Golpe de Estado “a la tica”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

…que Carlos Alvarado acepte un papel ceremonial de jefe de Estado tras designar una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne con un gabinete tecnocrático por el resto del período presidencial”. Así entendemos nosotros que se daría en el país un Golpe de Estado; un Golpe de Estado “a la tica”.

El ciudadano Juan Carlos Hidalgo, quien se identifica como “analista de políticas públicas”, está conmoviendo el escenario político del país con su propuesta de Golpe de Estado “a la tica”, formulada de manera pública en su columna de opinión de este lunes 26 de octubre de 2020.

Conocido como gran promotor de las ideas del mercado absoluto, don Juan Carlos ya no solamente aboga por darle un Golpe de Estado “a la tica” a Carlos Alvarado Quesada, sino que se atreve a designar a sustituto, el no menos conocido Rodrigo Arias Sánchez, a quien califica como “el ministro de la Presidencia más eficiente de las últimas décadas”; quien gobernaría como Presidente de facto, para lo cual sería “legitimado” mediando un “simbólico voto de confianza” por parte de la actual Asamblea Legislativa de forma tal que ésta le dé la investidura de un mandato político.

Creemos que don Juan Carlos no habla por sí mismo. Si su columna golpista se publica en el periódico más fundamentalista en cuanto a la consigna ideológica del “todo mercado-nada Estado”, es necesario suponer que cierto sector de los capitalistas más ricos del país ha perdido la paciencia; y que su “benjamín político”, al que encumbraron a la Presidencia de la República mediando una conjura mediática urdida en un estudio de televisión y en una sala de redacción, ha resultado un fiasco, un bueno para nada,a tal punto que el país está a las puertas de un default.

Don Juan Carlos, a quien denominaremos de ahora en adelante como el columnista golpista, tiene intenciones de ser diputado de la República a partir del 2022 y por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), al cual se afilió recientemente. De seguro, él y los sectores golpistas que representa, desearían que de aquí a mayo de ese año la solución al grave problema fiscal del país esté implementada totalmente; claro está, bajo su visión ideológica del todo mercado-nada Estado.

La desesperación que invade a los sectores por los cuales habla el columnista golpista, les lleva a cambiar de opinión con pasmosa velocidad. Hasta hace un tiempo, el columnista golpista afirmaba lo siguiente: “Me espanta cada vez que va en aumento la posibilidad de que Rodrigo Arias sea el próximo presidente”. También esto: “Con el retiro de Rodrigo Arias de la contienda presidencial desaparece una seria amenaza a la institucionalidad democrática de Costa Rica”. Y, éste es brevísimo pero muy elocuente: “¿Quién nos puede librar de Rodrigo Arias?”. Las redes sociales lo dejaron en evidencia; o, ¿esos comentarios suyos, don Juan Carlos, son ahora fake news? ¡Después de endiablar a don Rodrigo Arias, ahora don Juan Carlos lo endiosa! ¿Qué pasó aquí?…

En realidad, ese anhelo golpista de don Juan Carlos no es más que la aspiración más aguda del proceso autoritario que actualmente está en desarrollo en nuestra Democracia. La desesperación que invade al columnista golpista no necesariamente esté relacionada con la calificación que le da a Alvarado de un bueno para nada. Lo que pasa es que es cada vez más creciente la resistencia de amplios sectores de la sociedad para someterse, final y definitivamente, a un modelo de organización social que incrementa la cantidad de gente excluida y descartada (según la terminología empleada por el papa Francisco).

El columnista golpista y el grupo del gran capital que por él habla, está abogando por un ajuste fiscal-terapia de shock, algo rechazado ampliamente por grandes sectores populares, como ya fue demostrado mediante la acción cívico-patriótica del Movimiento Rescate Nacional. El arreglo del grave problema fiscal del país no puede basarse en el recetario dogmático clásico que no prioriza en el bienestar de la gente y que, por ende, no tiene ni una gota de Humanismo. La peligrosa salida que nos recomienda don Juan Carlos terminará por llevarle a él mismo y su grupo por el cual habla al despeñadero que dice él que hay que evitar. Requerimos de más Democracia y de menos autoritarismo. A la fecha de escribir este artículo, no sabemos si don Juan Carlos mantiene su tesis golpista. Un Golpe de Estado a la tica, nunca dejaría de ser más que un repudiable, desastroso, condenable y doloroso Golpe de Estado.

