Autor: ANEP
¿Y si el FMI les dice no?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Es ya conocido que la oposición a un eventual “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por parte de la amplia diversidad de sectores populares, es contundente.
En el caso del Sindicalismo, hasta los líderes afines al Gobierno, están en contra…. Al menos de la boca para afuera, lo cual es “peligroso”.
No obstante, el punto es éste: Dentro de la camarilla gobernante, la del real poder, la que tiene el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay personajes de influencia que abrigan la idea de que el FMI no acepte la propuesta que le va a entregar Alvarado Quesada a cambio de que se le “preste” al país los tan cacareados 1.750 millones de dólares.
Es decir que tales sectores dentro de las esferas de la hegemonía política reinante, preferirían que el FMI descalifique al país para que, ahogado éste en su frenesí de atender la deuda pública y su obsceno pago de intereses a cómo dé lugar; tenga que pedir un préstamo “rescate” al Fondo Monetario Internacional pero bajo los parámetros clásicos y fundamentalistas que ellos han acostumbrado; por ejemplo, las privatizaciones abiertas de empresas públicas, eufemísticamente llamadas “venta de activos”.
Que las tasas de interés se incrementen sustancialmente, por una parte; y por otra, que la inflación y la devaluación se disparen, es una carta que consideran los grupos más retrógrados y más inconscientes dentro del bloque que, repetimos, está controlando las decisiones de política y de macroeconomía determinantes.
Esto hace que venga a nuestra mente la posición que, en el período legislativo constitucional anterior, una legisladora (cuyo nombre ni siquiera vale la pena recordar), hizo pública; indicando que era preferible una catástrofe fiscal total para que, sobre las ruinas de la economía, se pudiera construir el “nuevo orden” de la sociedad costarricense, mismo que, por supuesto, es el de la exclusión social y económica radical.
Sin duda alguna, los momentos que estamos viviendo, precisamente en el año del Bicentenario de la independencia política con respecto a España, son sumamente delicados. Jugar con fuego podría ser devastador hasta para esos malos costarricenses que estarían prefiriendo la debacle generalizada en los ámbitos político, económico y social.
Quienes adversamos el “convenio” con el FMI lo hacemos porque estamos convencidos de que, a la tica, podríamos hallar soluciones al problema fiscal: negociadas, pausadas, equitativas y sostenibles. Además, existen personas y entidades de renombre, sumamente calificadas, que han venido expresando el sinnúmero de alternativas viables para atender el desafío fiscal nacional del momento sin los extremismos que albergan los sectores económico-financieros que impulsan una visión de la sociedad costarricense de gran distancia con respecto a las herencias acumuladas de nuestra idiosincrasia.
No podemos dejar de pensar que, por tanto, acudir al FMI sea una estrategia perversamente diseñada en los más oscuros intersticios del círculo del gobernante; con la premeditación funesta de que tal entidad descalifique la solicitud del préstamo de los 1.750 millones de dólares; y, sobrevenga, por tanto, la cascada maléfica de descalificación internacional para con las cifras fiscales del país y, por tanto, de par en par, quede abierta la operación rescate de las finanzas nacionales.
Jóvenes participaron en el III Conversatorio de Juventud ANEP
Albino Vargas Barrantes: «Acuerdo con el FMI, estafa y embuste de Carlos Alvarado»
Necesitamos proyectos serios, no los “mantequilla”
Posiblemente, muchos (as) recordaran aquella época en la que uno era parte de un grupo, en el cual, la mayoría eran de una edad superior, a los más pequeños nos decían, “usted juega, pero usted es mantequilla”. Lo anterior, es traído a colación en razón del proyecto impulsado por la diputada Zoila Rosa Volio, para el uso del polígrafo en los cuerpos policiales; dicho proyecto me regresó a esa época, para los efectos le llamaremos “el proyecto mantequilla”.
En la Asamblea legislativa fue aprobado el proyecto 21490, disque para determinar la idoneidad de las personas que quieran ingresar a las fueras de policía e inclusive, para detectar posibles “filtraciones” al narcotráfico. En sus discursos, la diputada insistió en que la utilización del polígrafo serviría para identificar si algunos oficiales le pasan información al crimen organizado (cajita blanca), olvida la diputada que tal conducta la pueden desplegar otros funcionarios del sistema de justicia, que no fueron incluidos en el proyecto mantequilla. Además, la diputada Volio reitero en el programa siete días radio, que dicha herramienta no podría ser usada para sancionar o para excluir a futuros aspirantes de policía.
Efectivamente, cita textualmente la nueva legislación “Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados del polígrafo en procesos judiciales”.
¿Entonces cuáles serían los efectos de su aplicación? Indudablemente, la estigmatización, la exclusión y el reproche, pero, de la misma forma en que se dan en la actualidad, solapadamente al amparo del “régimen de excepción”, sobre el cual se basan para perjudicar a los funcionarios con un traslado que los aleja a cientos de kilómetros de sus hogares, cuando plantean alguna inconformidad o la defensa legitima de un derecho. Aunque la misma legislación “mantequilla” establece que la prueba de polígrafo es voluntaria, en el momento de que algún funcionario se rehúse en aplicarla, no solamente será estigmatizado, será señalado, acosado, perseguido, porque en el Ministerio de Seguridad Pública la presunción de inocencia se invierte, opera la presunción de culpabilidad, el acusado de haber cometido alguna falta, debe demostrar su inocencia.
La promovente de dicho proyecto se dice afín a los policías, posiblemente lo sea, pero a los de la alta jerarquía, porque su iniciativa no viene a favorecer en nada el bienestar de la población policial, por el contrario, le aporta un insumo más al alto mando, para perseguir, acosar, estigmatizar y violentar los Derechos Humanos y laborales de las personas que integran los cuerpos policiales.
Lo que favorece al gremio policial no recibe el mismo apoyo. En la Asamblea Legislativa fue presentado el proyecto 20920, que vendría a dotar a nuestros policías de cobertura 24/7 mediante una póliza de vida y de riesgos profesionales, cuando en el ejercicio del cargo o como resultado del mismo, aun fuera de su jornada laboral sufren algún tipo de agresión ilegitima. Dicho proyecto no ha sido apoyado por las y los diputados, tampoco por el poder ejecutivo. Sobre el particular, podríamos citar un par de proyectos más, que además de justos, resultan necesarios, entre ellos, el uso de armas menos letales (taser) que permita neutralizar a una persona agresiva o violenta, de manera tal que se evite el forcejeo e inclusive, la pérdida de vidas humanas.
En uno de sus discursos en un medio de comunicación, la diputada Volio decía que, el polígrafo es usado en muchas policías e hizo mención de Colombia, pues bien, la policía de dicho país, cuenta con un régimen especial de pensión para los cuerpos policiales, que no solamente reconoce el desgaste que lleva implícito la función policial, sino que permite el relevo generacional oportuno, de forma tal que, los policías que se van a enfrentar a la criminalidad común u organizada, tengan las condiciones óptimas para tales efectos. No se ha entendido, que lo primordial debería ser dotar a nuestros cuerpos policiales de condiciones dignas, de delegaciones funcionales, de equipo, avituallamiento, vehículos, y de un mejor salario. Por ello, necesitamos de proyectos serios, que favorezcan el derecho de las personas que integran los cuerpos policiales y, por ende, la seguridad ciudadana, no más proyectos mantequilla.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Abogado
Directivo Nacional de ANEP
Elecciones 2022: pasar factura
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El domingo 6 de febrero de 2022, los y las costarricenses mayores de 18 años, estamos convocados para la elección de las personas que irían a gobernar el país durante el período constitucional 2022-2026. Estamos a 389 días para el día de las elecciones.
Se trata de la votación para la Presidencia de la República (tres personas); además de las 57 que conformarán la futura Asamblea Legislativa.
La institución sindical en la cual militamos ha decidido promover una campaña digital, por redes sociales (básicamente, aunque no de manera exclusiva), bajo el concepto PASAR FACTURA.
Se trata de fomentar una fuerte sensibilización política a fin de que quienes vayamos a votar en esas elecciones, hayamos realizado una especie de evaluación individual, familiar, sociolaboral, de cómo hemos sido tratados por los diversos partidos políticos que, en los últimos años, han estado en la Presidencia de la República, así como en el parlamento.
En este caso, Asamblea Legislativa, al menos, los partidos más connotados, tanto por ser gobierno y/o co-gobierno; como por ser de oposición de mentirillas, turecas, vendidos; o bien, con una trayectoria de real independencia y de lealtad a los valores comprometidos con las personas electoras a las cuales le pidieron el voto.
Tenemos que considerar que las amplias mayorías de la ciudadanía costarricense, especialmente el gran segmento de su clase trabajadora, ha sido víctima de reiterados engaños por parte de quienes le han venido pidiendo el voto, tanto en las pasadas administraciones gubernativas como en la presente. En ésta, la contundencia de la estafa política cometida es ya inobjetable.
Tales engaños, como indicamos, han representado verdaderas estafas electorales por cuanto quienes pasan a controlar, en la realidad política, tanto la Casa Presidencial como la Asamblea Legislativa, son integrantes “oscuros” de grupos económico-financieros; que no compitieron por votos, sino que se acercaron a las candidaturas diversas con posibilidades de ser electas para darles plata y para posicionar sus agendas particulares que, en términos generales, no son ni las del bien común ni las de la inclusión social y económica.
PASAR FACTURA significa hacer un balance de cuáles partidos, cuáles personajes gobernantes procedentes de los mismos, colocados en los poderes Ejecutivo y Legislativo; se han encargado de empobrecerle a usted y a su familia; le han rebajado-escamoteado su salario; le han arruinado su micro-pequeña y mediana empresa con impuestos abusivos y excesivos; le han dejado sin su terrenito o propiedad agrícola o se lo tienen a punto de perderlo ante la voracidad sin límite de los banqueros…
Se trata de PASAR FACTURA a quienes, le tienen sin empleo porque han sido incapaces de generar la reactivación económica urgente que necesita el mercado interno; especialmente, PASAR FACTURA a los partidos de esos gobernantes insensibles e incapaces de generar trabajo para las miles de personas jóvenes que, sin oportunidades de trabajo y salario decentes, van a parar en la delincuencia y/o en las garras del crimen organizado y del narcotráfico.
Particularmente a nivel del empleo público, las 330 mil personas trabajadoras asalariadas estatales, junto a las personas mayores de edad que integran sus correspondientes familias (alrededor de 1 millón 320 mil personas), deben disponerse a PASAR FACTURA a los gobernantes actuales y a las personas diputadas de la presente Asamblea Legislativas que han venido denigrándolas, calumniándolas, difamándolas, insultándolas, humillándolas, con la serie de comentarios, normas, decretos y legislación contraria a sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas; al punto de que están cayendo en violaciones a elementales Derechos Humanos, si nos atenemos a la serie de tratados internacionales que en la materia Costa Rica ha firmado y que son de obligado cumplimiento para el sistema jurídico-constitucional del país.
PASAR FACTURA, en el caso de quienes laboran para el sector Público, implica estar ya observando y anotando cómo se está dando y quiénes lo están ejecutando, el festín ideológico de los grupos de enorme poder económico-financiero que controlan la Casa Presidencial y el parlamento actual, mediando sus operadores políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo; desarrollando estos personajes de carne y hueso, un estrepitoso aquelarre fiscal, en conciliábulos carentes de toda ética y moral como los que han definido los recortes presupuestarios triple “i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables, que están ya golpeando, seriamente, programas sociales sensibles para los grupos de personas costarricenses en gran vulnerabilidad económica. Muchísimo más nos queda para comentar y PASAR FACTURA.
Policías aquejan recarga laboral por funciones de tránsito
ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu
La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.
Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.
Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.
Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.
En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.
ANEP presenta inconstitucionalidad para evitar que trabajadores se queden sin salario por deudas
Esto se debe a que la asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Por considerar que su redacción atentaba contra el salario mínimo inembargable de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, así como pensionados. Al permitir al patrono y a las instituciones crediticias aplicar deducciones al salario que abarque la totalidad de la remuneración del trabajador.
