Recuperemos la riqueza atunera de Costa Rica

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada presentó para su correspondiente trámite legislativo, el proyecto Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense (Expediente No. 21.531); una importante, necesaria y más que oportuna iniciativa que, festejamos y felicitamos, comprometiendo nuestro apoyo explícito y activo a la misma, una vez estudiada.

La iniciativa llega en momentos muy oportunos desde el punto de vista de la crisis social y de empleo en la provincia de Puntarenas, cuyas autoridades locales han anunciado una profundización de la misma, ahora que la pesca de arrastre ha quedado legalmente prohibida.

La recuperación de la riqueza atunera costarricense es un viejo anhelo, muy acariciado por amplios sectores cívico-patrióticos y económicamente sanos de nuestra sociedad.

Tres objetivos fundamentales presentan el proyecto del diputado del Partido Frente Amplio: 1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la descomunal e inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica. 2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco al pueblo costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas anualmente o pagando montos ridículos muy por debajo de su valor real. 3) Fomentar la creación y el desarrollo de la flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas y otras formas de organización asociativa de economía social que generen significativas fuentes de trabajo para la población empobrecida de nuestras costas.

No nos habíamos percatado de que otra iniciativa de ley en tal sentido ya estaba en la corriente legislativa. Se trata del expediente No. 21.016, Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro Muñoz Fonseca, legislador de esta colectividad política, de manera atinada, nos llamó la atención al respecto.

En este texto-proyecto 21.016 podemos leer: “…, el recurso atunero de nuestro país es un bien público que debe y puede generar mayores beneficios a mayor número de costarricenses de una forma sustentable”.

Pensamos que es éste el momento político más oportuno para que en la Asamblea Legislativa el tema de la recuperación de la riqueza tunera costarricense cobre alta prioridad.

En tal sentido, abogamos porque los equipos de asesores de ambas fracciones parlamentarias (Frente Amplio y Unidad), pudieran trabajar una unificación de las dos iniciativas de ley que venimos comentando, de forma tal que quede un solo expediente para que logre un apoyo parlamentario masivo.

Evidentemente, el Gobierno de la República tiene que asumir su parte en este proceso y darle su “visto bueno político”, para potenciar el abordaje del tema desde el Poder Ejecutivo.

La riqueza atunera tica, criminalmente cedida y robada durante muchísimos años, ofrece enormes potencialidades de generar sólidas oportunidades de inclusión económica y social, así como de una justa distribución de los beneficios de explotación nacional de la misma, por parte de costarricenses.

Éstos, organizados grupalmente en cooperativas y/o emprendimientos de economía social, de manera tal que no propiciemos una apropiación privada y el fomento de un lucro personalísimo, evitarán que se deje por fuera a grandes grupos de personas trabajadoras, hoy desempleadas y con hambre.

Sin duda alguna que, mediando un sistema tributario justo para esta actividad en manos ticas, también el Estado saldrá ganando y, por ende, será una contribución fiscal fresca para el problema del déficit fiscal.

ANEP entregó documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) entregó este lunes el documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC), donde se compila el resultado de varios años de ejercicio de pensamiento propositivo, generados por y desde la ANEP

Considerando lo anterior, amén de situarnos en la crisis política, económica, social y de salud en desarrollo, la ANEP ha considerado conveniente poner en  manos de la ATTPBDC, algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales; documento que expresa el resultado de varios años de ejercicio de pensamiento propositivo, generados por y desde la ANEP, con base en su propia militante experiencia político-sindical cotidiana en los años de los TLC’s, partiendo del gran fenómeno sociopolítico del año 2000, el combo ICE, a la actualidad.

La autoría multisectorial de tales esfuerzos propositivos, cuyas identidades participantes (individuales y colectivas), se mencionan y honran en cada uno de los apartados de dicho documento, son reflejo de una sólida preocupación civil en cuanto a que Costa Rica empezó  a abandonar la senda de la promoción del bien común y de la inclusión social, sin que la clase política se “percatara” de ello; al punto de que una vez llegada la pandemia del coronavirus Covid-19, ésta lo que hizo fue estrellarnos en nuestra propia cara de sociedad hasta qué punto habíamos llegado en cuanto a exclusión social y económica. Todos los indicadores, de las más diversas procedencias, son contundentes al respecto.

Sin temor a equivocarnos, la actualidad de los contenidos propositivos del documento Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva con democracia verdadera: Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, entroncan con los nobles propósitos del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC),

Creemos que hay un nuevo contexto, a partir de lo que apuntamos en el párrafo inicial de la página 2 del contenido de la presente, para el desarrollo del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, que posibilita la reinserción de la ANEP; sobre lo cual algunas personas, con mucha honestidad e interés sano por su eventual y exitoso resultado, lo estarían recomendando. En todo caso, quisimos aprovechar la circunstancia histórica del momento y entregarle el documento ya mencionado con la respetuosa y reiterada solicitud de que su despacho proceda a compartirlo, si lo considera oportuno. De manera pública, nuestra iniciativa se ha de conocer.

