Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Habrá que decirlo, nuevamente, desde las calles de este país: ¡No más impuestos! Alvarado Quesada, con el respaldo de los partidos políticos que han venido co-gobernando con él, insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de que esta entidad le “preste” al país 1.750 millones de dólares, los cuales, si consideramos el tipo de cambio actual en 615 colones, equivalen a 1 billón 76.250 millones de colones.

Desde el mismo momento en que anunciaron que pedirían plata prestada al FMI, nosotros planteamos que el país no la necesitaba; que Costa Rica no ocupa de ningún convenio con esa institución financiera internacional, cuya trayectoria de agresión económico-financiera a los pueblos como el costarricense, es imposible de obviar. Prestigiosas personalidades, incluyendo renombrados economistas, se han pronunciado en la misma dirección: Costa Rica no ocupa de un convenio con el FMI.

Ahora, es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que se encarga de reafirmar esta posición, “sin querer, queriendo”. El sector Público tiene plata “guardada”, de sobra. ¡Impresionante! La CGR da a conocer que hay 4 billones 300 mil millones de colones de superávits acumulados en una importante cantidad de las entidades estatales más ricas; una cifra tan grande que calculada al tipo de cambio de 615, prácticamente nos da 7 mil millones de dólares.

Solamente una posición fanática de corte ideológico es lo que impulsa a Alvarado Quesada y a la élite del alto corporativismo empresarial para la cual él gobierna, de llevarnos a una confrontación social, una nueva confrontación social, tratando de imponernos el “convenio” con el FMI.

Planteado el asunto de una manera más sencilla, no lleva lógica tener “en caja” 7 mil millones de dólares, por una parte; y, por otra, pedir prestado 1.750 millones de dólares, los cuales equivalen al 25% de la plata “guardada” por el sector Público.

Sin duda alguna, tenemos que potenciar, de la manera más contundentemente pacífica, las pasadas protestas promovidas por el Movimiento Rescate Nacional, con ocasión de la primera y fallida intentona de Alvarado Quesada de golpear a la ciudadanía con su primer paquetazo de impuestos. Recordemos que, gracias a este movimiento, la gente con propiedades de todo tipo y tamaño no está pagando 3 veces más por concepto de impuesto de bienes inmuebles.

Ahora, debemos recalcar, con fuerte voz cívico-colectiva que no aceptamos ni un punto más al Impuesto al Valor Agregado (IVA); que no vamos a permitir que sigan golpeando a la alicaída clase media que la tienen enrumbada hacia una pauperización y precarización laboral-salarial; que no aceptamos el impuesto al salario escolar; y que, tampoco estamos dispuestos a aceptar impuesto a las transacciones bancarias diarias de los sectores pobres, populares y medios; que las micro-pequeñas y medianas empresas no soportan nuevas cargas tributarias ni tampoco incremento alguno en las actuales.

Tenemos que considerar que, en la actual Asamblea Legislativa, la mayoría de las diputaciones responde a los intereses del grupo más pequeño de la sociedad: el de los mega-negocios, el de las grandes fortunas, el de los acumuladores de ganancias exorbitantes mediando el fraude fiscal en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él. Muchas de las actuales personas legisladoras le deben su cargo a capitalistas que “les tuercen los brazos”, como reconoció, sin pelos en la lengua, un parlamentario gobiernista; y recordemos, también, que los dineros sucios del narcotráfico y del crimen organizado ya tienen infiltrada a la clase política tradicional.

Ya no es la búsqueda ni la promoción del bien común lo que está moviendo a la actual clase gobernante del país. Ya no es la inclusión económica ni la movilidad social ascendente lo que inspira a quienes tienen el poder que les da el control de, prácticamente, toda la institucionalidad republicana. Tengamos presente que ya no hay valores realmente socialdemócratas ni genuinamente cristiano-humanistas en casi todas las personas que, con poder de decisión en las últimas administraciones gubernativas, se olvidaron de usted y de su familia.

Han pervertido la democracia electoral. Debemos acudir a la otra democracia, la que ha conmovido los sistemas político-sociales en otros pueblos como el nuestro: la Democracia de la Calle. ¡No más impuestos! No ocupamos de un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que conforman cada uno de los cuerpos policiales del país, no tienen responsabilidad alguna en el déficit fiscal.

Hablamos del personal de la Fuerza Pública; de las policías Penitenciaria, de Migración, Fiscal, Judicial, Tránsito, Aeroportuaria, de Control de Drogas, Guardacostas. Incluimos al personal guardaparques, verdadera policía ecológica del país. Absolutamente, ninguno de sus integrantes tiene responsabilidad alguna en esto del déficit fiscal.

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que laboran para el estratégico programa de asistencia social para niñez en estado de vulnerabilidad, el CEN-CINAI, tampoco tienen responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Pensemos en el abnegado, sacrificado y comprometido personal de los programas de prevención que todavía están bajo el Ministerio de Salud, como quienes se encargan de combatir las plagas y las epidemias, trabajando directamente en campo abierto. ¿Cuál mente, relativamente razonable, puede concebir que sus bajos salarios sean, también, responsables del déficit fiscal? ¡En lo absoluto!

Quienes laboran para el sistema público de la educación pública costarricense (MEP): maestros y maestras, profesores y profesoras, siempre han sido pagadores puntuales de impuestos. Tampoco puede responsabilizárseles del déficit fiscal.

El personal administrativo-técnico, operativo y profesional de los diferentes ministerios y entes adscritos a los mismos, tampoco tiene responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Solamente los fanáticos-ideológicos anti-Estado pueden sostener la absurda posición de que las personas trabajadoras asalariadas de las municipalidades del país tienen responsabilidad por el déficit fiscal. ¿Se han puesto ustedes a pensar en un trabajador o una trabajadora que recolectan basura o que asean vías, como responsables de evasión fiscal? Ninguna de estas personas evade sus responsabilidades tributarias. Además, las municipalidades tienen recursos propios y no dependen de las finanzas del Gobierno Central.

Si hablamos del personal de exitosas empresas públicas costarricenses como el ICE, el INS, el AyA, por ejemplo, no tienen relación alguna con el déficit fiscal.

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución del pueblo costarricense, imprescindible para la vida de las personas integrantes de las clases trabajadoras del país, ¿con qué base se puede sostener que el salario que devengan quienes laboran en ella, sean responsables del déficit fiscal?

Sin embargo, todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que laboran para los citados sectores de la institucionalidad pública del país (más otros que no estamos mencionando, detalladamente), han sido víctimas de la más perversa y más injusta campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico que jamás sufriera grupo social alguno en la historia moderna del país: el conglomerado social del empleo público costarricense.

Las causas del déficit fiscal están en otro lado, no en el lado de quienes son asalariados del Estado costarricense.

Esa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, sistemáticamente impulsada en los últimos gobiernos, especialmente las dos gestiones gubernativas del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha propiciado la emisión de tres perversas legislaciones anti-obreras que tienen como centralidad política, el ataque a mansalva a las personas asalariadas del empleo público.

Estas tres legislaciones, la del combo fiscal, la ley anti-huelgas y la que está todavía en trámite, la ley marco de empleo público, tienen un denominador común: la criminalización de las personas trabajadoras estatales, debilitar a las organizaciones que les representan y precarizar todavía los servicios públicos que brindan, reservando para la privatización los más exitosos y rentables.

Por el contrario, no se promueve legislación alguna para atacar las verdaderas causas del déficit fiscal. Esta legislación, mucha de la cual se encuentra puntualizada en el informe legislativo del período constitucional anterior (2014-2018), conocida como Los papeles de Panamá, está bloqueada-vetada por los poderosos grupos de poder económico que controlan la actual Asamblea Legislativa y el propio gobierno de Alvarado Quesada.

