Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Habrá que decirlo, nuevamente, desde las calles de este país: ¡No más impuestos! Alvarado Quesada, con el respaldo de los partidos políticos que han venido co-gobernando con él, insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de que esta entidad le “preste” al país 1.750 millones de dólares, los cuales, si consideramos el tipo de cambio actual en 615 colones, equivalen a 1 billón 76.250 millones de colones.

Desde el mismo momento en que anunciaron que pedirían plata prestada al FMI, nosotros planteamos que el país no la necesitaba; que Costa Rica no ocupa de ningún convenio con esa institución financiera internacional, cuya trayectoria de agresión económico-financiera a los pueblos como el costarricense, es imposible de obviar. Prestigiosas personalidades, incluyendo renombrados economistas, se han pronunciado en la misma dirección: Costa Rica no ocupa de un convenio con el FMI.

Ahora, es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que se encarga de reafirmar esta posición, “sin querer, queriendo”. El sector Público tiene plata “guardada”, de sobra. ¡Impresionante! La CGR da a conocer que hay 4 billones 300 mil millones de colones de superávits acumulados en una importante cantidad de las entidades estatales más ricas; una cifra tan grande que calculada al tipo de cambio de 615, prácticamente nos da 7 mil millones de dólares.

Solamente una posición fanática de corte ideológico es lo que impulsa a Alvarado Quesada y a la élite del alto corporativismo empresarial para la cual él gobierna, de llevarnos a una confrontación social, una nueva confrontación social, tratando de imponernos el “convenio” con el FMI.

Planteado el asunto de una manera más sencilla, no lleva lógica tener “en caja” 7 mil millones de dólares, por una parte; y, por otra, pedir prestado 1.750 millones de dólares, los cuales equivalen al 25% de la plata “guardada” por el sector Público.

Sin duda alguna, tenemos que potenciar, de la manera más contundentemente pacífica, las pasadas protestas promovidas por el Movimiento Rescate Nacional, con ocasión de la primera y fallida intentona de Alvarado Quesada de golpear a la ciudadanía con su primer paquetazo de impuestos. Recordemos que, gracias a este movimiento, la gente con propiedades de todo tipo y tamaño no está pagando 3 veces más por concepto de impuesto de bienes inmuebles.

Ahora, debemos recalcar, con fuerte voz cívico-colectiva que no aceptamos ni un punto más al Impuesto al Valor Agregado (IVA); que no vamos a permitir que sigan golpeando a la alicaída clase media que la tienen enrumbada hacia una pauperización y precarización laboral-salarial; que no aceptamos el impuesto al salario escolar; y que, tampoco estamos dispuestos a aceptar impuesto a las transacciones bancarias diarias de los sectores pobres, populares y medios; que las micro-pequeñas y medianas empresas no soportan nuevas cargas tributarias ni tampoco incremento alguno en las actuales.

Tenemos que considerar que, en la actual Asamblea Legislativa, la mayoría de las diputaciones responde a los intereses del grupo más pequeño de la sociedad: el de los mega-negocios, el de las grandes fortunas, el de los acumuladores de ganancias exorbitantes mediando el fraude fiscal en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él. Muchas de las actuales personas legisladoras le deben su cargo a capitalistas que “les tuercen los brazos”, como reconoció, sin pelos en la lengua, un parlamentario gobiernista; y recordemos, también, que los dineros sucios del narcotráfico y del crimen organizado ya tienen infiltrada a la clase política tradicional.

Ya no es la búsqueda ni la promoción del bien común lo que está moviendo a la actual clase gobernante del país. Ya no es la inclusión económica ni la movilidad social ascendente lo que inspira a quienes tienen el poder que les da el control de, prácticamente, toda la institucionalidad republicana. Tengamos presente que ya no hay valores realmente socialdemócratas ni genuinamente cristiano-humanistas en casi todas las personas que, con poder de decisión en las últimas administraciones gubernativas, se olvidaron de usted y de su familia.

