La empresa autobusera tomó represalias contra un grupo de conductores por haberse afiliado a la ANEP, por tal motivo fueron cesados de sus puestos de forma arbitraria.
Autor: ANEP
ANEP pide ampliar pólizas a policías
ANEP fortalece lazos internacionales
Reforma reduciría monto de pensión para trabajadores de la CCSS
Carta abierta de la ANEP para la Asamblea del Banco Popular
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Sr. Fernando Faith Bonilla, Presidente, Directorio Nacional, Foro Multisectorial de Diálogo Nacional Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).
Nos referimos a su nota DAT-607-2020, fechada 13 de noviembre de 2020, en la cual su representada le indica a la nuestra que en la sesión número 683-2020, ese Directorio Nacional por usted presidido “… acordó exaltar el interés de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP de participar en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional -ATTBPDC-; sin embargo, no es posible su incorporación dado que el proceso de inscripción de organizaciones concluyó el pasado 26 de octubre 2020”.
Al respecto, destacando el respeto que siempre hemos tenido para con su persona y para con el Directorio Nacional de la ATTBPDC, indicamos lo siguiente:
PRIMERO: Hemos optado porque la presente tenga el carácter de Carta Abierta, de manera tal que todas las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, así como una serie de organizaciones de diversa naturaleza con interés en el proceso del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTBPDC, tengan clara noción del desenlace final que para la ANEP representa el mismo.
SEGUNDO: Es importante recalcar que somos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (siglas ANEP), pues en su nota usted habla de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, lo cual invisibiliza (pensamos que sin mala fe), la circunstancia de que cubrimos en nuestras filas sindicales a una importante cantidad de personas trabajadoras del sector privado de la economía, por cuyos derechos abogamos de manera constante; personas asalariadas que, junto a sus homólogas del sector público asociadas a la ANEP, son también como éstas, integrantes-socias cotizantes, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
TERCERO: Tal parece ser que “el destino” habría de determinar la no participación de la ANEP en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTPBDC, puesto de que a pesar de que nos inscribimos en tiempo y forma para participar en el mismo, un error político de su parte, don Fernando, en nuestro respetuoso criterio, provocó un retiro abrupto de la ANEP en el mismo acto de la apertura-ceremonia inaugural del Foro; dado que fuimos sorprendidos con una moción suya para que el mismo fuera “corriendo” a participar del evento que de similar naturaleza promovía el desprestigiado Gobierno de la República, pese a que éste, según nuestras fuentes confidenciales, habría intentado boicotear el foro de la ATTBPDC.
CUARTO: Nos conectamos con el punto anterior para señalar que, aunque fuera un instante no más, el de la participación de la ANEP en el acto de apertura del Foro ATTBPDC, ello indicaba que habíamos cumplido su requisito de inscripción en tiempo y en forma. Por lo tanto, no es de recibo para la ANEP que en la nota suya del pasado 13 de noviembre de 2020, se hable de que ya había concluido el proceso de inscripción para no readmitirnos.
QUINTO: El retiro abrupto de la ANEP en el mismo instante de la apertura del Foro ATTPBDC, reiteramos, generado a partir de un error político de su parte con la moción indicada que nos provocó, de entrada, una duda de transparencia sobre su propio proceder; ocasionó la preocupación de personas de buena fe ligadas al proceso que usted preside, de forma tal que se nos pidió, pese a nuestro retiro, la entrega de las propuestas de la ANEP, con las formalidades establecidas, lo cual hicimos, también de buena fe; considerándose que la eventual y posterior reinserción de nuestra representada contribuiría, de manera muy cualitativa, a alcanzar los nobles propósitos que animan el Foro, según lo planteado en los documentos promocionales y los compromisos que el mismo estableció y que la ANEP suscribió, de manera transparente, formal y políticamente.
SEXTO: Adicionalmente, hubo una especie de rectificaciones políticas apropiadas. Por una parte, el Foro ATTBPDC se hizo presente a la mesa gubernativa y así constató su propia persona, que tal proceso no le era conveniente. Por su lado, ANEP, mostró su interés político decidido en el retorno al foro dignamente presidido por su persona, entregando nuestras propuestas.