El déficit fiscal no se resolverá, jamás, ni por el lado salarial del empleo estatal, ni por el de más endeudamiento público. El ataque al empleo público es, profundamente, ideológico. Estando en estos momentos en una de las etapas más crudas de este ataque, anhelamos que, esas miles de personas trabajadoras estatales, decidan defenderse a sí mismas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Entramos al año 2021, el de la conmemoración del aniversario 200 de la independencia política del país con respecto a España, en los momentos más delicados y adversos para toda la clase trabajadora costarricense de los tiempos modernos; ya sea que tenga ésta la suerte de todavía tener un empleo formal, o no. Lo real es que un amplísimo sector de la población del país, que es el mayoritario, no verá el Sol, ni siquiera una luz tenue en el horizonte del progreso con inclusión social y económica.

Es la exclusión el valor central de la política pública imperante. Ya no es la búsqueda y la promoción del bien común. Costa Rica se desequilibró, a partir de la conjunción última de tres factores: la estafa político-electoral del 2018, en especial la de la segunda ronda de las elecciones presidenciales; la conformación de un parlamento cuya mayoría de diputaciones son dóciles a los intereses ideológicos, políticos y económicos del mercado; y la llegada de la pandemia del covid-19. A la llegada de ésta, marzo del 2020, las deudas sociales eran ya de corte estructural y la desigualdad había cobrado preponderancia total. Todo esto ya ha sido analizado bastante y desde diversos planos. ¿Qué hacer, en consecuencia?

Es absolutamente irresponsable y demagógico afirmar que tenemos la respuesta al respecto. ¡Sí podemos decir qué nos compete hacer desde la trinchera de lucha social que representa la organización en la cual militamos! Y, aun así, nos quedaríamos cortos y/o hasta cometeríamos desaciertos.

Pensar en la persona como centro de toda política, en especial la económica, debe reinar el accionar sindical por encima de cualesquiera otro valor o principio. Desvelo máximo debe ser cuando planteamos la defensa y la promoción de derechos de las personas trabajadoras que decimos representar; o, por las cuales luchamos en la generación de una sociedad realmente justa. Se trata de un humanismo concreto, centrado en las personas de las clases trabajadoras, integrantes del pueblo trabajador. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Mantener la bandera en alto de la defensa de los Derechos Laborales, como parte que son de los Derechos Humanos y la bandera en alto de éstos en cuanto tales, integralmente asumidos, es un imperativo ético-moral y jurídico-legal que estamos obligados a observar siempre, especialmente porque es un asunto de convicción de vida.

Aquí no hay que inventar nada. Nuestra Constitución Política actual, nuestro Código de Trabajo, nuestra propia jurisprudencia, el marco legal del derecho obrero-humano y civil internacional; los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, constituyen (entre otras), herramientas democráticas para que las defendamos y para que las utilicemos en beneficio de las mayorías que son las que están de nuestro lado, de nuestro lado de la acera. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Toda esta base ético-moral y jurídico-legal, en lo nacional y en lo internacional, da pie para que la lucha por la Justicia Social adquiera renovados aires y nuevos compromisos, tratando de alcanzar el impulso más fuerte que necesita recibir, con la transformación estructural del sistema tributario. Ésta es ya una verdad inobjetable que está siendo planteada por parte de voces y espacios de altos quilates en el seno de la comunidad mundial de naciones; en las cuales y producto de la pandemia, crece la conciencia de que nunca antes en la historia de toda la Humanidad, habíase vivido un mundo tan inconmensurablemente desigual y catastróficamente criminal con la ecología.

Particularmente, en Costa Rica estamos en presencia de una especie de crimen social en desarrollo, cual es el exterminio de las otrora capas medias, a raíz del desenfreno acumulador que tienen los grandes grupos económicos decididos a liquidar el Estado Social de Derecho surgido antes de y durante la denominada Segunda República. Esto terminará con una polarización total y agresiva desde el punto de vista de la concentración de la riqueza y la disputa por la vida misma.

La lucha por la real Justicia Social pasa, en consecuencia, por re-equilibrarnos como sociedad; asumiendo las tareas históricamente pendientes de esa transformación tributaria estructural, por una parte. Por otra parte, sin un Estado Social adecuado a las realidades crueles de esta no menos cruel globalización neoliberal, es imposible la tarea fructífera de la lucha por la Justicia Social real. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!