Han pervertido la democracia electoral. Debemos acudir a la otra democracia, la que ha conmovido los sistemas político-sociales en otros pueblos como el nuestro: la Democracia de la Calle. ¡No más impuestos! No ocupamos de un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que conforman cada uno de los cuerpos policiales del país, no tienen responsabilidad alguna en el déficit fiscal.

Hablamos del personal de la Fuerza Pública; de las policías Penitenciaria, de Migración, Fiscal, Judicial, Tránsito, Aeroportuaria, de Control de Drogas, Guardacostas. Incluimos al personal guardaparques, verdadera policía ecológica del país. Absolutamente, ninguno de sus integrantes tiene responsabilidad alguna en esto del déficit fiscal.

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que laboran para el estratégico programa de asistencia social para niñez en estado de vulnerabilidad, el CEN-CINAI, tampoco tienen responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Pensemos en el abnegado, sacrificado y comprometido personal de los programas de prevención que todavía están bajo el Ministerio de Salud, como quienes se encargan de combatir las plagas y las epidemias, trabajando directamente en campo abierto. ¿Cuál mente, relativamente razonable, puede concebir que sus bajos salarios sean, también, responsables del déficit fiscal? ¡En lo absoluto!

Quienes laboran para el sistema público de la educación pública costarricense (MEP): maestros y maestras, profesores y profesoras, siempre han sido pagadores puntuales de impuestos. Tampoco puede responsabilizárseles del déficit fiscal.

El personal administrativo-técnico, operativo y profesional de los diferentes ministerios y entes adscritos a los mismos, tampoco tiene responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Solamente los fanáticos-ideológicos anti-Estado pueden sostener la absurda posición de que las personas trabajadoras asalariadas de las municipalidades del país tienen responsabilidad por el déficit fiscal. ¿Se han puesto ustedes a pensar en un trabajador o una trabajadora que recolectan basura o que asean vías, como responsables de evasión fiscal? Ninguna de estas personas evade sus responsabilidades tributarias. Además, las municipalidades tienen recursos propios y no dependen de las finanzas del Gobierno Central.

Si hablamos del personal de exitosas empresas públicas costarricenses como el ICE, el INS, el AyA, por ejemplo, no tienen relación alguna con el déficit fiscal.

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución del pueblo costarricense, imprescindible para la vida de las personas integrantes de las clases trabajadoras del país, ¿con qué base se puede sostener que el salario que devengan quienes laboran en ella, sean responsables del déficit fiscal?

Sin embargo, todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que laboran para los citados sectores de la institucionalidad pública del país (más otros que no estamos mencionando, detalladamente), han sido víctimas de la más perversa y más injusta campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico que jamás sufriera grupo social alguno en la historia moderna del país: el conglomerado social del empleo público costarricense.

Las causas del déficit fiscal están en otro lado, no en el lado de quienes son asalariados del Estado costarricense.

Esa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, sistemáticamente impulsada en los últimos gobiernos, especialmente las dos gestiones gubernativas del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha propiciado la emisión de tres perversas legislaciones anti-obreras que tienen como centralidad política, el ataque a mansalva a las personas asalariadas del empleo público.

Estas tres legislaciones, la del combo fiscal, la ley anti-huelgas y la que está todavía en trámite, la ley marco de empleo público, tienen un denominador común: la criminalización de las personas trabajadoras estatales, debilitar a las organizaciones que les representan y precarizar todavía los servicios públicos que brindan, reservando para la privatización los más exitosos y rentables.

Por el contrario, no se promueve legislación alguna para atacar las verdaderas causas del déficit fiscal. Esta legislación, mucha de la cual se encuentra puntualizada en el informe legislativo del período constitucional anterior (2014-2018), conocida como Los papeles de Panamá, está bloqueada-vetada por los poderosos grupos de poder económico que controlan la actual Asamblea Legislativa y el propio gobierno de Alvarado Quesada.

El déficit fiscal no se resolverá, jamás, ni por el lado salarial del empleo estatal, ni por el de más endeudamiento público. El ataque al empleo público es, profundamente, ideológico. Estando en estos momentos en una de las etapas más crudas de este ataque, anhelamos que, esas miles de personas trabajadoras estatales, decidan defenderse a sí mismas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Entramos al año 2021, el de la conmemoración del aniversario 200 de la independencia política del país con respecto a España, en los momentos más delicados y adversos para toda la clase trabajadora costarricense de los tiempos modernos; ya sea que tenga ésta la suerte de todavía tener un empleo formal, o no. Lo real es que un amplísimo sector de la población del país, que es el mayoritario, no verá el Sol, ni siquiera una luz tenue en el horizonte del progreso con inclusión social y económica.

Es la exclusión el valor central de la política pública imperante. Ya no es la búsqueda y la promoción del bien común. Costa Rica se desequilibró, a partir de la conjunción última de tres factores: la estafa político-electoral del 2018, en especial la de la segunda ronda de las elecciones presidenciales; la conformación de un parlamento cuya mayoría de diputaciones son dóciles a los intereses ideológicos, políticos y económicos del mercado; y la llegada de la pandemia del covid-19. A la llegada de ésta, marzo del 2020, las deudas sociales eran ya de corte estructural y la desigualdad había cobrado preponderancia total. Todo esto ya ha sido analizado bastante y desde diversos planos. ¿Qué hacer, en consecuencia?

Es absolutamente irresponsable y demagógico afirmar que tenemos la respuesta al respecto. ¡Sí podemos decir qué nos compete hacer desde la trinchera de lucha social que representa la organización en la cual militamos! Y, aun así, nos quedaríamos cortos y/o hasta cometeríamos desaciertos.

Pensar en la persona como centro de toda política, en especial la económica, debe reinar el accionar sindical por encima de cualesquiera otro valor o principio. Desvelo máximo debe ser cuando planteamos la defensa y la promoción de derechos de las personas trabajadoras que decimos representar; o, por las cuales luchamos en la generación de una sociedad realmente justa. Se trata de un humanismo concreto, centrado en las personas de las clases trabajadoras, integrantes del pueblo trabajador. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Mantener la bandera en alto de la defensa de los Derechos Laborales, como parte que son de los Derechos Humanos y la bandera en alto de éstos en cuanto tales, integralmente asumidos, es un imperativo ético-moral y jurídico-legal que estamos obligados a observar siempre, especialmente porque es un asunto de convicción de vida.

Aquí no hay que inventar nada. Nuestra Constitución Política actual, nuestro Código de Trabajo, nuestra propia jurisprudencia, el marco legal del derecho obrero-humano y civil internacional; los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, constituyen (entre otras), herramientas democráticas para que las defendamos y para que las utilicemos en beneficio de las mayorías que son las que están de nuestro lado, de nuestro lado de la acera. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Toda esta base ético-moral y jurídico-legal, en lo nacional y en lo internacional, da pie para que la lucha por la Justicia Social adquiera renovados aires y nuevos compromisos, tratando de alcanzar el impulso más fuerte que necesita recibir, con la transformación estructural del sistema tributario. Ésta es ya una verdad inobjetable que está siendo planteada por parte de voces y espacios de altos quilates en el seno de la comunidad mundial de naciones; en las cuales y producto de la pandemia, crece la conciencia de que nunca antes en la historia de toda la Humanidad, habíase vivido un mundo tan inconmensurablemente desigual y catastróficamente criminal con la ecología.

Particularmente, en Costa Rica estamos en presencia de una especie de crimen social en desarrollo, cual es el exterminio de las otrora capas medias, a raíz del desenfreno acumulador que tienen los grandes grupos económicos decididos a liquidar el Estado Social de Derecho surgido antes de y durante la denominada Segunda República. Esto terminará con una polarización total y agresiva desde el punto de vista de la concentración de la riqueza y la disputa por la vida misma.

