Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, debe tener todas las atribuciones en última instancia, la teoría según la cual el Presidente debe ejercer la jerarquía única de la Administración, esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, la que busca evitar la concentración del poder, es la tesis democrática.” (Actas Asamblea Constituyente).

Estas sabias palabras fueron pronunciadas durante las discusiones parlamentarias de la asamblea constituyente que estableció la Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949; criterio que expresó al diputado constituyente Rodrigo Facio Brenes, figura muy reverenciada en los ámbitos de la socialdemocracia costarricense, cuando ésta animaba las acciones políticas del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional (PLN).

Las sabias palabras de don Rodrigo Facio Brenes nos la recuerda el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, quien estima que a él se le puede considerar como el constituyente más lúcido y de mayor convicción democrática de ese proceso histórico que nos diera lo que se conoce en la historia oficial como la Segunda República.

A 71 años de que don Rodrigo Facio Brenes emitiera tan sabio concepto, acerca de la organización de un Estado democrático, al país se le quiere imponer una legislación, la Ley Marco de Empleo Público, de corte totalitario-autoritario, verticalista y absolutista, que arrasa con las autonomías institucionales establecidas en la Carta Magna de 1949, precisamente para evitar la concentración del poder. El legado de ese ilustre ciudadano está en el cajón de la basura de alguna esquina sucia del Balcón Verde.

Estamos viviendo tiempos tormentosos dado que la plutocracia gobernante, ya no solamente controladora del poder hegemónicamente real que le permite hacer lo que le da la gana con la Casa Presidencial y con la Asamblea Legislativa; quiere la constitución legal-formal de ese Estado de corte totalitario-autoritario, para hacer triunfar su tesis liquidacionista de toda política pública que procure el bien común; dando paso a la dictadura ideológica, político y económica, del todo mercado-nada Estado. En su perverso afán, están triturando la Constitución y la Ley.

Pero, ¡van más lejos aún! Han decidido ignorar las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel de la comunidad mundial de naciones, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

La OIT se muestra alarmada con los contenidos autoritarios-totalitarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público. La importante instancia de OIT, conocida como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR-OIT), en su reunión del pasado diciembre 2020, misma que consideró reiteradas denuncias de sindicatos costarricenses sobre este tópico; nos lleva a determinar lo siguiente: A) El proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, violenta el Convenio No. 98-OIT. B) El esquema de salario único global quebranta este instrumento internacional de Derechos Humanos, porque impide la negociación colectiva de las remuneraciones. C) El proyecto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

Las personas y los sectores impulsores, ideológico-políticos, de la Ley Marco de Empleo Público, no solamente está triturando la Constitución y la Ley nacional, sino que también han decidido pasarle por encima a las obligaciones internacionales del país en la materia laboral-social y de Derechos Humanos.

Esta especie de coalición transgresora de los valores inmanentes a los postulados constitucionales de 1949, como nos lo dejó sentados el constituyente don Rodrigo Facio Brenes; así como también trasgresora de la vocación soberana del país para con el respeto pleno a los postulados contenidos en todos los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; posibilita que consideremos mecanismos democráticos de alta calidad conceptual en el plano político, como la Desobediencia Civil para la defensa popular.

Puede ser que esté llegando la hora de que este tipo de mecanismos de defensa popular merezcan debate activo, como para que en el seno de los sectores cívico-populares y socio-sindicales, no alineados con el totalitarismo-autoritario en proceso, pero sí con la real democracia, empecemos a hablar de ellos con fuerte convicción de su materialización concreta en el estado actual de situación que muestra una plutocracia desbocada, en carrera loca, contra toda racionalidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Carlos Alvarado Quesada resultó ser el más grande estafador político que ha ocupado la Presidencia de la República, al menos de las últimas seis administraciones gubernativas a nivel del Poder Ejecutivo. En diversos espacios y circunstancias, hemos explicado este criterio nuestro, así como también lo hemos escrito.

En la pasada campaña electoral, durante su recorrido buscando votos en locales sindicales, Alvarado Quesada planteó una acción gubernativa radicalmente distinta a la que estamos sufriendo hoy, la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

Además, considerando que su partido, el Partido Acción Ciudadana (PAC), había elaborado un ideario ideológico-programático centrado en la búsqueda y la promoción del bien común, así como la recuperación estratégica de las políticas de inclusión social y económica, queda más claro aún que la estafa política en las elecciones presidenciales y legislativas del año 2018, fue por partida doble.

La gente le ha cobrado a él, esa estafa política. Es el mandatario ejecutivo más desprestigiado, más repudiado, el de menor credibilidad, desde que se hacen encuestas para medir la percepción ciudadana de la persona que ocupa la Presidencia de la República. Además, es el que más acusaciones penales tiene en trámite.

Aparte del empleo por parte nuestra de esta categoría sociopolítica de estafador que le hemos venido endilgando al señor Alvarado Quesada; ahora vamos a tener que agregarle otra, la de embustero, también en el plano de la calificación sociopolítica de su actuar presidencial.

Explicamos… El señor Alvarado Quesada se dejó decir que la aprobación del proyecto-Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es una condición sine qua non para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le “preste” al país 1.750 millones de dólares para el tema del descalabro fiscal que vive Costa Rica; no debido, por cierto, al pueblo trabajador sino a los gobernantes de las últimas administraciones de la cosa pública y sus pésimas gestiones ejecutivo-legislativas.

Durante todas las semanas recientes en que este asunto del “convenio” con el FMI ha estado en la palestra pública, ni una sola vez se le dijo a la población que, sin la aprobación de esa legislación, el FMI no prestaría esa plata; plata que Costa Rica no necesita porque aquí hay de sobra.

Es más, no conocemos de una indicación explícita del FMI de que eso sería así. Y si la hubiera, la habrían ocultado. Sin embargo, no lo creemos. Esta gente del FMI, por lo general y dada su trayectoria, no se anda con pelos en la lengua.

Al navegar en internet (https://www.wordreference.com/definicion/embustero), la palabra embustero nos dice de alguien que dice una mentira grande disfrazada de verdad. El adjetivo embustero se emplea para calificar a aquel que realiza embustes: engaños, trampas. Un individuo embustero, por lo tanto, es mentiroso.

Creemos que Alvarado Quesada no puede demostrar el documento-directriz del FMI en el cual se indique si no hay Ley Marco de Empleo Público, no habrá plata (los 1.750 millones de dólares). Por tanto, se trata de un embuste.

Tendríamos que retractarnos, por esta mía vía, si nos lo enseñase y pudiéramos constatar su autenticidad. Como eso no es real, tendremos que decirle aparte de estafador, embustero; repetimos, como categorías políticas de calificación del señor Alvarado Quesada como gobernante.

El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa una iniciativa criolla de los sectores económico-financieros dominantes del accionar de la Casa Presidencial como el del parlamento. Se trata de una iniciativa plenamente ideológica, congruente con otras dos ya aprobadas en contra de la naturaleza y del personal del sector público costarricense.

Este proyecto 21.336 forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República. Esas dos legislaciones ya aprobadas son la conocida como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019). Como ven ustedes, el señor Alvarado Quesada, aparte de estafador político, también nos está resultando un embustero político.