SÉTIMO: Ahora bien, finalmente, es obvio que esas distinguidas personas de buena fe, interesadas en la participación de la ANEP en el Foro ATTBPDC, fracasaron en cuanto a la interposición de sus buenos oficios al respecto. No existe interés político en que la ANEP participe en el Foro ATBPDC.
OCTAVO: Así las cosas, don Fernando, por una cuestión de ética y de decencia política la ANEP retira, en este acto, del conocimiento de los y de las participantes en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, el documento que pusiéramos a su disposición, especialmente preparado con tal fin; documento denominado por ANEP como Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera-Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, 2000-2020”; desautorizando su utilización en todo o en parte.
NOVENO: Tales aportes representan una propiedad intelectual compartida entre la ANEP y las diversas personas y entidades que, a lo largo del período indicado, 2000-2020, los generaron; de tal suerte que, en casa caso, sin la debida y explícita aquiescencia de todas las partes involucradas, no se podrán utilizar. Como es lógico suponer, la ANEP, como parte, no está autorizando uso, según se deriva de nuestra no-participación en el Foro ATTBPDC; aparte de que, como se reconoce, esos aportes se generaron por y desde la ANEP misma.
DÉCIMO: Por tanto, públicamente declaramos que, a partir de este momento, la ANEP no tiene relación alguna con cualquier documento, resolución, acuerdo, propuesta, metodología, similares, etc., que emita el Foro Multisectorial de Diálogo Social de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC). Por otra, que retiramos a la actual delegación de la ANEP que ya estaba acreditada ante la ATTBPCD, antes del proceso del foro y, por tanto, la Asamblea en cuanto tal, no cuenta a partir de este momento con representación alguna de la ANEP.
Sin otro particular,
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Peligroso extremismo ideológico en recortes presupuestarios
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Debemos cerrarle el paso a las peligrosas y extremistas posiciones legislativas, así como a sus soportes externos (especialmente, los de carácter mediático), en materia de los recortes presupuestarios que se están planteando en estos momentos en la actual Asamblea Legislativa; cuando, sin ton ni son, se manejan, “a lo loco”, cifras antojadizas cambiantes, minuto a minuto, tocando ámbitos sensibles de la política pública como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Cultura.
No se trata de hacer defensa del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pues bien conocidas son nuestras posiciones político-sindicales con relación a la gestión que encabeza Alvarado Quesada, al frente del Poder Ejecutivo.
Se trata de llamar a la sensatez, a la racionalidad y a la prudencia, dado que los recortes presupuestarios extremistas que se están planteando, afectarán tanto a las personas asalariadas prestadoras de los servicios públicos que serán duramente afectadas, como a quienes son receptoras de los mismos.
Esta es la parte más peligrosa del drama del fundamentalismo recortista: agravará más la situación socioeconómica de compatriotas y de personas extranjeras que conviven con nosotros, ya de por sí deteriorada tanto por el desempleo y la informalidad, como por la precariedad salarial, la calidad de sus viviendas, la delincuencia, la problemática de la convivencia intrafamiliar que la pobreza conlleva, entre otras calamidades.
Bien ha hecho el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, reclamando de manera airada lo que está sucediendo en esto de los recortes presupuestarios de corte fundamentalista, propios del extremismo neoliberal que ya ha contaminado, de manera lamentable, esferas institucionales del sistema democrático, imprescindibles para una convivencia civilizada, sana y en paz. Es más, el indicado legislador ha dicho sentirse “estafado”, al darle su confianza al Gobierno y su fracción parlamentaria cuando, al parecer, le habrían indicado que no serían compartidos por el oficialismo tales recortes presupuestarios.
Recortar en programas sociales significa, prácticamente, caer en la perversa esfera de la violación de Derechos Humanos fundamentales, algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Las personas diputadas que están abanderando estos extremismos recortistas deberían visitar un centro de cuido del programa CEN-CINAI, por ejemplo. Estamos seguros que ni siquiera por enfrente de uno han pasado.
¿Cómo se puede concebir recorte presupuestario al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en una sociedad que tendrá, o que ya está teniendo, un alto porcentaje de su población en la fase de “tercera” edad? Otra cosa muy distinta es plantear si toda la política pública en tal sentido, merece una reestructuración de fondo; sin embargo, el recortismo extremista no puede actuar en esta línea, simplemente “macheteando” partidas, como indicamos, “a lo loco”.
Lo que sucede con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y, específicamente, con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en este sentido de la “moda” del recortismo presupuestario fundamentalista, no se puede tolerar bajo circunstancia alguna. Algunos entendidos estiman que la última ley de impacto social estructural que se emitió en el país fue, precisamente, la de Asignaciones Familiares, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), creando uno de los programas sociales más sonados en la América Latina. ¿Sabrán las diputaciones actuales del PLN que tal legislación es “obra liberacionista”?
¿Cómo comprender que se atente contra el presupuesto de los programas sociales en momentos en los cuales estamos viviendo, en puertas del bicentenario de la independencia, la más cruda situación socioeconómica del país desde la fundación de lo que la historia oficial ha denominado como “¿Segunda República”, en 1949?
Tan dramático e increíble como los casos anteriores, es el recorte presupuestario para la Cultura, incluyendo lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que es “cerrarlo de un porrazo”. Es cierto que la televisión y la radio públicas merecen mejor suerte y que su papel estratégico para la democracia informativa y para la inclusión comunicacional están pendientes de un redireccionamiento estratégico. Pero aplicarle al SINART un cierre abrupto y abusivo, presupuestariamente hablando; o quitarle el presupuesto a la Orquesta Sinfónica Nacional y a la cultura, en general; no queda más que compararlo con el grito fascista de “Muera la Inteligencia”. Y sobre los recortes presupuestarios en Seguridad, ¿no sería conveniente preguntarle qué piensa al respecto el crimen organizado?…
Para desafiar el orden autoritario que se nos está imponiendo
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Sin temor a equivocarnos, sin falsas modestias, sin arrogancia ni petulancia algunas; luego de varios años de esfuerzos individuales y colectivos, de personas y de agrupaciones civiles de diversa naturaleza; ciudadanía activa de distinta procedencia político-partidaria o sin ninguna, pero con visiones de mundo compartidas en medio de la diversidad de pensamiento filosófico e ideológico; la corriente sindical en la cual militamos pone a disposición del público y, especialmente, en manos de la ciudadanía patriótica costarricense, de la clase trabajadora del país y de sus sectores empresariales más honestos, conscientes y responsables, el mejor documento de pensamiento obrero-social generado en las últimas dos décadas; tanto por su contenido como por las riquísimas aportaciones político-intelectuales que contempla, generadas en el clima de constante dinámica cotidiana de lucha social de los últimos años y desde una organización sindical de incansable militancia.
Hablamos de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha publicado el documento denominado Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, con ocasión de la realización del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollándose, promovido por la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).
Según el subtítulo de este documento, Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, se logró juntar en una única publicación, los esfuerzos más notables de producción de pensamiento alternativo al más que fracasado modelo neoliberal y su doctrina hegemónica del Consenso de Washington, cuyos resultados perversos para la sociedad costarricense ya no se pueden negar.
Este conjunto de experiencias de análisis y de propuesta sobre la organización alternativa de la sociedad, empezó a impulsarse luego de la histórica lucha cívico-patriótica del combo ICE, en el año 2000; año emblemático que derivó, entre otras consecuencias, en el rompimiento del hasta entonces bipartidismo histórico, Liberación-Unidad, en momentos en los cuales, el impulso por ambos de ese intento de privatización del ICE, marcaba el derrumbamiento ideológico de los valores que ambos partidos pregonaban sustentar como “eternos”: por un lado la Socialdemocracia original; y, por otro, el Humanismo Cristiano, respectivamente.
El documento Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, junta experiencias en la generación de encuentros multisectoriales que, de un modo u otro, en sus diferentes espacios y ámbitos de quehacer social, ya intuían que la histórica convivencia civilizada de la sociedad costarricense se iba resquebrajando; y que, por tanto, era necesario analizar y plantear, en blanco y negro, nuevos retos, por ejemplo, en cuanto a movilizad e integración sociales, restauración del bien común en toda política pública, real justicia tributaria redistributiva; restauración de la importancia estratégica de la producción agropecuaria nacional; fomento, potenciación y relanzamiento de la producción para el mercado interno; como complemento, en este caso, del excesivo protagonismo que los sectores dominantes le venían dando (y hasta la fecha), al mercado externo, para propiciar una producción laboral, social y ambientalmente justa; entre otros principios y valores que ya habían sido descartados por los abanderados del Consenso de Washington y sus versiones “a la tica”.
Evidentemente, en estas dos décadas, 2000-2020, una intensa y rica serie de esfuerzos en la dirección contraria a la del orden autoritario que se nos está imponiendo, se han producido; de manera tal que, Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, no es, ni pretende ser, el único esfuerzo de generación de pensamiento alternativo. Hay otros de igual o de mayor relevancia, especialmente, en el orden sectorial.
Lo que sí destacamos es que en Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, las entidades y las personas que tomaron parte en sus diversas fases de ejercicio propositivo, siguen acariciando la materialización de tantos anhelos expresados en este documento, en aras de la llegada de ese sujeto histórico que lo posibilite; considerando que la actualidad de todos (o casi todos), los aportes incluidos en este documento son, prácticamente, irrefutables, contrastados con la sociedad de la exclusión económica y social que ya estamos, de manera dolorosa, padeciendo.
Para desafiar el orden autoritario que se nos está imponiendo, hay material de sobra en Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva como democracia verdadera.
ANEP PPM se opone al proyecto de Ley para el fortalecimiento, coordinación y planificación del resguardo fronterizo.
Reciban un saludo de la Seccional ANEP PPM, con relación al proyecto de Ley No 21448, mismo que fue dictaminado por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad la semana anterior, resulta necesario que desde la Seccional ANEP PPM, se haga saber que este tipo de legislación, lejos de promover el fortalecimiento, lo que viene es a debilitar aún más las estructuras y capacidades ya instaladas de cada Cuerpo Policial, dándole facultades a otros Cuerpos Policiales, como es el caso de la Policía de Fronteras, que podrían generar problemas tanto preventivos como en materia judicial.
Antes de indicar estos problemas se debe aclarar que la legislación es clara, y ha venido fortaleciendo las actividades represivas que por competencia desarrolla el Organismo de Investigación Judicial, al permitir que policías especializadas en determinada materia incursiónen en esta área tan delicada , claro está que los legisladores en el pasado han tenido el cuidado de que esto se haga bajo la dirección funcional del Ministerio Público, haciendo mediante Ley que cada Cuerpo Policial Especializado se convierta en Órgano Auxiliar del Ministerio Público.

Este es el caso de Cuerpos Policiales como la Policía de Control de Drogas (sustancias prohibidas y legitimación de capitales), Policia de Control Fiscal (evasión), Policia Profesional de Migración (Trata y Tráfico de Personas, Delitos con nexos y corrupción), se puede ver que la creación de una comisión permanente y liderada por las Direcciones Policiales Fronterizas y con capacidad para decidir en cuanto a las labores propias de otros Cuerpos Policiales afectaría de forma directa en las labores operativas ya que las órdenes que puedan derivar de estos foros puede afectar tareas tanto de investigación como de atención ante temas de relevancia para el país.
En cuanto a la posibilidad de investigar que se le quiere dar a este Cuerpo Policial, sin generar una especialidad, es realmente riesgosa y a la vez estaría dotando de características propias del aparato judicial a una policía de corte Administrativo, ya que se pretende dar el control a la Policía de Fronteras para investigar una serie de delitos que si bien es cierto son de índoles transnacional, no está siendo considerado que en el pasado cuando se ha dado esta facultad a otro Cuerpo Policial distinto al OIJ es por especialidad, y la Policía de Fronteras tiene una naturaleza de corte general solo que con rango de acción fronterizo.