De seguido, detallamos los contenidos de nuestro documento:

ANEP entregó documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabaja… by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP rechaza, de manera contundente, proyecto de Empleo Público

De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.

Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.

El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global:  tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.

La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.

El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.

Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.

Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.

Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.

El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

 San José, viernes 30 de octubre de 2020.

Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de trabajador de la Imprenta Nacional despedido ilegalmente

La reinstalación obedece a una falta presentada en el debido proceso, ya que el despido de Johnny Fernández, quien también es dirigente sindical de ANEP, no contó con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, según lo ordena el artículo 541 del Código de Trabajo.

Golpe de Estado “a la tica”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

…que Carlos Alvarado acepte un papel ceremonial de jefe de Estado tras designar una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne con un gabinete tecnocrático por el resto del período presidencial”. Así entendemos nosotros que se daría en el país un Golpe de Estado; un Golpe de Estado “a la tica”.

El ciudadano Juan Carlos Hidalgo, quien se identifica como “analista de políticas públicas”, está conmoviendo el escenario político del país con su propuesta de Golpe de Estado “a la tica”, formulada de manera pública en su columna de opinión de este lunes 26 de octubre de 2020.

Conocido como gran promotor de las ideas del mercado absoluto, don Juan Carlos ya no solamente aboga por darle un Golpe de Estado “a la tica” a Carlos Alvarado Quesada, sino que se atreve a designar a sustituto, el no menos conocido Rodrigo Arias Sánchez, a quien califica como “el ministro de la Presidencia más eficiente de las últimas décadas”; quien gobernaría como Presidente de facto, para lo cual sería “legitimado” mediando un “simbólico voto de confianza” por parte de la actual Asamblea Legislativa de forma tal que ésta le dé la investidura de un mandato político.

Creemos que don Juan Carlos no habla por sí mismo. Si su columna golpista se publica en el periódico más fundamentalista en cuanto a la consigna ideológica del “todo mercado-nada Estado”, es necesario suponer que cierto sector de los capitalistas más ricos del país ha perdido la paciencia; y que su “benjamín político”, al que encumbraron a la Presidencia de la República mediando una conjura mediática urdida en un estudio de televisión y en una sala de redacción, ha resultado un fiasco, un bueno para nada,a tal punto que el país está a las puertas de un default.

Don Juan Carlos, a quien denominaremos de ahora en adelante como el columnista golpista, tiene intenciones de ser diputado de la República a partir del 2022 y por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), al cual se afilió recientemente. De seguro, él y los sectores golpistas que representa, desearían que de aquí a mayo de ese año la solución al grave problema fiscal del país esté implementada totalmente; claro está, bajo su visión ideológica del todo mercado-nada Estado.

La desesperación que invade a los sectores por los cuales habla el columnista golpista, les lleva a cambiar de opinión con pasmosa velocidad. Hasta hace un tiempo, el columnista golpista afirmaba lo siguiente: “Me espanta cada vez que va en aumento la posibilidad de que Rodrigo Arias sea el próximo presidente”. También esto: “Con el retiro de Rodrigo Arias de la contienda presidencial desaparece una seria amenaza a la institucionalidad democrática de Costa Rica”. Y, éste es brevísimo pero muy elocuente: “¿Quién nos puede librar de Rodrigo Arias?”. Las redes sociales lo dejaron en evidencia; o, ¿esos comentarios suyos, don Juan Carlos, son ahora fake news? ¡Después de endiablar a don Rodrigo Arias, ahora don Juan Carlos lo endiosa! ¿Qué pasó aquí?…

En realidad, ese anhelo golpista de don Juan Carlos no es más que la aspiración más aguda del proceso autoritario que actualmente está en desarrollo en nuestra Democracia. La desesperación que invade al columnista golpista no necesariamente esté relacionada con la calificación que le da a Alvarado de un bueno para nada. Lo que pasa es que es cada vez más creciente la resistencia de amplios sectores de la sociedad para someterse, final y definitivamente, a un modelo de organización social que incrementa la cantidad de gente excluida y descartada (según la terminología empleada por el papa Francisco).

El columnista golpista y el grupo del gran capital que por él habla, está abogando por un ajuste fiscal-terapia de shock, algo rechazado ampliamente por grandes sectores populares, como ya fue demostrado mediante la acción cívico-patriótica del Movimiento Rescate Nacional. El arreglo del grave problema fiscal del país no puede basarse en el recetario dogmático clásico que no prioriza en el bienestar de la gente y que, por ende, no tiene ni una gota de Humanismo. La peligrosa salida que nos recomienda don Juan Carlos terminará por llevarle a él mismo y su grupo por el cual habla al despeñadero que dice él que hay que evitar. Requerimos de más Democracia y de menos autoritarismo. A la fecha de escribir este artículo, no sabemos si don Juan Carlos mantiene su tesis golpista. Un Golpe de Estado a la tica, nunca dejaría de ser más que un repudiable, desastroso, condenable y doloroso Golpe de Estado.

