El descrédito del diálogo social “controlado”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La ahora exministra de Estado, ya expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), doña Patricia Mora Castellanos, participante activa de la gestión gubernativa que encabeza Alvarado Quesada durante los 32 meses que ésta lleva transcurridos; argumentó renunciar a esos cargos por sentirse engañada (estafada, decimos nosotros), en el proceso del cual ella fue partícipe activa, del diálogo multisectorial convocado por el gobierno y que, en términos generales, finaliza en fiasco, en ridículo, en una engañifa.

Doña Patricia dramatiza su “enojo” y “decepción”, destacando la circunstancia de que mientras ella y otras personas participantes del indicado proceso se encontraban en la Asamblea Legislativa, en la “ceremonia” de fanfarria político-pantomímica, en la cual Alvarado Quesada entregaba en el parlamento los famosos 58 acuerdos de su diálogo; ya él, Alvarado, había tomado la decisión política de entregarnos al Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un “préstamo” de 1.750 millones de dólares, para lo cual hizo un teatro de entrevista periodística con el medio emblema del periodismo de odio, con el cual procura siempre quedar bien.

Doña Patricia, a su manera, nos da la razón de que la mesa del diálogo social promovida por el gobierno de Alvarado Quesada fue tan solo una acción política “controlada”, de cara, precisamente, a ese proceso con el FMI; para lo cual los y las participantes, procedentes de diversos sectores de la sociedad, actuando de buena fe (en su mayoría), quedaron como “tontos útiles” de la estrategia de Alvarado de tratar de venderle la idea a este organismo financiero internacional de que la relación del país con el mismo tenía una base social representativa. Nada más falso. Alvarado cometió, nuevamente, una estafa política y su accionar descredita los importantes procesos de diálogo social en democracias de sólidas bases. Al menos queda la enseñanza de que, estos procesos de diálogo social “controlado”, terminan en total descrédito.

Igual parece ser la suerte que terminará corriendo el otro proceso de diálogo social que, según vamos recibiendo información fehaciente de sus interioridades, también quedará desacreditado. Hablamos del foro “competidor” del de Alvarado, promovido por la entidad conocida como Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBD), de la cual el cooperativismo es un componente muy fuerte.

Pues bien, la máxima cúpula política de este movimiento, conocida como el Conacoop (Consejo Nacional de Cooperativas), ha salido a la luz pública a decir que no está de acuerdo con el acuerdo (del foro de la asamblea), de que éste (el cooperativismo), debe dar un aporte tributario “extraordinario” para la crisis fiscal en desarrollo; como tampoco avala aumentar la carga impositiva sobre el cuerpo asalariado del país, como se acordó en ese foro en contra de la población laboral del país cotizante del Banco Popular (impuesto al salario escolar).

Este dato, por sí mismo, nos da pie para plantear que estamos, también, frente a un proceso de diálogo social “controlado” que, sin duda alguna, lo deja desacreditado. Y, ¿por qué decidimos que el foro del Banco Popular también representa un proceso de diálogo social “controlado”? Para solamente citar un elemento que lo certifica es lo que pasó con la corriente sindical que representamos: ésta fue excluida por quienes tenían (tienen) ese diálogo social “controlado”.

El descrédito de este tipo de diálogo social “controlado” llega a afectar hasta otro movimiento social que, en otros contextos, resultó relevante en el desarrollo de la Democracia, pero que presenta un potencial enorme en momento en los cuales ésta sigue viajando (o más bien, la están conduciendo), hacia el autoritarismo. Hablamos del Comunalismo, el Movimiento de Desarrollo Comunal, cuyo su interlocutor político al máximo nivel, el propio Alvarado Quesada (porque estaba en la mesa de diálogo convocada por éste), le acaba de clavar un puñal en la espalda, recortándole todo su presupuesto, condenándole a su total cierre-desaparición, prácticamente.

Las perturbaciones sociopolíticas arrojadas por este tipo de diálogo social “controlado”, nos hablan de una línea estratégica de profundo calado ya pre-establecida que se “legitima” con la participación de los sectores sociales convocados al banquete, a fin de que tales sectores socialessientan/perciban que son “tomados en cuenta”; que “son participantes activos”, que la Democracia les “incluye”; sin percatarse (en verdad, ¿es que no se dan cuenta?), de que el posicionamiento de la sociedad de la exclusión es lo que avanza.