Esta propuesta de Ley a pesar de que se menciona que viene a fortalecer a la Policía de Fronteras y Policia Profesional de Migracion, en el cuerpo normativo no se ve posibilidad alguna de darle tal fortaleza al Cuerpo Policial Especializado en materia Migratoria y único con la facultada de investigar esta dinámica ya que es Órgano Auxiliar del Ministerio Público, lo que evidencia que contrario a fortalecer viene a debilitarlo.
Este tipo de acciones a pesar de que se comprende la necesidad de fortalecer las fronteras, tal y como lo hace ver el diputado Viales de conformidad con las estadísticas, es evidente que lo que se debe hacer es dotar de más recursos a cada Cuerpo Policial, en especial a la Policía Profesional de Migracion, esto partiendo de que se pudo demostrar las capacidades operativas que desarrolla el Cuerpo Policial y que muestra de esto ha sido el trabajo que ante el cierre fronterizo se convirtió en pilar fundamental en la dinámica dirigida por el Ministro de Seguridad de contención.
No obstante, este trabajo se ha conseguido movilizando Oficiales de otros puestos de control migratorio como los aéreos, oficinas centrales, regionales y terrestres, que por el cierre de terminales aéreas, bajaron en atención para ponerlo a liderar operaciones en las diferentes fronteras logrando así los resultados obtenidos en cuanto a rechazos.

Sin embargo, ahora que se dan las reaperturas de fronteras iniciando por la Aerea se va a debilitar el control migratorio terrestre, mismo que con la reactivación del sector agro y comercial va a generar un aumento en la migración irregular de personas migrantes que provienen de los países vecinos.
Debe analizarse profundamente que darle estas facultades y atribuciones a la Policía de Fronteras, podría generar un retroceso en lo que al día de hoy se ha logrado, así como una alta probabilidad de que investigaciones que podría estar llevando el Organismo de Investigación Judicial, PCD, PCF o PPM, se dupliquen, representando no solo un riesgo para la investigación como tal, sino que se estarían haciendo gastos muy altos en trabajos que otro cuerpo policial ya lleva de la mano con la Fiscalía.
La Policía de Fronteras debe fortalecerse, pero con recursos los recursos qué ya recibe el Ministerio de Seguridad Pública, aumentando capacidades operativas y hasta herramientas tecnológicas, pero puestos a disposición de los Cuerpos Policiales que actualmente ya tienen por ley esa facultad.
El apoyo de este Cuerpo Policial a las diferentes unidades policiales es fundamental desde una perspectiva general y de índole meramente preventiva, llevando a sede judicial aquellas personas sospechosas que han sido aprehendidas en la comisión de un delito Flagrante.
Por último, mantener estos diálogos con otras instituciones, siempre es importante, esto a la hora de tomar decisiones o para prepararse de situaciones que pongan en riesgo la
Seguridad social o la seguridad pública, sin embargo es importante tener cuidado por el manejo que se le podría dar a los datos, por parte de las instituciones que no son policiales.

En la actualidad el Ministro de Seguridad Pública y quien también es Ministro de Gobernacion y Policía puede articular acciones conjuntas tal y como se ha evidenciado en los Mega operativos, más bien debería dársele una modificación a través de reforma de ley a la Ley 7410 para que todas las policías del país estén en lo operativo a la orden del Ministerio de Seguridad Pública.
El Diputado Gustavo Viales con éste proyecto lo qué quiere es blindar el Expediente 20323 para no darle recursos a la Policía Profesional de Migración y ponerle más funciones con los mismos recursos o con menos recursos.
Gerardo Mora Ordóñez Presidente de la Seccional ANEP PPME Directivo Nacional de ANEP.
Alvarado Quesada insiste en someternos al FMI
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.
Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.
En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.
La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.
Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.
De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.
En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.
Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?
Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?
Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.
El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.
Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.
Alvarado Quesada insiste en someternos al FMI
Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.
Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.
En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.
La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.
Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.
De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.
En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.
Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?
Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?
Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.
El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.
Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.