Trabajadores solicitan garantías de salud ocupacional para ser trasladados a nuevas instalaciones

Trabajadores municipales de la Unidad de Construcción, Obras y Mantenimiento de Edificios de la Municipalidad de San José, solicitan al ayuntamiento josefino brindarles las condiciones de salud ocupacional optimas antes de realizar cualquier traslado de la unidad a una nueva sede.

La solicitud de los trabajadores se da luego de que este lunes autoridades municipales clausuran la bodega de esta unidad, luego de que un camión recolector de basura impactara la estructura, sin embargo, los trabajadores aducen que esta no sufrió daños mayores.

Representantes de la ANEP en la Municipalidad de San José indicaron que actualmente existe una solicitud al Ministerio de Salud para que evalué las condiciones con las que debe contar el nuevo inmueble para albergar las cuadrillas, además de un Recurso de Amparo presentado por otra organización sobre el mismo tema. Por lo que aducen que hasta que no se resuelva esta situación no realizarán el traslado

Sistema penitenciario: La cenicienta de la clase política

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

El Sistema Penitenciario Nacional, en términos generales, muestra un importante deterioro. Esto es reflejo inobjetable del tipo de sociedad que se viene construyendo desde hace muchos años; razón tenía Mandela cuando dijo que: “nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. La clase política, desde hace mucho tiempo, encontró en la excusa un aliado perfecto. Se le adjudica al mal comportamiento todas las desgracias de la sociedad y se muestra cierta indiferencia ante los problemas estructurales que requieren atención inmediata.

El Sistema Penitenciario, su rol en materia de seguridad, su aporte en trabajo técnico y su comprensión del fenómeno criminal, está pasando a un segundo plano. Un escenario donde no hay espacio para procurar la reinserción, la re-educación, la resocialización. Hoy, el Sistema Penitenciario se observa simplemente como un conjunto de bodegas para apilar “inadaptados” sociales, delincuentes pobres, sujetos violentos que viven al margen de la ley; y, como, un espacio fértil para la escuela del crimen.

Más allá de si la Política Criminal costarricense analiza que la cárcel está dada para retener a los delincuentes pobres, a los del “narcomenudeo”, a quienes no tienen los recursos económicos para evadir la justicia y costearse una buena defensa, lo cierto es que, la clase política tampoco hace mucho por crear las herramientas que permitan eficazmente perseguir a los grandes estafadores, los delitos de cuello blanco o a sus colegas que defraudan al fisco por miles de millones.

La Cenicienta –termino que se toma prestado de una exministra de Justicia- es recreada en el trabajo de las servidoras y de los servidores del Sistema Penitenciario Nacional, hombres y mujeres que en condiciones precarias y con altísima exposición de su integridad física, dan la cara por la seguridad penitenciaria. Los eufóricos discursos parlamentarios señalan a los funcionarios públicos como privilegiados, como vividores, como una horda de “vivillos” con salarios de lujo. Pero muy pocos de estos políticos se atreven a señalar cuáles son los sectores privilegiados y quiénes los afortunados. Cuando, modestamente, señalan que no todos los funcionarios públicos son unos vividores, tampoco le hacen justicia a la inmensa mayoría de ellos que apenas les alcanza para llevar una vida digna.

Recientemente, fue dado a conocer que la Asamblea Legislativa pretende hacer un recorte millonario del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia. Una decisión como ésta, de concretarse, implicaría una solemne violación de los derechos humanos de las personas en los centros penitenciarios del país. No se habla sólo de los derechos que debe observar el Estado por mandato directo de organismos internacionales, Tratados y Convenios, en favor de la población privada de libertad, sino de todas las personas que laboran en los centros penitenciarios del país.

Es importante señalar que el Ministerio de Justicia, es un ministerio vivo, en constante movimiento y con tendencia al crecimiento poblacional. No se concibe como la inteligencia parlamentaria podría justificar recortes a una población que se encuentra en una condición de especial vulnerabilidad. Por el contrario, el abandono histórico del Sistema Penitenciario y los efectos propios de la pandemia demandan mayor inversión.

El crecimiento de la población privada de libertad demanda la creación de más espacios carcelarios; de contratación de más policías, de más personal técnico, profesional y administrativo; de modernizar la infraestructura de seguridad; de equipo tecnológico; de capacitación; de atención de emergencias como las actuales; de alimentación y uniformes; entre otros. Ninguno de estos aspectos sería posible ante un irreflexivo recorte, tomando en consideración que el Sistema Penitenciario Nacional arrastra una crisis histórica; y, como si eso fuera poco, la pandemia vino a encrudecer los afectos adversos, ocasionando una mayor vulnerabilidad del Sistema y de la propia seguridad.

Finalmente, el Sistema Penitenciario no puede seguir siendo la “Cenicienta” de la clase política. No es justo que por la falta de recursos el personal que labora en las cárceles del país deban seguir arriesgando sus vidas, sacrificando su tiempo de descanso y con recargo de funciones. No es correcto que las condiciones de salud ocupacional y de infraestructura continúen como están. La falta de uniformes, de zapatos, los chalecos de seguridad, las condiciones de los fortines y de los dormitorios y, hasta la situación salarial del personal policial, es un claro ejemplo de este abandono.