempos”, es vender los activos del Estado, básicamente los que acabamos de mencionar.
Esta articulación ideológicamente diseñada incluye, por supuesto, no hacer nada en materia de evasión y de elusión fiscal-tributaria; como tampoco, en no hacer nada en el campo de las exenciones-exoneraciones empresariales abusivas. Todo esto junto, anda por el orden de los 14 puntos PIB. Si tan sólo se intentara recuperar la mitad; o tan sólo un tercio, otro gallo cantaría en el ámbito de las alicaídas finanzas públicas del Estado central. La conspiración de la plutocracia gobernante está en pleno desarrollo.
Reacción de la ANEP tras conocer el acuerdo entre el Gobierno y el FMI
Pasar factura: el caso del PLN
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
En el período constitucional de la actual Asamblea Legislativa, 2018-2022, hay un partido político que ha sobresalido, a través de su fracción parlamentaria, en el ataque desalmado contra las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: es el Partido Liberación Nacional (PLN).
Sabemos que todavía quedan en el PLN ciudadanos y ciudadanas que, pese a la traición de los originales valores socialdemócratas por parte de la cúpula ideológico-política que lo hegemoniza en la actualidad, siguen creyendo en el ideal liberacionista; sin embargo, no cuentan, no tienen peso, no inciden en el rumbo anti-obrero de este partido político, al cual se le atribuye gran parte de la institucionalidad republicana establecida, centrada en un Estado Social de Derecho, hoy en proceso de extinción.
Estamos promoviendo una campaña (básicamente digital), de sensibilización política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero de 2022; estando ya a 382 días de esos sufragios; pretendiendo que, al momento de emitir el voto, procedamos a PASAR FACTURA a los actuales partidos políticos del co-gobierno en cuanto a la agresión que han sufrido los derechos laborales y económico-sociales de las personas trabajadoras, particularmente las del sector Público. Tal agresión anti-obrera también la ha sufrido y la sufre, la clase trabajadora asalariada del sector Privado.
Sin duda alguna es el PLN y su fracción parlamentaria (con honrosas excepciones), el que ha liderado, y lo continúa haciendo, el ataque artero al sector público, a su institucionalidad, así como el mundo obrero que en él labora.
Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018; impuesta con diversas triquiñuelas de orden parlamentario y constitucional; legislación que tanto daño ha causado.
Fue la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora, político-ideológica y político-operativa, de la ley antihuelgas o ley mordaza, cercenando así un derecho humano universalmente reconocido de obligado cumplimiento para el país; así como violentando legislación obrera internacional de diverso orden.
Y, en estos momentos, es la fracción parlamentaria del PLN, la principal gestora político-ideológica y político-operativa de la actual legislación en trámite sobre empleo público; mostrando una fuerte carga contra la integridad psicológico-emocional, la seguridad laboral-social y económico-financiera de las 330 mil familias asalariadas del sector Público; ejecutando el PLN esta ofensiva en coordinación estratégica con el periodismo de odio y sus principales expresiones mediáticas.
Esta perversa tríada de legislación (el combo fiscal, la ley anti-huelgas o ley mordaza, y el proyecto de empleo público), llevan el sello liberacionista, el sello del PLN; y, las tres representan la última fase en el proceso de su degeneración político-ideológica para convertirse en un partido neoliberal en el amplio sentido del término.
Ha sido la fracción parlamentaria del PLN (con honrosas excepciones), la ejecutora principal de este ataque artero contra la clase media, hoy sumamente vulnerada, ligada al sector Público; pues no solamente ese ataque ha sido contra quienes laboran en él y sus familias, sino también a las micro-pequeñas y medianas empresas que han ayudado a destruir, con su co-gobierno ejecutivo y legislativo con el PAC.
Precisamente, el PAC ha jugado, ejerciendo el Gobierno y su desteñida fracción, un penoso rol de partido vasallo, de furgón de cola, recibiendo línea directa del PLN en cuanto a la indicada tríada perversa de legislación, entre otros ámbitos nefastos del período gubernativo todavía en curso.
Por eso, en esto de PASAR FACTURA de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 6 de febrero de 2022, el PLN y sus candidatos representan la colectividad partidaria que más es merecedora de reclamo cívico por parte de la persona votante del sector público y sus familias. Y, sin lugar a dudas, este PASAR FACTURA debe extenderse al voto trabajador del sector laboral privado. El PLN y su fracción, con su co-gobierno con el PAC, son responsables directos de la precariedad salarial, del desempleo, de las reducciones abruptas de jornada, de la quiebra de cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas.
Otros partidos políticos con representación parlamentaria, como el PUSC, también merecen severa auscultación obrero-social en esto de PASAR FACTURA en las votaciones del 6 de febrero. Sin embargo, es el PLN y su partido vasallo, el PAC, los que han estado y siguen estando en la ofensiva anti-obrera más descarnada, desde que fuera el propio PLN, el partido líder y gestor ideológico de la Segunda República, surgida en 1949.
Cuesta creer que en esas elecciones hubiese alguna persona trabajadora asalariada del sector Público, y sus familiares, que le diera su voto en el 2022. Definitivamente, en cuanto a PASAR FACTURA, es el PLN la entidad partidaria a la cual hacer el más duro y mayor cobro cívico.
La pobreza sigue teniendo rostro femenino…¿hasta cuándo?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El espacio de esta semana lo hemos cedido a nuestras estimadas compañeras de lucha María Laura Sánchez Rojas y Lorena Chavarría Martínez, con su comentario compartido a propósito del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; y como homenaje de nuestra parte a las compañeras luchadoras sociales integrantes de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP y las que forman parte del equipo político-técnico de la gestión cotidiana de la agrupación.
“Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”
Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.
Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.
Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.
Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)[1], nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.
A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.
Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?
Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.
Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…
[1] https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/coeceivt2020.pdf