Es ésta, la sociedad de la exclusión, la que ocupa de esos diálogos sociales “controlados”, pues es tal la brutalidad de su diseño de ingeniería social retrógrada, que necesita la oxigenación política que ese tipo de diálogo social le proporciona, pues siempre habrá quién esté dispuesto a alfombrarse a sí mismo para que le pasen por encima, aunque “no se dé cuenta de ello”.

Las 10 perversidades políticas que componen el proyecto de Empleo Público

Alvarado (el estafador político) enviará al parlamento para su trámite “final” la Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo No. 21.336, este lunes 14 de diciembre de 2020.

ANEP, que no es sindicato alineado, denuncia las 10 perversidades políticas que componen este proyecto

01) Proyecto que sienta las bases para un Estado totalitario-autoritario, electoral-clientelar total, devolviéndonos en el tiempo.

02) Proyecto cargado de inconstitucionalidades “por los cuatro costados, avergonzándonos como país “protector” de Derechos Humanos. Sin duda alguna, este proyecto será llevado a juicio en los sistemas internacionales de Derechos Humanos.

03) Proyecto que no puede exhibir base social de legítimo respaldo.

04) Proyecto que podría tener la venia de dirigentes sindicales, alineados pro-gobiernistas, especialmente del Magisterio Nacional.

05) Proyecto que expresa un contenido de odio de clase, contra grupo laboral alguno, jamás visto en la historia moderna del país.

06) Proyecto potenciado por el periodismo de odio y su campaña insana de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

07) Proyecto que no pudo fundamentar la falsa consigna de que el déficit fiscal se debía al salario devengado por el personal estatal; pero sí ideológicamente concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit.

08) Proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la otrora clase media, altamente endeudada, lanzándole a la pobreza, a la exclusión social y económica.

09) Proyecto precarizador laboral-salarial, afectando los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada.

10) Proyecto “gancho” para que el FMI acepte un “convenio” de préstamo al país; alimentando potenciales estallidos sociales, por incluir (entre otras razones), un congelamiento salarial por doce años, golpeando durante la reactivación económica del mercado interno.

ANEP reafirma, con la mayor vehemencia, nuestra oposición rotunda al Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público. Es otra la vía para abordar el tema del empleo público y debe ser parte de un todo integral acerca del futuro del Estado, de la sociedad y de la Democracia misma.

Albino Vargas Barrantes,

Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández,

Secretario General Adjunto ANEP

San José, domingo 13 de diciembre de 2020.

ANEP solicita instalación de elevador de carga en el laboratorio del hospital San Juan de Dios

La instalación de este elevador de carga no solo traerá mejores condiciones laborales para el traslado de insumos, sino que también beneficiaria a los y las usuarios del laboratorio, especialmente a personas con alguna discapacidad

Trabajadores del Parque de Diversiones conforman nueva seccional de la ANEP

Un grupo de personas jóvenes trabajadoras del Parque de Diversiones, conformó la Seccional ANEP-Parque de Diversiones, juramentando a su junta directiva, la primera de su historia de organización laboral. Les compartimos nota de tan memorable acontecimiento obrero

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La renuncia de Patricia Mora Castellanos

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Doña Patricia Mora Castellanos hizo pública, este lunes 7 de diciembre de 2020, su decisión de renunciar al puesto político de Ministra de Estado, integrante del Consejo de Gobierno; llevándose así muchos secretos de la alta cosa pública, de los cuales ella tuvo conocimiento durante los 31 meses que estuvo como acompañante de la gestión de Carlos Alvarado Quesada en la Presidencia de la República, siendo ella, a la vez, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Doña Patricia, cuya presencia en el gobierno de Alvarado muchos nunca nos pudimos explicar, queda en deuda con miles de conciencias cívico-patrióticas, las cuales en su momento y todavía ahora, vieron en la conformación del partido Frente Amplio, una posibilidad de materialización concreta de sueños y aspiraciones de profunda justicia social que, en su momento, impulsaron al ilustre ciudadano don José Merino del Río -de grata memoria-, a fundar dicha colectividad partidista.

Doña Patricia nos argumenta, como motivo central de su renuncia, algo así como el impulso final que le lleva a abandonar el barco, la traición que cometió Carlos Alvarado Quesada en contra del “espíritu democrático” que, según ella, privó en el proceso de diálogo gubernamental-multisectorial recién concluido; traición que se materializa cuando el desprestigiado y cuestionado mandatario le rindió cuentas al medio emblema del periodismo del odio, de que sí se acudiría al Fondo Monetario Internacional (FMI), como vía de escape a la grave crisis fiscal del país que, al nivel de cataclismo como nos lo están pregonando algunos, no termina de llegar. Alvarado le da la primicia de lo del FMI al periodista del capital que le entrevista; no al pueblo y ni siquiera a los que embaucó con su falso diálogo. Por este lado, lleva razón doña Patricia en indignarse. Digamos que es así.

Las personas conocedoras del mundillo de los partidos políticos (no necesariamente, el mundo del real poder), han afirmado que la estadía de doña Patria en el gobierno de Alvarado, le ha costado un elevado capital político al partido Frente Amplio, al cual se le ha percibido como co-gobiernista.

La verdad debe decirse en cuanto tal, considerando que tanto el partido Liberación como la Unidad han sido co-gobierno, también.

La conducta de Alvarado como estafador político ha quedado, nuevamente, en evidencia y de una manera dramática: doña Patricia Mora Castellanos indicó en su carta de renuncia lo siguiente: “…Y resulta que mientras diversos sectores estuvimos allí, entregando los acuerdos de diálogo, desconocíamos que don Carlos Alvarado y su equipo económico no solo ya habían tomado la importante decisión de iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI),…”, sino que él se lo contaba, en exclusiva, al periódico que venía torpedeando esa mesa de diálogo en la cual doña Patricia creyó. ¿Es o no es esto una estafa política? ¡Por supuesto que lo es!

Mucho se ha estado comentando en estas últimas horas sobre este importante acontecer político, que es la salida del partido Frente Amplio del contubernio gobiernista PAC-PLN-PUSC. No habrá una valoración política contundente pues todas las que se hagan, indudablemente, serán formuladas según los prismas políticos y hasta ideológicos de quienes las planteen.

Lo cierto es que la derecha del capital extremista de corte fundamentalista neoliberal, con tal de mantener y robustecer el control sistémico que le da su hegemonía del poder, y a fin de no arriesgar ésta ni un milímetro, ha estado concediendo espacios a minorías postergadas de diverso orden, otorgándoles derechos, aunque sea en contra de sus posiciones conservadores clásicas. Y estos cantos de sirena han sido escuchados por ciertas izquierdas que, con sobrados argumentos, han venido levantando esas banderas de minorías postergadas, pero al precio de volverse sistémicas para pasar a ser socialdemócratas de avanzada. ¿Es esto malo? ¡No!

Lo delicado parece ser que esos cantos de sirena, aunque estridentes y ruidosos, suenan bien por ciertas etapas y sin haberse dado cuenta de que se estaba durmiendo con el enemigo. ¿Sería esto lo que le pasó a doña Patricia? ¿Sería esto lo que le pasó al Frente Amplio?…

El desmejoramiento constante de la seguridad ciudadana

Recientemente, se conoció el Informe N.° DFOE-PG-IF-00013-2020. de la Contraloría General de la República (CGR), con fecha 27 de noviembre del año 2020; el cual puntualiza una serie de debilidades en la atención de emergencias. Sobre el particular, es importante analizar las diferentes aristas que se presentan alrededor del tema.

 
“Así, entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2020, en la atención de incidentes de emergencia en los cuales está en peligro la integridad física de las personas o sus bienes, el tiempo promedio requerido para la llegada de los recursos al sitio del incidente desde su comunicación el SE-911 al MSP, fue de 38,25 minutos. Al respecto, en México se ha definido un tiempo de 9 minutos para ello; mientras que el Departamento de Policía de Nueva York (DPNY) registra un promedio de 7 minutos para incidentes similares. Además, se determinó que, entre 5 grupos de delegaciones, definidos con base en las similitudes por variables de densidad poblacional, cantidad de incidentes de emergencia recibidos, índice de desarrollo del delito 2017 y el índice de desarrollo social distrital 2017; existe una diferencia de 8,45 minutos de tiempo promedio, para hacer el envío de recursos policiales al lugar del incidente, desde su comunicación por el SE-911. Mientras que, para el grupo de delegaciones con menor tiempo el registro promedio fue de 8,49 minutos, en el grupo de delegaciones con mayor tiempo fue de 16,94 minutos. Dichas situaciones son incongruentes con las responsabilidades del MSP, para dar una atención inmediata y eficiente de los incidentes de emergencia que le traslade el SE-911. Tampoco se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y trato igualitario, para los destinatarios del servicio público.”