La lucha por la real Justicia Social pasa, en consecuencia, por re-equilibrarnos como sociedad; asumiendo las tareas históricamente pendientes de esa transformación tributaria estructural, por una parte. Por otra parte, sin un Estado Social adecuado a las realidades crueles de esta no menos cruel globalización neoliberal, es imposible la tarea fructífera de la lucha por la Justicia Social real. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Albino Vargas Barrantes Secretario General, (ANEP)

Tenemos un logo esencial y otro de exportación de droga, así tituló Diario Extra información periodística sobre denuncia planteada por el señor Luis Fernando Quesada Coghi, Vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), publicada en la edición del pasado lunes 21 de diciembre (página 13); vehemente clamor empresarial que nos da cuenta de un grito desesperado de denuncia de lo que para nosotros resulta ser el imparable avance del narcotráfico en el seno del tejido social costarricense, por arriba y por abajo.

Textualmente, según indicó la nota de prensa en mención, el citado dirigente empresarial habló con preocupante e indignante contundencia: “Por un lado, el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) hace publicidad de atracción de turistas con un logo Esencial y ahora tenemos otro logo de exportación de droga. Es incongruente, como país debemos tomar decisiones y esta es una decisión política y de seguridad”.

Junto al esfuerzo de las autoridades gubernamentales para posicionar el Esencial Costa Rica como la marca-país que nos distingue en cuanto a mercado confiable atrayente de turismo y de inversiones seguras; resulta ahora que estamos resaltando como gran país exportador de droga, dado los constantes decomisos de estupefacientes camuflados en exportaciones de piña y de banano en puertos europeos que nos exhiben, prácticamente, como nación-narco en el amplio sentido del término: consumo, almacenaje y exportación.

El sector exportador representado en Cadexco afirma que ya han pasado nueve años (gobiernos de Laura Chinchilla Miranda -PLN- y las dos del PAC: Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada), que no han hecho absolutamente nada, contundente, consecuente y necesario, para que todos los puestos aduanales y fronterizos del país, tuvieran instalados los escáneres para auscultar el contenido del cien por ciento de los contenedores que sacan del país los productos exportables dentro de los cuales se camufla y esconde la droga.

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención de la denuncia de Cadexco es que se indica conocer de las “…operaciones clandestinas donde bautizan los contenedores camino a los puertos, …”; una afirmación que compromete, seriamente, la transparencia de las máximas autoridades políticas de la seguridad del país. Efectivamente, luego de esta nota de prensa que venimos comentando, no vimos reacción alguna por parte de las entidades a las que debe demandárseles cuentas serias.

No debemos minimizar los esfuerzos sanos que realizan las autoridades policiales honestas en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no expresan una decisión política agresiva al máximo nivel, empezando porque cada vez más las debilitan, negándoles presupuesto, en una acción maléfica que pudiera ser parte de un macabro plan hacia el narco-Estado total.

Por supuesto, nadie en la clase política tradicional habló de esto. En la Asamblea Legislativa actual las prioridades son la reversión del Estado Social de Derecho, minar las bases democrático-institucionales del mismo, acabar con derechos laborales y dar paso a las privatizaciones faltantes; habida cuenta de que la abrumadora mayoría de las actuales personas diputadas son susceptibles a que los agentes del gran capital empresarial para el cual trabajan en serio, les tuercen sus brazos. No podemos descartar que algunas curules legislativas se hayan logrado con dinero sucio del narcotráfico y por eso estos temas no merecen atención política a este nivel.

Particular mención merece lo que sucede a nivel de otra cámara empresarial, la de productores y exportadores de piña, Canapep, especialmente en la zona norte del país. Los productores honestos de la zona viven un gigantesco drama debido a la competencia desleal que representa la inserción de capitales sucios en la actividad piñera. Estos dineros lavados están saboteando el trabajo limpio en la producción de piña para la exportación. Lamentablemente, no cuentan con el respaldo del funcionariado público llamado a combatir la actividad sucia del narcotráfico. Corrupción por todo lado.

La salud moral, ética, ambiental, económica y sociolaboral de la República está en peligro porque el avance del narcotráfico sigue imparable. Si los políticos con poder para intervenir en el proceso han sido silenciados, corresponde a las fuerzas sanas de la convivencia democrática asumir un estratégico e histórico papel al respecto. Una alianza obrero-empresarial, por ejemplo, en la producción piñera para poner límites a la competencia desleal, pueda ser un fuerte paso que construya el necesario contrapeso a la política sucia que, lamentablemente, ya influencia elecciones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Aún conmovidos por la irreparable pérdida de don Mario Devandas Brenes, corresponde a las principales corrientes sindicales la designación de su reemplazo en el seno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nueve son las personas que componen lo que supone es el máximo organismo de dirección política de la más importante institución de bienestar social del pueblo costarricense.

Tres personas son de designación directa del gobierno de turno (una de las cuales ocupará la presidencia ejecutiva); otras tres, representan al empresariado corporativo organizado en el sindicato patronal de mayor renombre; y las tres restantes para completar los nueve escaños, se distribuyen así: uno, nombrado por el movimiento solidarista; otro, por el cooperativismo; y, finalmente, el que designan los sindicatos.

En este último caso, los sindicatos que pretendan participar en la designación del próximo directivo obrero de la Caja, lo serán aquellos que ya habían tomado parte en la designación de don Mario Devandas Brenes (q.d.D.g.), pues se trata de nombrar a alguien para que termine su período. Esta es nuestra interpretación de la regulación administrativa en la materia.

Como corriente sindical representativa de varios miles de personas trabajadoras asalariadas tanto del sector Público como del Privado, todas las cuales son cotizantes del sistema de seguridad social representado por la Caja; nos sentimos con la suficiente autoridad ética y moral para plantear lo siguiente:

Aspiramos a que logremos consenso interno entre las fuerzas sindicales participantes de la indicada designación, hoy profundamente divididas por intereses personalistas y de gremialismo-corporativo de corto plazo; nombrando a una persona con suficiente credibilidad entre esos sectores sindicales y que tenga la suficiente claridad de las amenazas que se ciernen sobre la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además, que tenga la suficiente valentía y el coraje político para actuar en el seno de un cuerpo directivo donde casi siempre será 8 a 1, debido al alineamiento imperante con relación a los anti-valores de la hegemonía político-económica dominante del acontecer nacional.

Pensamos que esta persona deberá establecer un proceso constante de comunicación con los sectores sindicales que le habrían designado, de tal suerte que se procure establecer un proceso de seguimiento de los grandes asuntos de la Caja, habida cuenta del gran peso de ésta en la vida de miles y de miles de personas trabajadoras y sus familias, tomando decisiones que les afectarán seriamente, tanto en el corto como en el mediano plazo.

Es criterio nuestro que nunca como antes y desde su fundación, la Caja tiene el más grave peligro de su historia; que sus enemigos, tanto internos como externos, hoy están sumamente empoderados. Que los anti-valores del negocio con la salud de las personas, ha llevado a muchos mandos tecnocrático-jerárquicos a pervertirse y a corromperse, generando pérdidas multimillonarias a la seguridad social representada en la Caja.

Tendrá el nuevo (y único) directivo obrero de la Caja que comprender que hay extra-poderes a la propia directiva de la institución y que, en no pocos casos, se lleva a su seno los asuntos por resolver ya “cocinados”, con tráficos de influencias en desarrollo. Estas circunstancias le deben llevar a plantear las denuncias correspondientes para lo cual su constante comunicación con los sindicatos será esencial.

Además, esta persona representante que se ha de designar, debe tener la suficiente fuerza crítica propia para comprender que la Caja Costarricense de Seguro Social es del pueblo trabajador, no de los sindicatos, ni siquiera de los sindicatos que le han respaldado para que ocupe ese escaño.

El acuerdo-consenso en ese nombre es clave en estos momentos cruciales de la desestructuración ideológico-política del proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho que nos fue heredado y del cual la Caja ha sido bastión insigne.

