El papel de la prensa independiente en democracias de sesgo autoritario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Los últimos procesos electorales nacionales, particularmente el del 2018, demostró, con suma contundencia, que los y las costarricenses votamos, pero no elegimos.

La espantosa uniformidad político-partidista que venimos observando, especialmente al interior de la Asamblea Legislativa (las honrosas excepciones parlamentarias no hacen más que certificar esta aseveración nuestra), en cuanto a las líneas macro-políticas y supra-estructurales que están impulsando (más bien, imponiendo), un reordenamiento de la sociedad costarricense sin necesidad de reformas constitucionales; no solamente nos confirma esa apreciación de votar pero no elegir; sino que, de una manera más que impresionante, nos ha venido mostrando que hay una especie de parlamento extramuros, que brinda las líneas ideológico-políticas matrices de una nueva reconfiguración del Estado y su relación con la sociedad, desdichadamente no para el bien común. Se está legislando en el plenario desde afuera hacia adentro, de la manera más vergonzosa.

Ese parlamento-extramuros, a su vez,se expresa, fundamentalmente, por medio de vocerías mediáticas asalariadas de los grupos económicos que impulsan esa uniformidad político-partidista, las cuales dictan esas líneas macro-políticas o super-estructurales de la reconfiguración del nuevo orden social costarricense, sin espacio para las mayorías desde el punto de vista económico-social, aunque sí incluidas éstas para que sigan votando, mas no eligiendo.

Nos están imponiendo una de las versiones más perversas de la globalización neoliberal, la democracia autoritaria. Este tipo de globalización no puede garantizar la paz en el planeta, ni la preservación del planeta mismo. Se viene acudiendo al autoritarismo en democracia para sostener esa fracasada globalización.

En el caso de nuestro país, esto, del autoritarismo en democracia, ya es de fácil constatación si notamos la uniformidad político-partidista que se nota en la actual Asamblea Legislativa y en sus relaciones con el Poder Ejecutivo el cual, con intensidades o velocidades distintas, es parte estratégica de esa uniformidad político-partidista. Y, ni qué decir de otras entidades institucionales relacionadas con el accionar cotidiano del Estado.

Y es aquí, según nuestra visión de la realidad político-económica actual (pandemia incluida), así como con base en nuestra experiencia de lucha social que, se agiganta con cada vez más fuerza multidimensional, el papel de la prensa independiente; gran parte de la cual sigue manteniendo visiones macro-políticas centradas en la búsqueda y en la promoción del bien común y de la justicia social real; amén de estar en vigilancia constante contra toda forma de corrupción.

En tal estado de cosas, uno entiende el papel de la prensa independiente con base en estas tres premisas básicas, sustentadas en el impresionante desarrollo de las redes sociales y de las incesantes tecnologías de la información y de la comunicación:

1) Hay conciencia de que las vocerías mediáticas clásicas optaron por “ideologizarse”, adoptando los valores del mercado absoluto con el número menor posible de contrapesos; por tanto, se rompió el “equilibrio” en el seno de la sociedad y la prensa independiente puede ayudar a restablecerlo.

2) La comunicación mediática clásica, al “ideologizarse”, tiene en el periodismo independiente un desafío que nunca esperó que se diese: éste puede estar más cercano a la gente, a lo local; con mayor afinidad a la preocupación de la vivencia cotidiana, pero resaltando la necesidad de que haya una nueva construcción social de amplia base, para permitir la mayor inclusión posible de las personas en el desarrollo de la democracia, integralmente conceptuada.

3) Le corresponde a la prensa independiente un papel de democracia activa en materia de Libertad de Expresión, al convertirse en la voz de los que no tiene voz. La rica diversidad de la organización social en las bases de la comunidad costarricense, a lo largo y a lo ancho del país; cuyas acciones, opiniones, propuestas y luchas son, por lo general, invisibilizadas o desprestigiadas por la uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediáticas asalariadas, encontrarán en la prensa independiente espacio de respeto pleno, sin censura y sin condiciones.