Aquí podemos ver que se hace un comparativo con las ciudades de México y de Nueva York, pero el informe no nos dice nada sobre los recursos de que disponen los cuerpos policiales de dichas urbes. De entrada, es importante señalar que ambos países tienen una legislación que respalda muchísimo más la actuación de sus policías. En los Estados Unidos, los uniformados (policías) son considerados profesionales, cuentan con mejores herramientas, disponen del uso de armas menos letales; y, en función del respaldo que el Gobierno les brinda a sus fuerzas de policía, sus órdenes, salvo contadas excepciones, son acatadas por la ciudadanía. En nuestro país, se quiere una policía como la de Nueva York, con patrullas en mal estado, policías sin botas, con chalecos balísticos vencidos, que debe soportar el irrespeto de un sector de la sociedad (“está grabado papi”), y con un Gobierno que muestra su “respaldo” provocándoles una regresividad salarial al incluirles en la Ley 9635. Ni qué decir de nuestros legisladores, que aprobaron la reducción de 5.300 millones en el presupuesto para el año 2021.

El desmejoramiento paulatino de la seguridad se viene dando en todo el país. No obstante, haré mención de lo que conozco de primera mano, en razón de mi experiencia: Palmar Norte de Osa, lugar en el cual me desempeñe por tres años como jefe de la delegación, para el año 2009 contaba con 36 oficiales de policía, tres patrullas y dos motos. Al año 2020 (11 años después), dicha delegación policial cuenta con 22 oficiales (14 menos), dos patrullas (una menos) y cero motos, además mantiene orden de clausura por parte del Ministerio de Salud. Las distancias en zonas rurales son largas y con caminos en mal estado. Por ejemplo, si en Palmar Norte se estuviera atendiendo una incidencia en el sector comercial o comunal, y se presenta una emergencia en finca 7 de Palmar Sur (camino de lastre), es muy probable que el tiempo de respuesta sea el indicado en el informe de la Contraloría General de la República.

Continúa citando el informe de la CGR. “Por otra parte, se identificaron debilidades reportadas por 16 Fiscalías del Ministerio Público, en la cadena de custodia de evidencia, la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública del MSP, lo cual, puede colocar en riesgo la integridad de elementos que podrían ser utilizados como prueba en procesos judiciales. Estas debilidades corresponden a: defectos en el embalaje de objetos a entregar; entrega de objetos sin rotular o sin lacrar; descripción insuficiente o no congruente con el objeto a entregar; daño a objetos durante el traslado; y cadenas de custodia con inconsistencias en el llenado, incompletas, y/o con errores procedimentales.”

Es cierto lo dicho por las fiscalías del Ministerio Público; pero, acá vamos a decir que, por un lado, el Poder Ejecutivo sigue dejando de lado ampliar y mejorar la malla curricular y con ello la capacitación que se imparte en la Academia Nacional de Policía. Por otro lado, me consta, fui parte de la administración de pobreza, que muchas veces se embala en bolsas de pan de la Musmani, porque no se cuenta con los insumos suficientes para cumplir a cabalidad con el embalaje de evidencia, tampoco se dispone de lugares idóneos para la custodia de evidencia, por ello, aplica la famosa frase: “sin cacao no hay chocolate”. La situación tiene un agravante que debe ser advertido: muchos procesos judiciales pueden resultar infructuosos producto de un mal manejo de la evidencia y de la cadena de custodia de la misma.

Es evidente el desmejoramiento en la Seguridad Ciudadana. Indudablemente, el tiempo y/o la capacidad de respuesta en una emergencia puede resultar determinante en el resultado de la misma.  Por ello, aunque puede haber factores operativos que se deban revisar, lo primordial tiene que ser dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Ojalá lo entiendan así el Gobierno y nuestros legisladores.

Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP

Denuncian al director del CTP por uso indebido de su vehículo institucional

Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP- MOPT, Pol. Tránsito se encuentra recibiendo acoso laboral por parte de sus jefaturas ante las constantes denuncias públicas que ha realizado sobre acciones irregulares dentro de la institución.

ANEP llegará a las ultimas instancias para reinstalar trabajadores del Comité de Deportes San José

A pesar de que un Juzgado de trabajo ordenó la reinstalación inmediata de al menos 23 trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de San José, la institución se ha negado a cumplir con la orden judicial