No lograr tal consenso intra-sindical, es darle la posibilidad a Alvarado y su deslegitimado gobierno de imponer el 9 a 0 en todas las sensibles decisiones que ha de tomar la directiva de la CCSS, designando en sustitución del irremplazable don Mario Devandas Brenes, a un elemento alineado. Esto sería de gran perjuicio para la Caja y para todo el pueblo trabajador que ocupa sus estratégicos y vitales servicios.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Pese al ridículo de Casa Presidencial intentando desmentirlo lo que ya era un secreto a voces, el propio Alvarado quesada anunció, poquito después de ese “desmentido”, la salida de su gobierno de don Marcelo Prieto Jiménez, como Ministro de la Presidencia; salida que más bien tiene carácter de destitución que de renuncia.

Todavía no comprendemos qué razones llevaron a este costarricense a “matricularse” con el presidente más impopular y de menos credibilidad, desde que se hacen encuestas que miden la aceptación del gobernante por parte de la ciudadanía.

La verdad es que don Marcelo tenía, ¡sí!, tenía cierta credibilidad en el seno de la golpeada y excluida comunidad socialdemócrata que todavía sigue creyendo que el PLN es de esa ideología política. Don Marcelo quedará manchado por ser parte del gobierno más neoliberal de los tiempos de la Segunda República; y, en los momentos en los cuales, siendo el Ministro de la Presidencia, se le voló garrote al pueblo que manifestó oposición a que se entregue al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Le habrá dado a don Marcelo algún “remordimiento de conciencia”, como para negociar su salida en modo renuncia? ¿Se podrá don Marcelo “políticamente exorcizar” si relata los entretelones de palacio que están estrangulando el Estado Social de Derecho que su partido, alguna vez, propició y tuteló?

Pese a lo anteriormente apuntado, queremos centrarnos en que hemos llegado al convencimiento de que no se ocupa, en los actuales momentos políticos que vive el país, de un Ministro de la Presidencia.

Como la corriente ideológica dominante en el seno de la política pública es anti-Estado por los cuatro costados, bien haría el presente Gobierno en no nombrar a nadie en ese cargo, economizando lo que tiene que ver con el pago de planilla y otros gastos administrativos que genera tal posición. Aunque ya se anunció a la persona que sucederá a don Marcelo, nuestro planteamiento sigue teniendo una lógica política sólida por las siguientes dos razones.

Veamos la primera. Fue la ahora exministra de Estado, doña Patricia Mora Castellanos, quien denunció la excesiva intervención en los asuntos de gobierno de intereses corporativos a espaldas del pueblo costarricense. Muchos pensamos que se trata de los del grupo mega-empresarial que se nuclea en torno al señor André Garnier Kruze, a quien se le asigna un poder político supra-presidencial, dejando a Alvarado Quesada como presidente formal. Aunque de seguro, debe haber otros sectores económicamente poderosos que golpean el escritorio presidencial reclamando su tajada.

En tal estado de situación, una persona como ministro de la Presidencia, es un adorno, un “artículo político de segunda” en la mesa del poder. Otro costarricense, también ministro de Estado que ya no lo es, por supuesto, nos lo confirmó: el real poder en Zapote hace innecesario el rol de este tipo de puesto político. A lo sumo, el Ministro de la Presidencia se convierte en un “notificador político” con jugoso salario.

Segunda razón: Ese tipo de poder corporativo y mega-empresarial, con otros de similar naturaleza, logran doblegar la voluntad de diputados y de diputadas de la actual Asamblea Legislativa; así reconocido por el legislador oficialista Luis Ramón Carranza Cascante. En el parlamento costarricense, otrora conocido como “primer poder de la República”, las grandes líneas de legislación son proyectos de ley que impulsan derogar la búsqueda del bien común para fortalecer la máxima satisfacción corporativa del afán de lucro con la cosa pública; líneas que se determinan en otros espacios que no son el legislativo. En este caso de cosas, quien ocupe el Ministerio de la Presidencia no juega rol alguno. Se le notifica qué es lo que va y punto. La orden de legislar llega de afuera del parlamento.

Finalmente, si el supra-poder presidencial está en otro lado y no en el de la persona constitucionalmente electa, bien haría ésta, en este caso Alvarado Quesada; que él, por motivos de economía política procesal y ahorro fiscal, asuma como “recargo” el Ministerio de la Presidencia.