4) La democracia representativa ha perdido credibilidad y legitimidad, al haber sido capturada por esa uniformidad político-partidista que tiene, todavía, fuerte asidero en la población gracias a los servicios pagados de las vocerías mediáticas asalariadas de los grupos de poder económico. Por tanto, el periodismo independiente está llamado a ser punta de lanza del tránsito de la democracia hacia el nuevo nivel que exige la cohesión social de una nación: la Democracia Participativa, promoviendo el debate acerca de y fomentando el conocimiento de todas aquellas disposiciones de política pública, a todo nivel, que será necesario adoptar para que logremos, como sociedad, la plena restauración del imperio del bien común con potenciación fuerte de la inclusión y de la movilidad sociales, en un nuevo espacio de convivencia democrática, superador del que ya sido degenerado por esa uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediático-asalariadas.

En el décimo aniversario de El Guardián, expresamos nuestra felicitación a su gestor y director don Richard Molina, agradeciéndole el honor inmenso que nos da de publicar nuestras opiniones en su prestigioso medio de comunicación; pilar éste de ese periodismo independiente que se ha vuelto totalmente estratégico para que la democracia misma subsista.

Huele a cerveza podrida en el plenario Legislativo

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”

Esta histórica frase fue pronunciada en el seno del recinto más significativo, políticamente hablando, de la sede del parlamento de Costa Rica, el plenario; y se emitió en una sesión formal del denominado primer poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa.

Quien dijo tan “memorables” palabras, las cuales muchos quisieran olvidar, ¡pero nosotros no!, fue el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Ciudadana (PAC). Él quiso destacar que todo el mercado de producción de la cerveza queda fuera de las intenciones del proyecto de Ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico; exclusión que habría sido producto de las presiones ejercidas por la empresa productora de las cervezas, la Florida Ice & Farm Co., entidad ésta del mega-corporativismo empresarial del país a la cual suele atribuírsele una enorme poder de incidencia en el seno de los y de las integrantes de lo que conocemos como la clase política tradicional.

Con dicha legislación, según sus defensores, el Ministerio de Hacienda podría contar con una herramienta de control fiscal más poderosa sobre lo que se conoce como la “trazabilidad” de bebidas alcohólicas; palabra “elegante” usada por los políticos para hablar de contrabando, puro y simple, descarado, de todo tipo de licores. Al respecto, el legislador Carranza Cascante comentó que, al sacar la cerveza de la aplicación de esa ley, ésta quedó convertida en un cascarón. En nuestro país, la cerveza se vende en cantidades sumamente superiores a las de cualquier otro licor.

El principal promotor del proyecto de ley es el diputado integrante de la también co-gobernante fracción parlamentaria liberacionista, don Daniel Ulate Valenciano, quien ya había formulado una denuncia similar a la de su colega Carranza Cascante.  Ulate Valenciano, en setiembre de 2019, indicó: “En los últimos días hemos sentido gran presencia y presión de lobistas de la Cervecería, a mí en lo personal me han presionado por todos los medios”. Así la consignó Diario Extra, en su edición del pasado viernes 20 de noviembre, página 2.

“…hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”:de manera ineludible, la ciudadanía honesta y patriótica de este país debe formular un vehemente emplazamiento al diputado Luis Ramón Carranza Cascante para que puntualice su pluralización, es decir, que hay más de una empresa tuerce-brazos. ¿Cuáles son?, ¿en qué circunstancias?, ¿con relación a cuáles proyectos de ley?; ¿a la del combo fiscal, 9635 y sus abusivas amnistías tributarias?… ¿Qué “recompensas” reciben los diputados y las diputadas a quienes se les torció los brazos?: ¿dinero en efectivo?, ¿depósitos en cuentas bancarias dentro del país o fuera de él?, ¿propiedades?…

Es un secreto a voces que siempre ha existido compra-venta de votos legislativos para impulsar o frenar iniciativas de ley que afecten o que puedan afectar grandes intereses económico-corporativos y mediático-ideológicos; lo grave de lo que venimos comentando, es que eso esté pasando en medio de las difíciles circunstancias socio-políticas y económicas que vive el país, con emisión de legislación de graves repercusiones para las generaciones futuras de costarricenses.  