Trabajadores solicitan garantías de salud ocupacional para ser trasladados a nuevas instalaciones

Trabajadores municipales de la Unidad de Construcción, Obras y Mantenimiento de Edificios de la Municipalidad de San José, solicitan al ayuntamiento josefino brindarles las condiciones de salud ocupacional optimas antes de realizar cualquier traslado de la unidad a una nueva sede.

La solicitud de los trabajadores se da luego de que este lunes autoridades municipales clausuran la bodega de esta unidad, luego de que un camión recolector de basura impactara la estructura, sin embargo, los trabajadores aducen que esta no sufrió daños mayores.

Representantes de la ANEP en la Municipalidad de San José indicaron que actualmente existe una solicitud al Ministerio de Salud para que evalué las condiciones con las que debe contar el nuevo inmueble para albergar las cuadrillas, además de un Recurso de Amparo presentado por otra organización sobre el mismo tema. Por lo que aducen que hasta que no se resuelva esta situación no realizarán el traslado

Sistema penitenciario: La cenicienta de la clase política

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

El Sistema Penitenciario Nacional, en términos generales, muestra un importante deterioro. Esto es reflejo inobjetable del tipo de sociedad que se viene construyendo desde hace muchos años; razón tenía Mandela cuando dijo que: “nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. La clase política, desde hace mucho tiempo, encontró en la excusa un aliado perfecto. Se le adjudica al mal comportamiento todas las desgracias de la sociedad y se muestra cierta indiferencia ante los problemas estructurales que requieren atención inmediata.

El Sistema Penitenciario, su rol en materia de seguridad, su aporte en trabajo técnico y su comprensión del fenómeno criminal, está pasando a un segundo plano. Un escenario donde no hay espacio para procurar la reinserción, la re-educación, la resocialización. Hoy, el Sistema Penitenciario se observa simplemente como un conjunto de bodegas para apilar “inadaptados” sociales, delincuentes pobres, sujetos violentos que viven al margen de la ley; y, como, un espacio fértil para la escuela del crimen.

Más allá de si la Política Criminal costarricense analiza que la cárcel está dada para retener a los delincuentes pobres, a los del “narcomenudeo”, a quienes no tienen los recursos económicos para evadir la justicia y costearse una buena defensa, lo cierto es que, la clase política tampoco hace mucho por crear las herramientas que permitan eficazmente perseguir a los grandes estafadores, los delitos de cuello blanco o a sus colegas que defraudan al fisco por miles de millones.

La Cenicienta –termino que se toma prestado de una exministra de Justicia- es recreada en el trabajo de las servidoras y de los servidores del Sistema Penitenciario Nacional, hombres y mujeres que en condiciones precarias y con altísima exposición de su integridad física, dan la cara por la seguridad penitenciaria. Los eufóricos discursos parlamentarios señalan a los funcionarios públicos como privilegiados, como vividores, como una horda de “vivillos” con salarios de lujo. Pero muy pocos de estos políticos se atreven a señalar cuáles son los sectores privilegiados y quiénes los afortunados. Cuando, modestamente, señalan que no todos los funcionarios públicos son unos vividores, tampoco le hacen justicia a la inmensa mayoría de ellos que apenas les alcanza para llevar una vida digna.

Recientemente, fue dado a conocer que la Asamblea Legislativa pretende hacer un recorte millonario del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia. Una decisión como ésta, de concretarse, implicaría una solemne violación de los derechos humanos de las personas en los centros penitenciarios del país. No se habla sólo de los derechos que debe observar el Estado por mandato directo de organismos internacionales, Tratados y Convenios, en favor de la población privada de libertad, sino de todas las personas que laboran en los centros penitenciarios del país.

Es importante señalar que el Ministerio de Justicia, es un ministerio vivo, en constante movimiento y con tendencia al crecimiento poblacional. No se concibe como la inteligencia parlamentaria podría justificar recortes a una población que se encuentra en una condición de especial vulnerabilidad. Por el contrario, el abandono histórico del Sistema Penitenciario y los efectos propios de la pandemia demandan mayor inversión.

El crecimiento de la población privada de libertad demanda la creación de más espacios carcelarios; de contratación de más policías, de más personal técnico, profesional y administrativo; de modernizar la infraestructura de seguridad; de equipo tecnológico; de capacitación; de atención de emergencias como las actuales; de alimentación y uniformes; entre otros. Ninguno de estos aspectos sería posible ante un irreflexivo recorte, tomando en consideración que el Sistema Penitenciario Nacional arrastra una crisis histórica; y, como si eso fuera poco, la pandemia vino a encrudecer los afectos adversos, ocasionando una mayor vulnerabilidad del Sistema y de la propia seguridad.

Finalmente, el Sistema Penitenciario no puede seguir siendo la “Cenicienta” de la clase política. No es justo que por la falta de recursos el personal que labora en las cárceles del país deban seguir arriesgando sus vidas, sacrificando su tiempo de descanso y con recargo de funciones. No es correcto que las condiciones de salud ocupacional y de infraestructura continúen como están. La falta de uniformes, de zapatos, los chalecos de seguridad, las condiciones de los fortines y de los dormitorios y, hasta la situación salarial del personal policial, es un claro ejemplo de este abandono.

Crisis fiscal y reactivación económica: nuestras ideas-fuerza

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.

Crisis fiscal y reactivación económica: nuestras ideas-fuerza

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.

Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería suspendería operativos, deportaciones y servicios que brinda la institución

– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.

Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.

Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del  país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar  las consecuencias legales que se podrían presentar.

Servicios que se suspenderían:

• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.

• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.

• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.

• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera

• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.

• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.

• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.

• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.

• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.

En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).

En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani

Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.

MSP expuso a policías sin capacitación terminada a atender manifestaciones

• Documento confirma que orden fue dada por los jerarcas
• ANEP cuestiona la directriz debido a que los estudiantes no han concluido el plan de estudios y se omitió lo que establece la Ley de la Academia Nacional de Policía.

Semanas atrás se manejaron días convulsos en diversos puntos del territorio nacional, en donde protestantes y policías tuvieron fuertes enfrentamientos, generados por las malas decisiones del Gobierno.

Como parte de este tipo de hechos se ha tenido que generar un reacomodo en cuanto a la distribución de los policías para atender cada uno de los lugares en donde la ciudadanía se ha manifestado con firmeza para poder hacer sentir su malestar con el gobierno Alvarado Quesada, que tiene como única «estrategia» imponer más impuestos.

Lastimosamente, el Ministerio de Seguridad Pública envió oficiales que estaban en proceso de formación a atender las manifestaciones, algunas de las cuales se fueron saliendo de control y requerían ser abordadas con personal capacitado.

Esto fue confirmado por parte de Randall Vega Blanco, Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad Pública vía correo electrónico. “La disposición de utilizar a los funcionarios que se encuentran en proceso de capacitación en la Academia Nacional de Policía, la tomó el jerarca institucional, conforme a sus potestades.”

Esto genera una gran preocupación en cuanto a la diferencia con la que un oficial capacitado aborda alguna provocación, confrontación o manejo de situaciones tensas a una persona que se encuentra en fase de aprendizaje.

Mainor Anchia, Directivo Nacional de ANEP fue el encargado de consultar al Ministerio sobre este tan importante, máxime sobre lo complejo de enviar a la calle a personal sin capacitación, sumado al propio riesgo para el funcionario en caso de sufrir alguna lesión. De esta forma respondió Blanco

“En el caso de que algún servidor que se encuentra en proceso de formación resultare lesionado durante la atención de disturbios, habiéndosele requerido para prestar ese servicio policial, tal y como sería en corresponder, se le debe dar la oportunidad de que concluya su proceso de formación una vez que se haya recuperado de su lesión”.

Las potestades que tiene el jerarca institucional, no le permiten la omisión de lo que la misma Ley establece. Por otro lado, tenemos constancia de que cuando una persona en proceso de formación sufre una lesión física que le imposibilita realizar las rutinas de acondicionamiento físico, la administración por lo general prescinde de sus servicios. Señaló Mainor Anchía.