Sinceramente, huele a cerveza podrida en el plenario legislativo costarricense. Son pocas las personas diputadas actuales sobre las cuales no hay sospecha alguna, desde una perspectiva de ciudadanía crítica, de que sus actuaciones son totalmente apegadas a su visión de mundo y con base en una sana inspiración por restaurar como eje central de toda política pública, el bien común y la integración sociales, con fuertes leyes que atajan y/o revierten el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

La política sucia “tuerce-brazos” terminará pulverizando la endeble credibilidad de la gente en su institucionalidad democrática. Con la denuncia del diputado Luis Ramón Carranza Cascante podemos, cívicamente decretar, que la venta de conciencias legislativas ya no es un secreto a voces; que es una cruda y espeluznante realidad político-parlamentaria la cual se ha tornado más peligrosa en el actual período constitucional; sin considerar lo que es el nuevo secreto a voces: la penetración del dinero sucio producto de la ilegal actividad del crimen organizado y del narcotráfico en la política nacional (“por arriba”) y en el mismo tejido social (“por abajo”).

Los recortes presupuestarios son brutales y extremistas

  • Avanza la exclusión socioeconómica y se potencia la alternativa confrontativa
  • Pueblo golpeado deberá asumir su propia autodefensa para la sobrevivencia
  • Gobierno insistirá en ir al FMI

(ANEP), deja constancia explícita su profundo rechazo y su más enérgica condena por la decisión diputadil de 48 personas legisladoras de imponer recortes presupuestarios brutales y extremistas, al proyecto de presupuesto de la República para el año 2021.

Se impuso, contra toda racionalidad y prudencia, la línea ideológico-neoliberal ortodoxa del recorte presupuestario a mansalva, sin importar el impacto negativo en las ya deterioradas condiciones de múltiples servicios públicos, sumamente necesarios para llevar algo de dignidad en la calidad de vida miles de personas compatriotas, cuya vulnerabilidad ya era dolorosa realidad que la pandemia profundizó.

Las comunidades urbanas y rurales donde habita el pueblo golpeado por esta política económico-fiscal, saboteadora de la misma institucionalidad democrática, no tendrán más remedio que asumir retos de organización popular extraordinarios, pues se trata de su propia supervivencia. Se trata de crear mecanismos de autodefensa civil para los cuales ANEP ofrece su apoyo.

Esta errática, provocadora, irracional e irresponsable decisión diputadil de un recortismo brutal y extremista, es una acción de violencia económica contra la gente en desventaja social. Ésta queda más que legitimada para defenderse mediando la organización y la movilización intensa y activa.

Por otra parte, las personas trabajadoras asalariadas de esos servicios públicos afectados por ese fanático recortismo presupuestario, extremista y brutal, desempeñarán su quehacer en inimaginables condiciones de precariedad, teniendo que enfrentar la furia y la presión de los sectores sociales desesperados que demandarán servicios sociales asistenciales, algunos de sobrevivencia mínima, que ya no podrán brindarse y/o que caerán en la más absoluta insuficiencia e ineficiencia.

Como si ello no fuera poco, estas personas asalariadas deben mentalizarse en cuanto a que, vulneradas groseramente con la inminencia de un proyecto de empleo público precarizador del mismo; tendrán que considerar que lo que sigue son despidos masivos, sus propios despidos, pues el paso siguiente en la agenda de estos fanáticos parlamentarios y de quienes los gobiernan desde afuera, es la privatización abierta, el cierre de instituciones y la clausura de programas.

Por ejemplo, dramático es el cuadro institucional para el 2021 en materia de Seguridad Ciudadana, en materia de atención de niñez en riesgo social y vulnerabilidad nutricional (CEN-CINAI); o en lo que hasta ahora era “intocable”: la Educación Pública, la cual empieza a ser vista como gasto en el sentido ortodoxo del recortismo extremista y fanático (caso de trabajadoras cocineras de los comedores escolares).

Como corolario de todo lo anterior, está la inminente decisión de Alvarado de pedir la “asistencia” del Fondo Monetario Internacional (FM), así señalado, de manera explícita, por el ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde; para quien los acuerdos de la mesa de la mesa del diálogo gobiernista son la base de la legitimidad social que tanto necesitaban para ir al detestado organismo financiero internacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP no participará en foro multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.

En definitiva, nuestra organización no formará parte del dialogo promovido por parte de esta organización, pese a que se recibieron las propuestas desarrolladas por parte de la ANEP. la cuales tuvieron que ser regresadas.

Don Elián no tiene, ni tendrá, problemas para comprar la canasta básica por más alto sea el impuesto de ventas que le pongan

  • Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
  • La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
  • Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica

Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.

Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.

Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.

Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.

ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.

A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.

Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.

¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!

Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.

Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP